Inteligencia israelí frustra el comercio secreto de oro de Hezbolá en Sudamérica

Fuente: Noticias de Israel

En mayo, decenas de kilos de oro fueron introducidos de contrabando en un vuelo de la compañía iraní Mahan Air, sujeta a sanciones estadounidenses, desde Venezuela a Teherán.

Una orden firmada recientemente por el ministro de Defensa, Yoav Gallant, indica que existe una operación de contrabando de oro entre Irán y Venezuela que está financiando la actividad terrorista de Hezbolá.

Se reveló que, en mayo, docenas de kilogramos de oro fueron contrabandeados en un vuelo iraní de Mahan Air, que está sujeto a sanciones estadounidenses, de Venezuela a Teherán. Los fondos del oro de contrabando se transfirieron a Hezbolá.

Esta red de contrabando fue descubierta durante un esfuerzo conjunto de la Oficina Nacional de Lucha contra la Financiación del Terrorismo de Israel (NBCTF) y el Ministerio de Defensa, junto con la Policía de Israel y la Autoridad Fiscal.

Badr Ad-Din Naimi Musawi

Un actor clave en esta operación fue Badr Ad-Din Naimi Musawi, un hombre de negocios iraní que se dedica al comercio en todo el mundo. Dirigió una operación secreta dentro de la Fuerza Quds iraní, comprando oro en Venezuela y utilizando sus conexiones empresariales y políticas para encubrir su financiación ilícita. Era responsable del contrabando del oro de Venezuela a Irán y de su venta con beneficios para financiar a Hezbolá.

Según fuentes de seguridad, altos cargos de Hezbolá sujetos a sanciones estadounidenses por su participación en actividades terroristas también están implicados en esta trama de comercio de oro. Entre ellos se encuentran Ali Kasir, representante del Ministerio de Asuntos Económicos de Hezbolá en Teherán, así como Mohammad Kasir, jefe de la unidad logística de Hezbolá que se ocupaba de la transferencia de fondos una vez que el oro se había convertido en efectivo.

Musawi incluso formó parte de una delegación de la Fuerza Quds que viajó a Venezuela junto con el director general de Mahan Air, Hamid Evranjad, como parte de un esfuerzo de Irán por estrechar lazos en Sudamérica y, en última instancia, utilizarlos para reforzar su propia actividad terrorista.

Exclusivo: Narcotraficante Vicmar Marín estaría detrás de la masacre de El Morro en Carúpano

"La información que se maneja entre quienes vivimos aquí es que fueron sicarios a los que les ordenaron matar a algunos de los que estaban celebrando en ese centro hípico. Sabían bien por quién iban. Pero también, murió una juez de La Guaira que es madre de un efectivo policial del estado Anzoátegui. Estaban todos en esa fiesta, pero la muerte de la jueza la están tapando para que no salga a la luz pública", asegura una fuente

Por El Cooperante

La madrugada de este martes de Carnaval, la población de El Morro, municipio Arismendi en el estado Sucre, se tiñó de sangre, cuando un grupo de hombres encapuchados, vestidos de negro y fuertemente armados, llegaron para sembrar el terror en un centro hípico de la zona y a punta de balazos, acabaron con la vida de al menos 5 personas. Fuentes locales revelaron a esta redacción que el móvil tiene que ver con el control del narcotráfico y precisaron que el narcotraficante Vicmar Marín habría ordenado el ataque armado desde la cárcel. Fue detenido hace un mes.

En medio de la desesperación, los habitantes pedían auxilio en una zona donde no hay patrullas policiales ni unidades de ambulancia. En el sitio, quedaron los cuerpos de al menos cuatro personas y tres heridos que fueron llevados a centros de salud cercanos. Se desconoce su estado de salud, hasta el momento, detalló El Tiempo, medio digital del oriente del país.

Horas después, la Alcaldía del municipio Arismendi -oficialista- emitió un comunicado para lamentar el suceso.

"La Alcaldía Bolivariana del municipio Arismendi, se une al duelo que embarga a familiares, amigos y colectividad de la parroquia El Morro por los lamentables hechos acaecidos la madrugada de hoy martes 21 de febrero", suscribe el texto.

Fueron suspendidas las actividades Carnestolendas en la parroquia Río Caribe y El Morro. "Nos solidarizamos con las instituciones, hacedores de fantasías y comunidad organizada por todo el esfuerzo que realizaron".

El alcalde José Guerra, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, no ofreció detalle alguno sobre la investigación o las víctimas.

Vicmar Marín y el control por el narcotráfico

El Cooperante contactó este miércoles a habitantes de la comunidad, quienes detallaron, bajo condición de anonimato, que todo se trató de un ajuste de cuentas ligado al narcotráfico. Y su principal responsable sería "la gente de Vicmar Marín".

"En la madruga del martes en un establecimiento de fiesta en El Morro ingresaron hombres fuertemente armados. Primero, dispararon a un transformador dejando sin luz a la comunidad e ingresaron al centro hípico, disparando contra las personas que se encontraban festejando en el lugar. Se habla de cinco personas muertas y varios heridos", expresó la fuente vía telefónica. "Hasta el momento se sabe que unos entraron por mar en bote y otros por tierra en un carro. Pero nadie sabe la marca o el color".

"La información que se maneja entre quienes vivimos aquí es que fueron sicarios a los que les ordenaron matar a algunos de los que estaban celebrando en ese centro hípico. Sabían bien por quién iban. Pero también, murió una juez de La Guaira que es madre de un efectivo policial del estado Anzoátegui. Estaban todos en esa fiesta, pero la muerte de la jueza la están tapando para que no salga a la luz pública", aseguró.

La fuente destacó que alias "Gabo" sería el hombre al que estaban buscando los sicarios.

"Vicmar Marín está detrás de esto. Los asesinos iban por el Gabo y la juez. En los medios de comunicación está circulando la foto de una muchacha que tiene cabello color amarillo, pero ella no estaba en la tasca. Murió esa misma noche pero de cáncer. Todo lo hacen para tapar la verdad de lo que pasó".

Vicmar Marín fue detenido por efectivos de la Dirección de Contrainteligencia Militar, el mes pasado. Se encontraba junto al inspector jefe del Cicpc, José Mujica. Marín estaba solicitado por el tribunal 21 de control de Caracas.

"A Vicmar lo agarraron preso hace unas semanas, es conocido por ser el jefe máximo de la mafia en El Morro. Gabo ocupó su lugar y por eso, lo mandaron a matar. Hubo tantos muertos porque la gente del Gabo respondió al ataque, pero él no está muerto, logró escapar y resguardarse".

A su juicio, la culpa la tiene la Alcaldía, ya que otorgó permiso para que se hicieran fiestas cuando en El Morro no hay patrullas policiales, motos ni ambulancias.

"El alcalde es quien sale peor parado porque pagó unas carnavales sin pedir seguridad, es un grave error".

Sucre: tierra del narcotráfico

Durante años, el estado Sucre ha sido territorio controlado por bandas que se dedican al narcotráfico. Pero también a otras actividades ilícitas como la trata de personas y la migración ilegal.

De acuerdo a cifras de la Superintendencia Nacional Antidrogas, durante 2021 se incautaron en Sucre 49 387, 922 Kg de drogas, en 4 914 procedimientos, una cifra récord de incautación para los últimos 11 años en el territorio nacional, por lo cual la entidad ocupa el tercer lugar en materia de decomisos de este tipo de sustancias.

