Estado comunal: hegemonía totalitari​a

Por: Jose Rafael Lopez Padrino

La mayoría oficialista de la Asamblea Nacional en el período legislativo 2004-2010 aprobó forma expedita la Ley Orgánica del Poder Popular, la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular; la Ley de Comunas; la Ley de Contraloría Social, y la Ley Orgánica para el Sistema Económico Comunal. Todas ellas fueron sancionadas por los eunucos parlamentarios del PSUV y aliados políticos siguiendo las ordenes impartidas por el autoritario de Miraflores, debido a que no tendrían las 2/3 parte de los parlamentarios -requeridas para la aprobación de leyes de carácter orgánico- en la nueva Asamblea Nacional.

De todas ellas, la Ley del Poder Popular constituye el entramado jurídico que le permitirá al socialfascismo bolivariano desmontar la estructura del Estado venezolano actual, definido en la Carta Magna de 1999 y lograr un reordenamiento geográfico, político y económico del país para acentuar su proyecto totalitario. Se trata de un Poder Popular ficticio, tutelado política y económicamente por el gobierno central. Más que representar instancias organizativas de poder local independientes y autónomas constituyen apéndices del régimen, sujetas a la voluntad del comandante-presidente.

Todo este montaje jurídico pretende el establecimiento de un Estado comunal hegemónico y centralista, que implica la creación de un nuevo ordenamiento territorial del país basado en la formación de “distritos motores y comunas”. Esta disposición jurídica calca el reordenamiento del territorio alemán decretado por Hitler una vez que se consolidó en el poder (1933). Todos los Estados federados de Alemania, según la Constitución de Weimar, fueron reordenados geográficamente, su autonomía política fue reducida y sus autoridades fueron sustituidas por representantes del gobierno central.  El objetivo fue el de establecer un nuevo orden geopolítico que permitiese la imposición de la visión hegemónica del proyecto Nazi.
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Los distritos motores plateados en el Estado Comunal serán unidades territoriales decretadas directamente por el régimen, cuyos límites podrían coincidir o no, con los límites político-territoriales de los Estados, o Municipios  existentes, los cuales tendrán una autoridad única, cuya designación será potestad del autoritario de Miraflores. Recordemos que los distritos motores de desarrollo fueron rechazados en el referendo del año 2007. Lo alarmante de esta situación es que los distritos motores se transformarán en entidades territoriales paralelas a la estructura político-territorial vigente, con el agravante que tanto su creación como la designación de sus autoridades se dan al margen de la voluntad popular. Obviamente, este nuevo ordenamiento territorial conduce inexorablemente al aniquilamiento político y administrativo de las Gobernaciones y Municipios.

Además esta propuesta hegemónica y excluyente contempla que la propiedad de los medios de producción estará en manos del Estado. Es decir, se profundiza un capitalismo de Estado explotador y perverso. Pero además promoverá un sistema de producción y consumo fundamentado en el trueque y el uso de monedas comunales. Con la imposición de esta Ley el país se retrotrae a los tiempos del General Juan Vicente Gómez, cuando se les pagaba a los trabajadores con fichas cuyo valor de cambio se circunscribía a un cierto espacio territorial.

Además este “Poder Popular” no surge como producto de una consulta electoral de los habitantes de la zona, sino por iniciativa de algunos ciudadanos (no importa el número de ellos), de los consejos comunales (afines al régimen) y de las organizaciones sociales (controladas por el PSUV) que hagan vida activa en las comunidades. Lejos de "empoderar" al pueblo”, como falazmente afirman sus proponentes, este proyecto conduce a una desmovilización social, y al desmontaje del proceso de elegir a los representantes mediante el voto directo, universal y secreto el cual constituye el primer eslabón en la construcción de mecanismos de participación y expresión de la voluntad de la mayoría de una nación, de una región, etc. 

En resumen, esta la Ley del Poder Popular constituye un nuevo instrumento jurídico destinado a la imposición de un pensamiento único y  confisca de forma y de fondo, la soberanía popular expresada a través del voto. Además, profundiza el control social de los venezolanos mediante una redistribución del espacio territorial, dando al traste con las gobernaciones, alcaldías, y otras instancias de gobierno, refrendadas por la voluntad popular a través de incontables procesos eleccionarios. Con estas leyes se concreta el despojo del derecho a la participación y al protagonismo del pueblo organizado.