Coposa: La toma hostil que pasa por amistosa

Por: CARLOS SEIJAS MENESES

Fuente: Armando Info

De nuevo los hermanos Khaled y Majed Khalil aparecen en una maniobra para controlar una agroindustria, con el auspicio del gobierno del que son contratistas, pero esta vez no como beneficiarios de una reprivatización. Ahora, por una artimaña jurídica, buscan tomar posesión por tan solo diez millones de dólares de una de las principales productoras de grasas comestibles del país, cuyos activos fueron tasados en más de 200 millones de dólares. Si la ganga se completa, convertiría a Coposa en un suplidor cautivo de las cajas CLAP.

Hace menos de un mes, el 14 de diciembre pasado, representantes del Gobierno nacional y unos contratistas privilegiados del Estado venezolano, los Khalil, llevaron a cabo un intento conjunto, el más reciente pero con seguridad no el último, para tomar el control del Consorcio Oleaginoso Portuguesa, S.A. (Coposa), empresa privada con formato de cooperativa -la mayoría de sus 628 socios son productores agrícolas de los estados Portuguesa y Barinas, en Los Llanos occidentales de Venezuela- que desde su fundación, en 1974, entonces bajo la batuta del legendario Concepción Concho Quijada, ha elaborado grasas, como margarina, aceite de cocina y manteca, para el mercado de consumo masivo.

Para ese día se convocó a una asamblea general extraordinaria de accionistas en el salón Europa del Centro Comercial El Indio, en Acarigua, estado Portuguesa. El fin era someter a votación, una vez más, una propuesta inusual que permanecía desde hace semanas sobre la mesa: entregar a otra empresa privada casi la mitad de las acciones de Coposa como pago de una deuda que esta última, por su parte, contrajo con una institución pública.

La propuesta ya había sido sometida a consulta el 24 de septiembre, aunque no era uno de los puntos a discutir en la agenda original de ese día. El tema, coinciden diversos testimonios, surgió de repente.

Entonces, la representación de más de la mitad del capital accionario, que hasta esta fecha desconocía de lo que estaba en marcha, se negó de manera rotunda a aceptar la propuesta por considerar que se trata de una trampa con la que perderían la empresa. El restante grupo de accionistas, que lideraba la anterior junta directiva, con un administrador de nombre Antonio Rodríguez como su presidente, no solo estaba de acuerdo, sino que había participado en el diseño de esta fórmula.

El acuerdo establece que Coposa, representada por Rodríguez, acepta ceder 45% de sus acciones a una compañía de nombre Envasadora de Alimentos (Evalsa) como pago de una deuda que había contraído en 2013 con el estatal Banco de Comercio Exterior (Bancoex), y que este habría traspasado a Evalsa a través de un mecanismo cuyos detalles no se conocen.

“Nos quieren imponer un socio y por una cantidad de dinero muy poca. Nosotros hemos conseguido otros posibles inversionistas, pero desde la vicepresidencia de la República hay una orden”, dijo a Armando.info una fuente que integra la junta directiva de Coposa, quien, por temor a represalias, pidió no ser identificado. De acuerdo a fuentes internas de la empresa, el monto de la deuda, un poco más de 10 millones de dólares, por la cual se quiere ejecutar la toma de 45% de la compañía, puesta a manera de prenda, no corresponde ni a 5% del valor de sus activos, que un avalúo de septiembre de 2020 fijó en unos 217,39 millones de dólares.

Por falta de quórum, en la cita de diciembre ni siquiera se pudo instalar la reunión. Una gran parte del capital accionario se abstuvo de inscribirse, para así manifestar su desacuerdo con la propuesta. Solo quedó la opción de celebrar, tres horas después de lo pautado, una reunión informativa. Se permitió el paso a una parte de los accionistas que protestaban a las afueras.

En medio de la reunión y de forma repentina, aparecieron los representantes de Evalsa y el consultor jurídico del Ministerio de Alimentación, el abogado Gabriel Pérez, además de Majed Khalil, venezolano de origen libanés que, junto con su hermano Khaled, se encuentran entre los contratistas favoritos del chavismo.

Ni siquiera pudieron sentarse. De manera inmediata, fueron abucheados y pitados por la multitud. Los accionistas de Coposa ratificaron su negativa a aceptar la propuesta: “No queremos esta trampa que nos montaron. No somos chigüires ni somos venados para que los señores del Ministerio nos estén poniendo trampas”, dijo uno de los accionistas durante la asamblea. En medio de los abucheos, registrados en videos por teléfonos celulares, los funcionarios del Ministerio, Evalsa y Khalil se retiraron en fila hacia la salida.

Accionistas que están en contra de entregar casi la mitad de la empresa a Evalsa han propuesto como alternativa el pago de la deuda a Bancoex o su tenedor final. Consideran que, aumentando la capacidad utilizada a 60%, y con acceso a financiamiento o a una asociación en mejores términos, se podría honrar en no más de dos años. Hoy Coposa no trabaja a más de 20% de su capacidad debido a la falta de materia prima, la escasez de diésel y la crisis del servicio eléctrico.

Evalsa, por su parte, no acepta el pago de la deuda. “Es obligado que le tenemos que vender a Evalsa. No dejan ni que se pague, nos lo dijo el ministro de Alimentación [Carlos Augusto Leal], tenemos que vender a juro”, dijo a Armando.info un exgerente de Coposa que solicitó no ser nombrado.

Por su parte, otra fuente de la directiva que está de acuerdo con la cesión de la deuda, a pesar de lo cual pide mantener su identidad en reserva, asegura que esta es la única forma de honrar el compromiso y que el valor de Coposa no es de 200 millones de dólares -dice que, de ser así, ya se habría podido pagar la deuda-, por lo cual rechaza que todo el movimiento se trate de una toma hostil: No se trata de la venta de la empresa, se trata de una emisión de nuevas acciones, de pagar una deuda y de inyectar capital de trabajo a la misma”.

  

El avalúo de la empresa, realizado a finales de septiembre de 2021, estableció el valor de la empresa.

Una OPA opaca

La historia comenzó con la solicitud de un crédito hecha por Coposa en 2013 por un monto de 15,68 millones de dólares a Bancoex —institución financiera adscrita al Ministerio de Economía— que tenía como objeto invertir en la ampliación y modernización de la capacidad de procesamiento de semillas de girasol.

Uno de los activos que la empresa adquirió fue una planta completa de descascarado de semilla de girasol, con una capacidad instalada de 600 toneladas métricas al día, por un valor CIF (siglas en inglés de “costo, seguro y flete”) de 5,73 millones de dólares. El otro activo fue una planta de refinación/planta de desencerado, con una capacidad de 300 toneladas métricas diarias, por un valor CIF de 9,95 millones de dólares.

Además de esto, se construyeron tanques para almacenar aceites crudos por el orden de los 14 millones de kilos.

De acuerdo con los accionistas mayoritarios, factores como la prolongada crisis económica, el control de cambio, las asignaciones de cupo para la importación de materia prima y la escasez de combustibles, se conjugaron para hacer prácticamente imposible la amortización final de la deuda, que a mediados de 2019 estaba de plazo vencido y había ascendido a 21,54 millones de dólares, por la suma de intereses convencionales e intereses de mora (netos).

Luego de reuniones y análisis de escenarios, en enero de 2020 se suscribió un convenio transaccional de pago del contrato de crédito en el que la deuda bajaba a 18,85 millones de dólares. Coposa pagó en esa oportunidad la cantidad de 2,125 millones de dólares. Además, Bancoex dio un plazo de seis años para el pago de la deuda mediante 24 cuotas trimestrales, que empezarían a contarse desde el 1º de febrero de 2020.

Pero sin esperar la fecha establecida para el pago de la primera cuota trimestral, la vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció, el 24 de abril de 2020, la intervención de Coposa por 180 días prorrogables por “irrespetar los precios acordados y caer en prácticas especulativas”, como parte de las medidas anunciadas por el Ejecutivo para retomar el control de precios.

El Ministerio de Alimentación y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) ocuparon las instalaciones de Coposa y tomaron el control de la producción, que casi en su totalidad se destinó, desde entonces y durante los siete meses que duró la ocupación, a suplir a las cajas CLAP. Al principal programa social-clientelar del gobierno se despachó mercancía por un valor de 7,86 millones de dólares, según indica un informe preparado por la directiva actual de Coposa. También se suministraron aceites envasados y margarina a Red Venezuela —empresa adscrita al Ministerio de Alimentación—, Mercal y el Instituto Nacional de Nutrición, por un valor equivalente a poco más de 212.000 dólares. De ese monto total de 8,07 millones de dólares, siempre de acuerdo a la directiva actual, ni un céntimo ingresó a las arcas de la empresa.

En medio de la ocupación gubernamental de Coposa, el 10 de agosto de 2020, el entonces presidente de la junta directiva, Antonio Rodríguez, solicitó al Ministerio de Alimentación que la deuda que tenía la compañía con Bancoex fuera cedida a Evalsa.

Carta de Coposa y Evalsa al... by ArmandoInfo

Casi un año después, el 25 de agosto de 2021, Bancoex cedió a la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios C.A (Cuspal), ente adscrito al Ministerio de Alimentación, los derechos del crédito que en su oportunidad otorgó a Coposa. Acto seguido, Cuspal suscribió otro contrato de cesión a favor de Evalsa con todas sus garantías.

