Abusos monetarios

Por: Orlando Ochoa

El clima político que acompaña la etapa de impresión de dinero para financiar el gasto público en cualquier país suele ser de ambiciones políticas desmedidas, conflicto interno o externo, o simple decadencia. Es imposible que en el último siglo un gobernante no sepa que al obligar al banco central a financiar “monetariamente” el déficit fiscal bajo cualquier argumento, haya consecuencias inflacionarias y desestabilización del mercado cambiario.

En el caso nuestro, a pesar de la recuperación del precio del petróleo venezolano a lo largo de 2009, hay serios problemas de tesorería en Pdvsa y en el Gobierno. La inflación degrada el poder adquisitivo del gasto público y el operacional de la ineficiente y corrupta empresa estatal. El presupuesto nacional en ejecución en 2009, a través de créditos adicionales, se acerca a Bs. 180.000 millones, el mismo monto ejecutado en 2008, a pesar de casi 30% de inflación en 2009. El monto del presupuesto nacional del 2010 arranca en Bs.159.400 millones y con créditos adicionales llegará al menos al mismo monto nominal del 2008 y 2009. La inflación en 2010 será superior a la del 2009. El financiamiento monetario del gasto fiscal deficitario en 2010 y otros extravagantes planes del presidente Chávez en sus aspiraciones de líder regional, la impulsarán a 35-40%, según el uso que se haga del menú de opciones de gasto monetario que se introdujo la semana pasada con la reforma a la Ley del BCV (a pesar de subsidios y precios regulados).

En este ambiente, se olvidan otros costos ocultos de la inflación, como parte del deterioro económico observable. Las tarifas de servicios públicos congeladas por más de tres años, los entes estatales y ministerios que no pagan por electricidad, teléfono, ni por suministros estatales de productos como cemento y acero. Así tratan de confrontar el menor poder adquisitivo de las partidas presupuestarias asignadas. Las empresas estatales, politizadas en la administración, ven mermados sus ingresos y dejan de dar mantenimiento, no invierten y los servicios decaen. Esperar que Giordani, Merentes y Alí Rodríguez comprendan y confronten esta espiral, con otros daños y corrupción cambiaria asociada, se atrevan a discutirla con el Presidente, puede tomar más tiempo que la llegada del Socialismo del siglo XXI.

NOTA: Las partidas de gasto en misiones sociales también sufren el impacto directo de la inflación, lo cual las lleva a continuar con bajos sueldos sin ajuste por inflación y gastos de funcionamiento con menor poder de compra de suministros de medicamentos, mantenimiento de equipos y compras de alimentos. La inflación alta de dos dígitos, y en alza - cuando no hay indexación de contratos y remuneraciones - se constituye en un factor determinante de la degradación de los servicios sociales y de la calidad de servicios públicos básicos provistos por le estado. Si se lleva a cabo una indexación por ajuste inflacionario, entonces se vuelve mucho más difícil bajar la tasa de inflación. De ahí que ésta se debe enfrentar antes de perder el control sobre su tendencia alcista.