General Muerte: "En la cárcel o bajo tierra"

En nuestras cárceles solo se sobrevive, a la espera de un golpe mortal

Por: ALBERTO ARTEAGA SÁNCHEZ
Fuente: EL UNIVERSAL

Ya lo sabíamos. Pero no se había proclamado públicamente. La orden no es otra que la de disparar a matar cuando "se enfrenta" a un delincuente.

Un delincuente, según lo expresó un general, en funciones de comando, debe estar "en la cárcel o bajo tierra" o, lo que es lo mismo, "muerto o muerto". Sostener esta tesis, repudiada antaño por quienes están con el Gobierno, es verdaderamente grave. Se trata de darle carta blanca a las ejecuciones extrajudiciales, se trata de sostener la posición injustificable de "plomo al hampa" o, en otras palabras, ante la realidad del delito, al cesto de la basura la Constitución y la ley: muerte al delincuente sin juicio previo, y a discreción de "la autoridad", y esas muertes ni siquiera servirán para alimentar las trágicas estadísticas de la violencia porque "no son muertes violentas". La fuerza pública puede matar, una vez calificado como delincuente, a quien, presuntamente, "se le enfrenta".

Arbitrariedad

En definitiva, esto es una manifestación más de la arbitrariedad, del abuso del poder, del atropello a la Constitución, de la afirmación de la ley de la venganza pública que se añade a la privada.

En otras palabras, es delincuente quien así es señalado por las "fuerzas del orden público", así como lo fue Franklin Brito, sujeto a una medida de reclusión forzosa por protestar y haber incurrido en el "delito de huelga de hambre" y como no pudo ser castigado después de muerto, se intentó perseguir a sus familiares para pagar por la protesta, desistiendo de ello el Ministerio Público ante el absurdo de tal propósito.

Bajo la mesa

Las declaraciones del general no pueden pasar bajo la mesa. Aceptar esta proposición que, inclusive, puede ser compartida por quienes creen que la violencia se combate con violencia, es un disparate y lo menos que debe hacer el ministro de Justicia es rechazar en forma terminante esa propuesta y no ratificarla.

Todo abuso de poder debe ser combatido y no puede tenderse un manto de impunidad y de justificación sobre la acción de quienes, bajo el alegato de la "autoridad", pretenden tomar la justicia en sus manos, al igual que no pueden justificarse los linchamientos o la "venganza privada".

Hay que combatir la delincuencia con la ley; solo ante una agresión actual o inminente contra la vida del funcionario o de un tercero, cabe la posibilidad de recurrir al recurso extremo del uso de las armas, en la medida de lo imprescindible y de lo proporcional, pero no cabe aplicar la "ley de fuga", ni de justificar la muerte de quien es señalado como delincuente por la "autoridad".

Aceptar o convalidar la eliminación de presuntos transgresores es la explicación del alto número de hechos violentos ocasionados por funcionarios o ex funcionarios, constituidos en escuadrones de la muerte.

Y la alternativa de la cárcel es equivalente a la de la muerte, ya que en nuestras cárceles solo se sobrevive, a la espera de un golpe mortal.

aas@arteagasanchez.com