Una Corte Federal de EE.UU. solicita declarar en moratoria a Venezuela

Tras dos meses sin presentarse en el tribunal, abogados del país formularon una contrademanda ante solicitud de la empresa Gold Reserve

POR. PEDRO GARCÍA OTERO 

fuente. PanAmPost

La Corte Federal del Distrito de Columbia (Washington, Estados Unidos) introdujo una solicitud de declaratoria de cesación de pagos contra Venezuela, una vez vencido el plazo para que el país suramericano respondiera a una demanda introducida por Gold Reserve Inc., en relación con una sentencia del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (Ciadi) que obliga al Estado venezolano a entregar US$740 millones a la empresa como consecuencia de una expropiación de sus actividades en 2008.

La defensa del país, en tanto, introdujo una solicitud ante la misma corte para pedir su anulación, luego de que en los 60 días previos establecidos por el tribunal para que Venezuela presentara sus alegatos, no se consignó ningún documento. Gold Reserve, a la vez, presentó sus contraalegatos el 30 de marzo, y el tribunal decidirá “en el futuro cercano”, se informó.

Proyectos auríferos en Venezuela fueron nacionalizados, y dejaron a inversionistas en el limbo (Las Armas de Coronel)

La demanda contra Venezuela fue introducida por Gold Reserve el 26 de noviembre de 2014 y durante ninguno de los procesos de la misma se tuvo noticias de representantes legales del país, indica el portal de noticias Business Wire, y falló que a partir del 27 de marzo el país está en moratoria con Gold Reserve.

Doug Belanger, presidente de Gold Reserve, indicó que este “es otro ejemplo de la dilación de Venezuela en sus acciones relativas a pagar la compensación por expropiación (…) la compañía continuará buscando esa compensación de forma sistemática y metódica, hasta que Venezuela comprenda que tiene que dejar de evadir sus compromisos internacionales y pagarnos, más tarde o más temprano”.

En 1992, la compañía adquirió y empezó a desarrollar lo que hoy se conoce como el Proyecto Brisas, una mina de oro y cobre en el histórico “kilómetro 88”, al sur del país suramericano; según Gold Reserve, la mina contiene 10 millones de onzas de oro (unos 4 millones de kilogramos) y 1,4 millardos (unos 600 millones de kilos) de onzas de cobre.

En 2008, cuando el proyecto ya estaba desarrollado, el Gobierno venezolano “arbitrariamente revocó nuestra concesión”, tras haber invertido Gold Reserve unos $300 millones. La empresa introdujo una demanda ante el Ciadi y en septiembre de 2014 obtuvo el mandato de compensación, que fue ratificado, tras los alegatos del Gobierno venezolano en contra, en diciembre del año pasado.

¿Cuánto debe Venezuela?

La política de expropiaciones del país durante el Gobierno de Hugo Chávez, especialmente en el período entre 2007 y 2013, ha comenzado a revertirse en sentencias masivas del tribunal de arbitraje internacional, al que el país perteneció, justo en el momento en el que el sucesor de Chávez, Nicolás Maduro, enfrenta una aguda crisis económica por la caída de los precios del petróleo.

Contra Venezuela se acumulan 27 reclamos en el Ciadi, siendo el país que tiene más casos pendientes en este tribunal; ya se han resuelto cinco de ellas, que involucran un pago total, hasta los momentos, de $2,12 millardos.

Luego de pagarle a Exxon Mobil $747 millones, el país aún adeuda $853 millones; está el monto que ya se le adeuda a Gold Reserve; a la empresa chilena IDC tiene que cancelarle $33 millones en relación con la terminación abrupta de su concesión de operación del aeropuerto de Isla de Margarita (en el Caribe venezolano); a la embotelladora estadounidense Owens Illinois, a la cual Chávez le nacionalizó sus operaciones en su programa de televisión dominical, $454 millones; y a la empresa de servicios petroleros Tidewater (decisión ya ratificada), $46 millones.

Pero en la medida en que salgan más demandas, el monto puede volverse, sencillamente, impagable para Venezuela. Conoco Phillips, petrolera estadounidense, introdujo una demanda por $31 mil millones, en relación con la nacionalización de dos proyectos de producción de crudo en la Faja Petrolífera del Orinoco (hoy rebautizada como “Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez”); Rusoro, empresa aurífera rusa, presentó una demanda por $3,3 millardos; el Grupo Techint (Argentina), introdujo otra por la nacionalización de una empresa de servicios del sector siderúrgico; se calcula, conservadoramente, que el costo que puede asumir Venezuela por su política de nacionalizaciones, aun con recortes a lo demandado y negociaciones posteriores, puede alcanzar $20 mil millones.

Aunque en 2012 Venezuela le comunicó al Banco Mundial su retiro del Ciadi, las demandas que se presenten con fecha previa a ese retiro continúan cursando ante la institución.

El viceprocurador (defensor) del Estado venezolano, Reinaldo Muñoz, afirmó a medios oficiales de su país que los fallos del Ciadi “buscan presentar a Venezuela como un Estado insolvente y con muchas deudas por pagar”; y que “esos juicios se aceleran para dar esa sensación de Estado quebrado, que tiene muchas deudas”.

Lo cierto es que no solo ante el Ciadi se acumulan los acreedores a las puertas de V

enezuela.

Aunque el país pudo cancelar exitosamente sus compromisos del primer trimestre con acreedores internacionales, le adeuda a las empresas privadas, tanto locales como internacionales, más de $13 millardos, lo que ha hecho, por ejemplo, que se restrinja al máximo la oferta de alimentos y medicinas, que tiene a los venezolanos haciendo colas frente a los comercios; a las aerolíneas se le adeudan casi $3.500 millones, por lo cual los pasajes aéreos dentro del país solo se pueden cancelar en su precio en dólares; y la deuda que tiene con China es de casi $50 mil millones.

La deuda total es de unos $125 mil millones, pero allí no se toma en cuenta la deuda contraída por la estatal Pdvsa, que es de unos $50 mil millones más.

Las necesidades de este año del país, solo para honrar estos compromisos, son de US$25 mil millones. “El Gobierno tiene un déficit de caja que no puede afrontar, e irá ganando tiempo, con recusaciones de juicios y dilaciones de otros pagos”, señaló el economista Asdrúbal Oliveros.