Crímenes financieros vinculados a funcionarios de Maduro sobrecargan agencias federales de EEUU

Por: Maibort Petit

Fuente: VenezuelaAlDia

El enorme volumen de casos de crímenes financieros (lavado de dinero, fraude, pago de sobornos y cualquier otro tipo de operaciones ilícitas) que implican venezolanos conectados con el régimen de Nicolás Maduro constituyen un reto a la capacidad de las agencias federales norteamericanas que se encargan de investigar y llevar a la justicia estadounidense a los responsables de haber infectado el sistema financiero de los Estados Unidos con dinero de procedencia ilegal, asegura un informe realizado por la organización no gubernamental Freedom House, con sede en Washington DC.

El reporte aborda los temas de corrupción e impunidad en Venezuela, enmarcado dentro de una investigación que realiza esa ONG y que abarca a los países de América Latina.

Dice la investigación que el impacto internacional de la corrupción venezolana es considerada de una magnitud tal que altos funcionarios federales en tres Departamentos que investigan los casos, piensa en la probabilidad de tratar a Pdvsa no como una corporación gubernamental ordinaria sino como una compleja organización criminal “usada por organizaciones mafiosas nacionales internacionales para una amplia gama de delitos”.

El mayor número de los casos de presunta corrupción relacionada a Pdvsa y vinculada al sistema financiero de Estados Unidos, actualmente bajo investigación del Departamento del Tesoro, surgió de indagaciones de operaciones sospechosas de lavado de dinero de un monto aproximado de $2 billones, a través de la Banca Privada de Andorra (BPA), proveniente de cuentas relacionadas a Pdvsa, afirma el informe.

Los investigadores federales encontraron movimientos inusuales en cuentas de Pdvsa en BPA que manejaron fondos de hasta $4 billones dice el reporte.

El esquema de lavado implicó el desarrollo de compañías de fachada y complejos productos financieros para desviar fondos de la empresa estatal venezolana Pdvsa, a través de BPA, en un extenso esquema de lavado de dinero.

Se estima que entre 1999 y 2014, Venezuela recibió $1 trillón, a razón de $56.5 billones anuales durante 17 años, una parte importante de la cual se “perdió debido a la corrupción pública”, asegura el reporte.

Uno de los casos citados es el relacionado con el banco de Andorra. Recuerdan que esta red de lavado de dinero trabajó estrechamente con funcionarios gubernamentales de alto rango en Venezuela, agentes residentes en Panamá, y con un abogado de Andorra que estableció las empresas de fachada en Panamá. “La red de lavado de dinero controlaba cientos de empresas de fachada y desarrolló una amplia variedad de negocios para obtener ganancias ilícitas. Esta red estaba bien conectada con funcionarios del gobierno venezolano, y se apoyaba en varios métodos para mover los fondos, incluyendo contratos falsos, supuestos préstamos que no eran tal, sobre y sub facturación, y otros esquemas de lavado de dinero basado en transacciones comerciales”, detalló el informe de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), la agencia del Departamento del Tesoro que investiga el caso de la corrupción de Pdvsa en Andorra citado a su vez en el reporte de Freedom House.

El niveles de corrupción en Venezuela llevó a importantes firmas financieras en Estados Unidos como Citibank, a cesar lucrativas operaciones con el gobierno venezolano, incluyendo el cierre de cuentas de corresponsalía del Banco Central de Venezuela y del Banco de Venezuela, ambos controlados por el gobierno, citando un creciente riesgo que el gigante financiero no estaba en condiciones de asumir .

Destaca el informe de FH que al menos 8 fiscalías federales estadounidenses están trabajando o han procesado casos de corrupción vinculados al gobierno y/o a funcionarios venezolanos, de acuerdo a diversas fuentes consultadas. Estas son las fiscalías de Manhattan y Brooklyn, en Nueva York; Washington DC, Connecticut, Massachussets, Missouri, Texas y Florida.

En algunos casos, como en la investigación sobre Pdvsa, al menos cuatro fiscalías –Nueva York, Washington, Missouri y Texas- han unido esfuerzos sosteniendo encuentros y teleconferencias para coordinar acciones, compartir evidencia y testigos en varias de las indagaciones. En los encuentros han participado también agentes de Homeland Security, DEA y FBI, dice el reporte que fue citado en el último informe de la Organización de Estados Americanos(OEA).