Según reportes policiales, alias “Malony” fue dado de baja el 8 de noviembre de 202. Gilberto Malony Hernández, era conocido por el remoquete “El Picurito”, en San Juan de Unare y las costas de la Península de Paria, estado Sucre.

Desde septiembre de 2020, Malony controlaba unos 70 hombres, y se hacía de las actividades ilícitas de la zona. Sin embargo, el periodista de sucesos Javier Mayorca aclaró diversas informaciones sobre el operativo donde actuaron 500 efectivos de la GNB, Cicpc y el FAES (Fuerza de Acciones Especiales).

"Malony estaba posicionado en San Juan de las Galdonas, en esa zona operan al menos seis bandas más y Malony no era el más grande de los delincuentes, esto es muy interesante porque hemos analizado que Malony se comió la luz o pisó un cayo que no debía", declaró a la periodista Anaisa Rodríguez en entrevista concedida a este portal. "Por eso le tiraron toda la caballería, pese a que las bandas más grandes están hacia los lados de Guiria y no en San Juan de las Galdonas donde hay una playa muy hermosa, pero es una población abandonada de todo, no tiene servicios públicos, es un pueblo muy pequeño donde lo que hay es un párroco y algunos consejos comunales, ni siquiera hay policía".

En palabras de Mayorca, Malony estaba asolando esa zona, pero todo el estado Sucre está igual debido al control que ejercen las diferentes bandas sobre la población.

"Malony se metió contra un interés más poderoso y por eso le enviaron 500 hombres del FAES, Cicpc y GNB. Este tipo de operación es muy rara en el estado Sucre porque las fuerzas de seguridad del gobierno nunca habían desarrollado una operación de tal magnitud", recalcó.

El 20 de julio de 2014, el alcalde opositor del municipio Arismendi, Enrique Franceschi, fue encontrado muerto en su casa.

“De acuerdo con información preliminar, el cuerpo sin vida de Franceschi fue hallado en horas de la mañana de este domingo 20 de julio con múltiples heridas causadas con arma blanca, dentro de su vivienda ubicada en Río Caribe”, detalló un comunicado del Ministerio Público, que informó que dos fiscales investigarán el hecho con ayuda de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC).

Según el diario El Nacional, un grupo de sujetos ingresó a la residencia del alcalde –quien militaba en el partido Acción Democrática y era abogado– y lo apuñalaron. Si bien no existe un móvil claro para la policía, aparentemente los hombres ingresaron al lugar con el objetivo de llevarse objetos de valor. Sin embargo, estas presunciones no fueron confirmadas por los agentes que se encontraban investigando en la casa del político.

Cárteles de la droga, un monstruo de mil cabezas

De acuerdo con expertos, el narcotráfico es un fenómeno complejo cuyas redes se han entrelazado a lo largo de América Latina

Fuente: SUN

El narcotráfico afecta a toda América Latina. EFE/ ARCHIVO

Cada vez que, en los últimos 35 años, un capo del narcotráfico de América Latina y el Caribe pereció abatido a balazos por la policía o por sus enemigos mafiosos, cayó preso, viajó extraditado a Estados Unidos, recibió una condena a prisión o murió por causas naturales, la rueda de la guerra por la sucesión giró para desatar un reacomodo de las fuerzas locales, regionales, nacionales e internacionales del narcotráfico.

Tras el fallo de culpabilidad por narcoactividad que el jurado de una corte de Nueva York emitió este martes contra Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública de México de 2006 a 2012, las redes latinoamericanas y caribeñas del narcotráfico internacional seguirán funcionando con la misma normalidad que las caracterizó desde que, en junio de 1971, EU lanzó la hoy cuestionada guerra mundial contra las drogas. Un caso extremo evidenció que persistieron las mortales reglas mafiosas y que, con los cabecillas fuera de circulación, se reestructuraron: la extradición a EU, en abril de 2022, del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (2014-2022), por su presunto involucramiento en el tráfico ilícito de estupefacientes desde 2004 al mercado estadounidense.

Acusado de asociarse con el Cártel de Sinaloa, una de las más poderosas narcomafias mexicanas, Hernández se convirtió en 2022 en el primer expresidente de América Latina y el Caribe extraditado por narcotráfico desde 1971. Sin embargo, Honduras tampoco dejó de ser un estratégico trampolín en la ruta del incesante tráfico de cocaína de Colombia y Venezuela a México y EU. El escenario parecería calzar con la vieja máxima de… a rey muerto, rey puesto. "No es que haya un repuesto después de cada rey muerto o detenido. Hay muchos duques y duquesas que surgen de la caída de un liderazgo abatido [por la policía] o procesado judicialmente", aclaró el economista colombiano Jorge Restrepo, director del (no estatal) Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, de Bogotá.

"Como en cualquier actividad económica que genera rentas, legales o ilegales, hay una muy fuerte tendencia a la concentración precisamente por esas rentas y es lo que termina generando cárteles y estrategias de cartelización", dijo Restrepo . "En el crimen organizado, como las rentas ilegales son tan grandes, la tendencia a concentrar y formar cárteles es mayor. Por eso hay tanta violencia. Las disputas por esas rentas no se pueden resolver sino a través de la violencia. El movimiento a concentrar supone más violencia", subrayó. Al aducir que "acabar con el liderazgo de las organizaciones no resuelve el problema de base", explicó que, en la batalla por sustituir a los capos, "nunca va a haber competencia perfecta y ausencia de violencia, pero se reduce la capacidad de acumulación de rentas para generar capacidad de violencia".

Recalcó que "la lucha contra el crimen organizado genera mucho daño y violencia. No es la solución perfecta, pero dejar de luchar contra el crimen organizado porque no se resuelve el problema del narcotráfico es incorrecto. Sí ha habido avances. No es una lucha pírrica, para nada".

Triunfos

El historial de proclamas de victorias sobre el narcotráfico es abundante. Pablo Escobar Gaviria (1949-1993) y Gonzalo Rodríguez Gacha (1947-1989), líderes del Cártel de Medellín —el más poderoso y temible de Colombia en los últimos 25 años del siglo XX—, murieron en choques a balazos con la policía de su país. Los hermanos Gilberto (1939-2022) y Miguel Rodríguez Orejuela, del Cártel de Cali —otro de los más fuertes de Colombia en el siglo XX—, fueron extraditados de su país a EU en la década de 2000, al igual que su compatriota Fabio Ochoa, miembro de la mafia de Medellín.

Los narcotraficantes mexicanos Joaquín El Chapo Guzmán y Jesús El Rey Zambada, del Cártel de Sinaloa, fueron extraditados en este siglo a EU. La cúpula del Cártel de Guadalajara, que se asoció a los de Medellín y Cali y fue el más fuerte de México de 1978 a 1989, está en prisión, como los narcotraficantes mexicanos Miguel Ángel Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero, o estuvo, como Ernesto Fonseca. Los tres cárteles dejaron de existir, pero la droga siguió fluyendo del sur al norte de América y el narcotráfico creció sin control.

La Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD) informó en junio de 2022 que la producción mundial de cocaína subió de mil 723 toneladas en 2019 a mil 982 toneladas en 2020. No hay datos actualizados. "Cuando matan a los capos, ya tienen relevo", narró el abogado Gustavo Mata, ministro de Seguridad Pública de Costa Rica de 2015 a 2018. "Si los detienen, ya tienen relevo. Este problema no lo vamos a poder parar si no se toman medidas claras y contundentes principalmente con los países consumidores, que fijan la demanda y la oferta de la droga", advirtió Mata a este diario.

Un hombre se declara culpable en EEUU de intento de apoyo material al Estado Islámico

Fuente: EFE

(Oficina del Sheriff del Condado de Pinellas)

Un ciudadano estadounidense que juró lealtad al grupo extremista Estado Islámico (EI) y exploró “ubicaciones potenciales” en el área de Tampa Bay, en la costa oeste de Florida (EE.UU.), para realizar un atentado, se declaró culpable de intentar proporcionar apoyo material al EI, anunció la Fiscalía.

Muhammed Momtaz Al-Azhari, de 26 años, se declaró culpable de intentar brindar apoyo material o recursos a una organización terrorista extranjera EI, dijo este viernes en un comunicado la Fiscalía del Distrito Medio de Florida.

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Alrededor de abril de 2020, Al-Azhari comenzó a planificar un ataque en apoyo del EI, por lo que paralelamente comenzó a adquirir múltiples armas de fuego, detalló el ente fiscal.

También, añade, investigó y exploró ubicaciones potenciales en el área de Tampa Bay.

Al menos desde mayo de 2019, Al-Azhari “consumió” propaganda del EI y habló favorablemente de la organización terrorista, a la que finalmente “prometió su lealtad a través de una bay’ah (un juramento islámico de lealtad)“, añade el comunicado.

Según la Fiscalía, el FBI grabó varias conversaciones entre Al-Azhari y fuentes encubiertas en las que habló sobre vengar a los combatientes del EI encarcelados y usar la violencia para oponerse a las acciones militares estadounidenses en el Medio Oriente.

Al-Azhari es un ciudadano estadounidense que “pasó la mayor parte de su vida en el extranjero y llegó a adoptar creencias dogmáticas islamistas/salafistas”, describe el comunicado.

El joven pasó aproximadamente tres años bajo custodia de Arabia Saudita, y luego fue trasladado a los Estados Unidos.

A su llegada al país norteamericano, alrededor de diciembre de 2018, el FBI comenzó a investigarlo por brindar apoyo material potencial al EI.

Entre las acciones que realizó con agentes encubiertos del FBI, solicitó a uno que le consiguiera una pistola Glock y un silenciador, mientras intentó convertir al Islam a otro.

Los agentes lo arrestaron cuando tomó posesión del arma y el silenciador el 24 de mayo de 2020, informa la Fiscalía.

Ese mismo año fue acusado de planear ataques terroristas en Estados Unidos y adquirir un arsenal de armas.

Al declararse culpable, se acordó la imposición de una sentencia de 18 años de cárcel en una prisión federal.

Las 10 organizaciones criminales más poderosas de Venezuela

INFORME INSIGHT CRIME

Por: Redacción Internacional

Fuente: El Nuevo Siglo

NOMBRES intimidantes que refuerzan a diario con su crueldad, armados hasta los dientes, el control de lucrativos negocios ilegales, la imposición de una gobernanza criminal que parece ‘intocable’ y hasta connivencia con el Estado ‘dispararon’ el crecimiento de las organizaciones criminales en Venezuela.

Dos ‘trenes’, igual número de ‘sindicatos’, ‘bandas’ y personalizados (Yeico Masacre, ‘Carlos Capa) están el top ten de los grupos criminales más poderosos que operan en el vecino país, donde sigue inamovible el colombiano Eln, según una investigación revelada este jueves por InSight Crime, en la que destaca que gracias a la corrupción de ese régimen estas organizaciones operan a lo largo y ancho del país.

Así, luego de tres años de investigaciones centradas en entrevistas y trabajo de campo en esta fundación dedicada al estudio de las amenazas para la seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe, hizo esta clasificación de las más poderosas estructuras criminales de Venezuela, su vasto y lucrativo portafolio (narcotráfico, minería ilegal, secuestro, extorsión, control carcelario, ciberdelincuencia, entre otros), dónde operan sus ‘’leyes’ y cómo su crecimiento se ha acelerado en la última década.

1. ELN. Desde años atrás, esa guerrilla traspasó la frontera colombiana y aprovechando la afinidad ideológica con la revolución bolivariana implantada por el desaparecido Hugo Chávez y mantenida por Nicolás Maduro, encontró en ese país inicialmente refugio y luego, un extenso campo para su accionar político y criminal. Señala este informe que ese grupo que “ha actuado como ejército paramilitar en respaldo del gobierno chavista” es el más grande de Venezuela con más de mil combatientes que hacen presencia en 40 municipios de ocho estados. También que no menos de dos de los cinco integrantes del comando central, Coce, “están radicados en Venezuela, junto con tres de los ocho Frentes de Guerra semiautónomos que conforman su ejército insurgente”. Agrega que “controla economías criminales extendidas y muy lucrativas” y que el narcotráfico, la minería ilegal y el trasiego del contrabando “son los más rentables”. En otro acápite indica que “la principal ventaja del Eln radica en sus nexos con el Estado venezolano”, llegando “hasta lo más alto”, que han cooptado gobiernos locales y ha entablado nexos económicos y militares cercanos con las fuerzas de seguridad.

2. El Tren de Aragua. Su nombre, al igual que “Los Maracuchos” comenzó a sonar con fuerza hace más de un año en Colombia al ser sindicados de crímenes atroces en varias ciudades del país, entre ellos el desmembramiento de varias personas que embolsadas fueron abandonadas en diversas partes. Nacida décadas atrás en una cárcel de Tocorón –cuyo control mantiene- creció, consolidó y expandió rápidamente convirtiéndose en un imperio criminal que, gracias al éxodo de venezolanos, opera actualmente en Colombia, Bolivia, Perú y Chile. Según la investigación “es una sofisticada estructura conformada por numerosas células y redes coordinadas por un grupo central que dirige Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias "Niño Guerrero". Tras las rejas de Tocorón, en el barrio vecino San Vicente y en general en todo Aragua “coordinan redes de extorsión, secuestro, robo, microtráfico e incluso ciberdelincuencia”, reseña el informe. Sostiene, así mismo, que si bien posee armamento de grueso calibre y no tiene límites en su violento accionar “le falta adiestramiento militar y experiencia” de otros grupos como ‘el Eln o las exFarc Mafia”.

3. Frente Acacio Medina. Integrando por desertores de las Farc, desde 2016 centró sus operaciones ilegales en el sureste de Venezuela. El informe subraya que ese grupo “ha usado el control de los corredores transfronterizos o trochas y de territorios aislados en la región amazónica para construir un lucrativo emporio criminal basado en la minería ilegal de oro y el control de los corredores de narcotráfico…En las regiones que controla, ha establecido sofisticadas formas de gobernanza criminal, imponiéndose como autoridad de facto y forjado relaciones estrechas con fuerzas de seguridad locales y, según se dice, con actores políticos estatales”. Destaca que si “puede seguir manejando relaciones con el Estado venezolano y evitando roces con el Eln, entonces tiene el camino despejado para afianzar su dominio sobre uno de los feudos criminales más rentables de Venezuela”.

