Venezolano Pedro Luis Martín Olivares, en busca y captura por la justicia estadounidense, continuaría traficando cocaína a gran escala desde el sur de Venezuela

Por: Sidney Phillips

Fuente: Expresa.se

Un grupo de periodistas organizaron un evento virtual de Twitter Spaces o sala de audio, que tuvo por título: “Lujos en Barcelona 2.0: Lavado de capitales por narcotráfico de funcionarios del régimen venezolano”.

El evento virtual, realizado el 25 de octubre pasado, fue moderado por el periodista venezolano Ewald Scharfenberg y contó con la participación de Alejandra Argueta, directora adjunta de la ONG estadounidense Freedom House LAC; Antonio Baquero, editor del Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado (OCCRP); Antonio María Delgado, periodista de El Nuevo Herald y Nathan Jaccard, periodista del OCCRP..

Allí, los participantes disertaron sobre el caso del venezolano Pedro Luis Martín Olivares y las inversiones y propiedades de sus familiares en España.

El evento, realizado luego de dos aplazamientos, contó con una audiencia algo menor a lo esperado. Allí el periodista Antonio María Delgado comentó que no quiso preguntarle al actor venezolano Orlando Urdaneta sobre la relación de su hijo biológico, Orlando Urdaneta Besteiro, con la estructura de blanqueo del exjefe de inteligencia venezolano Pedro Luis Martín Olivares, dada la relación de amistad que Delgado dijo mantener con Urdaneta.

En la disertación, los participantes dejaron claramente establecido que, Alejandra Besteiro, a quien identificaron como la exesposa de Pedro Luis Martín Olivares, su hijo Pedro Luis Martín Besteiro y Orlando Urdaneta Besteiro, hijastro de Martín Olivares, no tienen cómo justificar la procedencia de los fondos con que han adquirido diferentes propiedades en España, particularmente en la provincia de Barcelona.

Una de las propiedades de los Martín Besteiro está ubicada en el Paseo de Gracia, que se encuentra entre las avenidas principales y más famosas de Barcelona, en una de las zonas turísticas de mayor importancia de la provincia. La propiedad está valuada en alrededor de cuatro millones de euros. No obstante, por sí solos, los negocios de la familia no son suficientes para justificar la obtención de su riqueza de manera lícita y todo apunta a que se trata de fondos provenientes del blanqueo, relacionados con la actividad narcotraficante de Pedro Luis Martín Olivares.

Alejandra Besteiro es ahora identificada como exesposa de Martín Olivares, aunque no está claro si pudiera tratarse de una estrategia para deslindarse públicamente del exjefe de inteligencia venezolano, contra quien pesa una orden de arresto por parte de los Estados Unidos, por tráfico de drogas.

Participantes de la disertación confirmaron que las autoridades españolas conocen que Martín Olivares ha ingresado en ocasiones a España utilizando una identidad falsa.

Pero se dejó entrever que ha habido un manejo inusual por parte de las autoridades españolas, mismas que conocían que años atrás el venezolano había ingresado a España con una identidad falsa, para luego adquirir una propiedad en una zona popular de Barcelona. Fue por eso que la policía española decidió montarle una vigilancia estática, poco después que los Estados Unidos anunciaran en 2020 una recompensa de $ 10.000.000 por información que conduzca a la captura de Martín Olivares. La policía intentaba determinar si Martín utilizaba esa propiedad como una guarida, pero no lograron dar con el venezolano. Sin embargo, por razones hasta ahora no conocidas, las autoridades españolas perdieron el interés en seguir indagando sobre las actividades de Martín en España. En el Twitter Spaces se infirió acerca de un posible arreglo de tipo político o de colaboración, que ha hecho que Martín haya dejado de ser un objetivo para la policía española.

En el evento virtual también se aseguró que no existirían evidencias de la relación de Martín Olivares con la estructura política del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). No obstante, en 2020, durante el apogeo de la pandemia, Daniel Haro, alcalde chavista de Cantaura, ciudad de la zona oriental de Venezuela, agradeció en un video a Martín Olivares y a varias figuras del PSUV, por haber contribuido al urgente traslado de Haro a la capital venezolana, para recibir tratamiento contra la COVID-19, en el Hospital de Clínicas Caracas. Entonces, Haro era uno de los dirigentes principales del PSUV en la zona oriental de Venezuela. En el mes de febrero de 2022, Haro fue arrestado en Venezuela, acusado de contrabandear combustible. En apenas tres meses, ya en mayo el exalcalde se encontraba en libertad, por orden de un juez que pese a las evidencias que incriminaban al político, “no consiguió ningún elemento en su contra en la investigación sobre una red de contrabando de combustible”.

En la discusión en línea, comentaron que Martín Olivares continuaría dirigiendo una suerte de policía de inteligencia paralela desde el Centro Lido en Caracas, aunque se conoce que el fugitivo de la justicia estadounidense cuenta también con una oficina en el Hotel Eurobuilding, en la capital venezolana.

En la disertación también aseguraron que Martín había caído en desgracia con Chávez, luego de haber extorsionado a un empresario amigo del exmandatario, por lo que el expresidente ordenó excluirlo de su Gobierno. No obstante, tras el fallecimiento de Chávez, Martín ha vuelto a resurgir.

En la discusión no se hizo mención acerca de la relación de Martín Olivares con el también narcotraficante Walter Alexander Del Nogal Márquez. La relación familiar entre Martín y Del Nogal se afianzaría dado que, según personas familiarizadas con el asunto, el padre de Del Nogal y la madre de Martín, tras sus respectivas separaciones, contrajeron matrimonio, convirtiéndose muy jóvenes ambos hombres en hermanos de crianza. Walter Del Nogal y su familia cuentan con empresas en Madrid.

Martín fue descrito en la disertación como un personaje que infundía mucho temor, contra quien nadie se atrevía a declarar y que uno de los pocos que lo hizo fue el excomisario venezolano Iván Simonovis, quien desde el año 2004 permaneció preso en Venezuela durante alrededor de 15 años, acusado por el Gobierno de Hugo Chávez de la violencia de los Sucesos de Puente Llaguno, que tuvo lugar en Caracas el 11 de abril de 2002. Siendo así, difícilmente Martín pudo haber tenido información actualizada sobre las actividades de Martín.

A Martín también se le describió como una suerte de operador que cobraba a empresarios por concederles acceso a altas personalidades del chavismo, con quienes los empresarios tuvieran algún tipo de desencuentro, con el propósito de que limasen asperezas.

En el evento virtual los participantes reconocieron que Martín trabajó de la mano con el exjefe de inteligencia militar venezolano Hugo Armando Carvajal Barrios, más conocido como “El Pollo” Carvajal, como parte de su estructura de narcotráfico, como una ficha importante del Cártel de los Soles, conformado por militares de alta jerarquía, pero que luego ambos se enemistaron.

Actividad vigente y tráfico a gran escala

En el mismo evento se dijo que supuestamente no existen evidencias sobre la participación de Martín Olivares, en la actualidad, en actividades de narcotráfico, pues los hechos en los que participó y por los que los Estados Unidos lo han acusado, habían sucedido hace algunos años.

Pero, una fuente de inteligencia consultada, familiarizada con el asunto, aseguró que Martín continúa participando en actividades de tráfico de cocaína. Comentó que Martín ha intentado mover vía aérea y marítima, desde el estado Amazonas, al sur de Venezuela, 89 toneladas de cocaína hacia el Caribe, con destino a Norteamérica y Europa. La organización de la que hace parte Martín, parcialmente conformada por ciudadanos colombianos, establece como norma para aquellos desconocidos que esperan trabajar con ellos, que pongan como garantía de su fidelidad a un familiar, que deberá permanecer secuestrado hasta que los cargamentos de droga lleguen a su destino, condición que la mayoría de los desconocidos para el cártel se niegan a aceptar.

Exesposa de sentenciado por lavado de dinero logra grandes inversiones en Florida

Por: FRANK LÓPEZ BALLESTEROS

El conjunto de ocho viviendas adquiridas por Yanoselli Colmenares se ubica en la ciudad de Wellington, Palm Beach, y está valorado en más de tres millones de dólares

Mientras pasaban los meses y Alejandro Andrade, extesorero nacional de Venezuela, estaba encerrado en una prisión estadounidense, acusado de lavado de dinero, Yanoselli Colmenares, su exesposa, compró y vendió casi una decena de viviendas en el condado de Palm Beach, Florida, donde la familia vivió con opulencia en el pasado, a expensas de cientos de millones de dólares que recibió de la corrupción venezolana, revela una investigación del portal Itempnews.

El conjunto de ocho viviendas se ubica en la ciudad de Wellington, Palm Beach, y está valorado en más de tres millones de dólares. Dos de las propiedades están disponibles para rentar por $25.000 al mes, mientras el resto se ha revalorizado. Otra fue vendida en octubre de 2019 por $1.1 millones.

