La BPA contrató a Garzón para desbloquear las cuentas de un magnate chavista

Fuente: ABC

La Banca Privada de Andorra (BPA), intervenida por el Gobierno del principado tras las sospechas de blanqueo de capitales denunciada por Estados Unidos, contrató al exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para atacar a la Justicia andorrana tras haber bloqueado las cuentas del empresario y primo del ministro del Petróleo venezolano Diego Salazar.

Así se desprende de las conversaciones de un directivo de la entidad, Pablo Laplana, con una persona próxima al jerarca latinoamericano, que constan en el sumario contra el miembro de la mafia rusa Andrei Petrov, también vinculado a este banco.

Según estas conversaciones, a las que ha tenido acceso El Confidencial, Laplana dice que el banco contrató a Garzón “para que ataque” después de que una juez andorrana bloqueara judicialmente las cuentas de Salazar en 2012, donde acumulaba 200 millones de dólares, y bajo la sospecha que desde estas se habían movido cientos de millones de dólares.

Según se deduce de estas conversaciones, la juez decidió bloquear estas cuentas tras un aviso de que se iban a desviar 40 millones de euros y tras investigar a personas relacionadas con Salazar que también habían sido clientes del banco, en el punto de mira de Estados Unidos.

Precisamente, fueron las autoridades norteamericanas quienes alertaron de que el BPA podría estar llevando a cabo una operativa de blanqueo de capitales a favor de organizaciones criminales.

Esta denuncia empujó a que Andorra interviniera el banco, lo que provocó que España hiciera lo mismo con la filial española, Banco Madrid.

La Fiscalía Anticorrupción ya está investigando ciertas operaciones sospechosas llevadas a cabo por la entidad para determinar si puede haber una responsabilidad penal contra el Consejo de Administración.

El Servicio de Prevención de Blanqueo de Capital (Sepblac) hizo constar en un informe remitido al Ministerio Público que Banco Madrid concedió un crédito a Petrov de un millón de euros en contra de sus propios órganos de control.

De las escuchas telefónicas que en su día llevaron al mafioso ruso a prisión, la Guardia Civil tuvo conocimiento de que el BPA no sólo trataba con personas vinculadas con la mafia rusa, sino también con ciertos ciudadanos chinos y venezolanos vinculados de alguna manera a investigaciones judiciales.

Así, la Benemérita recoge en su documento que Laplana dialoga con un varón sobre el recurso interpuesto contra el bloqueo de las cuentas de Salazar dirigido al Tribunal Superior de Andorra, y quien le da la composición de ese Tribunal “para utilizar influencias favorables a los intereses de Salazar”.

Después hablan de Garzón, con el que quieren contactar sobre este asunto.

En otra conversación, de diciembre de 2012, el directivo del BPA habla con un hombre con acento sudamericano sobre el recurso de Salazar que lleva el exjuez de la Audiencia Nacional, expulsado de la carrera tras ser condenado por prevaricación por el Tribunal Supremo.

Entre Salazar y el BPA contrataron varios abogados para desbloquear las cuentas del empresario venezolano y para conseguir el archivo de la causa.

La intención era que, una vez sobreseído el caso, el banco emprendería acciones de dos tipos: civiles por daños y perjuicios, y penales por abuso de poder y prevaricación, entre otros.

En una conversación de 20 de diciembre de ese mismo año, Laplana habla con el hombre de confianza de Salazar, Luis Mariano, y le explica que el abogado de su jefe, Dominique, un francés residente en París, había realizado un borrador “que se lo han mandado hoy a Garzón, pero que el mismo carece de la cuantía de lo que creen que han podido perder por el bloqueo de las cuentas, y con esa cuantía se sustentaría la demanda por daños y perjuicios contra el Estado”.

“Tendrán que salir a la calle con escolta”

En un momento de la conversación, hablan del abogado francés como Vilepand (transcripción literal) y los investigadores manejan como hipótesis que puede tratarse de Dominique de Villepin, el ex primer ministro francés.

Entre la estrategia del banco se encontraba que estos abogados enviaran la primera semana de enero de 2013 un recurso y pocos días después otro “para presionarles a que respondan”.

