Desintegración progresiva del Estado y sus instituciones

Por Omar Arenas Pérez
Correo: omararenas@dialogopolitico.net

Situaciones especificas como pobreza, instituciones débiles, corrupción, impunidad, caos, violencia y violaciones a los Derechos Humanos son algunas de las causas que generan la fragilidad e inviabilidad de un Estado como tal.

Cuando un Estado no puede cumplir ni siquiera con funciones mínimas como: garantizar la seguridad de sus ciudadanos, satisfacer las necesidades básicas de la población y proteger las libertades y los derechos civiles elementales, estaría generando grandes brechas que deslegitiman al gobierno, y debilitan al Estado en cuestión.

El incumplimiento de estas funciones básicas, puede llevar consigo consecuencias aun mayores, ya que un Estado política e institucionalmente débil, puede generar diversidad de problemas, tanto internos como externos, pudiendo poner en riesgo la seguridad de otros países y del sistema internacional. La falta de controles, la ineficacia de las instituciones y la complacencia gubernamental, hacen el espacio perfecto para que organizaciones criminales tanto locales como de alcance internacional puedan actuar con total impunidad.

Tal es el caso de Venezuela, donde la libertad de acción, la complacencia y la vinculación del gobierno con grupos irregulares, como la FARC o el FBL, así como la falta de cooperación para el control del narcotráfico y el financiamiento de grupos o fuerzas subversivas externas, pudieran constituir situaciones que vistas desde la óptica del Derecho Internacional Público, podrían generar una Responsabilidad Internacional, ya que estaríamos hablando de hechos internacionalmente ilícitos, los cuales no son extraños en la Venezuela de hoy.

Hoy en día existe una clasificación internacional, que se le da a ciertos Estados en los que se observa una conducta contraria al comportamiento de la comunidad internacional, ya que dicho Estado, siendo parte de las Convenciones de la ONU o del Reglamento Modelo de la CICAD – OEA, no cumple con sus compromisos y obligaciones internacionales. Esta clasificación o nomenclatura es la de Estado “Forajido” o “Delincuente”.

Otra clasificación utilizada por algunos expertos en la materia, es la de Estado “Felón o Desleal”. En la mayoría de los casos, el incumplimiento de obligaciones internacionales, se debe principalmente a una simbiosis basada en corrupción e impunidad, entre los órganos del Estado, y las organizaciones delictivas, estableciendo desde el Estado una base de operaciones con alcance internacional. Estos Estados no tienen intenciones de reducir o erradicar dichas actividades, ya que existe una relación de conveniencia entre los responsables políticos y las organizaciones delictivas, y en algunos casos los vínculos y los grados de participación directa entre los altos funcionarios del gobierno y estas organizaciones son tan fuertes que resulta imposible desligarlos del gobierno y sus políticas.

¿Venezuela podría entrar dentro de esta clasificación? Venezuela desde hace varios años ha sido incluida en una lista negra, conformada por Estados que no colaboran en la lucha contra el narcotráfico internacional. Venezuela mantiene una política de estado, basada en la no cooperación en la lucha contra el narcotráfico. Conducta que ha sido tapada con discursos antiimperialistas, que no son mas que simples excusas para evadir responsabilidades en esta materia.

Otro fenómeno actual, dentro del plano interno del Estado venezolano, también importante de señalar, es la falta de aplicación de medidas represivas, y preventivas, hacia otros grupos u organizaciones, también armados, que podemos catalogar como grupos delictivos, por muchas de sus ya conocidas actuaciones. Entre ellos, el grupo La Piedrita, Tupamaros, los acólitos de Lina Ron o los Círculos Bolivarianos, por mencionar solo algunos.

La falta de interés del gobierno en ejercer el control correspondiente a estos grupos, para evitar el clima de violencia e impunidad que vivimos en la actualidad, deja ver claramente que existe un apoyo a su comportamiento. De igual manera es evidente el interés de fomentar el terror dentro de la sociedad a través de estas organizaciones, que bien podríamos catalogar como guerrillas urbanas.

Se puede decir que dentro de los objetivos políticos del gobierno, está el de alentar y promover grupos armados, tanto internos como externos, que puedan ser útiles para sus intereses nacionales y sus intereses internacionales, sin importar el costo y el daño, que sin ninguna duda estos causan.

La desintegración política y económica, que sistemática y gradualmente ha venido sufriendo el país, ha contribuido en gran medida a la proliferación de actividades ilícitas y de delincuencia organizada. Para nadie es un secreto que dentro del país operan con total impunidad grupos o personas allegadas al gobierno que amasan grandes fortunas a través de actividades como el contrabando, el tráfico de armas, mercancías y de personas, o a través de ilícitos cambiarios y bancarios.

Venezuela se ha degenerado a tal punto, que fácilmente la podemos catalogar como un país endémicamente inestable, con una fuerte tendencia a convertirse en Estado “Forajido” o “Delincuente”, donde la ineficiencia de sus gobernantes, lo alejan cada día del mundo civilizado.