Colmenares, una abogada que sirvió durante al menos una década como funcionaria pública de Venezuela hasta mudarse a Florida, en 2014, fue citada por su ahora exesposo como beneficiaria del esquema de lavado de dinero del cual él se declaró culpable en 2017. Los fiscales no presentaron cargos contra ella.

La pareja se divorció en agosto de 2019 luego de 29 años de matrimonio, conforme con registros venezolanos. La petición se introdujo en Venezuela en febrero de 2018, dos meses después de que el extesorero se declarara culpable. El caso devino una de las mayores pesquisas contra la corrupción transnacional realizada en Florida en los últimos años.

Tras ser acusado, Andrade admitió que había obtenido más de $1.000 millones en sobornos del empresario de los medios venezolanos, Raúl Gorrín, y otros conspiradores conectados con la dictadura socialista de Nicolás Maduro a cambio de beneficiarlos en operaciones de cambio de divisas a tasas favorables.

El botín incluyó millones de dólares en efectivo, automóviles de lujo, joyas, bienes raíces, jet privados y caballos de exhibición y 40 cuentas de 17 bancos de Estados Unidos, Suiza y Panamá.

La lista de propiedades en manos de Colmenares, que se informan por primera vez aquí, se obtuvo después de examinar más de 300 páginas de documentos judiciales del caso que mostraban cuentas bancarias, beneficiarios y empresas, usadas por el extesorero para recibir sobornos. Itempnews encontró que al menos una compañía de la lista, asociada con la entonces pareja de Andrade, se mantuvo activa.

Andrade fue sentenciado en noviembre de 2018 a 10 años de prisión por un juez de la Corte del Distrito Sur de Florida, pero logró una reducción del 65% de su condena por cooperación con los fiscales. En febrero de 2022 quedó en libertad.

El mes pasado, la Corte del Distrito Sur de Florida notificó a Colmenares que una vivienda que había obtenido en noviembre de 2014 con ayuda económica de los conspiradores de su esposo sería decomisada por el gobierno.

Unos $100.000 de un total de $250.000 usados para adquirir esa propiedad provinieron de sobornos.

De acuerdo con la confesión del extesorero en el acta de “Consentimiento para Decomisos”, las cuentas bancarias y la compañía YICSMI66, LLC, registrada en Florida en 2014 a nombre de Colmenares, habrían servido para triangular dinero de sobornos.

También, dos cuentas personales asociadas a su esposa en dos importantes bancos estadounidenses habrían sido utilizadas para absorber dinero de la trama, siempre según los documentos. Ambas instituciones fueron contactadas para este reporte, pero no respondieron a solicitudes de información.

Los fiscales nunca ordenaron disolver YICSMI66, LLC y tampoco ordenaron cancelar las cuentas bancarias asociadas a la compañía, por lo cual ésta siguió activa.

Entre el 22 de diciembre de 2017, cuando Andrade se declaró culpable, y su posterior sentencia en noviembre de 2018, el extesorero de Venezuela entregó al menos 300 millones de dólares entre dinero y bienes.

Al margen de ese enorme botín, su cónyuge comenzó a adquirir inmuebles a título individual en Wellington, una ciudad al sur de Florida conocida por sus lujosas residencias.

No está claro el origen de los fondos que Colmenares utilizó para estas operaciones, ya que su estatus de Persona Expuesta Políticamente (PEP) hace más rigurosas sus transacciones a través del sistema financiero estadounidense.

Colmenares era cónyuge de un condenado por lavado de dinero en EEUU que fue tesorero nacional de Venezuela. Ella, al mismo tiempo, ejerció como funcionaria pública de rango medio en su país, por lo cual entra en la categoría de PEP.

En febrero de 2019, con el extesorero en prisión, y la economía de Venezuela sintiendo los efectos de mala administración y corrupción, Colmenares adquirió por $485.000 una casa de 2.700 pies cuadrados y cuatro habitaciones en Wellington que registró a su nombre. La propiedad, que está valorada en casi un millón de dólares en estos momentos, fue puesta a la renta por $18.000 mensuales.

Ocho meses después, en octubre, Colmenares vende por 1.1 millones de dólares una propiedad en Wellington que había adquirido en marzo de 2015 a través de YICSMI66, LLC.

Andrade contó a los fiscales que esa vivienda, así como otra registrada por YICSMI66, LLC, también en Wellington, eran propiedad de su esposa y familia desde junio de 2016 y él podría “tener intereses” en ese inmueble en virtud de su matrimonio. El Departamento de Justicia no ordenó incautarla.

Por otro lado, entre junio y octubre de 2020, en plena pandemia del coronavirus, Colmenares compró otras cuatro propiedades en Wellington a través de YICSMI66, LLC por $620.000. Hasta septiembre de este año el conjunto de viviendas está valorado en $1.2 millones, según Zillow, el sitio web de bienes raíces.

Los Andrade-Colmenares nunca dejaron de levantar suspicacia entre quienes los conocieron antes y después de mudarse con sus hijos a Wellington, recuerda un antiguo vecino de la familia en la zona, que pidió no ser mencionado para esta historia.

“Era absurdo su nivel de riqueza, cómo vestían, los carros que manejaban, los caballos, todo. La señora (Yanoselli) siempre estaba con carteras Louis Vuitton y joyas delicadas. Una vez la llegué a ver en un grupo de beneficencia de mujeres con mucho dinero”.

Conexión con el poder

En Venezuela, Colmenares era una registradora mercantil, un cargo público por designación de la Oficina Nacional de Presupuesto, una entidad del Ministerio de Finanzas, cuya función era recoger e inscribir todos los actos relacionados con sociedades mercantiles y particulares en dos circunscripciones judiciales del país.

Itempnews no pudo determinar los ingresos de Colmenares cuando dejó su cargo como registradora, porque las declaraciones juradas de patrimonio no son públicas en Venezuela.

Alejandro Andrade, un militar de carrera, fue primero guardaespaldas del fallecido presidente Hugo Chávez tras el triunfo de este en las elecciones de 1999. Ese puesto de extrema confianza lo catapultó hacia las filas del poder, hasta ser designado en 2007 como tesorero nacional.

Abordado por Itempnews en varias oportunidades durante 2022, por teléfono y correo electrónico, Michael Diaz, Jr., abogado de Andrade en EEUU, se negó a responder preguntas.

La portavoz de la Corte del Distrito Sur de Florida, Marlene Rodríguez, declinó comentar sobre la investigación

El exfiscal Jonathan J. Rusch, que enseña leyes en la Facultad de Derecho de la Universidad Americana de Washington, explicó que, si bien las propiedades de la exesposa de Andrade se compraron entre 2019 y 2020 bajo la misma razón social o cuentas asociadas al esquema de soborno, la fecha en que esto ocurrió juega un papel importante porque la compra ocurrió luego de la condena del extesorero en noviembre de 2018.

EEUU no tiene leyes que prohíban que las Personas Expuestas Políticamente (PEP) adquieran propiedades. Algunos expertos en delitos financieros ven esto como una vía libre para el lavado de dinero.

Papa Francisco destruye la Iglesia desde adentro: Nombra ateos pro-aborto y hasta musulmanes en puestos clave

Por: Redacción Vaticano

El Santo Padre parece estar en una carrera contra reloj para aprovechar el tiempo que le queda para contaminar cada área del Vaticano con progresistas antes de dejar el papado.

El pasado sábado, el Vaticano informó acerca de los nuevos nombramientos que hizo el Papa Francisco en importantes puestos de la Iglesia: un teólogo crítico de la encíclica pro-vida Humanae Vitae, una atea pro-aborto, dos rabinos y varios musulmanes son algunos de los nuevos miembros de la Pontificia Academia Para la Vida.

Los nombramientos cayeron como un baldazo de agua fría para varios defensores de Francisco, que venían justificando todas sus acciones, pero esto ya fue demasiado. Sus detractores, lejos de sorprenderse, ven esto como una más de las acciones destructivas que el Pontífice viene realizando cada día, aunque cada vez con menos disimulo.

La Academia Pro Vita fue creada por San Juan Pablo II para luchar contra la cultura abortista en el mundo. La prestigiosa institución comenzó su debacle en tiempos de Francisco, con declaraciones poco convincentes y con una flexibilización de la postura frente al aborto.

Si bien el deterioro comenzó desde el primer día del papado de Francisco, muchos se dieron cuenta de lo que estaba pasando cuando la cuenta de Twitter de la Academia subió una publicación relativizando la importancia de que el catolicismo defiende la vida.

“Cuidado: lo que hoy es disidencia, puede cambiar. No es relativismo, es la dinámica de la comprensión de los fenómenos y la ciencia: el Sol no gira alrededor de la Tierra. De lo contrario, no habría progreso y todo se detendría. Incluso en teología. Piénsalo. La cuestión de la vida no es cuestión de tomar posiciones fundamentalistas con la ideología, sino de abrir el debate dentro de la comunidad de teólogos morales”, escribieron en julio de este año.

La poca credibilidad histórica que le quedaba a la institución ahora se ha hundido definitivamente con los nuevos nombramientos.