Laplana reveló que les constaba, a través de un abogado del banco que a su vez conocía a un juez, que la jueza que llevaba el caso “no está cómoda, la cual aceptó el sumario estando de guardia, siendo a juicio de 'Vilepand', que el juzgado que tendría que haber actuado fuera uno que llevara una investigación con suficiente base, y no con el apresuramiento con el que ha actuado un juzgado de guardia”.

El bloqueo de las cuentas del empresario vinculado al Gobierno venezolano se produjo como consecuencia de una investigación iniciada por Carlos Fiñana, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra, tras tener conocimiento en 2010 de que Salazar poseía cuentas en el pequeño principado.

“Se le metió en la cabeza en el 2010 que individuos venezolanos con mucho dinero diesen una propina por 100.000 dólares, resultándole sospechoso, y que durante dos años ha estado estudiando como procesarlos, a lo que se sumó lo de Omar con Ecuador, lo de Nervis y que a través de internet investigó las relaciones entre todos los personajes para vincularlos en una sospechosa trama criminal”, explica Laplana en una de esas conversaciones a Luis Mariano.

El exdirectivo del BPA dice textualmente que Fiñana “está mal de la cabeza”.

Un abogado explicó a Laplana que “al ministro” (sin especificar quién) le parecía que tan beneficioso resultaría salir absueltos que condenados, ya que si salen de esto sin cargos les meterán “...un puro que los vamos a dejar temblando por años...”, pero que en el supuesto de que se demostrase que los clientes imputados pertenecieran a una banda criminal que ha movido más de mil millones de dólares, “deberían de preocuparse ya que tendrían que salir a la calle con escolta”.

Empresarios venezolanos vinculados

Precisamente, de las pesquisas realizadas por el Sepblac y que ahora analiza Anticorrupción, se maneja como clientes de Banco Madrid, que realizaron operaciones sospechosas, a varios empresarios y políticos venezolanos que podrían coincidir con los que salen en las conversaciones telefónicas.

En el informe sancionador elaborado por el organismo contra el Consejo de Administración, al que ha tenido acceso este diario, se recogen datos del cliente Nervis Gerardo Villalobos, exviceministro de Energía de Venezuela y presidente de Cadafe, sociedad del sector eléctrico de titularidad pública, y acusado de corrupción en el proceso de adjudicación de centrales eléctricas, en el que supuestamente se pagaron con fondos públicos elevados sobreprecios.

El documento señala que tenía a su nombre dos sociedades en territorio de riesgo: Kingsway Holding Overseas (domiciliadas en Islas Vírgenes) y Kingsway Lda (en Madeira). El origen de los fondos aportados a través de estas dos sociedades en Banco Madrid no está justificado más que con dos contratos, cuyas “circunstancias que los rodean son especialmente anómalas”, señala el Sepblac.

El primero de esos contratos se realizó con la sociedad Miami Equipment, que habría contratado a una de sus sociedades por un trabajo de consultoría, por lo que ingresó 3,9 millones de dólares en la filial del BPA en Madrid.

“Llama la atención los hechos de que las facturas se abonen en una cuenta bancaria en España y de que no se aprecien movimientos en la cuenta que pudieran indicar la existencia de una prestación de servicios de consultoría real”, destacan los inspectores.

El segundo contrato sospechoso es con la sociedad Duro Felguera, también por un trabajo de consultoría, por lo que se fija el pago de 50 millones de dólares.

Otro de los clientes sospechosos es Omar Jesús Farías, empresario venezolano de los sectores asegurador y sanitario, con intereses tanto en Venezuela como en Panamá, Ecuador y República Dominicana. Abrió cuentas en Banco Madrid a través de dos sociedades con domicilio social en Barbados.

Realizó varias transferencias a Suiza y Estados Unidos, si bien la Dirección de Cumplimiento Normativo de la entidad rechazó la recepción de una transferencia de 13,8 millones de dólares, aunque no se explican los motivos. A juicio de la inspección, “los indicios existentes debieron dar lugar a examen especial y comunicación por indicio”.