DECLARACIONES DEL GENERAL BENAVIDES SON FASCISTAS E INCITAN A LA PENA DE MUERTE

Por: Diputado Tomas Sánchez

Miembro de la Comisión de Derechos Humanos del la Asamblea Nacional

Ante las recientes declaraciones emitidas por El comandante del Core 5, General Antonio Benavides cuando expresa a propósito del problema de la inseguridad, que “al final un delincuente se expone a ir a la cárcel o a estar "bajo tierra", porque ese es el destino final de un delincuente" y secundada esta declaración por el propio Ministro de Interior y Justicia, Tarek El Aisami. Así que como Diputado a la Asamblea Nacional y como miembro de la Sub. Comisión de Derechos Humanos, quiero expresar el más enérgico repudio a estas infaustas declaraciones totalmente fascistoide.

Es lamentable que un General de la Republica se exprese de esa forma; incitando descaradamente a la violación de los Derechos Humanos, ya que aun cuando se refiera a presuntos delincuentes, es obligación del gobierno garantizar el debido proceso. Es evidente que este general tiene un desconocimiento del estado de derecho, garantizado por nuestra Constitución, nuestro sistema penal y las leyes.

Estas infelices declaraciones ponen de manifiesto no solo el desconocimiento del debido proceso y las leyes sino que deja claramente en evidencia el desprecio por la justicia y la vida humana que tiene este general, cuya palabra indirectamente incitan a una especie de pena de muerte, lo cual es muy lamentable y que evidentemente rechazamos.

Para nadie es un secreto que en nuestro barrios y sectores populares se ajustician a personas humildes y los cuerpos de seguridad que investigan sólo hablan de ajustes de cuentas, por lo que estas expresiones dichas por el General Benavides pudiera estimular a los cuerpos de seguridad para que esta situación siga presentándose impunemente, con lo cual el Estado estaría propiciando los ajusticiamientos que ya se han dado en el país, tal como ocurrió en el nefasto gobierno de Convergencia en el Estado Yaracuy, creándose falsos positivos, tales como enfrentamientos irreales con la consiguiente siembra de armas o drogas a personas inocentes que hacían pasar por malhechores.

Ciertamente el aumento de la inseguridad es uno de los males que hoy mas aqueja a nuestro pueblo, pero el mismo responde a un problema más estructural que deja en evidencia las malas políticas sociales y de seguridad que hasta hoy se han desarrollado desde el gobierno en este sentido y la incapacidad del gobierno por plantear una política criminal que ataque de su raíz este problema que acogota a todos los venezolanos.

De tal manera que no es decretando la pena de muerte como se solucionara este flagelo, en primer lugar, debe garantizarse el debido proceso, eliminarse el retardo procesal, atacar la corrupción en los cuerpos de seguridad y en la administración de justicia y acabar con la impunidad, así como una política penitenciaria que logre insertar a los reclusos a la sociedad, que no se les siga violentando sus derechos, así como la clasificación de los reos por delitos, de igual manera también disminuir los niveles de pobreza, fomentar el empleo y la productividad. Nuestras cárceles deben dejar de ser depósitos inhumanos de hombres y mujeres, para convertirse en centros donde ciertamente aquellos que sea privado de la libertad tengan la posibilidad real de reinsertarse en la sociedad.

Es por eso que estas expresiones lejos de contribuir a combatir la delincuencia, y generar un clima de paz y tranquilidad para nuestro pueblo, ponen en evidencia una vez más la irresponsabilidad e ineficacia y la perdida de humanidad de este gobierno y sus representantes para garantizar la seguridad ciudadana.

Por último, desde la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, denunciaré estas declaraciones que incitan a la violación de los Derechos Humanos, específicamente el derecho a la vida, además de agregar elementos de corte fascistas y criminales, que solicitare a la señora Fiscal General investigar, de igual manera alerto a nuestro pueblo para rechazar esta práctica y estar muy alerta, ya que en el nuevo ordenamiento jurídico aprobado en este gobierno Chavista se ha venido incluso criminalizando las luchas sociales y el derecho a la huelga del pueblo, lo cual es muy peligroso frente a este tipo de declaraciones.