Empecemos por Mons. Philippe Bordeyne, un teólogo francés abiertamente crítico de la Humanae Vitae de San Pablo VI. Básicamente, un hombre que critica la base teológica que edifica la Academia será ahora parte de su Consejo Directivo.

En 2015, por ejemplo, Mons. Bordeyne afirmó que “sería razonable dejar el discernimiento de los métodos de control de la natalidad a la sabiduría de las parejas”, incluyendo entre estas opciones el aborto, y pidió que la Iglesia rechace la postura “absolutista” en contra de la práctica.

Otro de los nuevos miembros que llama la atención es Mariana Mazzucato, atea y promotora pública de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que atacan explícitamente a la vida, la familia y los valores cristianos.

Mazzucato, presidente del Consejo sobre la Economía de la Salud para Todos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y ex miembro del Consejo de la Agenda Global sobre la Economía de la Innovación del Foro Económico Mundial no sólo es una orgullosa atea, sino que es una auto-denominada socialista, y fue miembro del Comité Asesor Económico del Partido Laborista Británico, trabajando directamente con los líderes laboristas de extrema izquierda de ese momento, Jeremy Corbyn y John McDonnell.

La ítalo-estadounidense recientemente estuvo de visita en Argentina, donde se reunió con el ministro Daniel Filmus, y en una conferencia que dieron en conjunto esbozó un enorme apoyo a las políticas del kirchnerismo, que han llevado al país a una inflación récord, pobreza extrema y completa vulneración de derechos.

La economista ha hecho varias publicaciones en sus redes sociales que demuestran lo radical de su pensamiento socialista, su defensa del aborto y su burla y critica constante no sólo a los valores cristianos sino a la Iglesia en sí misma. Su designación fue la gota que rebalsó el vaso para muchos, incluso adeptos del Sumo Pontífice, que salieron a criticarlo abiertamente.

Tan solo unos meses atrás, cuando se derogó Roe v. Wade en Estados Unidos, la jurisprudencia que despenalizaba el aborto a nivel federal en Estados Unidos, compartió un video de la comunista radical Ana Kasparian en su segmento en el programa The Young Turks.

En un tweet comentó “¡es tan bueno!” a un discurso repleto de insultos a la propia Iglesia Católica, apoyo explícito al aborto y a otras medidas de control de natalidad, y al ateismo que dio Kasparian tras la noticia.

También ha llamado la atención el nombramiento de Saad Al-Din Mosaad Helaly, profesor de Jurisprudencia Islámica en la Universidad Al-Azhar de El Cairo, Egipto. Otro hombre crítico de la Iglesia Católica que ni siquiera es cristiano, si no que es un ferviente musulmán, seguidor del Corán.

Cuando los nombramientos fueron publicados, diversos académicos cristianos protestaron, como el reconocido médico católico José María Simón Castellvi, presidente emérito de la Federación Internacional de Asociaciones de Médicos Católicos. Castellvi criticó con dureza los nombramientos, y tildó a los nuevos funcionarios del Vaticano como “académicos abortistas, defensores de la eutanasia y detractores de la Humanae Vitae”.

Desde el equipo de comunicación del Papa salieron a defender lo indefendible y justificaron los nombramientos de Francisco alegando la necesidad de “incluir a mujeres y hombres con experiencia en varias disciplinas y de diferentes orígenes, para un constante y fructífero diálogo interdisciplinario, intercultural e interreligioso”.

Basándose en este último concepto, el interreligioso, trataron de justificar la hereje inclusión de creyentes de otras religiones. “Por eso entre los académicos también hay no católicos: dos rabinos, un Académico sintoísta, musulmanes, y un teólogo anglicano”, aseguraron.

Lo que nadie pudo defender hasta ahora es el nombramiento de Mazzucato, pero quizás su defensa de la Agenda 2030 y su postura progresista es de agrado del Pontífice. Lo cierto es que Francisco está llenando los puestos claves del Vaticano con socialistas, comunistas y defensores de todo aquello que va en contra de los valores cristianos.

Juez de EEUU ordena el decomiso del avión venezolano-iraní retenido en Ezeiza

Por:Gaceta Mercantil

La Justicia de Estados Unidos ordenó el decomiso del avión venezolano-iraní que se encuentra retenido en el aeropuerto de Ezeiza desde el 6 de junio pasado por entender que se trata de un bien obtenido de manera ilegal, ya que fue adquirido por la empresa Emtrasur violando las leyes estadounidenses.

Hace una semana, el gobierno norteamericano había pedido la extinción de dominio del Boeing 747-300, matrícula YV-3531, lo que le permitiría tomar posesión del bien, y la medida fue ordenada finalmente por una corte de Columbia, aunque la notificación oficial todavía no fue enviada a la justicia argentina.

En agosto, un juez de ese distrito pidió el secuestro de la aeronave y su registro para obtener una serie de pruebas, a lo que el juez federal de Lomas, Federico Villena, hizo lugar les encomendó la tarea a la PSA y al FBI.

Ese pedido, que fue enviado por el departamento de Justicia de Estados Unidos y pasó por el ministerio de Justicia argentino, tenía tres puntos: 1) Incautación/retención del Boeing; 2) entrega de la orden de incautación; y 3) cateo del avión.

Ese pedido, que fue enviado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y pasó por el Ministerio de Justicia argentino, tenía tres puntos centrales: 1) Incautación/retención del Boeing, 2) Entrega de la orden de incautación, y 3) Cateo del Boeing.

El decomiso apuntaba a inmovilizar la aeronave de Emtrasur hasta el secuestro definitivo, lo que finalmente se concretó este martes

La causa que tramita en Estados Unidos está basada en la transferencia irregular por parte de la aerolínea iraní Mahan Air a Emtrasur.

“La aerolínea iraní Mahan Air, también conocida como Mahan Airlines y Mahan Airways (Mahan Air), hizo una transferencia del Boeing a la aerolínea venezolana Empresa de Transporte Aérocargo del Sur, S. A. EMTRASUR) y, después, EMTRASUR reexportó el Boeing a destinos que incluyen Irán y Rusia, todo ello en violación de la ley estadounidense, específicamente la Ley de Reforma del Control de las Exportaciones (en adelante ECRA, por sus siglas en inglés) de 2018, sección 4801 y siguientes del título 50 del Código de los Estados Unidos”, explica el pedido de colaboración que llegó a la Argentina en agosto.

Otro argumento que expuesto la justicia estadounidense es una Orden de Denegación Temporal (TDO) emitida por el Departamento de Comercio de ese país por la que se denegaban los privilegios de exportación de Mahan Air.

“La TDO prohibía ampliamente a Mahan Air y/o a otras personas o empresas que actuaran para o en nombre de Mahan Air, directa o indirectamente, participar en cualquier transacción de exportación o comprar o vender cualquier artículo exportado o que fuera a ser exportado desde Estados Unidos y que estuviera sujeto a las EAR, como las aeronaves fabricadas en Estados Unidos”, detalla el pedido de colaboración.

Esa TDO es de 2018, pero se renovó varias veces, la última de ellas el 13 de mayo de este año.

La causa judicial que tramita en el juzgado de Lomas de Zamora sigue su curso pese a la falta de mérito de los últimos cinco tripulantes que les permitió su salida del país, resolución fue apelada por la fiscal Cecilia Incardona.

Además de levantar la prohibición de salida del país, el juez Villena dejó sin efecto el secuestro del avión de Emtrasur, aunque la aeronave sigue incautada por la causa judicial que tramita en Estados Unidos.

Villena sostuvo que no hay pruebas contundentes en la causa para procesarlos y, apurado por el plazo que le impuso la Cámara Federal de La Plata al confirmar la salida del país de los primeros doce tripulantes, el juez resolvió la situación procesal de los únicos cinco indagados: el piloto Gholamreza Ghasemi,Abdolbaset Mohammadi, Saeid Valizadeh, Víctor Manuel Pérez y Mario Arraga Urdaneta, quienes tras una escala en Bolivia recién este lunes llegaron a Venezuela.

La expansión del Hezbollah en Latinoamérica y por qué “el terrorismo es una herramienta de la política exterior iraní”

El investigador Emanuele Ottolenghi analizó, durante una charla virtual y una entrevista con Infobae, cómo funciona la red de infiltramiento que comenzó en los ‘80

Por: Martina Putruele

Fuente: Infobae

La agrupación terrorista libanesa Hezbollah y la República Islámica de Irán han estado bajo observación en América Latina. Hechos como los atentados en Argentina contra la embajada de Israel y la sede de la AMIA -el 17 de marzo de 1992 y el 18 de julio de 1994 respectivamente- o el reciente caso del avión venezolano-iraní, encienden las alarmas sobre su presencia en la región.

El especialista en terrorismo Emanuele Ottolenghi, senior fellow de la Fundación para la Defensa de las Democracias que tiene su sede en Washington DC, ofreció este martes una charla virtual en el marco de la Licenciatura en Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de Palermo, Argentina, que analizó el ingreso y la expansión de Irán y Hezbollah en la región, así como el estado actual de su organización.