“Es legítimo que un sujeto de derecho público haga una cesión de deuda, siempre y cuando respete los procedimientos establecidos para ello”, explica a Armando.info la abogada Andrea Rondón, miembro del comité académico del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad). Dce que es claro que “por tratarse de un organismo público [Bancoex], debe regirse no solo por los propios términos del contrato de deuda -que pudieran prohibir la cesión, o permitirla siempre y cuando se notifique al deudor bajo determinadas condiciones, por ejemplo-, sino ceñirse además a unos controles previos y posteriores, sobre todo por parte de la Contraloría General de la República, que debe establecer que esa cesión de deuda no signifique una merma del patrimonio público”.

Con la información disponible al momento de hacer este reportaje, no quedaba claro que tales extremos se hayan cumplido. El consultor jurídico del Ministerio de Alimentación, Gabriel Pérez, fue contactado en dos oportunidades para este reportaje, pero no respondió los mensajes enviados.

De acuerdo con una de las accionistas consultadas por Armando.info, quien solicitó el anonimato, la cesión de la deuda se hizo sin el conocimiento de los accionistas. “Hay muchos intereses, estamos luchando contra una mafia muy grande”. Explicó que en los últimos años Coposa “se vino a menos”, entre otros factores, por la competencia de productos traídos de Brasil y de Turquía que comenzaron a llenar los anaqueles. Incluso, asegura la fuente, los accionistas estaban buscando asociarse con otra empresa privada para aumentar el capital, luego de los efectos de la ocupación de Coposa por órdenes del Gobierno. Pero la decisión de asociar a Coposa con Evalsa ya estaba tomada. Pasó a ser un tema de “interés político”, refiere esta accionista.

Previous

De nuevo, en la guerra de versiones, otro miembro cercano a aquella junta directiva aseguró que esa decisión “fue tomada y aprobada en la Junta Directiva Anterior, con el fin de evitar la ejecución por parte del estado de la hipoteca sobre el crédito de Bancoex. Y tratar de obtener oxígeno, por así decirlo, ante la grave situación financiera de la empresa y de la ocupación de la cual éramos objeto en aquel entonces”.

Ese mismo 25 de agosto de 2021, se suscribió un “Acuerdo de Cooperación Mutua” entre el Ministerio de Alimentación, la junta directiva de Coposa, y Evalsa. El documento reconoce el costo de despachos de aceite hechos durante la ocupación a Coposa por un monto de 3,36 millones de dólares, además de otro tanto efectuado a Evalsa, y que estaban pendientes de pago por un valor de 4,55 millones de dólares. Tras esas deducciones, la deuda de Coposa quedó en 10,07 millones de dólares.

Estos descuentos, sin embargo, no se aplicarían en el caso de que Coposa “no cuente con el voto favorable en Asamblea de Accionistas para la aprobación de la propuesta de acuerdo".

El 27 de agosto de 2021, un mes antes de la asamblea donde la mayoría accionaria conoció y rechazó el convenio, Acranan Karouni, director-gerente de Evalsa, envió una carta a la apoderada especial de Antonio Rodríguez, Zulma Beatriz Bello Cabrera, en la que notificó su “cualidad de cesionario de los derechos” de la deuda.

Previous

De acuerdo con el petitorio redactado en noviembre de 2021 por Antonio Rodríguez, presidente de la junta hasta septiembre de 2021, y demás representantes, el objetivo de la negociación entre el Ministerio de Alimentación, Coposa y Evalsa fue darle un “alivio financiero a la empresa” ya que “el destino de más de 1.100 personas entre trabajadores y accionistas de Coposa está en juego”.

El documento insiste en que la asociación con Evalsa permitiría a Coposa participar en el mercado público a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), programa de distribución de alimentos subsidiados, lo que consideran “vital”.

Según el documento, en el momento en que se contrajo la deuda, Coposa facturaba en un mes el equivalente al monto total de la deuda, entonces pagadera en seis años. Ahora la empresa facturaba 15% de lo que había ingresado, y la siembra de girasol era casi nula, cuando en el año en que se instaló la planta la cosecha de girasol fue casi de 60.000 toneladas métricas.

Vivos útiles

Detrás de la artimaña jurídica para hacerse de la mitad de una empresa privada aparecen unos viejos contratistas del chavismo, hoy parte de la constelación de empresarios que ha crecido a la sombra de la autodenominada Revolución Bolivariana: los hermanos Majed y Khaled Khalil, cuya cercanía con el gobierno les ha llevado incluso a actuar como agentes para evadir las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos contra el régimen de Maduro.

La más reciente expansión de su red de negocios —tienen presencia en los sectores informático, construcción, turismo, energético y alimentación— se había cristalizado a través de maniobras que le otorgaban activos que la administración Maduro, sobre todo a través del ministro de Agricultura, Wilmar Castro Soteldo, decidía reprivatizar y poner en manos de allegados. Un ejemplo de ello fue la toma de control sobre Lácteos Los Andes en 2020. Pero el take over de Coposa les ha reservado un rol distinto.

De acuerdo con fuentes del sector de alimentos consultadas para este reportaje, los hermanos Khalil son el músculo financiero detrás de Evalsa, empresa del estado Portuguesa que en los papeles aparece dirigida por Kontar Acranan Karcuni y Raad Karouni El Kontar, como gerente y director principal, respectivamente, al menos hasta 2020. Ese año, según el Registro Nacional de Contratistas (RNC), hicieron negocios con el Ministerio de Alimentación a través de un contrato con Cuspal para la producción, procesamiento y distribución de todo tipo de alimentos destinados al consumo humano.

Evalsa, que nació en los tiempos de Hugo Chávez, en 2008, ha participado en la producción y distribución de las bolsas de alimentos subsidiados del programa gubernamental CLAP en el estado Portuguesa, de donde el ministro Castro Soteldo, excomandante de la Aviación Militar, es oriundo y donde sirvió por ocho años como gobernador. Kontar Acranan Karcuni y Raad Karouni El Kontar son vistos como "fieles hombres de la revolución chavista y madurista" que, como muchos de ellos, gustan anclar sus inversiones en el estado de Florida, Estados Unidos.

Karouni aparece como presidente de una empresa registrada en Miami en 2012, llamada Envasadora de Alimentos S.A., homónima de la compañía venezolana que está presionando junto con el Gobierno para hacerse de casi con la mitad de Coposa. El domicilio es un conjunto residencial privado de mansiones lujosas, donde se han constituido al menos otras diez empresas (The World of Spices, Corp., Trenyba International LLC, Sorobello International, Corp., Touram Spices, Corp., House of Spices and Chiles Corp., Yaly Corp., Santa Ramzie Corp., Romanelli, Corp., Olimpic International, Corp. y Kukitos, Corp), de acuerdo con el registro mercantil del estado de Florida en Estados Unidos. En todas las compañías aparecen miembros de la familia Yarbouh, a la que pertenece Nedal Yarbout, uno de los que han sido socios de la Envasadora de Alimentos venezolana, y un Cabello de Monagas (Sorocaima José Ascanio Cabello), quien además de ser presidente al menos hasta 2010 de cuatro empresas en Panamá, es un presunto primo de Diosdado Cabello, como ha señalado el abogado y político panameño Guillermo Cochez. 

Un conjunto residencial de mansiones lujosas de Miami, Florida, coincide como la sede de al menos 10 empresas de la familia Yarbout. Captura de Google Earth.

Ahora por las malas

Tras el naufragio de la asamblea del 14 de diciembre, los accionistas mayoritarios de Coposa no recibieron una réplica por parte del gobierno sino hasta el día 16 y en forma de una inspección. En horas de la noche de la misma jornada, representantes oficiales tomaron la planta y prohibieron la entrada a siete directivos, incluyendo al presidente de la junta actual, Alejandro Quijada. Lució como un mensaje inequívoco de que la hora de las negociaciones estaba por terminar.

Ese mismo día, el Superintendente Nacional de Gestión Agroalimentaria, Menry Rafael Fernández Pereira, ordenó aplicar una medida preventiva de ocupación temporal de Coposa por 180 días y designó como miembros de la junta administradora encargada a dos funcionarios del Ministerio de Alimentación, uno de la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (Sunagro) y otro de la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios (Cuspal).

Se trata de una medida que los trabajadores de Coposa -582, ya no los 1.100 que Antonio Rodríguez decía proteger con su propuesta de alianza con Evalsa- rechazan por ser, en la práctica, un cierre técnico. Representantes del sindicato Unstracoposa y de los consejos productivos de trabajadores (CTP) de la empresa, en contacto con Armando.info, manifestaron estar preocupados por la eventual entrega del 45% de las acciones de Coposa a Evalsa. Temen correr con la misma suerte de los trabajadores de Lácteos Los Andes y de la envasadora de productos del mar, Eveba, ambas pertenecientes a los hermanos Khalil. Recuerdan que, en ambos casos, luego del cambio de dueños, extinguieron los contratos colectivos y los sindicatos, violentando derechos laborales. Por esos antecedentes piden resguardar su identidad.

El take over de Coposa está en desarrollo mientras 585 trabajadores viven la incertidumbre de cómo será, laboralmente para ellos, este 2022, los accionistas de la empresa tienen prohibida la entrada a las instalaciones y otras compañías privadas ven los toros desde la barrera.

