Extorsión y Periodismo

Por: Manuel Isidro Molina

La extorsión es un grave delito que poco o nada tiene qué hacer con el ejercicio profesional del periodismo venezolano. Que algunos propietarios de medios y una ínfima minoría de periodistas (y quienes dicen serlo, para timar gente incauta) sin moral ni ética lo hayan practicado, no varía la primera afirmación.

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Según la Ley de Ejercicio del Periodismo (1994), en Venezuela, “periodistas profesionales” somos quienes somos egresados universitarios con el título de licenciado en comunicación social o su equivalente, y estamos inscritos en el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y en el Instituto de Previsión Social del Periodista. Excepciones hubo, de acuerdo con la primera ley de 1972, artículo 43, que autorizaba el ingreso al CNP de quienes demostraran haber tenido la práctica del periodismo como oficio principal, al menos entre 1967 y 1972. De los 15.600 miembros del CNP (hoy, ultra mayoritariamente egresados universitarios), tal vez haya unos cuantos desviados que se dediquen a extorsionar a personas involucradas en delitos o manejos dudosos, y de ellos deben dar cuenta la justicia y las investigaciones fiscales, cada vez que se presente algún caso aislado.

El lamentable caso que supuestamente involucra al colega José Rafael Ramírez y al editor del periódico “Reporte Diario de la Economía ”, Tanahus Gerges, según denuncia y montaje abogadil-policial del muy próspero empresario petrolero “bolivariano” Willmer Ruperti, no puede ser utilizado para “saldar cuentas” con periodistas y propietarios de medios de comunicación social, en forma irresponsablemente indiscriminada.

El diputado Luis Tascón se fue al estrado de la Asamblea Nacional , a presentar el asunto, ya en tribunales, como una muestra de la “degradación del periodismo venezolano”, afirmación que constituye un insulto a la dignidad de los profesionales del periodismo que con tanto ahínco, dedicación y valentía -históricamente hablando- hemos dado batallas por los derechos de nuestro pueblo.

Ojalá y no monten una opereta, en la Comisión parlamentaria respectiva. La abrumadora mayoría de los y las periodistas de Venezuela, los tendremos en la mira, a ver qué es lo que quieren con ese tinglado. Ruperti ha sido mencionado y denunciado en decenas de medios de comunicación social, como uno de los preferidos del gobierno petrolero venezolano y supuesto testaferro de no sé cuántos burócratas chavistas. Nunca, la Asamblea Nacional se dignó a investigarlo, Ahora, viene a ser un “invitado” acusador contra el accionar supuestamente delictivo de un periodista y un editor, quienes, por lo demás, tienen la responsabilidad de demostrar inocencia y desnudar a Ruperti, o soportar el castigo legal respectivo.

Se atrevió Tascón a insinuar a nuestro semanario “ La Razón ” como parte del supuesto delito denunciado, lo que es un insulto adicional para todos quienes aquí laboramos con grandes sacrificios, limitaciones y el hostigamiento moral, político y económico del gobierno y sus mafias, pasadas y actuales. Una ligereza inaudita que lo coloca en plan de revancha por nuestras denuncias y opiniones contrarias al autoritarismo, la corrupción y el malandrismo irresponsable que caracteriza a buena parte de la gestión Chávez.

Hace semanas denuncié lo que considero una amenaza cierta de asalto político al Colegio Nacional de Periodistas, como parte de la intensificación de la guerra gubernamental contra la libertad de expresión, el derecho a la información y el ejercicio profesional del periodismo. Y esta jugada de Tascón en la Asamblea Nacional , parece ser parte de esa ofensiva de aliento monopartidista.

Esta parte de la guerra gubernamental incluye el intento de asesinato moral de la historia gremial y profesional más honrosa de América Latina y el Caribe, la que comenzó en 1941 y 1946 con los procesos de fundación de la Asociación Venezolana de Periodistas (AVP) y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP). Ya tienen suficientemente asfixiado al Colegio Nacional de Periodistas con más de siete años sin elecciones, y ahora pretenden enlodar uno de los ejercicios profesionales más nobles y riesgosos, mal remunerado pero profundamente satisfactorio.

La Comisión de Ciencia, Tecnología y Medios de la Asamblea Nacional debería dejar en manos de la justicia la supuesta extorsión contra Ruperti, quien junto con su abogado y su jefe de seguridad deberá dar cuenta a la justicia por sus actuaciones mafiosas. Sí debería dedicarse a evaluar los contenidos y líneas editoriales de medios del Estado que han sido incautados por el gobierno para el monopartidismo excluyente y la sistemática destrucción moral de oponentes políticos y profesionales del periodismo que critican la gestión pública o simplemente dan cuenta de denuncias que el pueblo hace a diario. Caso especial, Venezolana de Televisión (VTV), canal televisivo que transmite varios programas denigratorios a cargo de personas ajenas al gremio periodístico, muchas veces apoyados por periodistas profesionales que incluso, ahora, son partidarios de destruir al Colegio Nacional de Periodistas, en tanto que gremio profesional universitario al servicio del pluralismo, la libertad y la justicia social.