Discriminación educativa

Por: Luis Ugalde

En el proyecto de sociedad estatista-comunista no puede existir educación privada y la que ahora existe en Venezuela está llamada a perecer; lógico y confesado hace años por el Ministro Navarro. Esta Ley cerca financieramente a la educación privada autofinanciada por los padres y mata a la popular que tiene cofinanciamiento del presupuesto nacional. En el Proyecto aprobado el año 2001 había 6 artículos sobre financiamiento que recogen lo que dice la Constitución sobre centros privados autosostenidos y se consagra la posibilidad de convenios para cofinanciar a los de bajos ingresos que estudian en populares instituciones privadas de calidad. Ahora se eliminan y queda una ley discriminatoria para los pobres y para la educación privada.

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Según el artículo 50 el presupuesto oficial es la única fuente de financiamiento: “El Estado garantizará una inversión prioritaria, de crecimiento progresivo anual para la educación”. Está muy bien, pero el veneno está en lo que omite, no en lo que afirma.

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La nueva Ley oculta el inmenso aporte a la educación que hacen millones de venezolanos de todos los niveles, desde los padres que pagan 5 o 10 bolívares fuertes en la escuela de su barrio porque, quieren calidad con valores humanos, hasta las muy significativas contribuciones de fundaciones, empresas y asociaciones. Más de 3 billones de bolívares (3 millones de millones de bolívares viejos) aportan anualmente la familias venezolanas para la educación de sus hijos; sin contar las multimillonarias inversiones privadas en edificios y dotación para dar educar y formar en todos los niveles a por lo menos millón y medio de venezolanos.

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¿Por qué se eliminó de lo aprobado en primera instancia en 2001 ese financiamiento previsto en los artículos 103 y 106, de la Constitución Bolivariana en ejercicio de la “corresponsabilidad educativa” entre sociedad, Estado y familia? Porque la estrategia es ahogar con controles e imposiciones la educación privada autofinanciada y negar el financiamiento a la buena educación de los pobres; así mueren las dos. Esta Ley sólo menciona la educación privada para ponerle al cuello la soga de los controles, sanciones y castigos (art. 6, 2, i). Cuando quiera el gobierno sectario “legalmente” apretará la soga para matarla.

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Al mismo tiempo elimina el financiamiento a las familias populares con hijos en las escuelas no gubernamentales. Muchos cientos de miles de niños y jóvenes estudian en buenas escuelas privadas “populares”, como las de Fe y Alegría, Fundación La Salle o de otras muchas iniciativas de parroquias, congregaciones en los barrios, ambientes rurales y entre indígenas gracias al financiamiento mixto: aproximadamente 75% el presupuesto nacional (dinero de los venezolanos y no del partido), el 10% la familia y el 15% lo busca Fe y Alegría o la institución educadora.

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Crece el número de estudiantes porque los pobres buscan ahí valores y calidad. La educación de estos centros de iniciativa no gubernamental es un bien público, todos ellos funcionan en nombre de la República, por autoridad de la Ley y de acuerdo a la normativa del Estado. Educación pública no es sinónimo de estatal ni gubernamental, sino la que se ajusta a la Constitución y leyes educativas, con certificados y títulos públicos y oficialmente reconocidos.

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Los ministros, generales y altos funcionarios del régimen prefieren instituciones privadas para sus hijos en preescolar, primaria y secundaria. Ellos pueden elegir (y nos parece bien que lo hagan), porque pueden pagar. Pero a los pobres se les discrimina, al quitarles la libertad de elección escolar (afirmada en el art. 104 en 2001), dejándolos fuera del presupuesto nacional.
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La eliminación de la autonomía financiera de padres e instituciones privadas en los colegios y la supresión de la libertad de elección en las populares por corte del financiamiento, buscan la implantación de un modelo educativo cubano, centralizado, cerrado, con educación única y estatista, controlada por el partido comunista y su Jefe. Aquí hay Jefe, sin necesidad de partido.

La otra discriminación será contra los docentes y las universidades que los forman con cabeza autónoma.

La sociedad se informará, saldrá a defender sus derechos humanos y constitucionales en educación y evitará el desastre de la Ley.