La Margarita de las compras se deshojó con la economía del país

Fuente: Cronica Uno

Por Dexcy Guédez @dexcyguedez

Foto: Cortesía

De la época navideña en la que venezolanos viajaban a comprar en el puerto libre los estrenos del 24 y 31, solo quedan recuerdos. Este año la inestabilidad del dólar disolvió las expectativas del 25 % de las tiendas que sobreviven en Porlamar.

Porlamar. De aquella Margarita en que personas de todo el país viajaban para esta época del año y regresaban con sacos de mercancía para vestir la familia completa y hasta para revender, solo quedan recuerdos.

La venta por “sacos” tal vez no era buena para el país, pero sí para Nueva Esparta, porque permitía altas ventas en rubros básicos e icónicos.

Felipe Rodríguez, vendedor informal en el bulevar Gómez de Porlamar, tiene casi toda su vida en el paseo y recuerda que además de los licores, también los jeans, zapatos, sábanas, toallas, perfumes y lencería eran los rubros más solicitados por quienes viajaban a la Perla del Caribe para aprovechar sus bajos precios.

Hoy nos debatimos los pocos clientes que entran a los bulevares y este año con el dólar tan alto, perdimos las expectativas de las ventas que esperábamos”, sostuvo con cara de resignación.

Jesús Ramos, encargado de un bodegón, dijo que ya nadie se lleva el recordado queso holandés o popular “queso de bola”. Sus precios no son competitivos y menos ahora con la proliferación de bodegones, en casi todo el país.

Nadie se acuerda tampoco del famoso chicle por metro ni de los zapatos Kickers”, rememoró.

Lucy Martín, ahora residente en Margarita, anhela las visitas que hacía cada año luego de cobrar las utilidades, para comprar sus estrenos de Navidad y Año Nuevo.

El bullicio de otrora quedó atrás en Nueva Esparta. Foto: Cortesía

“Con la diferencia de precios compraba para mí y hasta para revender en Caracas”, recuerda.

Comercio sin esplendor

En las avenidas 4 de Mayo, Santiago Mariño y los bulevares Gómez y Guevara, apenas si sobrevive 25 % de las tiendas del llamado puerto libre. El bullicio de otrora quedó en el pasado.

Teodoro Bellorín, expresidente de la Cámara de Comercio de Nueva Esparta, refirió que nada queda del régimen aduanero que disfrutaba la isla y le permitía ofrecer mercancía exótica que no se hallaba en el resto del país.

“Incluso en tierra firme se consigue mercancía importada y con precios por debajo de los que ofrecemos aquí”, insistió.

Refirió que la mercancía importada bajo el régimen libre de aranceles, era lo que daba el esplendor al comercio en la isla.

La economía regional ya no se basa en el comercio desde hace muchos años porque desapareció el puerto libre, que primero estaba vigente por un reglamento y después, por una ley. Hoy el eje transversal de la economía local es el turismo”, subrayó.

Bellorín es escéptico con la anunciada Zona Económica Especial para Margarita. Su puesta en vigor no parece posible con el actual Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras ni servicios de calidad.

Cuando RIO Supermarket suena es porque lavado trae

Fuente: Informe Sin Fronteras

Las empresas pantallas o empresas de papel son aquellas que se establecen generalmente con el propósito de lavar dinero, es decir, diversas sociedades creadas de conformidad con la ley, pero cuyo objeto principal es ocultar y encubrir la actividad económica real que genera ingresos para sus propietarios y terceros, tales como socios. Incluso si el dinero y las ganancias se obtienen a través de actividades ilegales como el narcotráfico, el tráfico de armas, trata de personas, soborno y corrupción.  

Estas actividades generan enormes ganancias en fondos ilegales para quienes participan en dichas promociones, por lo que, para utilizar los recursos obtenidos, suelen recurrir a diversos métodos y técnicas de lavado de dinero y de esta manera pueden demostrar que sus ingresos y capital son razonables. 

Esta es la segunda publicación en una serie de 4 artículos de una investigación sobre el Narcotráfico en la Isla de Margarita.  

Por ello, en la gran mayoría de los casos, las empresas de este tipo son consideradas empresas fraudulentas, ya que no responden a la actividad económica o comercial para la que se consideran creadas, mejor dicho, realizan acciones divergentes a las declaradas en su constitución, como el blanqueo de capitales y delitos conexos. 

Por todo esto, las empresas fachada afectan a países y sociedades enteras porque apoyan y ocultan actividades delictivas que socavan el orden económico y social. 

Características de las empresas fachada: 

Las empresas fachada pueden, entre otras cosas, ser identificadas y reconocidas porque: 

· Su fuente de capital como entidad corporativa no está clara. 

· Son creadas varias empresas con diferentes actividades económicas, integradas por personas naturales. 

· Brindan información falsa, incluyendo datos requeridos por su constitución (teléfonos, direcciones, ubicaciones, etc.). 

· Manejan grandes flujos de efectivo y la mayoría de los pagos y transacciones se realizan de esta manera. 

· Tienen nombres muy comunes que reflejan muchos resultados divergentes, al momento de realizar búsquedas online. 

· Hacen negocios que no coinciden con sus capacidades financieras e imagen. 

· Los resultados de los informes son muy diferentes de los resultados de otras empresas de la misma industria que realizan actividades similares. 

· Se crean varias en un corto período de tiempo. 

Empresas Fantasmas 

Todo esto es bien conocido por una organización criminal Colombo-Arabe-Sirio-Venezolana con muchos implicados, dentro y fuera de Margarita, entre los cuales participan Samir Makiad Alfalah (Maklad) y Faisal Fakik Kadri (Fakih), el equipo de InformeSinFronteras.com asignado para esta investigación, sigue revelando la información recolectada en su visita a Venezuela. 

Faisal Fakih Kadri nació en Colombia. Es presidente del Grupo Digitec y CEO del Centro de Compras Family Market, establecimiento ubicado en la Av. Aldonza Manrique de Playa El Ángel. 

Es de conocimiento público que los señores antes mencionados son también dueños de la Cadena de supermercados Rio Supermarket, empresa para la cual generaron el siguiente grupo de firmas en los estados unidos: Grupo Rio LLC, Rio Group Services LLC y Rio Group Enterprise LLC. 

Grupo Rio LLC 

En su registro aparece que se encuentra ubicada en la 4252 SW 186TH AVE, MIRAMAR, Florida, USA. Curiosamente la dirección de la empresa no conduce a un edificio comercial como se estila en ese país, sino que lleva a una lujosa residencia en Sunset Lakes, una prestigiosa comunidad (urbanización) cerrada en el centro de florida. 

En esta compañía aparece como director el joven heredero de 21 años Raed Alfalah Maklad, quien realiza estudios en Miami Dade College (Florida-USA). 

RIO Group Enterprise LLC - y  Rio Group Enterprise LLC

La dirección que indica el registro es 6305 NW 99TH AVE, DORAL, Florida, USA. Esta dirección corresponde a una esquina en las cercanías de una zona de galpones industriales, en la cual no se encontró ninguna oficina del Grupo Rio. 

En estas firmas aparecen como directores Raed Alfalah Maklad y el señor Mauricio Emilio Acevedo Marchena, quien es colombiano, natural de Bogotá, y con nacionalidad venezolana; hace algunos años fue director general del Consejo Legislativo del estado Nueva Esparta y posee registros penales por estafa y simulación de hecho punible. 

Su hermano es Nelson Rene Acevedo Marchena, un Dirigente Social y actual concejal del Municipio Arismendi en Nueva Esparta. 

Mencionamos más empresas del grupo registradas en EEUU: 

All Engine Oils LLC 

En esta firma vuelve a aparecer la dirección 6305 NW 99TH AVE, DORAL, Florida, USA y los directores son Mauricio Emilio Acevedo Marchena junto a la abogada egresada de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho (UGMA), Janoara Carmen Figueroa Rodriguez (Janohara), quien actualmente desempeña la función de directora adjunta, en el Instituto Autónomo Socialista de Puertos del Estado Bolivariano de Nueva Esparta (I.A.S.P.E.B.N.E). 

Grandstream Solution Inc. 

La dirección corresponde a un Edificio Multiusos, ubicado en 4990 SW 72ND AVE, MIAMI, Florida, USA. Aparecen como directores Faisal Fakih Kadri y Mauricio Emilio Acevedo Marchena. 

Otras empresas vinculadas al grupo en Venezuela son: Desarrollos Turísticos AAA, C.A. y Desarrollos Inmobiliarios 2018, a través de las cuales, se involucraron en compras ilegales de tierras en la isla de Margarita, con la participación de presuntos opositores al régimen venezolano. Existen varios registros en donde se vincula a Mauricio Emilio Acevedo Marchena con estas compras. Este método de compra fraudulenta de terrenos también fue aplicado en la ciudad de Valencia por los señores Hosam Fakih Kadri (Hasam) y Talal Fakih Kadri (Talel). 

En la intersección de la Av. Circunvalación Nte. con Av. 4 de mayo de Porlamar, a un lado del edificio DIGITEC, se está construyendo un centro comercial llamado World Trade Center Porlamar, en la página web de la World Trade Centers Association, aparece como persona contacto para esta sede Talal Fakih Kadri, quien también es dueño de Invertropoli, una distribuidora al mayor de neumáticos, rines y cámaras de aire (tripas). Que recibió mediante Cadivi entre los años 2004-2011la cantidad de US$ 41.4 millones. Esta compañía representa en Venezuela a marcas como Armoor, Federal, Metrollantas, Triangle, Advance, Kumho, tanto para transporte de carga como para particulares. A su vez Talal Fakih Kadri tenía un total de 13 empresas más a su nombre, lo que violaría según las leyes de Venezuela el artículo 113 de la Ley Orgánica de Aduanas, que habla de monopolio. Adicionalmente en la subasta número 12 del Sicad I en mayo de 2014 recibió US$ 19,3 millones. 