“Irán y Hezbollah son temas muy complejos”, comenzó el experto. “Están estrechamente interconectados pero sus tareas son diferentes. Irán, miembro de las Naciones Unidas, utiliza las herramientas de la soberanía para adelantar sus ambiciones políticas y aprovecha sus contactos para adelantar esta agenda que incluye exportar su ideología y difundirla afuera de sus fronteras”.

Por su parte, explicó que “Hezbollah no es un país soberano, es una organización terrorista con base en el Líbano, y que principalmente opera en la región para recaudar recursos que puedan financiar sus actividades en Oriente Medio, garantizar la continuidad del apoyo de la diáspora libanesa en la region, y establecer redes de infraestructura logística que puedan contribuir al trabajo de recaudación de recursos, pero que puedan también ser activadas para armar ataques terroristas, como fue el caso en Argentina”.

Ottolenghi contó también cuáles son los métodos de reclutamiento y adoctrinación de su maquinaria de propaganda, especialmente a través de universidades y centros culturales: “Están metidos en fuertes actividades que buscan multiplicar su ideología, como viajes plenamente financiados a Irán para ‘ejercer su derecho a la información y conocer el Islam’. El trabajo intenta establecer también de medios de comunicación para propagar sus ideas”.

Además, aseguró que Hezbollah “disfruta de apoyo desde las comunidades de su diáspora global para construir redes de lavado y que invierte recursos (Dawa Global) para mantener la lealdad de la diáspora y su apoyo concreto. La inversiones concretamente incluyen dinero para mezquitas, escuelas, centros culturales, movimientos de jóvenes, asociaciones de beneficencia. La organización envía clérigos, instructores y maestros para liderar las instituciones que financia, garantizando el adoctrinamiento de las comunidades y su continua lealdad”.

Antes de la conferencia, coordinada por el profesor Julián Schvindlerman, Infobae habló con Ottolenghi para dilucidar las pistas que apuntan a la expansión y el impacto de estas organizaciones en Latinoamérica.

—¿Cómo ocurrió el ingreso y la expansión de Irán y Hezbollah en la región?

—Los dos fenómenos están claramente interconectados porque el Hezbollah es una creación de Irán y es un agente que participa en los objetivos estratégicos de Irán. Pero tienen una historia un poquito distinta porque en el caso de Hezbollah estamos hablando de una organización que se concentra en el desarrollo de contactos, de redes, aprovechando la presencia de comunidades de diáspora libanesa y por eso se concentra en lugares de Latinoamérica, sobre todo donde existen estas comunidades, como la triple frontera de Argentina-Brasil-Paraguay, en Colombia, Panamá y Venezuela, donde hay comunidades de tamaño importante y con presencia también en otros lugares de relevancia comercial.

El caso de Irán es un poquito diferente porque desde 1979, cuando se afirma y se establece la revolución iraní en el país, tiene una visión revolucionaria global y por eso quiere exportar su ideología. Lo hace no solamente adelantando su agenda diplomática de formal oficial, sino también difundiendo su ideología gracias a una red de instituciones religiosas que financia y establece en todo el mundo. Ya a partir de 1981-82 Irán identifica a Latinoamérica como un lugar con mucho potencial porque queda en una zona muy cercana a Estados Unidos, el principal adversario ideológico de Irán. Entonces le da la posibilidad de molestar a Estados Unidos, penetrar una zona de influencia de su peor enemigo. Segundo, porque en Latinoamérica existe una presencia política ideológica y movimientos que se identifican de alguna manera con el antagonismo a lo que se llama el imperialismo de Occidente. Entonces Irán identifica a la región como una zona potencial de expansión. Este proyecto es de largo horizonte y que pacientemente desarrolla una red que hoy existe prácticamente en toda Latinoamérica

Se beneficia ahora del apoyo formal de unos países como Cuba, Nicaragua, Venezuela y también aprovecha la libertad que existe en la mayoría de los países de Latinoamérica para desarrollar centros culturales y actividades religiosas que en verdad son fachadas para reclutar miembros, adoctrinarlos, convertirlos y transformarlos en activistas que adelanten la causa iraní.

El especialista en terrorismo Emanuele Ottolenghi, senior fellow de la Fundación para la Defensa de las Democracias

—¿Cuál es el objetivo final de toda esta estrategia?

—Los fines son múltiples. Se trata de ganar influencia en la sociedad. Es una estrategia de difusión similar a la que sale de la experiencia comunista soviética. No buscan difundir o ganar apoyo en números muy grandes; buscan reclutar gente que tiene talentos, que tiene influencia, gente que puede ser impactante. Por eso se concentran en académicos, periodistas, políticos, miembros de la sociedad civil que pueden amplificar el mensaje. También reclutar gente simple que puede hacer el trabajo diario.

Pero el intento es crear una base, una infraestructura de apoyo que pueda facilitar y adelantar sus agendas políticas en cada país. Y tenemos ejemplos: hay lugares donde esta actividad existe, donde los centros culturales y las mezquitas establecidas por los iraníes fueron activadas para facilitar el trabajo de logística de apoyo a actividades terroristas. Hay un caso bastante reciente en Francia de instituciones vinculadas que fueron incautadas, y los líderes de estas instituciones fueron detenidos en conexión a un ataque que por suerte no fue exitoso contra miembros de la oposición iraní en París en 2018. Son operaciones con caras múltiples, porque se trata así de adelantar la ideología y difundir la palabra de la revolución, pero también de reclutar miembros que puedan ayudar en otras funciones, siempre con el objetivo principal de adelantar la ideología y difundir la palabra de la revolución.

—¿Se ha notado en los últimos años un fortalecimiento de estas organizaciones?

—Yo creo que no se puede necesariamente identificar un fortalecimiento. Lo que se ve es que es un proceso gradual que sigue desarrollándose y que no parece sufrir de fluctuaciones en los recursos que tiene la república islámica o no parece impactado por las sanciones o por el cambio de liderazgo político en cada uno de los países. O sea, claramente en Venezuela se ve un desarrollo muy fuerte, porque el régimen bolivariano en Venezuela apoya fuertemente este tipo de actividades y da el espacio para que se desarrollen públicamente con recursos sin obstáculos.

Pero también en países como Colombia, Ecuador, Argentina y Brasil donde no necesariamente las fuerzas políticas encargadas de gobernar los países se ponen en relación de amistad, estas actividades siguen sin que nadie ponga obstáculos. Por eso yo creo que es una actividad a largo plazo.

Hay una universidad que se llama Al-Mustafa y que tiene un departamento dedicado a los hispanohablantes, y tiene un presupuesto de más de 80 millones de dólares por año. Es una institución del régimen iraní, que invierte en esta institución una cantidad bastante importante de dinero solo para la difusión de la ideología iraní en muchos idiomas, entrenando estudiantes convertidos que llegan desde el extranjero, entrenando instructores misioneros para que puedan viajar al extranjero. Por eso me parece algo importante. No es claramente del mismo tamaño que el programa nuclear, pero 80 millones de dólares por año de inversión en una institución que tiene como único objetivo la difusión de la ideología en todo el mundo es algo estratégico.

La comunidad libanesa tiene una fuerte presencia en Ciudad del Este. Todos niegan cualquier relación con Hezbollah

—¿Cuál es su análisis de lo ocurrido en el caso del avión venezolano-iraní que llegó a la Argentina?

—Que se trata claramente de una presencia anómala. Se trata de un avión sancionado que no tenía permiso de ser exportado a Venezuela, por eso la acción legal de Estados Unidos para incautarlo. A meses de su llegada y la recién salida de la tripulación, la pregunta más importante es qué querían hacer en Argentina, cuál era el objetivo de su misión, que presentaba muchas anomalías, como el tamaño de la tripulación, el alto rango de los miembros, venezolanos e iraníes. La otra anomalía es que el avión llega vacío a Ciudad del Este y sale con una carga que tiene un valor inferior al gasto del viaje, llega con mercadería a Buenos Aires, pero la intención era salir vacío, entonces no es una operación comercial. Tienen costos bajos porque la gasolina está subsidiada en Venezuela, pero no tiene sentido económico, no tiene sentido operacional. Entonces queda abierta la pregunta de qué llegaron a hacer. Me duele que las autoridades argentinas y los países que la ayudaban o que deberían ayudarla no lograron encontrar una respuesta suficientemente clara para poder imputar a la tripulación.

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—Y teniendo en cuenta los últimos datos que se dieron a conocer sobre el ataque a la AMIA, ¿cree que podría ocurrir algún otro acto de terrorismo así en Argentina y en Latinoamérica en los próximos años?