Los investigadores de Freedon House señalan que por razones técnicas, la Fiscalía del sur de Texas se especializó en los casos relacionados a corrupción petrolera, principalmente debido a que la mayoría de las operaciones de corrupción vinculadas con Pdvsa estuvieron conectadas a Houston, considerada la capital petrolera de los Estados Unidos.

En la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, se ha concentrado durante años en dos de los casos más prominentes, tales como las operaciones de narcotráfico que implicaron funcionarios u operadores chavistas; e importantes casos de delitos de cuello blanco, principalmente lavado de dinero proveniente de la corrupción y el narcotráfico. Uno de los casos más notables es el de los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, actualmente a la espera de sentencia en una prisión federal de Manhattan, asegura el informe.

Destaca el reporte que uno de los grupos de investigación más activos, el task force inter-agencias de Miami, recibe a diario decenas de denuncias documentales por parte de potenciales testigos que sobrepasa la capacidad de procesamiento por parte de los agentes federales a cargo.

El informe dice además que muchas agencias han estado activas en las investigaciones en torno a corrupción y narcotráfico en Venezuela, pero las más activas han sido la DEA, Homeland Investigations, FBI, FinCEN y el Departamento de Justicia. Otras agencias como la CIA y el Departamento de Defensa han aportado esfuerzos, principalmente para la recolección de inteligencia y potenciales testigos dentro de Venezuela.

Los protagonistas de los delitos

Entre otros aspectos, el informe enumera a los protagonistas de los casos más escándalos que se vinculan a funcionarios, familiares y asociados al régimen de Nicolás Maduro. Destaca un de los casos más escandalosos de corrupción multimillonaria de dineros públicos de Venezuela en territorio norteamericano, el cual superó $1 billón en pagos ilícitos y generó una acusación criminal y el arresto del empresario venezolano-americano Roberto Rincón en la fiscalía del Sur de Texas, con sede en Houston. Este esquema criminal abarcó evasión de impuestos y el pago de sobornos a funcionarios de Pdvsa para obtener jugosos contratos .

El informe de Freedom House dice que el empresario Rincón su socio Abraham Shiera participaron en un esquema de corrupción que movilizó el pago de más de $1 billón en coimas, como vía para obtener contratos petroleros en Venezuela.

Según estimaciones extra oficiales, el esquema de corrupción de Rincón y Shiera ayudó a sacar de Venezuela hasta $11 billones en contratos obtenidos ilícitamente con Pdvsa, una de las mayores cifras de corrupción jamás registradas.

La investigación, que aún continúa activa, implicó a decenas de oficiales del gobierno venezolano, incluyendo presuntamente un alto ejecutivo de Pdvsa que en la actualidad es un representante diplomático de Venezuela. Varios de los implicados han decidido cooperar con las autoridades para esclarecer el alcance de las redes de corrupción, acota el informe.

En octubre de 2016, fuentes federales filtraron detalles sobre una operación de decomiso de unas 20 propiedades en lugares como West Palm Beach y Houston, con un valor millonario aún no revelado; y congelamiento de cuentas por $118 millones en Suiza, relacionadas a la investigación, vinculadas a la investigación sobre Rincón y Shiera .

De este total, la Oficina Federal de Justicia de Suiza ordenó el envío de $51 millones al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, mientras otros $67 millones se encontraban aún congelados en Suiza a la espera de una decisión oficial, afirman los investigadores de Freedom House.

Caso Illarramendi

Otro de los casos de corrupción reseñados en el informe de FH, fue fraude masivo que produjo pérdidas generales de unos $700 millones, cometido por un operador financiero venezolano, y exasesor del gobierno de Venezuela, Francisco Illarramendi y que generó pérdidas de $300 millones a la estatal Pdvsa, principalmente proveniente del Fondo de Pensiones de los trabajadores petroleros.

De acuerdo a la investigación, Illarramendi usó sus firmas High View Point y Michael Kenwood Group, con sede en New Haven, Connecticut, para administrar fondos multimillonarios producto de operaciones con el gobierno venezolano. Cuando las operaciones comenzaron a generar pérdidas, Illarramendi estructuró un esquema de fraude tipo Ponzi a través del cual captó nuevos fondos para pagar rendimientos adeudados.

Según datos del FBI, Illarramendi usó sus conexiones con funcionarios de Pdvsa para captar fondos a cambio de sobornos también millonarios. Por ejemplo, pagó más de $37 millones a Juan Montes, miembro de la junta de inversiones del Fondo de Pensiones de Pdvsa, a cambio de la colocación de centenares de millones de dólares de ese fondo en las firmas financieras de Illarramendi.