4. El Sindicato de Las Claritas. Una de las mafias mineras más antiguas que estableció su feudo en el corazón de la región minera de Bolívar, específicamente en el sector de las Claritas y el Kilómetro 88 donde regula la vida social y económica. “También se lo conoce con los alias de sus líderes, Juan Gabriel Rivas Núñez, alias “Juancho”, y Yohan José Romero, alias “Johan Petrica” …sus enormes ganancias se derivan del control y de impuestos sobre cada eslabón de la cadena de suministro de oro, desde la extracción hasta la venta”, señala Insight Crime, al tiempo que dice que ese grupo criminal ha entablado con otros que operan en la zona “pactos de no agresión”.

5. Fuerzas Bolivarianas de Liberación o “Boliches”. Guerrilla venezolana nacida en los años 80’s ha centrado su accionar en defender la revolución bolivariana. “Su fortaleza radica en su unión de las armas y la política. Por medio de su brazo político, la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora (CRBZ), el grupo se ha asegurado importantes posiciones en el gobierno, desde alcaldías municipales hasta diputados de la Asamblea Nacional. El trabajo político del grupo ha ayudado a su brazo armado a combinar la gobernanza política y criminal y a asegurarse el control de las actividades criminales a nivel local, a la par que establece alianzas políticas poderosas a nivel nacional”, indica el informe.

6. Organización R (OR). El control de las actividades de minería ilegal centra la operación de este ‘sindicato’ que opera en el municipio Sifontes y su pueblo Tumeremo. “Su gobernanza criminal junto al uso de la violencia y su capacidad militar, le ha permitido mantener su control territorial, enfrentándose tanto a las fuerzas de seguridad como a las bandas rivales en sus esfuerzos por tomar el control de más minas”, sostiene esta investigación que a la vez destaca que “si se viera forzada (ese grupo) a salir de la región minera quedaría muy debilitado y no podría mantener sus operaciones” y que ello es posible los operativos que desde el año anterior realiza el gobierno Maduro contra ese grupo. “Queda por ver si el ejército logrará mantener el control de Tumeremo o si la OR regresa cuando ceda la presión”.

7. “Carlos Capa”. Este es el alias de su fundador, Deiber Johan González, que es una de “las bandas más depredadoras que operan en la región de Valles del Tuy, en el estado Miranda, en el centro-norte del país”, indica InSight Crime. Destaca que “la clave de su ascenso puede hallarse en la manera como ha ejercido control social sobre las comunidades locales, en especial en las zonas montañosas aisladas, donde la banda ha montado campamentos rurales. Allí, sus miembros pueden replegarse en caso de operativos de seguridad, sabiendo que la comunidad local -sea por temor o dependencia- los protegerá”. El grupo que según este informe “ha demostrado ser resiliente a los operativos, ahora está en la mira del Estado venezolano” y cita como ejemplo el operativo para capturar a su líder el pasado septiembre. Sus ingresos –agrega- provienen en gran medida de delitos depredadores realizados individualmente por sus miembros.

8. El Tren de Guayana. “Banda fuertemente armada y en extremo violenta, con importante capacidad militar. Tiene más de una década de experiencia criminal bajo un liderazgo estable en su mayor parte, tiempo en el cual ha operado con relativa impunidad gracias a sus presuntas relaciones con fuerzas de seguridad y políticos locales”. Así lo describe este informe que agrega que evolucionó de banda urbana dedicada a la extorsión a un grupo que controla el territorio y minas de oro en los municipios de Roscio y El Callao, ricos en ese mineral. A finales del año anterior fue blanco del Estado venezolano que logró varias capturas y decomisos.

9. “Wilexis”. Esta organización liderada por Wilexis Acevedo, lleva una década abriéndose paso hacia la cúspide de la jerarquía criminal en Petare, el extenso y empobrecido distrito en las afueras de Caracas. “Aunque su predominio se debe al uso de la violencia contra bandas rivales, la clave de su larga vida ha sido el control social y el sistema de gobernanza criminal que ejerce, por los cuales se ha integrado a la cotidianidad de los residentes, entregando productos básicos, regulando la vida social y actuando como contrapeso al abuso de la policía que opera en la zona”, lo que acompasa con sus actividades criminales, explica el informe. Fuertemente armada, pero sin entrenamiento, este ‘ejército” criminal de jóvenes está cohesionado en torno a su único líder.

10. Yeiko Masacre. Es una de las bandas más antiguas y peligrosas del estado de Zulia, fronterizo con Colombia. “Al mando de Erick Alberto Parra Mendoza, alias “Yeico Masacre”, se beneficia de una cohesión que raya en el culto a la personalidad. Sus miembros se identifican como el Grupo Armado Yeico Masacre (GAYM) y ha acrecentado su poder por ejercer violencia extrema y hacer alarde de ésta para intimidar a sus víctimas de extorsión y a sus rivales”, manifiesta la investigación. Al igual que el anteriormente mencionado, su cohesión gira en torno a su líder, “por lo que ante una eventual muerte puede fragmentarse o desintegrarse”. Se cree que “Yeico” se oculta en Colombia.

El informe completo en: / https://es.insightcrime.org

Gobernadores mexicanos, narcos y jerarcas chavistas ficharon a una firma española de desinformación para lavar su imagen en la red

POR: JOAQUÍN GIL y JOSÉ MARÍA IRUJO

Fuente: El Pais

Eliminalia emplea noticias falsas, webs clonadas y bots para engañar a Google, según una investigación de Forbidden Stories y EL PAÍS, que revela por primera vez la relación de clientes de la compañía

El secreto del éxito de Dídac SánchezEl sindicalista Pedro Haces Barba, el exgobernador Javier Duarte y el empresario ligado al régimen venezolano Joaquín Leal.Foto: CUARTOSCURO / RR SS

La empresa española Eliminalia ha ingresado en la última década millones de euros por limpiar la reputación en Internet de centenares de condenados e investigados en 54 países por corrupción, blanqueo, abusos sexuales y narcotráfico. Así lo ha acreditado una investigación de la organización de periodistas Forbidden Stories, donde participa EL PAÍS con más de una veintena de medios como The Washington Post, The Guardian, Le Monde, Der Spiegel y Haaretz. Y que revela las tretas de desinformación de esta compañía para aniquilar contenido digital. El empleo de webs falsas o el uso fraudulento de leyes para proteger la propiedad intelectual son sus armas principales.

Un centenar de reporteros ha analizado una filtración de 50.000 documentos que incluye contratos, pasaportes, contenidos a borrar y tarifas abonadas por cerca de 1.500 usuarios. La iniciativa se enmarca en el proyecto Story killers (exterminadores de reportajes, en inglés), que desgrana la industria de la desinformación.

La relación de clientes de Eliminalia en Latinoamérica contempla a más de 400 ciudadanos y empresas. México (159 usuarios), Colombia (73), Argentina (51) y Perú (32) encabezan la lista. Una nómina que abarca desde exgobernadores atenazados por la corrupción, como el priista mexicano de Veracruz Javier Duarte, a médicos con un tenebroso pasado vinculado a la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), el brazo represor de la dictadura del general chileno Augusto Pinochet (1973-1990), como Hernán Horacio Taricco Lavin. Hay también familiares de dirigentes chavistas sobornados presuntamente por la constructora brasileña Odebrecht, como María Eugenia Baptista Zacarías, esposa del exministro de Transporte y Obras Públicas de Venezuela Haiman El Troudi, y empresarios señalados por blanquear para el cartel mexicano de Los Zetas. Es el caso de Miguel Ángel Colorado Cessa.