—Yo creo que el medio del terrorismo sigue siendo una herramienta de la política exterior de Irán. Lo utilizaron en el pasado y siguen utilizándolo y amenazando con utilizarlo. Después de la eliminación de Qassem Soleimani en Bagdad en enero de 2020, tienen la intención de buscar venganza, y la posibilidad de que lo hagan en Latinoamérica existe. Tenemos también casos antecedentes en Latinoamérica donde sí se intentó armar un ataque, y por suerte por el trabajo de las agencias de inteligencia y de los aliados se logró neutralizar.

El caso de la AMIA es un clásico de cómo operan estas redes, donde vimos la interacción de la red oficial iraní de hombres vinculados o empleados en la embajada de Buenos Aires con la infraestructura logística local vinculada en la triple frontera que manejó la recaudación del dinero y facilitó la entrada y la salida de los equipos de los asesinos. Entonces es un modelo que existe y que funcionó en el pasado.

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—¿Qué herramientas a nivel social y político se implementan y se pueden implementar para prevenir la infiltración del Hezbollah y de Irán en Latinoamérica?

—En el caso de Argentina, el establecimiento del Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento es un modelo que puede ser adoptado en otros países de la región cuando se investigan y se estudian redes involucradas potencialmente en la preparación de atentados terroristas. Sin la legislación y las herramientas jurídicas para combatir al terrorismo se trata siempre de hacerlo solo con las herramientas de las fuerzas del orden y de las investigaciones criminales, lo que a veces no permite lograr imputaciones o conseguir arrestos.

El caso de la tripulación del avión me parece un caso clásico porque ahí sí había elementos que implicaban a miembros de la tripulación a actos de terrorismo, de apoyo material al terrorismo. El caso sobre todo de los pilotos iraníes que no solamente llegaban a Buenos Aires pero también fueron implicados en transferencias de armas desde Irán hasta Siria. Con las herramientas del terrorismo, se podrían golpear este tipo de redes o a este tipo de personajes y sus actividades sin la base jurídica que las leyes contra el terrorismo ofrecen; sólo utilizando las del Código Penal está mucho más difícil porque claramente hay que comprobar acciones de actos punibles para poder imputar. Creo que se pueden desarrollar muchos más medios para investigar y también para prevenir acciones de terrorismo, gracias a una acción jurídica y legislación similar a lo que adoptó Argentina.

Los excesos del saqueador Diego Salazar en Petróleos de Venezuela

Los excesos de un saqueador de Petróleos de Venezuela: 610.000 dólares en el Ritz y 806.630 en relojes

El empresario Diego Salazar, primo del exministro Rafael Ramírez, se gastó 2,5 millones en lujo mientras perpetraba entre 2007 y 2012 el expolio de la mayor compañía estatal del país latinoamericano

Por: JOAQUÍN GILJOSÉ MARÍA IRUJO

Fuente: El Pais de España

Diego Salazar

Más de 806.000 en relojes suizos Patek Philippe, 610.000 en el hotel Ritz y 330.000 en moda de la firma italiana Brioni.... El empresario Diego Salazar, presunto cerebro de la red que expolió más de 2.000 millones de la estatal Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA), se gastó 2,5 millones en hoteles, joyas y ropa de diseño mientras participaba en el saqueo de la principal energética de su país entre 2007 y 2012, según los documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS.

Salazar, que es primo del exministro chavista de Energía, expresidente de PDVSA y exembajador en la ONU, Rafael Ramírez, disfrutó también de un viaje de placer a París con su familia en agosto de 2008. El capricho ascendió a 500.000 dólares entre “propinas, cenas y regalos”.

Junto a su esposa, Rosycela Díaz Gil, Salazar abonó durante el quinquenio en el que se fraguó el latrocinio de la petrolera 865.312 dólares en joyería. Con este dinero, costeó nueve compras por un total de 806.630 dólares en relojes Patek Philippe y desembolsó 58.682 dólares para hacerse con refinadas piezas del joyero estadounidense Harry Winston, según su tarjeta de crédito.

Los hoteles de ensueño concentraron la segunda partida de esta estela de abundancia y exceso. El empresario y su esposa gastaron 719.061 dólares entre 2007 y 2012 en estos alojamientos.

El Ritz, donde abonaron 610.000 dólares en cinco años, fue su cadena preferida. Solo en marzo de 2009, el matrimonio se dejó un total de 210.138 dólares en establecimientos de esta firma, cuyas direcciones no precisan los cargos bancarios.

A cinco minutos a pie de la Avenida de los Campos Elíseos de París, se erige el Hôtel Plaza Athénée. Salazar y su esposa gastaron 87.711 dólares en agosto de 2007 por hospedarse en este edificio de tintes palaciegos con vistas a la Torre Eiffel. El matrimonio también abonó 21.350 dólares en mayo de 2012 por dormir en el parisino hotel Le Meurice, que combina los muebles Louis XVI con un restaurante con dos estrellas Michelín.

Los años del expolio de PDVSA –un gigante que en enero producía 800.000 barriles diarios- fueron también los elegidos por la pareja para renovar su fondo de armario. El matrimonio se compró en este periodo prendas por valor de 385.905 dólares. La nómina de marcas del dispendio la encabezó la firma de moda italiana Brioni (330.000) seguida de Louis Vuitton (25.982), Christian Dior (15.162) y Ralph Lauren (14.791).

Salazar y su esposa costearon este tren de lujo a través de una cuenta en la Banca Privada d’Andorra (BPA) a nombre de la sociedad instrumental (sin actividad) panameña Worldwide Traders Line S. A., que canalizó pagos por valor de 49 millones.

La cuenta andorrana también se usó para adquirir propiedades. En junio de 2006, el matrimonio transfirió 3,3 millones a un depósito del HSBC de Suiza para hacerse con el terreno de un empresario que se presenta en Linkedin como intermediario en la compraventa de inmuebles en Venezuela, EE. UU. Y Canadá.

El análisis de los movimientos bancarios revela también cómo la pareja traspasó en agosto de 2008 un total de 500.000 dólares a una sociedad francesa vinculada a un magnate de las subastas marroquí para hacer frente a los gastos de su viaje a París de ese verano.

El misterio de los cargos de la tarjeta

Además, la cuenta de Salazar asociada a la sociedad panameña Worldwide Traders Line S. A. registró cargos en tarjetas de crédito por valor de 14,1 millones “que no fue posible identificar”, según un documento presentado ante la Unidad de Inteligencia Financiera d’Andorra (Uifand), un organismo público del país pirenaico que persigue el blanqueo.

El matrimonio desembarcó como cliente en la BPA en enero de 2007. Salazar, de 54 años, se presentó en la entidad como un empresario de los seguros reconvertido al negocio de la intermediación del petróleo. Expuso al banco su interés de colocar un saldo de 25 millones de dólares fruto de su actividad mercantil, según reflejó en el know your client (conoce a tu cliente, en inglés), un documento en el que los aspirantes a abrir una cuenta deben justificar el origen de sus fondos.

Salazar añadió tener vínculos con siete empresas, entre las que se encontraban Inversiones TPSK CA y Inmobiliaria Torre Edicampo CA.

La esposa del empresario –que se vinculó a cuatro cuentas en la BPA- indicó al banco andorrano ser “ama de casa”. Y, como Salazar, anunció su intención de ingresar en esta institución financiera un saldo objetivo anual de siete millones de dólares. Un informe de la consultora PwC incorporado a la investigación sostiene que la mujer del cabecilla del saqueo de la petrolera no aportó al banco andorrano documentación para acreditar su millonario patrimonio.

Salazar fue arrestado en 2017 por corrupción y blanqueo junto a otros 65 altos cargos del sector energético vinculados al expolio de PDVSA, que dejó un agujero de 4.200 millones de dólares en las arcas de la petrolera, según la Fiscalía de Venezuela.

El arresto se produjo dos años después de que las autoridades de Andorra intervinieran la BPA por el presunto blanqueo de fondos de grupos criminales. La entidad acogió entre sus clientes a exviceministros y testaferros de políticos del Gobierno de Venezuela durante la presidencia de Hugo Chávez (1999-2013). Jerarcas que cobraron presuntamente comisiones ilegales de hasta el 15% por intermediar para que firmas extranjeras, especialmente chinas, consiguieran adjudicaciones de PDVSA.

Para no levantar sospechas, los saqueadores camuflaron sus ingresos bajo el paraguas de unos trabajos de asesoría que -según los investigadores- no existieron.

Un juzgado de Andorra procesó en 2018 por blanqueo y cobro de comisiones a Salazar y a su esposa junto a 26 jerarcas y testaferros conectados con el chavismo entre los que figuraron los exviceministros de Energía de Venezuela Nervis Villalobos y Javier Alvarado.

La magistrada también encausó al gestor de negocios de Salazar, Luis Mariano Rodríguez Cabello, y a su apoderado, José Luis Zabala.