La Constructora Metro Cubico Urbano con sedes en Venezuela y Colombia es la encargada de realizar la mayoría de construcciones del grupo, algunas de las que tienen asignadas son las sedes de RIO Supermarket, Family Market, World Trade Center Porlamar, remodelación de ascensores en oficinas del Grupo Alfalah y otras más. Esta constructora se encuentra muy relacionada en obras con Nogarq Arquitectura (Nogarq Noriega & Garcia Associates). 

La empresa ABISMO C.A. (Venezuela), usada para la distribución, exportación, importación y reexportación de mercancía en general, bajo el Régimen de puerto Libre de la Isla de Margarita, en la que también aparece como socio Ahmed Fakin Hacheemm, éste último posee registros por infracciones tributarias al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT). Como consecuencia de esa investigación resultó embargada parte de su empresa llamada OCEANNIC C.A. 

La última empresa que mencionaremos en este reportaje es GTtronic, con sede de operaciones en Punto Fijo y Margarita, mediante la cual distribuyen Neveras y Aires Acondicionados a Venezuela, Panamá y Miami (EEUU). M3 Urbano Rio - Fuente: Instagram 

Hacen el trabajo sucio 

Los principales cabecillas de esta Organización saben cómo protegerse y mantener distancia del trabajo sucio, para ello hacen nexos con delincuentes de gran trayectoria que operan en su totalidad con la venia y la protección de importantes figuras políticas y policiales clave, a su vez, contratan a las personas correctas para que sus operaciones de contrabando se ejecuten sin problemas. 

Los principales cabecillas de la Organización encargados de la recepción y distribución de los estupefacientes son criminales con una larga trayectoria delictiva, el principal es Johnny Alexander Silva Rodriguez alias Yostin, Jostin, Yosmel o Yostin la Asunción, quien es señalado por ser el autor intelectual del homicidio de Teófilo Cazorla Rodríguez, alias conejo y su hermano Wilfredo Antonio Cazorla. Por estos hechos fue detenido Eddy José Silva, alias panqueca, quien es miembro de la banda del Yostin. A partir de la muerte de estos hermanos el Yostin se convierte en el pran más poderoso de margarita, llegando a controlar todos los movimientos de los delincuentes de la isla. Yostin Pran Margarita 

Otros integrantes importantes del grupo son identificados como alias Marquito Guamache y Vicmar, quienes tripulan las lanchas rápidas cargadas de drogas. Vicmar fue protagonista en la Masacre de San Juan de las Galdonas; la historia comienza con una de las bandas criminales de la zona comandada por alias Malony que robó una embarcación de Vicmar, cargada con millones de dólares en efectivo obtenidos de las ganancias en la venta de cocaína, luego de este robo se realizó un operativo simultáneamente en San Juan de Unare, Cerro El Humo y San Juan de las Galdonas, donde dieron de baja a Malony y a su banda. 

A pesar de que el grupo tiene totalmente bajo control lo necesario en los puertos para cargar contenedores que van a Europa y el Caribe, así como cargar vuelos ilegales que van y vienen, la mayoría de las drogas cruzan el Caribe en lanchas rápidas.

 La principal ruta utilizada por las lanchas de la droga es a través de un grupo de islas a lo largo del Archipiélago del Caribe. Venezuela se encuentra a 834 kilómetros de Trinidad y Tobago, con varias islas cercanas hasta llegar a Cuba, como Granada, Martinica y San Cristóbal y Nieves. Luego se alcanzan Islas más Grandes, comenzando con Puerto Rico y La Española, hogar de la República Dominicana y Haití, terminando con Jamaica y luego Cuba, la isla más grande del Caribe. Generalmente envían primero un barco pesquero señuelo, que les indica los peligros que observan a su alrededor. La detección de estas lanchas en el Caribe no es fácil; las lanchas suelen navegar a alta velocidad al anochecer, cuando sale el sol están cubiertas por una lona azul verdosa apenas visible, y continúan su viaje al caer la noche. Al acercarse a las diferentes islas, se encuentran con contrabandistas locales en el mar que transbordan su carga. La mayor parte de la tripulación de Venezuela regresa al continente sudamericano y se repite el proceso

El saqueo de Venezuela y el triple juego de un colaborador de la DEA: Martín Rodil

Por: Marcos García Rey

Fuente: Moncola

La malla de colaboradores en el saqueo de los recursos de Venezuela es mayúscula. Entre ellos, hay funcionarios públicos y empresarios venezolanos, pero otros perfiles también ayudan a urdir esa trama para lucrarse con los miles de millones sustraídos: abogados, banqueros, blanqueadores de capital, testaferros o colaboradores de cuerpos policiales y de inteligencia en múltiples países, España incluida.

Un informe escrito en 2018 por auditores públicos de Venezuela valoró en 400.000 millones de dólares lo expoliado al tesoro del país caribeño desde el comienzo del chavismo en 1999.

Un experto del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos estimó el expolio en 20.000 millones de dólares anuales. El perito envió su trabajo a un tribunal de Florida que ha juzgado y aún investiga a ex altos funcionarios de Venezuela.

Entre la maraña de personajes investigados, encarcelados, fugados o que disfrutan de exilios de oro, en los últimos tiempos ha emergido la figura de Martín Rodil, un ciudadano israelí de origen venezolano y residente en Estados Unidos. El Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid lo investiga por ser el presunto “sujeto central” de una organización criminal que habría extorsionado a venezolanos multimillonarios.

Los Fiscalía Anticorrupción dictó un auto de prisión contra él el pasado 24 de octubre por no haberse presentado a declarar un par de semanas antes. Pero Rodil sigue viajando internacionalmente evitando suelo español.

Una investigación iniciada por el semanario portugués Expresso, coordinada por el International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) y en la que ha colaborado Moncloa.com revela nuevos hallazgos sobre los movimientos millonarios de capital tras esa red de extorsión, su presunto líder y sus conexiones con servicios de seguridad e inteligencia internacionales.

Rodil ha ejercido una triple misión profesional durante años enraizada en su oposición al chavismo: primero, como colaborador de instituciones de EEUU ─el Departamento de Justicia o la agencia de lucha contra el narcotráfico DEA─; en segundo lugar, como cruzado contra la corrupción en Venezuela; y, finalmente, como presunto extorsionador de exmandatarios del país caribeño que se lucraron por la malversación de fondos de la estatal petrolera PDVSA.

Así lo demuestran documentos policiales y judiciales, registros de sociedades y bancos, contrastados todos ellos con un amplio abanico de fuentes humanas.

Martín Rodil se presenta a sí mismo como un experto reconocido en asuntos geopolíticos de América Latina, blanqueo de capitales y en la economía del terrorismo. Nacido en Barquisimeto (centro de Venezuela) en 1974, completó sus estudios en Ciencias Políticas en la Universidad Fermín Toro de su ciudad de origen y en 2000 se trasladó a Washington.

Allí fundó Inter American Solutions, una firma de consultoría que da servicio a instituciones gubernamentales e internacionales, a empresas e individuos. En su perfil de LinkedIn, indica que es “un incansable defensor del pueblo venezolano” y en sitio web de su empresa ─hoy inoperativa─ aseguraba que “gracias a sus esfuerzos, varios venezolanos en situación de peligro en su patria fueron capaces de escapar seguros”.

El ‘mediador’ acaudalado: 18 millones entre 2015 y 2017

Lo que subyace de esas últimas palabras es que Rodil ayudó a realizar “extracciones” ─como se conoce en el argot de los servicios policiales y de inteligencia─ de altos mandatarios del chavismo que voluntariamente abandonaron su país, en muchas ocasiones tras haber contribuido al expolio de PDVSA.

Rodil se erigió en una figura clave que medió para que esos ex altos cargos venezolanos colaboraran con la justicia de EEUU y denunciaran las malas prácticas de malversación, blanqueo de capitales y narcotráfico del Gobierno de Caracas a cambio de llegar a acuerdos que rebajaran su pena.

Lo hizo en connivencia con la DEA y otras agencias de seguridad e inteligencia y con fiscales clave en el enjuiciamiento de la corrupción chavista.

En el sumario de la causa que investiga el Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid, se lee cómo sólo Nervis Villalobos, viceministro de Energía Eléctrica entre 2002 y 2006 y hoy residente en España, pagó a Rodil más seis millones de euros entre abril de 2016 y junio de 2017, transferencias que se encuadran dentro de la supuesta trama de extorsión.

Fuentes de la defensa legal de Villalobos indican que unos siete millones de euros fueron fruto del chantaje.

Un análisis propio de las transferencias registradas en el sumario eleva a 7.830.375 euros esa cantidad traspasada desde sociedades controladas por Villalobos a las siguientes compañías en favor de Rodil para el mismo periodo: Mercazz LLC (EEUU), Erasmus Haven Management Consultant (Países Bajos) y Cygov Tech Ltd. (Israel).