Bajo estrictas cláusulas de confidencialidad, Eliminalia ha maniobrado para borrar las huellas digitales de una compañía italiana multada por vender sistemas de espionaje al régimen sirio (Area Spa) y un banco suizo que acogió las fortunas inconfesables de presuntos blanqueadores venezolanos (CBH Compagnie Bancaire Helvétique). Dos portales de periodismo de investigación, Maka Angola y The Elephant, se situaron también en la mirilla de esta empresa que esgrime el eslogan “borramos tu pasado”.

Las tarifas que desembolsan políticos, narcotraficantes, abusadores sexuales, delincuentes de cuello blanco y empresarios en apuros por evaporar su pasado digital oscilan entre los 500 dólares por una web ―según un contrato de 2018― a 427.584. La factura depende de los artículos a neutralizar y su complejidad.

Para conseguir su propósito, la firma recurre a distintas tácticas de desinformación. Una es el envío a buscadores y compañías de alojamiento web de peticiones que denuncian la falsa vulneración de derechos de autor. Entre 2015 y 2021, Eliminalia remitió miles de estos requerimientos fraudulentos con el argumento de que afectaban a información ya publicada. Y recurrió a sociedades pantalla para ocultar su rastro.

Otro plan para evaporar contenido no deseado consiste en engañar al algoritmo de buscadores como Google para que posicione mejor noticias creadas ad hoc por Eliminalia en webs falsas. Se trata de artículos que destacan supuestas bondades de los clientes y que entierran en internet la información a marginar.

Eliminalia recurre para este cometido a una telaraña de 600 webs que controla a través de su compañía de Florida (EE. UU.) Maidan Holding, según el analista técnico Tord Lundstrom. Decenas de portales fraudulentos con apariencia real como Le Monde France, London New Times, y CNNEWS Today han alojado noticias sobre clientes de la compañía.

Fundada en 2013 por Diego (Didac) Sánchez Jiménez, un treintañero que se presenta como emprendedor “hecho a sí mismo” y que es autor del libro “El secreto del éxito”, Eliminalia ha extendido su red por 12 países. Italia, Suiza, Turquía, EE. UU. conforman parte de un organigrama que tiene uno de sus cuarteles generales en Tbilisi (Georgia), donde la compañía trasladó su sede de Kiev en febrero de 2022 tras la invasión rusa de Ucrania.

Junto a Sánchez, el estratega del negocio es José María Hill Prados, de 62 años. Fundador de la organización de acogida de niños rusos Padres para Siempre, este empresario pasa por ser el cerebro de la expansión internacional. Los servicios de inteligencia españoles enmarcan la elección de Ucrania como epicentro de operaciones de Eliminalia hasta el pasado año en una finalidad económica. “Ucrania es un país donde los controles de lavado de dinero son casi inexistentes”, señalan.

A través de madejas societarias, el fundador de Eliminalia controla varias compañías con su socio Hill Prados, que fue condenado por la Audiencia de Barcelona a ocho años de prisión por abusar de un menor en 2005.

Sánchez y Hill Prados han declinado atender a los periodistas del consorcio. El despacho de abogados de París Montmartre, representado por los letrados David y Pascal Winter, señala que “la mayoría de las preguntas remitidas a Eliminalia afectan al secreto profesional o a una solicitud de información sobre clientes de la que no pueden responder”.

Con unos ingresos declarados en 2021 de 791.110 euros, frente a los 1,7 millones del año anterior, la sociedad con la que opera la compañía en España (Eliminalia 2013 S. L.) cambió el pasado 20 de enero su denominación. Justo cuando encaraba la recta final esta investigación periodística. Idata Protection S. L. es su nuevo nombre, según el registro mercantil.

En la silenciosa planta de un edificio de negocios de la vía comercial barcelonesa de la Avenida Portal de l’Àngel, un rótulo daba cuenta de esta modificación. “La empresa se llama Idata Protection, pero pertenecemos a Eliminalia”, explica a EL PAÍS una de las tres empleadas de la pequeña oficina. Otra trabajadora confirma por teléfono que la empresa se dedica ahora a la protección de datos y que Sánchez no se encuentra en Barcelona.

Estos son algunos de los clientes más relevantes de Eliminalia en Latinoamérica. Sus fichas incluyen las tarifas que abonaron y el contenido que quisieron aniquilar del ciberespacio.

Javier Duarte

El que fuera entre 2010 y 2016 gobernador de Veracruz -tercer Estado más poblado de México- cumple hoy una pena de nueve años de cárcel por lavado de dinero y asociación delictiva. Este priista, que fue arrestado en 2017 en Guatemala cuando planeaba fugarse, se declaró culpable de corrupción y alcanzó un pacto con la Procuraduría General de la República (PGR), que le atribuía el saqueo de 13 millones de dólares.

Eliminalia recibió el encargo de borrar decenas de informaciones en la red y vídeos de YouTube de Duarte, la mayoría publicados en 2020, en medios y portales como sinembargo.mx, publimetro.com o vanguardia.com.mx. La compañía española cobró por este trabajo 32.000 dólares de la firma Operación y Conservación de carreteras a través del empresario Jaime Antonio Porres Fernández Cavadas, quien ―según el diario El Universal― es amigo de Duarte e hizo negocios durante su mandato en Veracruz. Titulares como “Exhiben hotel y edificios de departamentos de Duarte en España” o “Duarte vendió casa en Estados Unidos a su tío por 10 dólares, según documentos”, figuraron en el radar de Eliminalia.

Pedro Miguel Haces Barba

Antiguo dirigente del PRI y amante de la tauromaquia, el secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) tocó a la puerta de la controvertida empresa española. Haces Barba contrató a Eliminalia por 110.000 ( su ficha no especifica la divisa) para que desaparecieran de la red 300 enlaces de noticias publicadas entre 2019 y 2020. Sus objetivos fueron artículos como “Senador Pedro Haces: fichado por robo y portación de armas” e informaciones que le acusaban de misógino tras asegurar presuntamente que las mujeres “debían de ser menos provocativas con su vestimenta”. El expriista también encargó a la firma española la desindexación de informaciones que le conectaban con el exgobernador de Veracruz Javier Duarte.

Hernán Horacio Taricco Lavin

Médico vinculado a la DINA, la temida policía política de la dictadura chilena de Augusto Pinochet. En 2020, fue procesado como encubridor por el homicidio en 1977 del cabo del Ejército y exfuncionario de la DINA Manuel Lyton, que fue envenenado con gas sarín. En 2013, la abogada Carmen Hertz, actual diputada, le nombró en una lista de médicos vinculados a la represión, informa Rocío Montes.

Taricco Lavin pagó en agosto de 2019 un total de 5.900 dólares a Eliminalia por desindexar entradas en blogs con titulares como “Médicos, pinochetistas y torturadores”, artículos en memoriaviva.com, que le calificaban de criminal, e informaciones que denunciaban la censura de un programa en la televisión chilena Canal 13 donde se abordaba su presunta conexión con la dictadura. “Héctor Taricco Lavin, parte de un largo historial de médicos torturadores” de Radio Villa Francia, fue una de las informaciones a evaporar.