Lula, Castro y Chávez, los jefes del crimen organizado en la política

Son los creadores del socialismo del siglo XXI o castrochavismo que hoy somete a los pueblos de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua y agrede a toda la región

Por Carlos Sánchez Berzain

Fuente: Infobae

La expansión de la dictadura de Cuba en las Américas, con su sistema de violación institucionalizada de derechos humanos, terrorismo de estado, presos, tortura, exilio y narcoestados, tiene en Fidel Castro, Lula da Silva y Hugo Chávez a sus tres jefes estructuradores. Son los creadores del socialismo del siglo XXI o castrochavismo, el sistema de crimen organizado trasnacional que detenta la política y que hoy somete a los pueblos de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua y agrede a toda la región.

En su carta de 9 de Julio de 2020 dirigida al Foro de Sao Paulo en ocasión del 30 aniversario de su fundación, Lula dice: “En una charla que tuve con Fidel en aquella época, coincidimos que sería importante analizar esa nueva coyuntura y sus impactos para América Latina y el Caribe y decidimos que el PT podría convocar un encuentro de partidos y de movimientos…. no nos imaginábamos inicialmente que ese encuentro llegaría donde ha llegado…..a lo que se suma su contribución para promover cambios de gobierno y de políticas en el continente a partir de 1998″

La mención de Lula a 1998 se refiere a la elección de Hugo Chávez como presidente de Venezuela que consideran como “el primer gobierno de un partido miembro del Foro de Sao Paulo después de Cuba”. La de “cambios de gobierno y de políticas” a la permanente conspiración con el Foro como instrumento contra la democracia. Lula y Castro crearon el Foro de Sao Paulo después de la caída del Muro de Berlín “con el objetivo de combatir las consecuencias del neoliberalismo en los países de América Latina”.

Con partidos de posiciones “desde centro izquierda a extrema izquierda”, el Foro de Sao Paulo se integró con grupos guerrilleros, terroristas y narcotraficantes como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC y del sistema de guerrilla castrista, que se fueron disfrazando como “grupos políticos”. Es la estrategia de presentar como política los crímenes (narcotráfico, asesinatos, terrorismo, violaciones, secuestros, conspiraciones..) mencionando las palabras “democracia y política” en cada una de sus acciones delictivas, presentando como ideologías “el antiimperialismo, el bolivarianismo, el anti-neoliberalismo, el latino americanismo, el comunismo…”

Como presidente desde 2003 Lula fue el tercer gobierno del Foro de Sao Paulo y así quedó instalado el trípode de la expansión de la dictadura con el Foro como instrumento operativo, jefatura de Cuba, el poder económico de Venezuela y de Brasil.

Lula destrozó la institucionalidad de política exterior de Brasil para someterla a Cuba, crear y promover el castrochavismo. Formó parte del control de la Organización de Estados Americanos con la gestión Insulza que ignoró y violó la Carta Democrática Interamericana y copó posiciones en la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos con activistas de reconocida militancia.

Con la abierta operación de Marco Aurelio García, a quien Lula nombró “Asesor de Asuntos Exteriores del presidente de Brasil” y que se mantuvo en el cargo hasta la destitución de Dilma Rousseff en 2016, el poder de Brasil se impuso para la dictadura de Cuba, la instauración de dictadura en Venezuela, el derrocamiento de presidentes democráticos, la instalación de las dictaduras de Morales en Bolivia, Correa en Ecuador, Ortega en Nicaragua, y más.

Lula entregó el Brasil a Cuba para la trata de personas y esclavismo con la contratación de médicos y personal, cuyos sueldos que benefician a la dictadura. Estos crímenes están probados con juicios en curso. Las dictaduras de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua repiten estos delitos, igual que los gobiernos de Fernández/Kirchner en Argentina y López Obrador en México.

Lula es responsable de la corrupción internacional más grande de la historia de las Américas, el “Lava Jato”. Crímenes con dinero de Brasil para créditos a países para obras con empresas brasileras, proyectos de impacto del castrochavismo. Crímenes impunes porque las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua siguen encubriendo esta corrupción, como el caso de la construcción del Puerto del Mariel en Cuba por casi tres veces más del precio ya pactado con otra empresa, o las múltiples obras pagadas y nunca construidas en Venezuela y otros países.

En cuanto a la defensa de la Amazonía, Lula dejó muy clara su posición en Bolivia promocionando la construcción de una carretera para destrozar el Parque Nacional Tipnis, una reserva ecológica, para ampliar cultivos de coca ilegal base del narcoestado. Triunfó la resistencia civil pero el ex ejecutivo de la constructora brasilera OAS declaró que “su empresa vino a Bolivia por gestión de Lula y con promesa de otro contrato”.

Muertos Chávez y Castro, Lula es el jefe sobreviviente que sigue atacando la libertad y la democracia desde el crimen organizado con disfraz de demócrata.

De vender cabras en Irán a contrabandear petróleo con Venezuela: el español perseguido por EE UU

Por: JUAN DIEGO QUESADA

Fuente: El Pais

Washington acusa en Nueva York al empresario Juanfe Serrano de eludir las sanciones contra el Gobierno chavista haciendo negocios con un oligarca ruso. “Es una locura”, se defiende él

El empresario Juan Fernando Serrano Ponce, en una imagen de su Linkedin, y una plataforma petrolera de Petróleos de Venezuela.RR SS / REUTERS

Pocos empresarios podían presumir de ser más audaces que Juanfe Serrano. El español era capaz de llevar cualquier mercancía, viva o inerte, de un punto a otro del planeta sin importar fronteras, embargos, sanciones ni amenazas nucleares. “Somos especialistas en Oriente Medio. Ayudamos a las empresas a desarrollar y expandir su negocio internacional”, se anunció en Linkedin. Hace cuatro años inundó las montañas de la república islámica de Irán de cabras con una raza a prueba de bombas, capaz de aguantar el frío y el calor extremos. Serrano vivía a caballo entre Teherán y Murcia, una frase que decía a menudo y que impresionaba a quienes se la oían. Más tarde, su radio de acción se extendió a Venezuela, otro país marginado por Washington. Allí compraba ganado que trasladaba a Irak y Egipto. Y, de paso, hizo contactos en el Gobierno chavista y empezó a explorar el lucrativo negocio del petróleo, lo que a la larga le ha metido en serios problemas.

De acuerdo al departamento de Justicia de Estados Unidos, Serrano formaba parte de una red criminal internacional especializada en evadir las sanciones internacionales y lavar dinero de oligarcas rusos. Los investigadores involucran a cinco ciudadanos de ese país y a uno más venezolano. Parte de ese dinero ha acabado financiando la invasión de Ucrania, según el escrito de acusación. El empresario español, de 47 años, hizo de enlace entre PDVSA, la petrolera estatal de Venezuela, y los comerciantes rusos para sacar petroleros cargados de mercancía. Los socios utilizaron empresas pantalla para evadir los controles internacionales.

La acusación se ha radicado en una corte federal de Brooklyn, en Nueva York. La han elaborado un fiscal de distrito, un agente del FBI y otros funcionarios norteamericanos relacionados con las exportaciones. Serrano no salía de su asombro 24 horas después de que se hiciera pública la investigación. Estaba en mitad de una reunión cuando alguien le anunció que a partir ahora le persigue el Gobierno más poderoso del mundo:

—Casi me desmayo.

Lo cuenta al otro lado del teléfono. “Negociaba con los rusos una venta de un barco venezolano de petróleo, que al final no se hizo. No cumplieron las condiciones. Ese barco iba a acabar en China o Malasia, no sé exactamente el destino final”, continúa. Explica que llevaba tres años haciendo negocios en Venezuela y que en ese tiempo ha conocido a políticos del Gobierno de Nicolás Maduro —en sus conversaciones alardea de tener conexiones clave con altos jerarcas chavistas—. “Sí, claro que hablé con los de PDVSA. Pero a estos tipos (los rusos) los han agarrado por otra cosa y me involucran a mí. Esto es más raro que la leche”, añade Serrano.

El empresario esperaba en el momento de la conversación una llamada de su abogado: andaba preocupado por si EE UU solicitaba su extradición. Serrano había pasado más o menos desapercibido en la vida pública hasta que en 2018 el periodista Rafael Méndez contó su insólito negocio de cabras. En ese entonces era vicepresidente de un equipo de fútbol de Murcia, su ciudad. A través de su empresa Treseus importaba de Irán azafrán y productos petroquímicos para fabricar plásticos. A su vez, exportaba azúcar, alfalfa, maíz y trigo. Serrano había encontrado prosperidad en una tierra remota.

En 2019, según su propio relato, empezó a hacer negocios ganaderos en Venezuela, otro de los países estrangulados por las sanciones de Washington. A través del Departamento del Tesoro, EE UU incorpora a lo que se conoce como la lista Clinton a empresas y personas corruptas o sospechosas de lavar activos del narcotráfico. Maduro y sus principales ministros se encuentran en esa lista negra. PDVSA, también. Quienes hagan negocios con los señalados pueden ser perseguidos por la justicia norteamericana, que es lo que le ha pasado a Serrano.

