Obstáculos a la Prensa

Venezuela: Editorial 2001
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"No hay libertad de prensa en Venezuela"

"En una sociedad abierta, la única igualdad compatible con la libertad es la igualdad de derechos". Carlos Cáceres (profesor universitario chileno)

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Con profusión se pregona desde las más altas esferas oficiales del Gobierno, que el país goza de libertad de prensa y expresión, pero algunos bemoles no hacen del todo cierto tal derecho, consagrado en nuestra Constitución.

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No exageramos al afirmar que, en los entes del Estado, a los representantes de los medios de comunicación social privados, escritos y electrónicos, se les discrimina al mismo tiempo que a los medios oficialistas se les da un trato preferencial.

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Los periodistas y reporteros gráficos de los medios de comunicación privados son condenados a interminables esperas, de horas, en los salones de prensa, mientras que a los de los medios oficiales sí se les admite su presencia en perjuicio de aquellos y por supuesto lesivo a uno de los derechos fundamentales y constitucionales de la sociedad.

Las autoridades militares y civiles incurren en abuso cuando prohiben a los miembros de la prensa que abandonen el recinto donde se les ha concentrado, antes de que termine el acto para el cual se les convocó. Esta práctica no es común donde hay un libre ejercicio de la libertad de prensa.

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Otra perla, es que de hecho se exige una requisitoria a los periodistas y reporteros gráficos o camarógrafos pautados para cubrir una actividad oficial. Las exigencias que se les impone para tener acceso a esos actos son vergonzosas.

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Miraflores, sede del despacho presidencial, no es ya la fuente de otrora donde ministros y funcionarios eran abordados por los periodistas. Hoy, en Miraflores, lo poco que trasciende es lo que en el argot periodístico llamamos "caliche".

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La práctica denunciada es una desconsideración con unos profesionales que tienen el derecho y el deber de informar al pueblo "...oportuna, veraz e imparcial, sin censura ..." (Art. 58 de la Constitución), y los funcionarios y funcionarias públicas están en el deber de "dar cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades, sin censura", (Art. 57).

La ley es igual para todos.