La documentación obtenida en exclusiva por el semanario Expresso para esta investigación procedente de los archivos de un financiero portugués llamado Hugo Góis, que gestionó millones para Villalobos y más venezolanos en multitud de jurisdicciones, muestra cómo sólo entre 2015 y 2017 el exviceministro de Energía habría transferido 18 millones de euros a Rodil a las tres mercantiles citadas y a su cuenta en la sociedad escocesa Glenfield Corporation LP.

Villalobos afronta procedimientos judiciales en la Audiencia Nacional, Venezuela y Estados Unidos por presuntamente haber obtenido beneficios ilícitos durante sus mandatos públicos en el sector energético de su país.

Este venezolano tuvo y tiene decenas de millones en una urdimbre de mercantiles instrumentales y cuentas bancarias en multitud de países, entre otros: Suiza, Reino Unido, Panamá, Belice, Estados Unidos o Mauricio.

Martín Rodil y Hugo Góis guardaron silencio ante las reiteradas solicitudes de entrevista y los cuestionarios enviados por los reporteros de esta investigación. Villalobos tampoco aceptó ser entrevistado.

Existe una sombra de duda sobre si todo el dinero recibido por Rodil lo tiene a él como único beneficiario o si sirvió asimismo para sufragar actividades de la DEA y otros organismos estadounidenses.

Roger Noriega, subsecretario de Estado en Exteriores durante la presidencia de George W. Bush y socio de Rodil en recientes negocios de consultoría, dijo a ICIJ que no tiene suficiente información sobre los pagos de Villalobos y otros para dar una explicación precisa, pero señaló que confía en que los desembolsos a Rodil se efectuaran en el marco de una operación oficial de EEUU.

Ahondemos en esa afirmación de Noriega y la triple actividad de Martín Rodil.

Colaborador de agencias de seguridad e inteligencia

En los últimos, Martín Rodil visitó muchas veces España. De acuerdo con diversas fuentes consultadas, cuando se reunía con mandos policiales él se presentaba como colaborador de la DEA. En sus reuniones profesionales en nuestro país y otros lugares, según diversas fuentes consultadas, él ha alardeado a menudo de tener colaborar no sólo con la DEA, sino también con la CIA, el FBI y servicios de inteligencia internacionales.

En octubre pasado, un alto mando de la DEA envió una declaración escrita para que fuera adjuntada a la causa que se investiga en el 29 de Madrid y respaldar a Martín Rodil. Robert Zachariasiewicz sirvió en la DEA 22 años, sobre todo, en grandes operaciones internacionales, según afirma. Ahora ejerce como abogado.

Asegura que conoce a Rodil desde hace diez años y que trabajó con él. Señala en su escrito que “debido a reservas éticas, laborales y de seguridad” no le está permitido hablar sobre la mayor parte de su trabajo en la DEA. Sin embargo, señala que es sabedor de que Rodil ayudó a personas para “trasladarlas fuera de Venezuela y otros lugares hostiles” y que esas mudanzas comportan gastos logísticos.

Añade Zachariasiewicz que “nunca observó ni tuvo motivos para sospechar de irregularidades” en las actividades profesionales de Rodil. El exagente e la DEA declinó hablar con los reporteros. La DEA no contestó tampoco.

En 2016, Bloomberg publicó un largo perfil de Rodil ─que él destaca en su cuenta de LinkedIn─ en el que se informaba, ya por entonces, de que Rodil había ayudado a sacar de su país a más de dos docenas de compatriotas para llevarlos a EEUU. El reportaje indica que, además, comenzó a colaborar con Israel en 2007, cuando advirtió de vínculos entre el Gobierno de Chávez, Irán y Hezbollah.

Justo un año antes, Mahmud Ahmadineyad y Hugo Chávez habían comenzado a tejer una alianza estratégica contra el ‘imperialismo’ de Estados Unidos.

Precisamente en 2007, la DEA puso en marcha el ‘Proyecto Cassandra’ para combatir lo que la Administración Bush entendía como actividades ilícitas (narcotráfico, armas, blanqueo de capitales) en América Latina, África y Oriente Medio propiciadas por el chavismo, Hezbollah, Teherán y sus aliados.

Una investigación de Político refirió que la DEA acumuló pruebas de que Hezbollah recaudaba 1.000 millones de dólares anuales por esa alianza y que inició una serie de operaciones que incluían actividades encubiertas y la contratación de informantes y colaboradores con la ayuda de diversas agencias de EEUU y de otros países. En 2015, Barack Obama clausuró Cassandra una vez que llegó a un acuerdo nuclear con Irán.

Es en ese contexto es en el que Martín Rodil acumuló misiones en el ‘Proyecto Cassandra’, principalmente en América Latina y Oriente Medio, incluido Israel.

Ganada la animadversión del chavismo y debido a sus múltiples viajes internacionales, llegó un momento en que no le quedaba espacio en las hojas de su pasaporte para más sellos. Esto le causaba problemas en los controles fronterizos, pero las autoridades venezolanas no accedían a renovárselo.

Así, en 2016, solicitó el pasaporte israelí. No es judío de origen ni practicante, sino católico. Sin embargo, gracias a su cooperación con Israel obtuvo la ciudadanía de ese país. Una fuente policial señala que la obtuvo por sus servicios al país “al igual que muchos jugadores de baloncesto estadounidenses no judíos la consiguen cuando juegan unos años para Maccabi Tel Aviv”. Rodil visita frecuentemente Israel, donde tiene diversos negocios.

Copia de parte del pasaporte israelí de Martín Rodil

Un «cruzado» contra la corrupción del chavismo

Diosdado Cabello, uno de los prohombres del chavismo y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, señaló a Rodil entre los “traidores a la patria”.

En abril de 2016, en su programa televisivo ‘Con el mazo dando’, Cabello dijo que Rodil tenía una “oficina de extorsión a los venezolanos ‘bolsas’ que se roban los reales aquí y después no hallan como legalizar sus reales, y les dice allá en Estados Unidos: dame tanto y yo te arreglo tu problema, le das tanto al gobierno norteamericano y tú quedas sano. Así han arreglado sus problemas muchos”.

Desde 2020, Cabello es investigado en Estados Unidos por narcotráfico junto a Nicolás Maduro. La fiscalía del juzgado del Distrito Sur de Nueva York ofreció diez millones de dólares a quien ofreciera pistas para arrestarlos y juzgarlos.

El expolio de la gallina de los huevos de oro de Venezuela, PDVSA, es difícil de perseguir policial y judicialmente. A ello se suman los escollos de combatir también otras actividades ilegales en las que incurrió el chavismo como el narcotráfico.

Derek Maltz, durante nueve años y hasta 2014 jefe de la División de Operaciones Especiales de la DEA, afirmó a este diario no conocer a Rodil, pero indica que en el ‘Proyecto Cassandra’ tuvieron que recurrir a “muchos contratados e informantes de muchos países” para combatir el narcotráfico originado en Venezuela y que llegaba a Estados Unidos o a Europa, a esta última a través de países del África Occidental.

Rodil se unió profesionalmente a esa misión. Su amigo y socio Roger Noriega, en conversación con ICIJ, lo calificó como un “cruzado eficiente contra la corrupción” y aseveró que sus remuneraciones siempre “se realizaron en un contexto donde Martín cooperaba en actividades cuidadosamente fiscalizadas” por las autoridades estadounidenses.

“Martín es probablemente una de las personas más eficientes que existen en términos de recopilación de información y reclutamiento de testigos que se han prestado para acusar a venezolanos corruptos”, sentenció Noriega.

«Sujeto central» de una trama de extorsión a millonarios

Las presuntas víctimas del chantaje de Martín Rodil no comparten la tesis de Noriega. Tampoco lo hacen los informes de la UDEF y de la Fiscalía Anticorrupción que conforman el sumario ─aún en fase de investigación─ del Juzgado de Instrucción 29.

La documentación judicial se refiere a Rodil como “el sujeto central de la trama” que extorsionaba a ciudadanos venezolanos vinculados a operaciones de blanqueo de capitales con el fin de ofrecerles servicios de protección o condiciones privilegiadas y librarles de posibles investigaciones en España y otros países; “todo ello a cambio de las correspondientes comisiones”.

El entramado encabezado por el consultor venezolano en España lo habrían conformado otras 12 personas que están siendo investigadas. Entre ellas, se cuentan tres funcionarios de diferentes cuerpos policiales, varios blanqueadores de capitales y un exmilitar israelí.

“Rodil es un extorsionador muy bueno y sutil: te causa la enfermedad para luego curarte”, explica Javier Alvarado Ochoa, quien ocupó entre 2004 y 2013 altos cargos en el sector energético de Venezuela y fue una de las presuntas víctimas del chantaje y parte de la acusación en el 29 de Madrid.

Alvarado Ochoa fue viceministro de Desarrollo Eléctrico y miembro de la junta directiva de PDVSA. Al igual que Villalobos, está siendo investigado en la Audiencia Nacional y en un tribunal de Texas por colaborar en el saqueo de la estatal petrolera.

Muestra a este medio documentación que destapa cómo él habría colaborado con la Embajada de EEUU en Caracas desde 2010. Ejerció como garganta profunda en favor del Departamento de Estado con el fin de denunciar la corrupción que vio dentro de PDVSA mientras era miembro de su junta directiva.

Alvarado Ochoa describe a este diario que la supuesta extorsión tuvo dos fases diferenciadas. Una primera en Estados Unidos entre 2013 y 2016, cuando se reunió varias veces con Rodil, quien le decía: “Tienes problemas aquí y varios fiscales te están esperando para investigarte, déjame ayudarte”.