Alrededor de gobiernos como el de Venezuela orbitan empresarios expertos en eludir esos controles. Supone hacer negocios corruptos en la sombra y llevarse comisiones millonarias, sin que ninguna autoridad controle esas transacciones. El caso paradigmático es el de Alex Saab, un colombiano que empezó construyendo casas en Venezuela y acabó siendo el principal operador económico del chavismo. La prensa descubrió su implicación en un sinfín de casos de corrupción. Washington lo considera el testaferro de Maduro, el hombre que esconde su fortuna fuera del país. Su periplo acabó el año pasado, cuando por falta de gasolina de su avión privado tuvo que hacer escala en Cabo Verde, un país africano. Allí fue detenido y tiempo después extraditado a Miami —el exjuez español Baltasar Garzón llevaba su defensa—. Maduro acusó tanto el golpe que suspendió las conversaciones que mantenía su Gobierno con la oposición en México para tratar de encontrar una solución a la crisis venezolana.

La investigación del Departamento de Justicia se nutre de emails, conversaciones telefónicas y de un rastreo exhaustivo en el mercado de las criptomonedas. El principal investigado es Yuri Orekhov, un ciudadano ruso que vive entre Alemania y los Emiratos Árabes. Es copropietario de una empresa de equipos industriales llamada NDA GmbH. Anteriormente, fue gerente de una empresa de aluminio propiedad de un oligarca ruso cuyo nombre no revela la fiscalía norteamericana. En realidad, los norteamericanos creen que Orokhov continúa trabajando para el oligarca, solo que a escondidas. Su principal socio es Artem Uss, hijo de un político ruso que fue gobernador de Krasnoyarsk, una región de Siberia. Uss poseía una mina de carbón y ostentó un cargo alto en un conglomerado petrolero controlado por el Estado.

La pareja utilizó NDA GmbH como empresa fachada para comprar tecnología militar sensible a fabricantes estadounidenses, como microprocesadores y semiconductores utilizados en aviones de combate, sistemas de misiles, radares y satélites. Estos sistemas electrónicos acabaron en manos de empresas rusas sancionadas que trabajan en el sector de defensa en Rusia y han sido encontradas en armas incautadas en el campo de batalla en Ucrania. Ellos son los principales conspiradores de esta trama y ambos se encuentran detenidos.

Sin saber que estaban siendo escuchados, Orekhov entró en contacto con el comerciante español. “Negociaba con Yuri el barco petrolero, pero no se hizo el negocio, no seguimos adelante y hace siglos que no sabía nada de él”, se defiende Serrano. En cambio, el escrito de acusación sostiene que tuvieron contacto entre enero de 2018 y septiembre de este año, y que juntos “conspiraron y trataron de engañar” a la oficina de control de bienes extranjeros de EE UU y al departamento de comercio. “A sabiendas de que lo hacían”, aseguran los burócratas norteamericanos. El 4 de diciembre de 2021, las autoridades interceptaron una conversación entre ambos en inglés:

—Él (el oligarca)—dice mientras adjunta una entrada del hombre en Wikipedia— está bajo sanciones. Es por eso que actúa desde la empresa [NDA GmbH] como fachada.

Sorprende que los acusados nunca intentaran desarrollar algún tipo de lenguaje secreto que enmascarara sus actividades.

—Mi compañero también. Jajaja. Es muy cercano al Gobierno. Es una de las personas más influyentes en Venezuela. Muy cercano a la vicepresidenta (Delcy Rodríguez)—, contesta de vuelta Serrano.

Y muestra los resultados de Google de un abogado y empresario venezolano buscado por EE UU por soborno y lavado de dinero. Su identidad también se mantiene bajo secreto, aunque la fiscalía la conoce. El ruso, en marzo de 2022, le vuelve a decir al español que ellos buscan con PDVSA un contrato mensual de un millón de barriles al mes, un negocio “estable y seguro”.

Ese momento constata el feliz encuentro entre un hombre que tiene contactos (Serrano) y otro que tiene detrás el respaldo de un multimillonario con ganas de comprar una cantidad gigantesca de petróleo. La acusación asegura que el empresario español y los comerciantes rusos blanquearon decenas de millones de dólares a través de cuentas bancarias registradas en Nueva York. Serrano ha reconocido a este periódico que mantuvo estas conversaciones, pero niega que las transacciones llegaran a concretarse.

Sin embargo, la justicia ha revelado una serie de intercambios en la que los acusados hablan de la forma en la que crear empresas pantalla y ejecutar transacciones de dinero a través de China y Singapur para no dejar rastro. Es más, las comunicaciones interceptadas demuestran que trataron de hacer pasar el petróleo por alimentos que iba a distribuir un mayorista en Houston y ordenaron apagar el GPS de los barcos para que no pudieran ser rastreados.

El empresario español, en un momento dado, apremiaba a los rusos a entregar dinero en efectivo lo antes posible. Si no, acabaría en manos de otros inversores:

—Vendimos los 600.000 barriles de petróleo—, le anuncia Serrano al ruso con pesadumbre.

—¿Los vendisteis? ¿Por qué no a nosotros?

—El comprador pagó el 100% en efectivo, aquí (Caracas). Ya está hecho. Para el próximo (cargamento) podemos hablar por ti.

—¿Eran locales o rusos?

—Rusos. La clave es el efectivo.

—Puedo tener efectivo—, remarca el empresario ruso.

—En cuanto lo tengas —explica Serrano— podemos trabajar. Ellos prefieren dólares americanos.

Hay páginas y páginas de conversaciones entre ambos en los mismos términos. En un momento dado, Serrano le envía varios códigos QR y cuatro billeteras en las que el ruso debe que ingresar cantidades distintas: dos de 500.000, algo más de un millón y poco más de dos millones de dólares. Y le urge a que lo haga lo antes posible: “Por favor, Yuri, envía la confirmación. A las 10 debe estar en PDVSA”.

En cualquier caso, EE UU ha cortado de forma abrupta estos negocios millonarios. Las aventuras comerciales de Juanfe Serrano, el Marco polo de las cabras, el comerciante arriesgado admirado por todos, han quedado en suspenso por ahora.

La Audiencia Nacional avala la investigación contra Monedero por blanqueo de capitales

Por: IRENE DORTA@irene_dorta

Fuente: a Razòn de Esaña

La Sala de lo Penal rechaza el recurso del fundador de Podemos y da vía libre al juez para indagar en sus cuentas

Juan Carlos Monedero y El Colibrí acuden a declarar a los juzgados de Plaza de Castilla por el caso Neurona FOTO: LUIS DÍAZ LA RAZÓN

Cambio de rumbo de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en la investigación que afecta el fundador de Podemos Juan Carlos Monedero. Si anteriormente rechazó por la causa que el juez Manuel García Castellón había abierto para supervisar la financiación de los morados, esta vez ha dado un espaldarazo a que se indague específicamente en el delito de blanqueo de capitales y falsedad documental que achaca a Monedero. Los magistrados han rechazado el recurso que había interpuesto el politólogo y al que la Fiscalía se había adherido tachando de “ilógica” e “irracional” la causa, así que seguirá adelante para indagar en si existió un pago de 425.000 euros por labores de asesoría desde Venezuela que, en realidad, camuflaban el lavado de dinero.

El escrito que firma el presidente de la Sala de lo Penal, Alfonso Guevara, y los magistrados Carolina Rius y Ana Mª Rubio da luz verde a las diligencias que durante las últimas semanas han estado paradas en el Juzgado de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional. La anterior investigación se vio frustrada porque esta misma sección tercera de la Sala de lo Penal entendió que lo que el juez pretendía hacer desbordaba los límites procesales y salía a “pescar” delitos. Dichas diligencias se iniciaron a raíz de la declaración del exjefe de la inteligencia venezolana Hugo Carvajal (conocido como “El Pollo”) y en ellas llegaron a declarar tres testigos protegidos. Pero la Sala lo anuló todo, si bien dejó la puerta abierta a que se dedujera testimonio sobre el delito de blanqueo de capitales que parecía más sólido.

A esto se agarró García Castellón el pasado mes de julio cuando desgajó el caso y abrió una nueva investigación para indagar en las 92 cuentas en las que presuntamente Monedero figura como acreditado. La causa contra la Podemos no pudo seguir adelante, pero la actual para dirimir si el politólogo y una sociedad llamada Viu Europa SL lavaron dinero y falsearon documentos sí podrá.

Monedero recurrió desde el inicio

Casi antes de empezar el fundador morado impugnó la decisión de García Castellón de iniciar un nuevo caso. El auto con fecha de este mismo lunes desestima el recurso de apelación porque dice que todavía las pesquisas están en el “inicio” y confirman que existe “una apariencia de que se enmascara el origen de unos fondos procedentes de una actividad que aparentemente delictiva -venta de petróleo en el mercado negro- interponiendo testaferros y sociedades pantalla, que aflorarían al mercado lícito como pago de préstamos a través de sociedades prestadoras de servicios y de unos hechos que en apariencia presentaban los caracteres de una falsedad documental”.

