EEUU condena a Clíver Alcalá, el exgeneral chavista que se alzó contra Maduro

Fuente: Voz de América - Redacción

Ilustración realizada por la Voz de América con base en una fotografía de archivo del mayor general retirado Clíver Alcalá, quien comandó tropas en varios cargos dentro de la fuerza armada venezolana y que ha recibido sentencia por dos delitos en Estados Unidos.

Un tribunal de Estados Unidos dictó condena contra Clíver Alcalá, militar venezolano que comandó una región durante el gobierno de Hugo Chávez, y que ahora engrosa la lista de funcionarios acusados en el país norteamericano por delitos que van desde el narcotráfico hasta el lavado de capitales.

El mayor general retirado venezolano, Clíver Alcalá Cordones, fue sentenciado el lunes a más de 21 años de prisión en Estados Unidos por suministrar armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El juez de distrito estadounidense Alvin Hellerstein dictó la sentencia en una audiencia en el tribunal federal de Manhattan. A mediados de enero, se conoció que los fiscales estadounidenses pidieron a la justicia que Alcalá recibiera 30 años de prisión por dos delitos federales: narcotráfico y entrega de armas a la guerrilla colombiana FARC.

Pero, Alcalá no admitió ningún cargo relacionado con el tráfico de drogas como parte de su acuerdo final. Sus abogados instaron a Hellerstein a considerar la ruptura del exgeneral con el gobierno de Maduro en 2013 y su papel en la organización, desde la vecina Colombia, de un esfuerzo infructuoso para derrocar a Maduro en 2020.

Los fiscales dijeron que las acciones de Alcalá desde 2013 no justificaban la indulgencia.

El caso

Alcalá llegó a comandar tropas durante el gobierno de Hugo Chávez, en Venezuela y según ha confesado en en el juicio, utilizó su rango y responsabilidades en Venezuela para entregar armas a la guerrilla.

Alcalá Cordones se declaró culpable en julio pasado de haber entregado lanzagranadas y granadas a alias “Iván Márquez”, líder de la Segunda Marquetalia (disidentes de las FARC) y “Timochenko”, presuntamente por orden del gobierno de Hugo Chávez, según reveló la agencia AP con base en documentos de una corte en Nueva York.

El exoficial dio apoyo y protección durante años a las FARC y favoreció su tráfico de drogas a través del aeropuerto internacional Simón Bolívar, de Maiquetía. En el juicio, los fiscales aceptaron eliminar una acusación por narcoterrorismo.

Sus defensores explicaron que la reducción de los cargos originales en contra de Alcalá Cordones evitó que enfrentara una pena mínima de 50 años de cárcel.

Entre versiones de prensa que lo vinculaban a la preparación de un plan armado que buscaría derrocar a Maduro, en 2019, Alcalá Cordones se entregó a la DEA en Colombia, fue extraditado y aceptó colaborar con Estados Unidos, que había ofrecido una recompensa de 10 millones de dólares por información que permitiera su arresto.

El juez Hellerstein aceptó en 2022 la solicitud de los fiscales estadounidenses de mantener en secreto documentos clasificados sobre Venezuela en el caso de Alcalá Cordones, que, según ellos, causarían "graves daños a la seguridad nacional".

Criminal con uniforme

Alcalá Cordones, de 62 años, egresó de la Academia Militar de Venezuela y se le identifica como uno de los partícipes del fallido golpe de Estado comandado en 1992 por Chávez, cuando era teniente coronel y jefe de una brigada de paracaidistas.

Lideró la intervención de la Policía Metropolitana de Caracas, en 2002, y ocupó la jefatura de la guarnición militar de Valencia y también la de Maracay. También, comandó la región de defensa integral Guayana (REDI-Guayana).

Un magistrado que rompió filas con el chavismo, Eladio Aponte Aponte, lo señaló de haber colaborado con delitos de narcotráfico en Venezuela.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo buscaba desde 2011 por narcotráfico. En 2020, le incluyó en una lista de 15 altos funcionarios venezolanos y líderes de la guerrilla colombiana acusados por 4 delitos.

Se le acusó entonces de conspiración narcoterrorista; conspiración para importar cocaína a Estados Unidos; uso y transporte de armas y artefactos de destrucción para narcoterrorismo; y conspiración para usar esas armas con el mismo fin.

Larga lista de acusados

Alcalá Cordones engrosa la lista de militares y funcionarios de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro que han sido acusados por la justicia estadounidense de delitos vinculados al lavado de capitales, narcotráfico y narcoterrorismo.

Estados Unidos mantiene bajo prisión desde julio del año pasado a otro oficial venezolano retirado, Hugo Carvajal, alias “El Pollo”, tras su deportación desde España.

Señalado de liderar el llamado Cartel de los Soles, se le acusó de narcoterrorismo, conspiración para narcotráfico hacia Norteamérica y ofensas vinculadas a armas de fuego. Carvajal fue capturado en España luego de años de evasión.

En abril del año pasado, la extesorera de Venezuela y enfermera del expresidente Chávez, Claudia Díaz Guillén, fue condenada en Estados Unidos a 15 años de cárcel junto a su esposo Adrián Velásquez, un ex guardaespaldas militar del mandatario fallecido, por su participación en un esquema de sobornos y lavado de capitales.

Guillén y su esposo recibieron y lavaron cerca de 136 millones de dólares de otro “conspirador”, el empresario venezolano Raúl Gorrín, dueño del canal Globovisión, para que tuviera acceso a bonos del Estado a tarifas preferenciales, según las actas.

La condena de Alcalá ocurre meses después de que Estados Unidos liberara al empresario colombiano Alex Saab, identificado por el gobierno de Venezuela como su enviado diplomático para asuntos humanitarios, en un canje de estadounidenses detenidos en el país suramericano y la liberación de un grupo de presos políticos.

La justicia estadounidense mantiene en vigor las ofertas de recompensas por información que derive en la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro ($15 millones) y Diosdado Cabello, hombre fuerte del chavismo, entre otros.

Este lunes, el jefe de Estado calificó la recompensa como “ridícula”, durante la presentación de su “memoria y cuenta” de su gestión ejecutiva ante el parlamento.