A cambio de ese servicio, Rodil le solicitó dos millones de dólares, pero él sólo abonó algo más de un millón de euros en 2015. Si bien, alega que nunca le proporcionó ningún servicio útil.

Alvarado Ochoa sostiene que Rodil presumía de conocer a gente influyente que podía echarle un cable con sus problemas, como el aludido Roger Noriega, pero también fiscales, políticos, abogados influyentes y agentes de la DEA.

Una segunda parte de la supuesta extorsión se habría producido en Madrid, toda vez que se trasladó a la capital a vivir en 2016.

Rodil lo llamó y le sugirió que tenían un equipo de confianza en España para ayudarle con sus problemas en la Audiencia Nacional y con las investigaciones policiales en curso contra él. Cuando se negó a pagar más dinero, lo amenazó con influir para quitarle la nacionalidad española que había conseguido en 2017, según la versión de Alvarado.

Otro de los presuntos extorsionados por el grupo de Rodil habría sido Carlos Aguilera, uno de los militares de confianza de Chávez. Llegó a ser su secretario personal y jefe de los servicios secretos en 2002. Aguilera no se prestó a una entrevista para este reportaje, pero Moncloa.com tuvo acceso a su declaración por videollamada ante la juez titular del 29 de Madrid y los fiscales el pasado 6 de octubre.

Aguilera ratificó lo que ya había dicho a la policía: “Esta trama se dedicaba a generar problemas para posteriormente ofrecerse a solucionarlos cobrando por ello”.

Al igual que Alvarado Ochoa, Aguilera recalcó que el supuesto chantaje tuvo lugar en dos fases diferenciadas: una primera en el extranjero y otra posterior en España.

El exmilitar venezolano relata que se reunió a comienzos de 2015 en la isla caribeña de San Martín con Rodil y Ran Benhamu, un consultor israelí colaborador del lobista. Se ofrecieron a ayudarle con sus problemas en España y le advirtieron de que sabían dónde estaba su dinero.

Unas semanas después lo citaron en República Dominicana y a la reunión ─según relató─ acudieron también dos abogados estadounidenses, dos agentes de la DEA y Alberto Galán, ‘Avi’, un exmilitar israelí. Insistieron en solucionar sus problemas en Estados Unidos y España.

Más adelante, también en 2015 y ya en Madrid, tuvo reuniones en el hotel Villamagna con abogados y ‘Avi’. Viva voz y mediante emails, el supuesto equipo de Rodil en España ─contó Aguilera─, “me decían que iban a poner cierre a todos los procesos judiciales contra mí. Eliminar el peligro de acciones penales y administrativas que hubieran podido surgir, y evitar que me tenga que presentar en la Audiencia Nacional”.

Según Aguilera, por los servicios llegó a pagar a la trama un total de medio millón de euros y 130.000 dólares.

Aguilera concluyó: “Yo sentí una extorsión desde el principio cuando hablé con el señor Martín Rodil y con el señor Ran Benhamu porque me hablaron de darme solución a mi problema y que el coste iba a ser de dos millones de euros”. Añadió: “En ningún momento hubo maltrato ni amenaza [de Avi], es una persona que estaba prestando un servicio ordenado por éste [Rodil]”.

En breve, ¿quiénes son Ran Benhamu y Alberto Galán?

Benhamu es un israelí, nacido en 1967 y casado con una venezolana, y que se ha dedicado profesionalmente a ser consultor principalmente en países de Latinoamérica. En el análisis de la documentación de Hugo Góis, que los medios de esta investigación periodística consiguieron en exclusiva, se valora en 9,8 millones de euros el dinero recibido por Benhamu, procedente mayoritariamente de Villalobos entre 2015 y 2017.

Se desconoce el motivo de esas transacciones. Benhamu no respondió a las preguntas formuladas por este diario.

Por su lado, Alberto Galán, ‘Avi’, es un exmilitar israelí y consultor en materia de seguridad de 57 años. Tiene la doble nacionalidad española e israelí. Los documentos judiciales de la causa del 29 de Madrid afirman que “constituía la cabeza visible en España de la organización dirigida” por Rodil.

Galán aseguró a Moncloa.com que él no ha incurrido ni en prácticas de extorsión ni en amenazas y que no ha recibido dinero alguno de los perjudicados. Añadió: “Nada tengo que ver con los pagos recibidos por Rodil reflejados en la causa”.

El número de multimillonarios venezolanos supuestamente chantajeados por la organización de Rodil se desconoce aún mientras la investigación sigue en marcha.

También queda por dilucidar si gran parte del dinero llegado a las manos de Rodil y Benhamu era exclusivamente para su lucro personal o para otros fines.

En la declaración de Alejandro Andrade ante el tribunal de Miami de noviembre pasado señaló que una vez que aceptó marcharse de Venezuela en 2013 y colaborar con la justicia de EEUU, la coordinación de sus estatus la llevaron Martín Rodil y Raúl Gorrín, un empresario venezolano y uno de los presuntos testaferros de Nicolás Maduro.

Andrade fue una persona de confianza de Hugo Chávez. Llegó a ser el presidente de la Oficina de la Tesorería de la Nación entre 2007 y 2010. El extesorero nacional testificó en Miami que dio dinero a Rodil para que negociara con la DEA y que le consiguiera un visado y cooperara con esa agencia para permanecer en Estados Unidos.

El tribunal juzgaba a la pareja Claudia Patricia Díaz, enfermera personal de Chávez y también antigua jefa de la tesorería nacional, y a Adrián Velásquez, jefe de seguridad del dirigente bolivariano, ambos extraditados desde España. A mediados de diciembre fueron condenados por blanqueo de capitales y en febrero próximo conocerán su pena.

La Fiscalía Anticorrupción investiga si Díaz y Velásquez ─junto a otros exfuncionarios del Gobierno venezolano─ fueron también extorsionados por la supuesta organización criminal que Rodil extendiera a España con la colaboración de abogados, funcionarios policiales, blanqueadores de capitales, testaferros y expertos en seguridad de nuestro país.

En 2018, Andrade fue sentenciado por un tribunal de Florida a diez años de prisión tras declararse culpable de blanqueo de capitales en una red de sobornos de más de 1.000 millones de dólares mientras ejercía como tesorero nacional. Su colaboración le valió una reducción de condena y desde febrero de 2022 está en libertad.

Lo importante sobre el asunto declarado por Andrade en sede judicial fue lo siguiente: “¿Cuál fue la razón por la que logré beneficios de la DEA? Porque Raúl Gorrín financió una operación, una transacción para traer testigos a Estados Unidos”.

Entretanto, voces desde EEUU dudan sobre las razones del encausamiento de Rodil en España y señalan a nuestro país como un refugio seguro para corruptos venezolanos.

Debra LaPrevotte, exagente del FBI que se especializó en casos de corrupción, dijo al ICIJ que las acusaciones de extorsión parecen extrañas porque Rodil no trabajaba directamente para Estados Unidos y, por lo tanto, tendría poca capacidad para influir en los casos. “Esto no me suena a extorsión”, indicó. LaPrevotte añadió que los pagos a un contratista pueden formar parte de una operación del gobierno estadounidense.

Noriega, amigo Rodil, sostiene que los exfuncionarios venezolanos acusadores simplemente intentan desacreditar las acusaciones de Estados Unidos contra ellos. “Estos tipos son delincuentes”, dijo Noriega. “Todavía estoy en una etapa de la vida en la que doy más veracidad a lo que dice el Departamento de Justicia de Estados Unidos que en lo que dice un delincuente internacional prófugo en España”.

El financiero portugués que transfirió millones a Rodil

Hacia 2014, Hugo Góis tuvo la relativa fortuna de comenzar a relacionarse con multimillonarios que hicieron fortuna al calor de la malversación del chavismo. Este hecho le hizo rico porque le confiaron poderes para la gestión de parte de su capital a cambio de suculentas comisiones. Es la recompensa por ocultar, blanquear e invertir dinero de dudoso origen, como el de Nervis Villalobos.

Un informe reciente de los bienes de Góis conseguido por el semanario Expresso detalla cómo creció su patrimonio como la espuma y cómo se dio a la vida lujosa este hombre de 43 años. Coches de alta gama (Bentley, Porsche, Mercedes), un yate, colecciones de plumas y relojes de lujo o una casa de diseño en Oporto donde reside desde 2020 son algunos ejemplos descritos en el informe.

Su vida de vino y rosas comenzó a avinagrarse cuando sus clientes venezolanos comenzaron a ser encausados y condenados en diversos países. Como informó El Confidencial, a comienzos de 2018, Góis empezó a tener miedo y contrató a un prestigioso abogado penalista, Cristóbal Martell. Le recomendó que colaborase con la Fiscalía Anticorrupción.

Razones para su inquietud no le faltaban: le investigaban por colaborar en el expolio de los recursos públicos de Venezuela blanqueando el dinero en diversos países, entre otros, España, Portugal y Estados Unidos. En el escrito de acusación contra él de un tribunal de Miami se le calificaba de “blanqueador de capitales profesional”.

Dicho y hecho. Una de sus primeras medidas ─un tanto curiosa─ fue escribir en marzo de 2018 una notificación a tres de los grandes blanqueadores de capitales de chavistas por la que comunicaba sus dudas “sobre el origen y trazabilidad de los fondos” que le habían confiado y, por tanto, se veía obligado a suspender la relaciones.