Uno de los operadores financieros mencionados en la investigación criminal, Moris Beracha, ayudó a Illarramendi con el pago de millones por lo menos a un oficial del gobierno de Venezuela, presuntamente Montes .

El FBI inició la investigación criminal alertado por una indagación rutinaria de la SEC en las firmas de Illarramendi que encontró irregularidades en el manejo de los fondos. Según estas indagaciones, el venezolano pagó $3.4 millones a dos ejecutivos de Pdvsa a fin de que realizaran otras inversiones de $100 millones en los fondos de administración que manejaba. Adicionalmente pagó a dos contadores venezolanos un total de $1.25 millonesa cada uno para que éstos elaboraran papeles falsos para cubrir el hueco fiscal creado por el fraude .

Illarramendi resultó condenado en 2015 a una pena de 156 meses de prisión, y a la devolución de las ganancias obtenidas por el esquema fraudulento. Pese a que el caso es considerado como el mayor fraude en la historia de Connecticut , en Venezuela las autoridades nunca investigaron a fondo las implicaciones de este caso, dice el reporte.

Lavado de dinero a gran escala

El informe reseña -además- los casos de dos operadores que fueron acusados de un esquema de lavado de por lo menos $100 millones cada uno, uno con fondos procedentes del narcotráfico; otro por fondos cuyo origen es la corrupción administrativa en Venezuela.

Luis Díaz, de 74 años, y Luis Javier Díaz, de 49 años, padre e hijo, eran propietarios de la firma Miami Equipment & Export Co, que respaldó transferencias realizadas por empresas venezolanas agrupadas en un consorcio sin nombre.

Este consorcio desconocido transfirió alrededor de $100 millones de dólares a la empresa del conglomerado familiar, y este conglomerado envió fondos a cuentas bancarias de todo el mundo a nombre de empleados y asociados, pero también a nombre de funcionarios del gobierno venezolano, entre ellos uno que supervisó la adjudicación de ciertos contratos a empresas del consorcio .

Igualmente se reseña el caso de Martin Lustgarden Acherman, un ciudadano venezolano de origen austríaco, fue identificado por las autoridades federales como el centro de una “compleja red de compañías extranjeras” que encubrían transferencias ilegales de dinero a través de operaciones de comercio exterior en apariencia legal empleando el sistema de control de divisas establecido por el gobierno, de acuerdo a la investigación criminal introducida en una corte federal de la Florida. Esta red que lavó hasta $100 millones del narcotráfico a través de una red que vendía narco-dólares en efectivo en el mercado negro de Venezuela.

El caso contra Lustgarden -que también involucra al residente de Nueva York, Salomón Bendayan- está vinculado con el del financista indio-venezolano Rama Krishna Kuchibhotla Vyasulu, quien en el 2013 se declaró culpable de lavado de dinero por conducir operaciones similares a través del sistema de control cambiario en Venezuela .

Red de lavado de dinero de uno de los carteles de Medellín

En informe reseña un caso que involucra a otro grupo empresarial bajo investigación federal que habría obtenido importantes contratos con la filial Oriente de Pdvsa, y tendría presencia y propiedades en territorio norteamericano, en presunta conexión con altos funcionarios chavistas, y con carteles de la droga en Colombia.

En Mayo de 2014, el entonces fiscal de Nueva York, Preet Bharara acusó a los empresarios venezolanos Alejandro Ruíz Mazzeo y Elías Koury Guevara de blanqueo de capitales en afiliación al cártel Serna de Medellín.

Tanto Ruiz Mazzeo como Koury Guevara son propietarios de un conglomerado de empresas, entre ellas Constructura Conkor C.A., que han sido importantes contratistas de Pdvsa Oriente por varios años. Al mismo tiempo han mantenido una estrecha relación con el dirigente chavista Tarek Wiliam Saab, ex gobernador de Anzoátegui y actual Fiscal General de Venezuela (encargado) .

De acuerdo a la acusación federal, Rúiz Mazzeo y Koury Guevara introdujeron al sistema financiero norteamericano centenares de miles de dólares provenientes del narcotráfico a través de dos cuentas bancarias en Citibank. Ambas cuentas fueron congeladas por orden de la corte.

La investigación federal se inició cuando agentes encubiertos de la DEA en Medellín, Colombia, pusieron al descubierto una red de lavadores de dinero del cartel dirigido por el narcotraficante Javier Calle-Serna, que utilizó el sistema financiero norteamericano para estas operaciones.

