23N: Gobernaciones y Alcaldías

Por: Manuel Isidro Molina

A nadie se le escapa la importancia de las venideras elecciones de gobernadores, legisladores regionales y alcaldes. Sin embargo, van teñidas de poco lucimiento de candidatos y candidatas, en su inmensa mayoría dependientes de grupos ocultos (y no tan ocultos) de poder, ora dentro del gobierno, ora en factores opositores de las finanzas, los medios y franjas de corrupción de la Cuarta y de la Quinta.

Algunos de los propuestos no son más que marionetas, lamentablemente; y otros apestan por sus antecedentes de corrupción e irresponsabilidad en el desempeño público, además de ser manejados por conocidas e impunes mafias del enriquecimiento ilícito y el abuso de poder.

El desenlace está por verse, es la gran incógnita nacional, más allá de que oficialistas u opositores ganen estas u otras gobernaciones y alcaldías. Me refiero al desenlace político no cuantitativo, al fondo de las nuevas tendencias tensadas por las pretensiones hegemónicas del gobierno autocrático y las aspiraciones restablecionistas de la crecida derecha liberal –engordada con irrelevantes neoliberales de otoño- y su aliado principal, el macartismo-betancourista.

Sin embargo, no todo está perdido. Independientemente de lo que materialicen “gobierno” y “oposición”, una amplia porción de venezolanos y venezolanas seguiremos empujando el carro de la dignidad y la decencia pública como pivote de una alternativa por una sociedad democrática equilibrada, justa socialmente e independiente desde el punto de vista internacional, con economía mixta y participación popular pluralista.

Nadie está obligado a votar por los candidatos chimbos oficialistas u opositores. Lo de la polarización es un ardid de ambos bloques apegados a la corrupción y la irresponsabilidad en el desempeño público. Libremente, si los electores y electoras consideran que en su estado o municipio le han propuesto personas que valgan la pena por su capacidad y honestidad, se producirá el voto por quien realmente exprese o resuma los anhelos de reconstrucción moral de la República , y la aplicación eficiente y decente de los recursos públicos a beneficio de nuestros compatriotas y del desarrollo armónico de la nación.

Nadie está obligado a votar por candidatos o candidatas delincuentes o marionetas de los agazapados grupos de poder que se disputan el control de Venezuela como si nuestro país fuese un botín. La mayor parte del “activismo” politiquero actual es pagado, generalmente con dinero sucio proveniente de fondos ocultos, públicos y privados; en esta materia, el abuso de poder y la corrupción del gobierno del presidente Hugo Chávez no tiene antecedente republicano. Ambos bloques tienen a la mano a sus testaferros, gente ultra enriquecida con dineros extraídos del erario mediante mil triquiñuelas estimuladas por la impunidad y la complicidad generalizada.
Sociedad mafiosa

En tiempos de la supuesta “Cuarta República” puntofijista, se criticaba la “Sociedad de Cómplices”; ahora, en el transcurso de una década de la supuesta “Quinta República”, estamos sumergidos en una “Sociedad Mafiosa”, en la que oficialistas y opositores se entrelazan codiciosos y sin vergüenza alguna.

En diciembre de 2005, hubo una primera manifestación de ilegitimación del sistema político venezolano actual: la gente no quiso ir a votar por los candidatos del chavismo o del antichavismo a la Asamblea Nacional; 75% se abstuvo y 7% votó nulo; un 82% no participó en la elección de los actuales diputados y diputadas. ¿Y qué ocurrió?: la argumentación maniquea en torno a ese histórico fenómeno, largó las más descabelladas interpretaciones, que si “la oposición se retiró”, que si “ la Asamblea Nacional es legítima”, y otras tantas sandeces.

El hecho cierto es que ciudadanos y ciudadanas no están dispuestos a votar por cuanto candidato o candidata le metan por los ojos las maquinarias oficialista u opositora. Aunque se esté manifestando una alta intención de voto en las encuestas, a la final primará el buen sentido de la gente, por lo que la votación del 23N puede resultar minoritaria. Nadie nos puede obligar a votar por gente que no merece la confianza de los electores y electoras.