Bases, diplomacia y FARC
Por Eucario Bermúdez
Fuente: Diario Las Américas
Con el diferendo Colombo-Venezolano predominando en la agenda de los dos gobiernos, ha venido avanzando el nuevo gobierno del Presidente Juan Manuel Santos. Sin sobresaltos, tranquilo, sobresaliendo un nuevo estilo en el manejo de la diplomacia internacional al que otorga un inmenso aporte la Canciller María Angela Holguín.
En una jocosa alusión a su contraparte venezolano, alguien afirmó esta semana que con ella el proceso para el restablecimiento pleno de las relaciones está hoy mucho más “Maduro”. Y esa es una buena tónica. Por otra parte la compostura que inusitadamente ha observado el Presidente Chávez ha permitido un avance cordial y sin contratiempos, siempre en la mejor tónica para quitarse aparentemente de encima uno de los entuertos que posiblemente le ha complicado más la campaña política que toma más fuerza a medida que se aproximan las elecciones del próximo mes, en las que la oposición espera positivos avances.
Es inocultable la preocupación del coronel por la unidad que ahora si parece solidificar a quienes se oponen a su administración, que al parecer tienen grandes posibilidades de conseguir más escaños en la Asamblea Nacional y con ello ejercer mayor presión a los cambios que el pueblo espera con urgencia para recuperar, entre otras cosas, la soberanía nacional tan maltrecha por la presencia cubana en los organismos del gobierno y las fuerzas militares y en tantos otros frentes aptos para el proselitismo hacia el socialismo bolivariano.
Mientras todo esto ocurre, para el gobierno colombiano surgen otras preocupaciones que de alguna manera están ligadas con el gobierno de Chávez por las denuncias que lo ligan con las FARC, motivo central del diferendo. Nos referimos a la pretendida intención de ese grupo narcoterrorista de ser escuchado nada menos que en el máximo foro de la región, UNASUR, en el cual ejerce una marcada influencia el gobernante venezolano, como que tiene allí como fuertes aliados a su secretario general Néstor Kischner expresidente argentino y a los presidentes Morales, Ortega y Correa de Bolivia, Nicaragua y Ecuador, además de la misma presidenta Cristina Fernández. Conocida su línea de conducta en esta materia y sin que hasta este momento se conozca pronunciamiento distinto que el de Colombia, el hábil planteamiento guerrillero pone a prueba el espíritu democrático de UNASUR y su posición frente a la subversión y el terrorismo en el continente. Ya lo afirmaron de forma contundente la Canciller y el Ministro de Defensa:
Colombia espera que ni siquiera sea tenida en cuenta esa solicitud. No faltaba más. En el nuevo tono de los acontecimientos, vale la pena señalar la cordura con la que se ha manejado la decisión de la Corte Constitucional sobre las mal llamadas “bases militares norteamericanas”.
Hay que decir primero que todo, que como lo reconocieron el ex canciller Bermúdez y el ex embajador de los Estados Unidos señor Brownfield, ese acuerdo no fue bien presentado ante la comunidad internacional en general y mucho menos ante gobiernos vecinos intransigentes y distantes de la seguridad democrática.
En esencia se trataba de modificaciones o ampliaciones a acuerdos previamente establecidos y vigentes con el único objetivo de garantizar la cooperación de los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo dentro del territorio colombiano. Nada de instalar bases gringas en el país poniendo en peligro la seguridad de países vecinos.
Por ello, ante el fallo de la Corte advirtiendo que el acuerdo binacional debe pasar primero por el Congreso de la Republica, el gobierno tiene varias opciones. Dejar las cosas como están liberándose de un gran debate, evitar más cizaña por parte de vecinos incómodos, y garantizar la continuidad de lo ya establecido, que es fundamental para poder seguir cosechando éxitos en la dura batalla contra el narcotráfico y la subversión. Y que se olviden Chávez y su camarilla del peregrino argumento de la “invasión gringa” desde territorio colombiano, tema que entre otras cosas les ha dado munición para envenenar al pueblo con absurdas consignas pendencieras.
Es interesante anotar frente a este tema, que el Presidente Santos trata con tranquilidad y sin apuro, la reacción del gobierno de Washington ante la decisión de la Corte. “Nada ha cambiado”. Y valga la pena anotar adicionalmente que Brasil, cuya orientación política es bien conocida, también firmó recientemente un acuerdo de cooperación con Estados Unidos en el que se establecen cláusulas precisas sobre asistencia y compra de equipos militares. Sin embargo la decisión de Lula no ha suscitado reacción alguna.