Durante el curso de las investigaciones de la DEA, se descubrió que las cuentas de Alejandro Josue Ruíz Mazzeo y Elías Ramón Koury Guevara formaban parte de la red de blanqueo de dinero del narcotráfico .

Corrupción e impunidad

El informe de Freedom House reseña que los casos de corrupción e impunidad bajo los 18 años de Socialismo del Siglo XXI no tiene precedentes en el mundo de acuerdo al Centro Internacional para la Recuperación de Bienes en Suiza, han extendido sus tentáculos a otras naciones latinoamericanas como Ecuador, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Argentina, Bolivia y Brasil, entre otros, una influencia que ha colocado la corrupción chavista como un serio problema para la región.

Varios de los escándalos de corrupción financiera y de narcotráfico más notables tocan directamente la estructura del alto mando político y militar en Venezuela, incluyendo el entorno familiar del presidente Nicolás Maduro y gran número de ministros y funcionarios gubernamentales. Aunque estas irregularidades del alto nivel se han hecho más evidentes en años recientes, principalmente en tribunales federales de Estados Unidos, existe un historial extensamente documentado de casos de corrupción y narcotráfico que se remontan al origen mismo de la llamada Revolución Bolivariana instaurada por el fallecido Hugo Chávez a partir de 1999.

Los casos abarcan desde contratistas que pagaron abultados sobornos para obtener contratos petroleros o para la importación de alimentos, hasta operaciones de lavado de dinero a través de la adquisición de propiedades y bienes en mercados de lujo de Miami y Nueva York. Otros casos de investigación criminal incluyen el uso de exportaciones ficticias o firmas de fachada para justificar pagos a través del sistema de control cambiario en Venezuela.

El negocio de los alimentos

En amplio informe destaca -entre otros aspectos- la conexión que existe entre la corrupción y el negocio de importación de alimentos en Venezuela, y cómo este tocó el sistema financiero norteamericano desde 2008, cuando el entonces presidente Hugo Chávez inició su primer programa para distribuir bolsas o “combos” alimentarios con productos de la cesta básica, incluyendo arroz, granos negros, aceite y leche en polvo, entre otros productos.

Cuando los paquetes comenzaron a distribuirse en Venezuela, quedó de relieve que muchos habían sido adquiridos a firmas productoras en Estados Unidos. Por ejemplo, el arroz fue comprado a la firma Gulf Pacific, de Houston, Texas; los frijoles negros a Trinidad Benham Corp., con sede en Denver, Colorado, el mayor distribuidor en Estados Unidos de granos y arroz; y el aceite vegetal a la firma tejana Cal Western Packaging Co, acota el informe.

Casi de inmediato, las operaciones en Estados Unidos de compra de alimentos coordinada a través de Bariven, una subsidiaria de Pdvsa encargada de las adquisiciones internacionales de la corporación, comenzaron a mostrar más costuras de malos manejos.

En una llamativa demanda judicial a mediados del 2008, los dueños de una firma de Miami denunciaron que el gobierno venezolano les canceló un contrato multimillonario, después de que se negaron a pagar un supuesto soborno de $2 millones, según documentos de la Corte del Distrito Sur de la Florida, resalta el reporte.

Los propietarios de la firma exportadora de alimentos Dexton Validsa Inc, que habían firmado un contrato de $195 millones con Bariven para el suministro de carne de res, pollo y azúcar refinada para el programa alimentario de Chávez, recibieron una propuesta de un enviado de la petrolera: sino pagaban $2 millones en efectivo como “comisión”, los contratos serían cancelados.

El portavoz de la propuesta ilegal resultó ser Juan Carlos Chourio, sobrino del general Jesús Suárez Chourio, en ese momento jefe de la Casa Militar del presidente Chávez y en la actualidad comandante general del Ejército en Venezuela.

El informe dice que los militares han jugado un papel central junto a Pdvsa en la corrupción ligada a los negocios de la compra de alimentos por parte del gobierno venezolano, con implicaciones para Estados Unidos.

Desde mediados de 2016 el Departamento de Justicia ordenó una indagación enfocada en empresarios y altos funcionarios venezolanos, incluyendo a oficiales activos del ejército, para establecer si cometieron delitos de lavado de dinero a través del sistema financiero norteamericano, a través de fondos provenientes de contratos de alimentos.