Los destinatarios eran el argentino Luis Fernando Vuteff, el suizo Ralph Steinmann y el venezolano José Vicente Amparán, todos ellos encausados en EEUU y España.

La Fiscalía Anticorrupción dictó en octubre pasado un auto de prisión de los incomparecientes Rodil, Steinmann, Vuteff y Amparán

Hugo Góis compareció en la Fiscalía Anticorrupción en abril de 2018 y desde entonces no ha dejado de entregar documentación de las sociedades y las cuentas bancarias de diversos exmandatarios del chavismo con la esperanza de conseguir reducciones de pena. Es investigado en la macrocausa de PDVSA que instruye la Audiencia Nacional.

No obstante, fuentes del Ministerio Público aseguran que Góis no ha entregado aún ni la quinta parte de la documentación que atesora y que podría ser útil para avanzar más rápido y mejor en las causas abiertas en el 29 de Madrid y la Audiencia Nacional.

Mientras Góis colabora con la justicia, Martín Rodil aún no se ha presentado a declarar en la Fiscalía Anticorrupción ni ante la magistrada que instruye la causa de la extorsión. Después de meses de notificaciones, hasta el pasado 15 de diciembre no se personó su abogado en la causa. Una parte de la biografía futura de este colaborador de la DEA se juega en el juzgado 29 de Madrid y aún está por escribir.

Integrante del régimen venezolano señalado por corrupción echa raíces en la Florida

POR: ANTONIO MARIA DELGADO Y CARLOS CRESPO 

Fuente: Nuevo Herald

La empresa estatal venezolana Corpovex ha sido identificada por las autoridades estadounidenses como una plataforma utilizada por operadores de esquemas de corrupción. 

Corpovex Para el momento en que Venezuela comenzó a quedarse sin papel higiénico, los funcionarios gubernamentales que los investigadores luego dirían que se beneficiaron más de la escasez ya ocupaban los puestos clave dentro del régimen de Nicolás Maduro para ganar millones, según muestran los documentos de una investigación de la policía venezolana. 

La crisis, en la que el papel higiénico llegó a tener más valor que algunos de los billetes que circulaban en la atribulada economía, es utilizada ocasionalmente por analistas para explicar cómo el país con las mayores reservas de petróleo del mundo llegó a tener uno de los niveles de vida más bajos de América Latina. 

Es una ilustración más del impacto aplastante de las políticas mal concebidas que en Venezuela llevaron a la quiebra de una gran mayoría de los productores locales de bienes de consumo. Pero al mismo tiempo deja entrever las oportunidades de corrupción que el desorden económico brindaba a funcionarios inescrupulosos, quienes operaban redes que acarrearon la pérdida de miles de millones de dólares para las arcas del Estado y que en ocasiones mantenían vínculos con el sur de la Florida. 

Una investigación policial que fue detenida después de que la evidencia comenzara a apuntar hacia funcionarios gubernamentales de alto rango descubrió que empresas de maletín registradas en Venezuela y Estados Unidos fueron utilizadas para obtener contratos ilegales por un total de $125 millones para importar papel higiénico en una orden ejecutiva de emergencia emitida por Maduro en el 2014 para tratar de hacer frente a la escasez. 

Según documentos obtenidos por el Miami Herald, la investigación concluyó que el contrato fue adjudicado a empresas de maletín controladas en secreto por altos funcionarios de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior, CORPOVEX, una empresa estatal que centralizaba la mayor parte de las importaciones del país. 

¿Listo para triunfar en los Estados Unidos? 

En el centro de la investigación estaba el director ejecutivo de la organización, Jorge Amilcar González Vásquez, un oficial de la Fuerza Aérea venezolana con buenas conexiones convertido en empresario que ahora vive en Miami. 

González Vásquez, quien no respondió a las solicitudes del Herald para hablar sobre el tema, es uno de cientos de funcionarios venezolanos y miembros de las fuerzas armadas que después de ayudar a construir la llamada Revolución Bolivariana de Venezuela, terminaron mudándose, invirtiendo o abriendo negocios en Florida, un bastión de los exiliados venezolanos que se vieron obligados a abandonar el país sudamericano para escapar de la persecución y las terribles condiciones económicas provocadas por el régimen. 

Datos obtenidos por el sitio de investigación venezolano Armando.info y el Miami Herald muestran que hay al menos 232 militares venezolanos o miembros del Ministerio de Defensa del país que han abierto empresas en Florida. También hay más de 700 empresas cuyos propietarios o directores son, o fueron en algún momento, funcionarios de rango medio o alto en el régimen socialista de Caracas. 

El ex funcionario venezolano tiene amplias raíces en la Florida. 

Registros de propiedad muestran que González Vásquez y su esposa son dueños de una casa de cuatro habitaciones y 4,400 pies cuadrados en Doral, actualmente valorada en alrededor de $875,000, según Zillow.com. Su nombre también aparece en varias empresas registradas en Florida, incluidas Exports Express LLC; Universe Logistics LLC, Risetop LLC y Vertu Style LLC. Pero fueron otras tres empresas que no estaban registradas bajo su nombre las que estuvieron en el centro de la investigación policial venezolana. Dos de ellas eran sociedades de maletín registradas en Venezuela — Inversiones Villaber 2007 y Representaciones Felther — y una tercera, Sunflower Extra LLC, registrada en Delaware. 

El expediente del caso obtenido por el Herald decía que estas empresas fantasmas no solo no estaban calificadas para realizar una operación de la escala requerida, sino que los contratos se adjudicaron arbitrariamente sin seguir el proceso regular de licitación. 

Venezuela terminó importando papel higiénico y artículos de tocador a precios inflados, concluyó la investigación, pero el mayor beneficio para los presuntos integrantes de la confabulación fueron los dólares utilizados en la operación, los cuales fueron adquiridos al tipo de cambio oficial de 6.3 bolívares por dólar, mucho mas favorable que la tasa de 75 bolívares en que el dólar era cotizado en el mercado libre. 

“De acuerdo con la información obtenida, se puede apreciar que se está en presencia de una organización bien conformada de empresas de maletín, cuyo modus operandi es bastante conocido, y dado que dichas empresas se encuentran suspendidas del Sistema RNC (Registro Nacional de Compañías), se podría tratar de una nueva estafa a la Nación, lo que acarrearía implicaciones negativas en la economía venezolana dado su alto nivel de inestabilidad”, señala uno de los informes presentados.

 “Muy respetuosamente se recomienda que… se inicie apertura de investigación administrativa al ciudadano MG [Mayor General] Giuseppe Yoffreda Yorio, presidente de CORPOVEX S.A, [que] se inicie apertura de investigación administrativa al ciudadano Alejandro Fleming Cabrera, presidente de CENCOEX, [y que] se inicie apertura de investigación administrativa al ciudadano Jorge Amilcar González Vásquez, Director Ejecutivo de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior, S.A., CORPOVEX”, declara el documento. 

Yoffreda Yorio no respondió a los correos electrónicos enviados por Armando.info pidiéndo sus comentarios y Cabrera no pudo ser contactado para que se pronunciara. Giuseppe Yoffreda Yorio, ex presidente de CORPOVEX S.A Corpovex Corpovex fue creado en 2014 con el objetivo de centralizar las importaciones estatales y la asignación de divisas, reemplazando a la desprestigiada y casi inoperante Comisión de Administración de Cambios. Ese año Yoffreda fue nombrado presidente y González Vásquez como director ejecutivo de la entidad estatal. Sin embargo, la nueva entidad pronto se vio involucrada en los mismos escándalos de corrupción que plagaron a su predecesora y, en septiembre de 2017, la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una alerta advirtiendo que Corpovex era una de varias entidades venezolanas utilizadas en operaciones de corrupción. 

“Los miembros del régimen y sus aliados dirigen contratos gubernamentales a sus empresas asociadas para importar bienes y obtienen la aprobación de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (CORPOVEX) para que empresas domiciliadas en el extranjero, a menudo empresas ficticias, participen en la actividad de importación. Tanto los importadores como los funcionarios del gobierno receptor suelen desviar una parte de la mercancía al mercado negro, donde las ganancias son mayores”, informó la unidad del Departamento del Tesoro en el 2017.

 La disparidad entre el tipo de cambio oficial y el de flotación libre también significaba que cualquier dólar adicional proveniente de precios inflados o costos ocultos podría venderse fácilmente en el mercado negro para ganar millones adicionales. Los esquemas de corrupción que rodearon los controles cambiarios venezolanos durante una década están en el centro de una serie de juicios por lavado de dinero que son llevados a cabo en el sur de Florida y que generaron cientos de millones de dólares en pérdidas para el pueblo venezolano. 

El exministro de Planificación del régimen, Jorge Giordani, advirtió poco después de salir de cargo que las pérdidas provocadas por esquemas de corrupción vinculados al control cambiario superaron los $20,000 millones, pero la aparición posterior de otros esquemas sugieren que las pérdidas reales han sido mucho mayor. 

La corrupción desenfrenada y la destrucción del sector privado venezolano —causada por el estricto sistema de cambio de divisas y la introducción de controles de precios que obligaron a las empresas a vender por debajo del costo de producción— a menudo han sido responsabilizado por el colapso económico de la nación, que vio la economía contraerse en más del 80% durante la última década. 