Miguel Ángel Colorado Cessa

El que fuera candidato del Partido Acción Nacional (PAN) de México en las elecciones federales de 2009 fue señalado como presunto blanqueador de los Zetas por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). Y pagó 9.000 dólares a Eliminalia en 2018 por borrar o desindexar de la red 32 enlaces de noticias que le conectaban con el crimen organizado en medios como aristeguinoticias.com, sinembargo.mx o proceso.com.mx.

Seguritech

La empresa mexicana de cámaras de seguridad quiso aniquilar su mala reputación en la red. Una investigación de la revista Proceso reveló en 2018 presuntos fallos en sus dispositivos de vigilancia. La administración de Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de Ciudad de México entre 2012 y 2018, adjudicó a Seguritech un contrato de 125 millones de dólares para proveer 501.000 alarmas vecinales. Los dispositivos se adquirieron por encima del precio de mercado, según el semanario. La firma contrató a Eliminalia por 9.900 dólares para tratar de borrar decenas de artículos como “Seguritech: Servicios deficientes, ganancias millonarias”.

Majed Khalil Majzoub

Empresario próximo al chavismo con intereses en Venezuela, Estados Unidos y Panamá. De origen libanés, el Gobierno de Nicolás Maduro le adjudicó en 2020 la empresa Lácteos los Andes. La compañía había sido expropiada en 2008 por la administración de Hugo Chávez y llegó a formar parte del conglomerado estatal de PDVSA, según Armando.info. En 2004, EE. UU. retiró a este empresario la visa por sus presuntas actividades de blanqueo y conexiones con el radicalismo islámico, según el citado medio. Majed Khalil Majzoub contrató en abril de 2018 a Eliminalia para desindexar noticias en portales como cuentasclarasdigital.org.

Isaac Sultán

Empresario venezolano del comercio marítimo conectado al chavismo que administró los almacenes de Puerto Cabello. A través de un alambicado entramado societario, donde figura la firma luxemburguesa Fimis Holding, adquirió un céntrico edificio de súper lujo en Madrid en 2014 por 28,3 millones y un apartamento en Florida en 2016, según Armando.info. Contrató a Eliminalia en 2019 por 100.000 dólares para tratar de ocultar información.

María Eugenia Baptista Zacarías

Esposa de Haiman El Troudi, ministro de Transporte y Obras Públicas de Venezuela entre 2013 y 2015 y diputado por el Estado de Miranda hasta 2020. El Troudi cobró presuntamente 90 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht mediante una sofisticada pantalla de blanqueo ideada por el Grupo Espíritu Santo y donde figuró su mujer, según Los Papeles de Pandora. En 2013, después de que El Troudi asumiera la cartera ministerial, Baptista Zacarías adquirió por 1,5 millones un apartamento dúplex en el histórico barrio de Chiado de Lisboa, según Armando.info. Eliminalia cobró 30.000 (la factura no especifica la divisa) por tratar de desindexar decenas de informaciones críticas sobre la esposa del exministro que le conectaban con sobornos de Odebrecht en elpais.com, armando.info, reuters.com y aporrea.org.

Joaquín Leal

A sus 30 años, este emprendedor mexicano está considerado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos un cómplice en la red de intercambio de petróleo con Venezuela ideada por Alex Saab, supuesto testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro. El empresario fundó con otros dos socios Suministros Sustentables de Energía en México (Sumex), primera empresa privada autorizada para revender electricidad en México. Leal pagó en marzo de 2020 un total de 380 dólares a Eliminalia.

Diego Marynberg

Apodado Maradona, este empresario argentino israelí ha mantenido estrechos vínculos con polémicos magnates venezolanos. Su nombre salió a la luz pública en 2020 en los FinCEN Files, filtración de 2.100 reportes de actividades sospechosas de bancos enviada a la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (FinCEN, por sus siglas en inglés). Según armando.info, la revelación mostró que bancos y autoridades americanas seguían la pista a Marynberg por los movimientos de, al menos, dos empresas: el fondo Adar Latam y la financiera Mercantil Valores. Eliminalia cobró 17.200 (no especifica divisa) para desindexar una treintena de informaciones sobre Marynberg de portales como lanacion.com.ar, elfaro-israel.com o poderypolitica.com.ar.

Wissam Mohamad Nassar

Bajo el alias de William da Pioneer, este empresario libanés fue arrestado en 2021 en Foz de Yguazú (Brasil) por su presunta pertenencia a una red de corrupción infantil. Según el diario paraguayo ABC, pagaba por mantener relaciones sexuales con menores, influencers y youtubers. Mohamad Nassar abonó -al menos- 800 dólares a Eliminalia en octubre de 2020 para que se esfumaran de internet informaciones como “La industria de la explotación sexual infantil tiene un nuevo capítulo” publicada en portalcis.com.br.

James Shasha

Empresario del juego y hoteles residente en Argentina. Pilota la sociedad HCI SA y maneja en este país los casinos Panoramic, Café Central y los hoteles Iguazú Grand y Panoramic Grand, entre otros, según el diario Clarín. A través de L. J. Shasha, el empresario dio poderes en noviembre de 2018 a Eliminalia y pagó 1.500 dólares para tratar de eliminar o desindexar de la red una decena de noticias como “Allanaron casinos y hoteles en la Triple Frontera que estarían vinculados a la organización terroristas Hezbollah” publicada en diariodepocito.com.ar o “James Shasha, a distinguised philanthrope or a terrorist financier?” [James Shasha, ¿un distinguido filántropo o un terrorista financiero?”] en gfatf.org.

Ronald Oswaldo Caballero Cantero

Conocido como Careconi, fue un presunto narco que operó en Paraguay y que trabajó como secretario del capo Pedro Pablo Quevedo Medina, Peter Medina, considerado autor intelectual del atentado que sufrió en 2010 el entonces presidente del Congreso de Paraguay Robert Acevedo. Murió en 2017 con 39 años después de que su camioneta BMWX6 blanca se estrellara contra la pala de un tractor, según el diario paraguayo ABC. Careconi firmó en febrero de 2016 un apoderamiento a favor de Eliminalia para intentar que se evaporaran de la red informaciones como “Caen tres peligrosas personas” del paraguayo ABC.

Germán Trujillo Manrique

Empresario condenado por desviar fondos públicos colombianos del denominado Plan de Alimentación Escolar (PAE), un programa para nutrir en las escuelas a estudiantes. Una sentencia de un juzgado de Bucaramanga (Colombia) acreditó que con el dinero saqueado Trujillo Manrique se compró un apartamento, según El Tiempo. Trujillo Manrique contrató en marzo de 2017 a Eliminalia por 2.549 dólares para desindexar informaciones de eltiempo.com y diariodelhuila.com sobre “el cártel de los alimentos”.

Morris Harf

Fue ministro de Comercio de Colombia bajo la presidencia de Ernesto Samper (1994-1998). Contrató a la firma española en agosto de 2017 para “eliminar contenidos en Google” y 26 enlaces. No hay información sobre el contenido de sus artículos a borrar.

Silvana Relats

Exgerente de un hotel propiedad de los expresidentes de Argentina Kirchner. Falleció de un cáncer en 2018. Pagó en junio de 2017 un total de 2.100 dólares a Eliminalia para que desindexara cuatro artículos como “Caso Relats: la maldición de la administración de los Kirchner”, publicado en www.noticias.perfil.com.