La investigación se inició debido a las actividades financieras de varias empresas en Estados Unidos que actuaron como proveedores para programas alimenticios financiados por el gobierno venezolano. También debido a reportes sobre las irregularidades masivas que se produjeron en estos programas desde 2008.

Según una auditoría interna de Pdvsa, de los $2 billones empleados por Pdvsa para adquirir un millón de toneladas de alimentos en los primeros meses del programa alimentario creado por Chávez en 2007, sólo el 25% llegó a su destino, con un estimado de $180 millones pagados por sobreprecios en las facturas de compra .

Los costos de la corrupción para importar comida en Venezuela son tan altos, según expertos, que si el gobierno pagara los alimentos al precio del mercado, duplicaría las cantidades que podría comprar con el dinero destinado a tales fines.

Propiedades de lujo

En el informe se describe además los mecanismos usados por los operadores financieros del chavismo que actuan como testaferros, para comprar propiedades de lujo en los Estados Unidos.

Señalan que la mayoría de las adquisiciones de propiedades de lujo se inició en áreas exclusivas del sur de la Florida como Cocoplum, en Coral Gables; la avenida Brickell, en el distrito financiero de Miami, y otras zonas exclusivas como Fisher Island, Boca Ratón y West Palm Beach, las ambiciones revolucionarias se extendieron a otros centros urbanos de estados como Nueva York, Conneticut Texas y Colorado, cuyo paraíso de invierno de Vail pasó a ser parada obligada para los multimillonarios operadores venezolanos.

El enorme flujo de adquisiciones por parte de venezolanos multimillonarios que hicieron negocios con el gobierno de Venezuela, los ubicó entre los primeros y más prolíficos compradores de propiedades de lujo en zonas como Miami, aunque para ello usaran tácticas para tratar de esconder la identidad de los verdaderos propietarios tales como la creación de corporaciones en los estados de Delaware y otros, donde las leyes permiten el secreto de los nombres de los accionistas.

El flujo de compra por parte de venezolanos ha sido de tal naturaleza que el Departamento del Tesoro creó a principios de 2016 una unidad especial para investigar la adquisición de propiedades de lujo por parte de extranjeros que usaron tácticas para esconder la identidad, en los dos mercados más buscados por estos clientes: Miami y Nueva York .

La compra de propiedades de lujo por parte de chavistas no se limitó, sin embargo, a Estados Unidos. También buscaron otros destinos como República Dominicana, Madrid y Londres, y lugares distantes como Dubai, y Hong Kong .

Los negocios de los altos chavistas

En un aparte del informe de FH se informa sobre la existencia de un récord de inversiones y actividad en territorio norteamericano vinculado a altas figuras del chavismo y el actual madurismo, entre quienes se encuentra el actual vicepresidente venezolano, Tarek El Aissami acusado por ls administración Trump de estar implicado en tráfico de narcóticos. El Departamento del Tesoro reveló que había decomisado bienes y empresa con operaciones y bienes por varios centenares de millones de dólares tanto en territorio norteamericano y en otros países .

El Aissami le fueron confiscadas al menos cinco corporaciones registradas en la Florida propiedad del presunto socio Samark López, también sancionado por el Departamento del Tesoro. Tres de esas compañías eran propietarias de tres condominios de lujo en Miami, mientras que otra era la propietaria de un avión Gulfstream valorado en $9 millones.

Los condominos confiscados, ubicados en la avenida Brickell, tenían un valor de $1.5 millones, $1.7 millones y $3.4 millones respectivamente. También le fue confiscado un yate de lujo valorado en $16 millones. Adicionalmente, fue confiscada una mansión de nueve habitaciones y nueve baños, en el exclusivo sector de Gables Estates, en el sureste de Miami, por un valor de $16.5 millones .

A nivel internacional, el decomiso y congelamiento de propiedades, empresas y cuentas bancarias relacionadas a El Aissami podrían llegar a $3 billones, según estimaciones del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dice el informe de FH.

También mencionan a Diosdado Cabello, uno de los funcionarios más poderosos del régimen de Maduro y que ha sido acusado de dirigir una poderosa red de narcotráfico en Venezuela, controlada por el llamado Cartel de los Soles, que integran militares venezolanos.

Destacan en el reporte el testimonio dado contra Cabello por su ex jefe de seguridad, Leamsy Salazar, quien a principios de 2015 huyó de Venezuela y estableció un convenio de cooperación con la DEA, a cambio de protección. Salazar aseguró que Cabello daba órdenes directa y supervisaba personalmente los envíos de cocaína a los EEUU.