En este sentido, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía defiende que Monedero cobró un dinero del banco del Alba (fundado en Caracas en 2008) procedente del presidente Ramon Gordils. Este se trasfirió a la Caja de Resistencia Motiva2 Producciones S.L. que era propiedad del político para sus labores de asesoramiento. En un “movimiento triangular de fondos”, dicen los agentes, se abonaron 69.000 euros desde esa Caja de Resistencia hasta Viu Europa que la UDEF sitúa como mercantil “tapadera” en cuyo frente está Ernesto Heleodoro.

Todo esto quedará ahora en el foco del juez de refuerzo Joaquín Gadea que toma las riendas de la investigación declarada secreta junto a la Fiscalía Anticorrupción que se incorpora al caso, tal y como adelantó este periódico, después de remitir a la Audiencia Nacional unas diligencias que chocan con las actuales. Allí, en el Ministerio Público ya se indagaba en movimientos de fondos y entre los nombres que aparecían en las diligencias preprocesales estaba el de Monedero.

Javier Alvarado, ex viceministro de Chávez pide citar a una fiscal de EEUU por «ocultar» la corrupción en Venezuela

Por: TERESA GÓMEZ

Fuente: OKDIARIO

Hugo Chávez y Sarah Edwards

El ex viceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela
Javier Alvarado Ochoa ha pedido a la juez del caso Caranjuez, en el que se investiga una presunta red de policías y abogados que habría extorsionados a ex cargos de Hugo Chávez a los que reclamaban sumas millonarias de dinero a cambio de «protección», la declaración en calidad de testigo o de investigada de la fiscal de EEUU Sarah Edwards por ocultar información clave sobre la corrupción chavista ante el Gran Jurado de Houston.

En un escrito, al que ha tenido acceso OKDIARIO, el abogado de Alvarado ha solicitado a la titular del Juzgado de Instrucción Número 29 de Madrid, Cristina Díaz Márquez, que llame a declarar a la fiscal Sarah Edwards por «formar parte del equipo de la red de extorsionadores», según han declarado varios perjudicados en la causa. «La fiscal Edwards fue identificada en las declaraciones tanto de Carlos Aguilera –ex miembro del servicio de Inteligencia de Venezuela– como de Javier Alvarado, como la fiscal de EEUU a la que el investigado Martin Rodil, el cabecilla de la red investigada, hacía alusión a ella como la persona de su equipo en Norteamérica», subraya el escrito.

El testigo y perjudicado Alvarado envió un correo electrónico a esta fiscal el 19 de julio de 2018 con un total de 24 documentos sobre la corrupción en Venezuela. Lejos de investigarlos, fueron utilizados para solicitar a la Audiencia Nacional la extradición a Estados Unidos de este ex viceministro de Chávez. Esta petición usó como punto de partida un dato erróneo, puesto que afirmaba que Javier Alvarado había obtenido la nacionalidad española el 30 de enero de 2019. Sin embargo, el abogado de este testigo asegura que su cliente obtuvo la nacionalidad el 5 de diciembre de 2017. «Basta con una consulta en el Registro Civil para constatar dicha afirmación», explica.

Otras citaciones

Esos documentos sobre la corrupción en Venezuela que fueron ocultados presuntamente por la fiscal de Washington también fueron entregados al ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino, según han declarado varios testigos en la causa. El equipo jurídico del ex viceministro ha explicado que «Pino fue identificado por Alvarado como la persona de máximo rango con la que éste se reunió y a quien entregó cientos de documentos relativos a las actividades ilegales de las que Alvarado había tenido conocimiento que se habían llevado a cabo en Venezuela». Sin embargo, estos documentos nunca fueron entregados por el ex DAO a la Fiscalía Anticorrupción, según Alvarado. Para sorpresa del denunciante, «desaparecieron».

Un tiempo después, parte de la documentación que facilitó a Pino en aquellas reuniones, Javier Alvarado la vio luego reflejada en la querella que, según expuso en sede judicial, presentó el despacho Ilocad de Baltasar Garzón en nombre de Petróleos de Venezuela (PDVSA) ante la Audiencia Nacional. Dicha querella se interpuso contra el propio Alvarado Ochoa y otra veintena de personas y aún se investiga en el Juzgado Central de Instrucción Número 3. Los extorsionadores de esta red, según explicó el ex viceministro a la juez, le chantajearon con «involucrarle en un problema judicial» si no les pagaba cantidades desorbitadas. Parece que, tras la denuncia del despacho de Garzón, los presuntos extorsionadores habían ejecutado su amenaza.

Por todo ello, en el marco de estas diligencias, el letrado de Alvarado solicita también a la juez que cite a declarar en calidad de testigo o investigado a Eugenio Pino así como a otros miembros de la Policía que estaban a las órdenes de éste

Evo Morales, el narcotráfico y la justicia de Estados Unidos

Una enorme cantidad de información sobre el ex presidente boliviano fue recabada por un ministro que trabajó para el gobierno de Jeanine Áñez y ahora está preso en Miami. Esos datos pueden llegar a la justicia del país norteamericano

Por: Humberto Vacaflor Ganam

Fuente: Infobae

La marca de  Evo Morales

Arturo Murillo, ex ministro de Jeanine Áñez, tiene información que cabe en tres terabites sobre las conexiones de Evo Morales con el narcotráfico y ahora está a punto de entregársela a la justicia de Estados Unidos.

La semana pasada, desde una cárcel en Miami, Murillo admitió haber cometido el delito de soborno y lavado de dinero en un banco, lo que le convierte en un testigo protegido de la justicia de ese país.

La noticia puso muy nervioso a Morales. Dijo en una entrevista de radio que todo eso era muy sospechoso, dando a entender que Murillo podría entregar información delicada, que le perjudique.

¿Qué puede temer el dirigente de las seis federaciones de cocaleros del Chapare y ex presidente de Bolivia de lo que pueda contar Murillo a los jueces norteamericanos?

La pregunta ha sido respondida por el propio Morales: “A los antiimperialistas que defienden la patria grande, si no los acusan de corrupción, es de narcotráfico”.

Sabe el cocalero que Murillo entregará documentos para acusarlo de haber estado, o estar todavía, vinculado con la actividad de transformación de la coca que se produce en la región de la que es dirigente vitalicio.

Antes de ser ministro, Murillo había sido propietario de un hotel en Chapare, que fue incendiado por los cocaleros de Morales, dando lugar a esta rivalidad que ahora llega hasta los tribunales de justicia de EEUU.

En esa región no rigen las leyes de Bolivia sobre la propiedad privada. Nadie puede ni vender ni comprar un bien inmueble en Chapare sin el consentimiento del “sindicato” correspondiente. Y todos los sindicatos, reunidos en federaciones, responden a Morales. Una dictadura que el cocalero quiso extender a toda Bolivia.

La información

Lo que se ha difundido en Bolivia es que Murillo ha llevado consigo documentos que ocupan tres terabites, según la periodista Marianela Montenegro.

Esa información, para ser tomada en cuenta por la justicia de EEUU, y procedan los beneficios para el procesado, deberá ser verificada.

Por de pronto, Morales está muy preocupado. Ha suspendido sus reuniones con el presidente Luis Arce para enfrentar al movimiento cívico que exige el cambio de fecha del censo previsto para 2024. Su obsesión de ser candidato en las próximas elecciones ha pasado a segundo plano.

Quizá figuren en los archivos de Murillo alusiones al Cártel de los Soles, una organización de narcotráfico en que habrían participado como socios personajes de los gobiernos de Bolivia y de Venezuela.

Es probable que figuren también informaciones sobre el “puente aéreo” entre Bolivia y Venezuela, con aviones militares, llevando droga del Chapare, como denunció el periodista brasileño Leonardo Coutinho en su libro “Hugo Chávez, o espectro”.

El origen de esa documentación es variado pero un volumen importante proviene de las computadoras de los colaboradores de Morales, incluso de quienes fueron sus ministros.

Cuando huyó el cocalero, el 11 de noviembre de 2019, sus colaboradores escaparon también y se metieron en embajadas, porque todos ellos estaban convencidos de que la gigantesca protesta popular que se dio en todo el país era el comienzo de una verdadera revolución.

Creían que quienes manejarían el poder desde ese momento cerrarían el parlamento, restablecerían la república con todas sus instituciones y sería el fin del “proceso de cambio” dirigido por Morales.

Si eso no ocurrió es culpa de todos los que participaron del gobierno de Jeanine Áñez, incluido Murillo, quien podía haber convertido la rebelión popular en una revolución, pero no pudo hacerlo o no tuvo capacidad para hacerlo.

En circunstancias parecidas, Vladimir Illich Lenin, un agente alemán, convirtió la revuelta popular rusa en una revolución en 1917.

En cambio, lo que hizo Murillo fue mandar que se incauten las computadoras de todos los colaboradores de Morales y se recupere cualquier información que permita sumar cargos contra el fugado.

Todo eso está contenido en discos duros que Murillo tiene en sus alforjas y desea entregar a la justicia de EEUU.