EL PAÍS ha intentado sin éxito recabar la versión de todos los clientes de la compañía mencionados en este artículo.

investigacion@elpais.es

De cómo Eliminalia, gestora de reputación de individuos con un opaco pasado, ha tratado de «eliminarse» a sí misma

Por: Phineas Rueckert

armando.info

Diego Didac Sánchez, fundador de Eliminalia

Documentos filtrados que ‘Forbidden Stories’ obtuvo para la serie ‘Story Killers’, revelan el funcionamiento interno de esta empresa española. 

Se trata de una de las compañías más establecidas y osadas en el mercado global de la gestión electrónica de reputación, eufemismo con que se nombra al enterramiento de la verdad en Internet, que echa mano a herramientas cibernéticas, astucias legales y amedrentamiento contra periodistas y medios. Eliminalia ofrece a su clientela, que incluye a miembros destacados del crimen organizado y la corrupción -entre ellos, venezolanos-, ocultar o suprimir las menciones negativas en la red.

En agosto de 2018, Daniel Sánchez, un periodista de investigación mexicano, comenzó a recibir llamadas y mensajes de texto peculiares sobre un artículo reciente que había publicado. Los mensajes, que según Sánchez llegaban semanalmente, eran de personas que decían ser abogados y le pedían que retirara su artículo.

Sánchez es periodista en Página 66, un pequeño medio de noticias de investigación en el sureño estado mexicano de Campeche. En enero de 2018, Sánchez publicó una investigación sobre lo que llamó el «mal historial» de una empresa de videovigilancia, Interconecta, que había sido contratada por el gobernador del estado. Indagando en los registros de auditorías financieras, Sánchez descubrió que la empresa, filial de la multinacional tecnológica Grupo Altavisa, había estado vinculada a casos de corrupción y fraude fiscal.

Unos dos años después de la publicación del artículo de Sánchez, recibió una petición aún más extraña. Enviado por un supuesto experto en marketing local que se hacía llamar Humberto Herrera Rincón Gallardo, el correo electrónico afirmaba que el artículo de Sánchez infringía una ley europea de datos, llamada GDPR por sus siglas, y le pedía que eliminara las referencias al Grupo Altavista y a su fundador, Ricardo Orrantia. El correo electrónico estaba firmado por el Departamento de Cumplimiento de la Unión Europea.

Sánchez, perplejo, consultó a Artículo 19, una organización de defensa de la libertad de prensa, que le aconsejó no retirar la pieza.

Pero un mes después, Gallardo regresó. Esta vez, intentó una nueva estrategia: una demanda por infracción de derechos de autor. En enero de 2020, Gallardo presentó una reclamación por abuso de la DMCA ante Digital Ocean, el proveedor de alojamiento de Página 66 en Estados Unidos. La reclamación alegaba que Sánchez había copiado su contenido ilegalmente. Como prueba de su reclamación, Gallardo enlazó a un sitio de terceros que había publicado una réplica del artículo de Sánchez, pero con una fecha de publicación anterior, falsificada, y un autor también apócrifo: Humberto Herrera Rincón Gallardo.

Esta vez, la estrategia funcionó. Digital Ocean ordenó a Sánchez que retirara su artículo del sitio de Página 66 o éste se quedaría en negro. Sánchez apeló a Digital Ocean, pero no tuvo éxito. Finalmente, temiendo perder sus lectores y su medio de vida como periodista, capituló y retiró el artículo. Digital Ocean no respondió la solicitud de comentarios para este reportaje.

En México, uno de los países más peligrosos para los periodistas, los reclamos de derechos de autor no parecen tan drásticos como las amenazas letales que han sufrido los colegas de Sánchez, pero el efecto es el mismo, afirma. "Significa que hay una forma de censura sutil", dijo Sánchez en una entrevista con Forbidden Stories.

Pero resulta que esta campaña no fue obra de ni de abogados locales ni de expertos en marketing. Según documentos obtenidos por Forbidden Stories, el Grupo Altavista contrató a Eliminalia -una empresa española de gestión de la reputación que ofrece a clientes privados servicios de eliminación de contenidos-, para suprimir decenas de artículos vinculados al nombre de la empresa y de su fundador, incluida la nota de Sánchez.

Gallardo, el experto en marketing cuyo nombre aparece en la denuncia de la DMCA, negó haber sido nunca "empleado de Eliminalia o de cualquier empresa relacionada con Eliminalia". Según declaró a Forbidden Stories, "el uso de mi nombre en el caso abierto contra el portal Página 66 fue completamente impropio y sin mi conocimiento ni consentimiento", dijo.

Sánchez fue uno de los cientos de periodistas, blogueros y redacciones de todo el mundo cuyo trabajo fue borrado, modificado u ocultado de Internet entre 2015 y 2021 por Eliminalia, según descubrieron Forbidden Stories y sus socios. Armando.info, socio en Venezuela del proyecto Story Killers, también ha sido emplazado por Eliminalia con sus tácticas.

Eliminalia afirma que sus servicios ayudan a eliminar "contenidos no deseados o erróneos" para clientes con “derecho al olvido”, pero casi 50.000 documentos internos de la empresa filtrados a Forbidden Stories contradicen esta versión. Los archivos muestran cómo Eliminalia trabajó para estafadores, empresas de software espía, torturadores, criminales convictos, políticos corruptos y otros miembros del hampa mundial para ocultar información de interés público. Informes anteriores, incluidos los de Rest of World -una organización sin fines de lucro que estudia tendencias en el uso de nuevas tecnologías en el periodismo-, han revelado algunos de los clientes de Eliminalia, pero esta filtración, que también incluye correos electrónicos confidenciales, nombres de clientes, contratos y otros documentos legales, ofrece una comprensión más completa de las operaciones de la opaca empresa.

Eliminalia declinó las peticiones de comentarios para este reportaje. En una carta a Forbidden Stories, un bufete de abogados francés que representa a Eliminalia escribió que un plazo de una semana para responder a nuestras preguntas era "demasiado corto para un respeto real del proceso acusatorio", y que la mayoría de las "preguntas demuestran un enfoque parcial y deshonroso", y "se refieren al secreto comercial". Forbidden Stories amplió el plazo una semana, pero no obtuvo respuesta de la empresa. El consorcio y sus socios de Story Killers también se pusieron en contacto con todos los clientes de Eliminalia mencionados en este artículo, ninguno de los cuales respondió.

Durante seis meses, Forbidden Stories estudió los documentos en el marco del proyecto Story Killers, una investigación mundial sobre mercenarios de la desinformación que tiene su origen en el trabajo de la periodista india asesinada, Gauri Lankesh, y en la que participan 100 periodistas de 30 medios de prensa. A través de docenas de entrevistas con antiguos empleados, clientes, expertos en protección de datos y víctimas, Forbidden Stories y sus socios investigaron cómo esta empresa manipula a los proveedores de servicios en línea, utiliza las leyes de derechos de autor para eliminar contenidos y, en algunos casos, amenaza y abusa de los periodistas, todo ello con un único objetivo: enterrar la verdad.