El colapso económico propició lo que se ha sido llamado la mayor crisis humanitaria en la historia de América Latina, que sumada a la violencia y persecución asociadas al régimen obligó a más de una cuarta parte de la población, casi siete millones de personas, a abandonar el país.

González Vásquez ocupó varios puestos importantes dentro del gobierno venezolano y era considerado un miembro en ascenso de la facción liderada por el expresidente del Congreso Diosdado Cabello, quien hasta hace muy poco era considerado como el segundo hombre más poderoso dentro del régimen. 

La participación de González Vásquez se remonta a 2006, cuando fue puesto a cargo de la oficina principal de las aduanas en Maracaibo, la segunda ciudad más grande de Venezuela, antes de ser designado para otros altos cargos. Su papel activo dentro del régimen que rutinariamente condena a Estados Unidos no le impidió decidir comprar una casa en el sur de la Florida, adquiriendo la residencia Doral en 2012 por $435,000. Su huella comercial en el sur de Florida también comenzó en esa época. 

Un “Jorge A. González Vásquez” figura como director de la sociedad GSI Exports Express LLC, constituida en Florida en febrero de 2011 y disuelta en septiembre de 2014, cuya sede de operaciones coincide con el domicilio de Doral. Las otras empresas siguieron, la mayoría de ellas sugiriendo participación en el negocio de comercio exterior. 

Si bien no se sabe exactamente cuándo finalmente se mudó a Florida después de dejar su mandato dentro del régimen, pronto comenzó a establecer un largo historial en los tribunales de tránsito. Los registros muestran que ha acumulado seis multas de tránsito que suman más de $1,000 y que en un caso involucraron pasarse un semáforo en rojo.

Prohibido Olvidar: Capturan en El Tigre a Moises Gonzàlez acusado de colaborar con Hezbollah

Por: Susana Quijada

Fuente: El Vistazo

Fecha Original de publicación  1 de octubre, 2016

Este jueves en las instalaciones de un reconocido hotel de la ciudad de El Tigre, resultó detenido un sujeto requerido por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), acusado de legitimación de capitales y colaborar con la red terrorista Hezbollah. Fuentes policiales informaron que se trata de Moisés González alias Arthur Osborne, quien al parecer estuvo hospedado...

Este jueves en las instalaciones de un reconocido hotel de la ciudad de El Tigre, resultó detenido un sujeto requerido por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), acusado de legitimación de capitales y colaborar con la red terrorista Hezbollah.

Fuentes policiales informaron que se trata de Moisés González alias Arthur Osborne, quien al parecer estuvo hospedado en dos prestigiosos hoteles del municipio Simón Rodríguez, durante varios meses.

Supuestamente utilizaba un pasaporte diplomático falsificado de la República Bolivariana de Venezuela y de la República de Bulgaria.

Una fuente policial informó que González fue acusado en el año 2011 y 2013 por legitimación de capitales y además se le acusa de colaborar en la Red terrorista de Hezbollah. También se le señala por falsificación de documentos bancarios y efectuar transacciones financieras fraudulentas

Alerta: Moisés González, alias «Arthur Osborn», reaparece en Venezuela a cargo de una aparente compañía de Florida que ofrece fibra óptica

Por: Eunice Olmo | Opinión

Fuente: Expresa Venezuela

Moisés González, alias «Arthur Osborn», reaparece en Venezuela a cargo de una aparente compañía de Florida que ofrece fibra óptica, tras ser acusado de nexos con organizaciones terroristas

Un ciudadano de nombre Moisés González, de 48 años de edad, opera actualmente en Venezuela, en la ciudad de El Tigre, estado Anzoátegui, a través de una compañía que se hace llamar «QUANTUM XFINITY NETWORKS«, misma que asegura ser socia o filial de «XFINITY NETWORKS LLC» de Florida.

QUANTUM XFINITY NETWORKS LLC es una firma creada en Florida apenas el 22 de marzo de 2022. La firma aparece a nombre de otra sociedad de nombre LIBERTY COMPASS LLC. Tanto QUANTUM como LIBERTY están registradas en la misma dirección que su agente registrador CONSULTING SERVICES OF SOUTH FLORIDA INC. La dirección es: 2121 PONCE DE LEON BLVD, STE 1050, CORAL GABLES, FL 33134. En LIBERTY COMPASS LLC aparecen como miembros autorizados los ciudadanos: Antonio García y Mariano A. Paradeda.

La mentada empresa venezolana QUANTUM XFINITY NETWORKS (QXN) está siendo señalada en Venezuela de estafar a los usuarios, al vender paquetes para la instalación de fibra óptica, sin disponer siquiera de la fibra. En Venezuela ofrecen extrañamente precios mucho más bajos que otras compañías similares.

QUANTUM XFINITY NETWORKS se toma para sí el nombre y la tipografía de XFINITY, propiedad de COMCAST CORPORATION, el mayor proveedor de acceso a internet por cable en Estados Unidos.

Automóvil de la auténtica XFINITY, COMCAST CORPORATION, en los Estados Unidos

Además de construir mansiones en Venezuela, en la ciudad de Lechería, Moisés González ha comprado villas a nombre de esa empresa, mientras opera en combinación con una ciudadana llamada Mariana. Sin embargo, González reside en la ciudad de El Tigre, en la Urbanización Los Ríos.

Pero Moisés González oculta su verdadera identidad, al firmar y hacerse llamar con el nombre de Arthur Osborn. Con ese nombre ha engañado a muchos empleados y a otras personas, a quienes prácticamente les ha «lavado el cerebro» con diferentes mentiras.

Nadie sabe de dónde ha obtenido tanto dinero, por lo menos no de manera lícita, y cómo ha podido comprar varias casas lujosas en la Urbanización Las Villas de Lechería.

Aunque es venezolano, González asegura ser extranjero y miembro de una familia real. Entre otras mentiras, promete convertir a la empresa que opera en Venezuela en el mayor proveedor de internet de Latinoamérica.

Pero Moisés González tiene historia. Alias Arthur Osborn, nació el 28 de septiembre de 1974, en Tucacas, municipio Silva del estado Falcón. Al menos hasta 2015 aparecía registrado en el Consejo Nacional Electoral (CNE), votando en Yaritagua, municipio Peña del estado Yaracuy. González portaba un pasaporte diplomático falsificado de la República Bolivariana de Venezuela y de la República de Bulgaria a nombre de Arturo Moisés González Osborn.

En 2015 González fue acusado de colaborar en la RED terrorista de Hezbollah, dirigida en Venezuela por la familia Nasr Al Din. La cabeza visible de esa red es Ghazi Nasr al Din.

En medios de comunicación se ha dicho que González ha estado involucrado en actividades de blanqueo de capitales, aprovechando sus contactos con Ghazi, Oday y Abdallah Nasr Al Din.

La red de los Nasr Al Din contaría con contactos dentro de la cúpula gobernante en Venezuela. Según algunos medios, esto le ha permitido, a través de empresas fantasmas o de maletín, desfalcar las finanzas públicas de Venezuela en beneficio propio y del grupo terrorista.

En adición, González ha desarrollado actividades de falsificación de documentos bancarios y esquemas para efectuar sofisticadas transacciones fraudulentas financieras interbancarias.

González fue acusado en el año 2011 y 2013 por legitimación de capitales y está solicitado por Interpol.

En 2015 se aseguraba que González podía estar residiendo en el Estado Nueva Esparta – Isla de Margarita – Venezuela, dónde en varias oportunidades se ha reportado la presencia de miembros del grupo Hezbollah y de los Nasr Al Din. Un mensaje el mismo año señalaba»: «Si usted tiene cualquier información relacionada con este caso, sírvase llamar a las líneas telefónicas de denuncia gratuita del FBI. 1-800-225-5324 o ponerse en contacto con la oficina local del FBI o la embajada o consulado de los Estados Unidos más cercano. Usted también puede enviar información al sitio web del FBI al visitar Tips.fbi.gov – www.fbi.gov».

Ha trascendido que González ha intentado efectuar fuertes inversiones en esa Isla e incluso adquirir hoteles y diversas propiedades inmobiliarias.

En el año 2016, Moisés González permanecía hospedado en las instalaciones de un hotel de la ciudad de El Tigre, mientras se encontraba requerido por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), tras ser acusado de legitimación de capitales y de colaborar con la red terrorista Hezbollah.

Fuentes policiales señalaron que el sujeto se identificaba con el alias de Arthur Osborn, mientras estuvo hospedado en Venezuela en dos hoteles del municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, durante varios meses.

Supuestamente utilizaba un pasaporte diplomático falsificado de la República Bolivariana de Venezuela y de la República de Bulgaria. Desde 2014 se sabía que González tenía también un pasaporte de Albania, igualmente falsificado, bajo el nombre de Arthur Osborn.

Una fuente policial informó que González fue acusado en el año 2011 y 2013 por legitimación de capitales y además se le acusa de colaborar en la Red terrorista de Hezbollah. También se le señaló por falsificación de documentos bancarios y efectuar transacciones financieras fraudulentas.

Pero Moisés González está nuevamente libre y ahora con nuevos engaños.

Es obligación de las agencias federales de la ley en Estados Unidos investigar qué relación existe entre Moisés González y la empresa QUANTUM XFINITY NETWORKS LLC en Florida, y si la existiera, están también en el deber de determinar cómo es que alguien acusado de relaciones con grupos terroristas puede estar vinculado a una empresa en Estados Unidos.