Poder Popular chavista: control totalitario

Por: José Rafael López padrino

El régimen del tte coronel sigue dando pasos acelerados por el control totalitario de la sociedad venezolana. La nueva estrategia del fascismo bolivariano ha sido la creación, desde la cúpula del gobierno, de un “Poder Popular” ficticio, tutelado política y económicamente por el gobierno central. Más que instancias organizativas de poder local independiente, constituyen apéndices del poder central, que funcionan bajo el control absoluto del iletrado de Miraflores.

Este “Poder Popular” estará regido por la Ley de Comunas, la cual regulará la constitución, conformación, organización y funcionamiento de un poder castrado sometido a la voluntad del inquilino de Miraflores. Esta Ley constituye un nuevo instrumento jurídico destinado a profundizar el control social de los venezolanos mediante una redistribución del espacio territorial, dando al traste con las gobernaciones, alcaldías, y otras instancias de gobierno, las cuales han sido refrendadas por la voluntad popular a través de incontable procesos eleccionarios .

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Bajo la excusa de una “iniciativa soberana del pueblo organizado“, se pretende imponer un apartheid social. La conformación del tan cacareado “Poder Popular” no surge como producto de una consulta electoral a todos los residentes de la zona, sino por iniciativa de unos ciudadanos (no importa el número de ellos), de los consejos comunales (afines al régimen) y de las organizaciones sociales (controladas por el PSUV) que hagan vida activa en las comunidades. Lejos de "empoderar" al pueblo”, como falazmente afirman sus proponentes, este proyecto conduce al desmotaje del proceso de elegir a los representantes mediante el voto secreto. El voto directo y secreto constituye el primer eslabón en la construcción de mecanismos de participación y expresión de la voluntad de la mayoría de una nación, de una región, etc. Estamos ante un supuesto “Poder Popular” NO electo por el sufragio de los residentes de una localidad, sino por la iniciativa de un grupo de militantes del PSUV a fin de afianzar el control totalitario de la sociedad por parte del proyecto facho-militarista del tte coronel.

Además, mediante la aprobación de esta Ley se estaría consolidando el socialfascismo contractual, al promover una mayor flexibilización laboral entre los miembros que laboran en las empresas comunales. Empresas que serán estructuradas sin posiciones jerárquicas y cuyos trabajadores recibirán un salario único sin ningún tipo de prestación social. Estas empresas por sus características estructurales tendrán una poca capacidad productiva, tal vez sólo para satisfacer las necesidades de la comuna, no pagarán impuestos y su operatividad será subsidiada a través de la renta petrolera. Estas relaciones de producción comunal constituyen un retroceso en cuanto a niveles de explotación, y pérdida de conquistas laborales para los trabajadores. Al mismo tiempo no tendrán ningún impacto en el producto social global del país por su limitada producción (masa de bienes materiales producidos en la sociedad en un determinado período).

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Adicionalmente, esta falsa expresión del “Poder Popular” constituye un mecanismo de desmovilización social, y de generalización del miedo, ambos, engranajes de un control social militarizado. Además, contribuye a la imposición de un pensamiento único, y a la homogeneización de la cultura, factores vitales en el silenciamiento de cualquier sociedad. En definitiva el proyecto del “Poder Popular” presentado por el régimen coarta la construcción de una verdadera democracia participativa y facilita el establecimiento del proyecto absolutista y hegemónico: el fachochavismo.