El reporte también asegura que Cabello tiene un historial de relaciones “financieras” con los Estados Unidos, a través de presuntos testaferros con empresas, cuentas bancarias y propiedades en territorio norteamericano, entre los cuales se encuentra Rafael Sarría, un empresario que pasó de ser un vendedor de seguros con una fortuna modesta, a uno de los boliburgueses más acaudalados de Venezuela, gracias a su estrecha relación con Cabello.

Los negocios desarrollados por Sarría estuvieron estrechamente ligados a las posiciones ocupadas por Cabello, de acuerdo a fuentes cercanas al empresario, principalmente durante el período en que Cabello ocupó el ministerio de Infraestructura, entre 2002 y 2003, y la gobernación del estado Miranda, entre 2004 y 2008.

Entre otras propiedades, Sarría adquirió un apartamento de lujo en Manhattan valorado en $7 millones, y una serie de lotes de terreno a un costo de más de $20 millones en la localidad campestre de Plantation, al norte de Miami. También controlaba media docena de firmas registradas en la Florida. Según fuentes familiarizadas con los negocios de Sarría, al menos una importante entidad bancaria nortemaericana, cerró una cuenta a su nombre luego que no pudo explicar el origen de depósitos por varias decenas de millones de dólares.

Mencionan a Rafael Ramírez quien dirigió de forma absolutista los destinos de Pdvsa durante 11 años, y quien supuestamente usó a su primo Diego Salazar para realizar sus negocios. Se destaca que en la actualidad, varias agencias y fiscalías federales en varias jurisdicciones de Estados Unidos investigan actualmente un “sistema generalizado de corrupción” en Pdvsa, en el cual Ramírez jugó un rol importante, para extraer billones de dólares a través del pago de sobornos y comisiones ilegales.

Según ex altos ejecutivos de la petrolera venezolana, los investigadores federales han acumulado numerosa evidencia de estos manejos irregulares, entre ellos “contratos, memos y correos electrónicos”, y están tratando de establecer si Pdvsa fue usada para lavar dinero de la droga, acota el informe de FH.

Asimismo, reseñan a Vladimir Padrino, actual ministro de la Defensa del régimen de Maduro, quien aparentemente tiene conexiones con Estados Unidos, incluyendo lazos con empresarios que operan entre Miami y el país suramericano.

Según reportes en Venezuela, el general Padrino tendría bajo su control varias empresas en el sur de la Florida a través de familiares como sus tios Jesús María Padrino Renaud y Carmen Rojas de Padrino, que registraron bajo su nombre una propiedad en Fort Lauderdale y otra en Sunny Isles, en North Miami Beach.

Una empresa vinculada a Padrino, la firma venezolana Neliyari C.A., con domicilio en Caracas, estuvo invesigada por el gobierno estadounidense después que un familiar del ministro de la Defensa fue detenida en territorio norteamericano bajo acusaciones de traficar con Heroína. La detenida formaría parte de Neliyari C.A., y fue procesada primero en la isla de Puerto Rico y luego en una corte federal de Nueva York .

El informe también menciona al actual presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, Maikel Moreno, quien se encuentra sancionado por la OFAC por su papel en el desconocimiento de la autoridad de la opositora Asamblea Nacional. Este sujeto se casó en el estado de la Florida para lograr un estatus migratorio y tendría propiedades a nombre de terceros en Miami.

Entre otros individuos vinculados con el régimen venezolano se destacan los nombres de Alejandro Andrade, un ex militar que fue guardaespaldas de Chávez y posteriormente se convirtió en Tesorero Nacional, una posición que le permitió tener acceso irrestricto y discrecional a las grandes reservas financieras del gobierno y que le permitió acumular una gran fortuna.

Andrade es propietario de caballos de salto, tiene un rancho en West Palm Beach, una escuela de equitación en Carolina del Norte, conocida como Hollow Creek Farms,y es uno de los principales patrocinantes de los eventos en el Centro Internacional de Deportes Equinos de Invierno, con sede en Wellington, Florida.

Asimismo se nombra a Arné Chacón, un ex teniente de Fragata que se convirtió convenientemente en banquero gracias a las conexiones de su hermano, estuvo entre los chavistas que adquirieron establos en la Florida para la cría de caballos pura sangre.

Chacón nombró su establo bajo el rimbombante nombre de GADU Racing Stable, un acrónimo de Grandes Arquitectos Del Universo, una frase que revelaba la conexión del banquero con la cultura masónica, dice el informe.