Masacres impunes

Por: Robin Rodríguez

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Durante el mes de octubre se conmemora 25 años de la masacre de Cantaura (04/10/1982) y 19 de la matanza de humildes pescadores en El Amparo (29/10/1988); de allí que sea oportuno recordar otras masacres realizadas en nuestro país que aun esperan por justicia. En cada aniversario de la masacre de Cantaura, Yumare, El Amparo, en el sacudón de febrero de 1989 y el vil asesinato de civiles desarmados del 11 de abril de 2002, recibimos de esta falsa revolución sendos discursos y actos recordatorios de estos lamentables sucesos, pero no ha existido voluntad política para enjuiciar a los culpables de dichos sucesos, sencillamente porque muchos de los actores materiales han sido o son coparticipé del actual régimen; de allí su doble discurso.

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Activistas de derechos humanos afectos al régimen han denunciado públicamente que el General Roger Cordero Lara (Comandante de la Fuerza Área hasta julio de este año), fue uno de los oficiales que bombardeo las cercanías de la Población de Cantaura, aquel lunes 4 de octubre de 1982. Los esbirros Henry López Sisco y Norberto Rebanales (actores materiales de la masacre de Cantaura y la de Yumare el 8 de mayo de 1986) fueron hasta en 2002 asesores de la DISIP y de varias policías bajó el mando de estos falsos revolucionarios, pero dado a su participación en el Carmonazo, dejaron de ser útiles para el régimen de Chávez; lo que hace presumir que de no participar en el macabro plan fascista que llevó a Pedro Carmona Estanca al poder, aun fueran piezas claves para la policía política en el combate de los adversarios políticos del actual presidente.
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El 29 de octubre de 1988 se efectuó la conocida masacre de El Amparo; pero resulta que PROVEA denunció que el Coronel (Ej) Enrique Vivas Quintero (Comandante militar de la zona implicado en el suceso), terminó siendo director de finanzas del MVR en Caracas y posteriormente diputado en el Parlamento Andino por esta organización política. Omar Antonio Pérez Hudson, sargento técnico de primera, quien participó directamente en la masacre, fue nombrado director nacional de Investigaciones de la Disip en el año 2002. Celso Rincón Fuentes, funcionario de la Disip, quien engañó a los pescadores al solicitarles que le pescaran unos Coporos para llevarlos a San Cristóbal, siendo que ya tenían pensado emboscarlos para pasarlos como guerrilleros, ocupó el cargo de subdirector y jefe de Seguridad de la cárcel de Yare en el año 2002. El coronel (E) Ricardo Pérez Gutiérrez, quien actuó como juez militar en el caso, y falló a favor de los agresores y en contra de los sobrevivientes, era en el 2006 consultor jurídico del Ministerio de Participación Popular y Desarrollo Social. Durante el cargo de José Vicente Rangel como ministro de la Defensa, había sido asesor jurídico del Ejército y ocupó luego la Consultoría Jurídica de ese despacho durante la gestión del general Jorge García Carneiro.

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También tenemos el genocidio cometido contra el pueblo venezolano luego del estallido social del 27 de febrero de 1989, donde el General Wilfredo Silva (Jefe del CUFAN hasta julio de este año y mano derecha de Hugo Chávez) confiesa en el libro "Militares junto al pueblo" de Marta Harnecker, que le correspondió dirigir las operaciones del Ejército en el Valle de Caracas; zona donde se produjo el mayor numero de muertos con armas de guerra. Durante los sucesos del 11 de abril de 2002 este ciudadano también participó en su condición de Comandante de la 31 Brigada de Infantería acantonada en el Fuerte Tiuna, en la aplicación del PLAN AVILA (el mismo que aplicó Carlos Andrés Pérez el 27 de febrero de 1989 para contener el descontento popular con balas y sangre). En dichos sucesos murió el dirigente revolucionario Johnny Palencia en las adyacencias de la estación del metro El Silencio, quedando demostrado que fue acribillado por funcionarios de la Guardia Nacional y no por francotiradores como ha querido hacer ver el gobierno.

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Desde Vanguardia Popular como organización revolucionaria, demandamos la conformación de una comisión independiente y autónoma de todo control oficial, encabezada por personalidades y organizaciones de clara trayectoria de lucha en defensa de los derechos humanos, e integrada por los familiares y amigos de las víctimas; así como la desclasificación definitiva des los expedientes; para que se inicie un proceso serio que conduzca al esclarecimiento concluyente y al castigo de los culpables de tan horrendos crímenes.