En una jocosa alusión a su contraparte venezolano, alguien afirmó esta semana que con ella el proceso para el restablecimiento pleno de las relaciones está hoy mucho más “Maduro”. Y esa es una buena tónica. Por otra parte la compostura que inusitadamente ha observado el Presidente Chávez ha permitido un avance cordial y sin contratiempos, siempre en la mejor tónica para quitarse aparentemente de encima uno de los entuertos que posiblemente le ha complicado más la campaña política que toma más fuerza a medida que se aproximan las elecciones del próximo mes, en las que la oposición espera positivos avances.
Es inocultable la preocupación del coronel por la unidad que ahora si parece solidificar a quienes se oponen a su administración, que al parecer tienen grandes posibilidades de conseguir más escaños en la Asamblea Nacional y con ello ejercer mayor presión a los cambios que el pueblo espera con urgencia para recuperar, entre otras cosas, la soberanía nacional tan maltrecha por la presencia cubana en los organismos del gobierno y las fuerzas militares y en tantos otros frentes aptos para el proselitismo hacia el socialismo bolivariano.
Mientras todo esto ocurre, para el gobierno colombiano surgen otras preocupaciones que de alguna manera están ligadas con el gobierno de Chávez por las denuncias que lo ligan con las FARC, motivo central del diferendo. Nos referimos a la pretendida intención de ese grupo narcoterrorista de ser escuchado nada menos que en el máximo foro de la región, UNASUR, en el cual ejerce una marcada influencia el gobernante venezolano, como que tiene allí como fuertes aliados a su secretario general Néstor Kischner expresidente argentino y a los presidentes Morales, Ortega y Correa de Bolivia, Nicaragua y Ecuador, además de la misma presidenta Cristina Fernández. Conocida su línea de conducta en esta materia y sin que hasta este momento se conozca pronunciamiento distinto que el de Colombia, el hábil planteamiento guerrillero pone a prueba el espíritu democrático de UNASUR y su posición frente a la subversión y el terrorismo en el continente. Ya lo afirmaron de forma contundente la Canciller y el Ministro de Defensa:
Colombia espera que ni siquiera sea tenida en cuenta esa solicitud. No faltaba más. En el nuevo tono de los acontecimientos, vale la pena señalar la cordura con la que se ha manejado la decisión de la Corte Constitucional sobre las mal llamadas “bases militares norteamericanas”.
Hay que decir primero que todo, que como lo reconocieron el ex canciller Bermúdez y el ex embajador de los Estados Unidos señor Brownfield, ese acuerdo no fue bien presentado ante la comunidad internacional en general y mucho menos ante gobiernos vecinos intransigentes y distantes de la seguridad democrática.
En esencia se trataba de modificaciones o ampliaciones a acuerdos previamente establecidos y vigentes con el único objetivo de garantizar la cooperación de los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo dentro del territorio colombiano. Nada de instalar bases gringas en el país poniendo en peligro la seguridad de países vecinos.
Por ello, ante el fallo de la Corte advirtiendo que el acuerdo binacional debe pasar primero por el Congreso de la Republica, el gobierno tiene varias opciones. Dejar las cosas como están liberándose de un gran debate, evitar más cizaña por parte de vecinos incómodos, y garantizar la continuidad de lo ya establecido, que es fundamental para poder seguir cosechando éxitos en la dura batalla contra el narcotráfico y la subversión. Y que se olviden Chávez y su camarilla del peregrino argumento de la “invasión gringa” desde territorio colombiano, tema que entre otras cosas les ha dado munición para envenenar al pueblo con absurdas consignas pendencieras.
Es interesante anotar frente a este tema, que el Presidente Santos trata con tranquilidad y sin apuro, la reacción del gobierno de Washington ante la decisión de la Corte. “Nada ha cambiado”. Y valga la pena anotar adicionalmente que Brasil, cuya orientación política es bien conocida, también firmó recientemente un acuerdo de cooperación con Estados Unidos en el que se establecen cláusulas precisas sobre asistencia y compra de equipos militares. Sin embargo la decisión de Lula no ha suscitado reacción alguna.
Etiquetas: narcoterrorismo
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