Prohibido Olvidar

"No se investigó a Lucas Rincón porque nadie lo denunció"
Por: Juan Francisco Alonso

Diario EL UNIVERSAL

"Deplora el Alto Mando Militar los lamentables acontecimientos sucedidos en la capital en el día de ayer, ante tales hechos se le solicitó al señor presidente de la República la renuncia de su cargo, la cual aceptó".

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Las razones y circunstancias por las cuales el general en jefe (r) Lucas Rincón Romero emitió estas declaraciones, durante el mensaje difundido en cadena de radio y televisión en la madrugada del 12 de abril de 2002, nunca fueron investigadas por el Ministerio Público.

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La razón, según informó la directora de Actuación Procesal de la Fiscalía, Luisa Ortega Díaz: "nadie formuló una denuncia contra Rincón por la comisión de algún hecho punible y para iniciar una investigación, además de que se haya cometido un hecho flagrante, tiene que haber una denuncia, pero no la hay". Peticiones y querellas hubo.

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Las afirmaciones de Ortega, realizadas en el programa Fiscalía contigo, que transmite Radio Nacional de Venezuela (RNV) los martes, resultan contradictorias, pues a lo largo de 2002 varias fueron las denuncias y hasta peticiones de antejuicio de mérito que recibió la institución garante de la legalidad en contra el entonces inspector general de la Fuerza Armada.

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El 14 de mayo de ese año, los abogados Miguel Ángel Castillo, Enrique Prieto y Marco Antonio Rodríguez, para la época representantes del vicealmirante Héctor Ramírez Pérez, uno de los oficiales implicados en estos hechos, solicitaron al Ministerio Público que iniciara los trámites pertinentes para solicitarle al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el enjuiciamiento de Rincón.

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Los tres profesionales del Derecho acusaban al alto oficial de haber incurrido en los delitos de abandono del servicio, negligencia, cobardía y alteración de órdenes. Esta última falta la habría cometido al anunciar la renuncia del Presidente, en lugar de su separación temporal del cargo.

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Semanas después, el abogado Alonso Medina Roa, defensor de otros oficiales involucrados en estos sucesos, interpuso sendas denuncias contra Rincón ante la Fiscalía General de la República y la Militar, en las cuales lo señalaba de la presunta comisión del delito de rebelión pasiva, por no haber tomado acciones que impidieran la ruptura del hilo constitucional.

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Las tres acciones fueron desechadas. La única citación del Ministerio Público que recibió el actual embajador en Portugal fue para que declarara en calidad de testigo, cosa que hizo el 21 de abril de 2002 y donde aseguró que su mensaje lo realizó "libre de todo apremio y coacción".

Libre de culpa

Ortega, quien durante el tiempo que se desempeñó como fiscal sexta nacional investigó estos hechos, refutó las versiones que pretenden responsabilizar al ex inspector de la FAN por todo lo ocurrido hace cinco años.

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"El hecho de anunciar que el Presidente había renunciado no constituye ningún delito ni hecho punible porque no está tipificado", afirmó, para luego agregar: "Ellos (los militares) estaban anunciando desde la tarde del 11 de abril la constitución de un nuevo gobierno y después de pasados los hechos invocaron que había sido por el anuncio hecho por el general Lucas Rincón. Es una excusa muy mala".

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Ni la directora de Actuación Procesal ni la actual fiscal del caso, María Alejandra Pérez, se refirieron a la posibilidad de citar nuevamente a Rincón, a diferencia del fallecido fiscal Danilo Anderson, quien no descartó nunca la posibilidad de investigarlo por estos sucesos.

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Sobre el estado de las averiguaciones contra el ex comandante del Ejército, general (r) Efraín Vásquez Velasco; el general (r) Pedro Pereira y los almirantes Héctor Ramírez Pérez y Daniel Comisso, los cuales habían sido librados por el TSJ y después la Sala Constitucional del mismo máximo juzgado reabrió el caso, Pérez admitió que se ha avanzado poco, debido a que están fuera del país y reconoció que no tienen información precisa sobre su paradero.

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Un caso difícil

Cuando se conmemora el quinto aniversario de los sucesos en los que 19 personas fallecieron y más de 100 fueron heridas en las inmediaciones del palacio de Miraflores, el Ministerio Público ha sido incapaz de hallar a los responsables intelectuales y materiales de estos hechos.

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Durante estos años, las autoridades han asegurado que francotiradores fueron ubicados, por grupos opositores, en al menos dos hoteles que se encuentran muy cerca de la sede del Ejecutivo, para atacar desde allí a las manifestaciones. El objeto sería responsabilizar al Gobierno por la violencia.

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No obstante, hasta el momento se desconoce la identidad de los tiradores y apenas se ha determinado a los presuntos responsables de siete fallecidos y de poco menos de 40 heridos.

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"Estamos realizando una investigación muy difícil. Una investigación donde el sitio del suceso fue movida, en donde se restableció la normalidad en el país 8 o 10 días después y en el que las autoridades del país estaban infiltradas por quienes intentaron el golpe", se justificó el fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, hace dos semanas.