Forbidden Stories identificó a clientes de Eliminalia en 50 países de los cinco continentes. La filtración de alrededor de 1.500 clientes actuales y antiguos incluye detalles de los negocios de Eliminalia con un médico que al parecer dirigió un centro de tortura durante la dictadura de Chile y fue declarado culpable de homicidio; el exdirector ejecutivo de la Banca Privada d'Andorra, acusado de blanqueo de dinero para funcionarios corruptos venezolanos; y un empresario brasileño implicado en una red mundial de prostitución, entre otros.

Forbidden Stories también investigó el extenso imperio empresarial vinculado al fundador de Eliminalia, Diego Dídac Sánchez. Los registros mercantiles españoles muestran que, entre 2020 y 2021, Eliminalia registró ventas por valor de unos 2,7 millones de euros. Pero esta investigación descubrió que Sánchez y su socio, José María Hill Prados, también dirigen al menos 54 compañías en nueve jurisdicciones, incluida una empresa de gestación subrogada que actualmente se enfrenta a un litigio por tráfico de niños.

El negocio de enterrar la verdad

De vuelta en México, los documentos obtenidos por Forbidden Stories muestran que, en abril de 2019, Ricardo Orrantia -el dueño de Grupo Altavisa- contrató a Eliminalia para solicitar la retirada de contenidos en cumplimiento de "la legislación vigente en materia de protección de datos personales". En total, Orrantia solicitó la retirada de 13 artículos periodísticos de medios mexicanos, incluido el de Sánchez, y tres términos de resultados de búsqueda en Google relacionados con su nombre, el de su esposa y con el Grupo Altavisa. Pagó más de 12.000 euros en cuatro plazos a Eliminalia.

Orrantia fue uno de los más de 150 clientes mexicanos que figuran en los documentos filtrados. Otros incluyen a Pedro Miguel Haces Barba, un líder sindical que en 2019 fue expuesto por firmar contratos lucrativos con dos gobernadores más tarde detenidos por corrupción, y Miguel Ángel Colorado Cessa, hermano de un narcotraficante del Cártel de los Zetas.

Los clientes de Eliminalia llegaron a pagar grandes sumas para eliminar su pasado digital. Haces Barba pagó 110.000 euros, solicitando la eliminación de unos 300 artículos de Internet. Romain Girbal, un empresario francés cuya empresa minera "responsable", AMR Bauxite, fue acusada de evasión fiscal en 2020, pagó 155.000 euros. Otro cliente -un banquero argentino-israelí acusado de blanquear dinero para el régimen de Hugo Chávez- pagó casi 400.000 euros.

Bajo la dirección de Sánchez y de Hill Prados, su socio, Eliminalia también trató de establecerse en nuevos mercados. Según el sitio web de la empresa, tiene oficinas en más de una docena de países, entre ellos Italia, Suiza, Turquía y Estados Unidos. En América Latina, Eliminalia tiene -o ha tenido- oficinas en República Dominicana, Bolivia, Ecuador y México.

Forbidden Stories identificó a múltiples clientes vinculados a la delincuencia organizada, entre ellos, a Malchas Tetruashvili, condenado por blanquear dinero en nombre de un miembro de la mafia rusa, y José Mestre, un conocido empresario español reconvertido en traficante de cocaína.

"Los usos legítimos de este tipo de gestión de la reputación son escasos en comparación con las ventajas para los corruptos", explica Emma Briant, investigadora del Bard College, en el estado de Nueva York, donde estudia la guerra de la información, a Forbidden Stories. "Hay muchas empresas especializadas en ese tipo de cosas. Y creo que es realmente perjudicial porque muy a menudo es muy difícil para la gente localizar información realmente fiable porque simplemente ya no es visible", dijo Briant.

"Efecto escalofriante"

En noviembre de 2020, Tord Lundström, director técnico de Qurium, una organización sin ánimo de lucro con sede en Suecia que presta servicios de seguridad, incluyendo alojamiento web a decenas de medios de comunicación independientes, abrió un correo electrónico de un abogado llamado Raúl Soto. Soto afirmaba representar a la Comisión de la Unión Europea, su órgano ejecutivo.

A Lundström -un fiebroso de la tecnología con experiencia en protección de datos corporativos- le pareció que el correo electrónico era inusual y empezó a indagar. Tras una investigación interna, Lundström rastreó el correo electrónico hasta Eliminalia y trazó un mapa de la infraestructura digital de la empresa. Descubrió que Soto no era una persona real, sino un seudónimo utilizado por un empleado de Eliminalia desde Ucrania. Y se dio cuenta de que Eliminalia no sólo tenía como objetivo los sitios web alojados en Qurium, sino que solicitaba la retirada de contenidos a gran escala. "Para nosotros fue como: 'Dios mío, esto es un nuevo juego de poder porque no podemos hacer nada al respecto'", dijo, refiriéndose a las escurridizas tácticas empleadas por esta empresa y otras similares.

Lundström empezó a ver cómo surgía un patrón. Al principio, Eliminalia enviaba solicitudes de retirada a periodistas individuales. Cuando los periodistas empezaron a responder, se dirigieron a los proveedores de alojamiento. Si esto no funcionaba, pasaban a la desindexación, una estrategia de marketing de "sombrero negro" destinada a engañar a Google para que oculte determinados términos de búsqueda de los resultados web.

Eliminalia y otras empresas se dieron cuenta de que las lagunas legales en las leyes de protección de datos podían utilizarse como arma para eliminar contenidos de Internet. Dos leyes de protección de datos -la Digital Millennium Copyright Act (DMCA), y la General Data Protection Regulation (GDPR)- eran fácilmente aprovechables.

Aprobada en 1998, la DMCA revisó la Ley Federal de Derechos de Autor de Estados Unidos. Adam Holland, Director de Proyectos del Berkman Klein Center for Internet & Society de la Universidad de Harvard, en Massachusetts, explicó que la DMCA, subproducto de los primeros tiempos de Internet, tenía por objeto facilitar la retirada de contenidos protegidos por derechos de autor que empezaron a aparecer en sitios de streaming como The Pirate Bay y LimeWire en los años posteriores. La DMCA facilitó a empresas como Disney la retirada de contenidos que infringían los derechos de autor, explicó Holland a los reporteros. Sólo tenían que enviar una reclamación de derechos de autor al sitio web infractor y solicitar su eliminación. Si el sitio infractor no lo retiraba, la empresa, como propietaria legítima, podía demandar al sitio web y al proveedor de alojamiento del mismo.

Las empresas de blanqueo de reputación como Eliminalia pronto se dieron cuenta de que esta ley podía ser ventajosa para sus propios fines. Y los de sus clientes.

Su estrategia era sencilla: copiar un artículo, publicarlo en un sitio web de terceros -un blog o un sitio web falso- con una fecha falsa anterior a la del original y alegar que el artículo original infringía la DMCA. "Es mucho más fácil que ir a los tribunales. Es mucho más fácil que encontrar a algún [periodista] y golpearle con una llave inglesa: ‘Nos limitaremos a enviar un aviso de derechos de autor’", ironiza Holland.

En 2002, los investigadores, preocupados por la posibilidad de que esta laguna legal se utilizara para coartar la libertad de expresión, fundaron la base de datos Lumen, un repositorio de retiradas de DMCA. Lumen, que Holland hoy dirige, ha acumulado más de 25 millones de solicitudes de retirada. En la actualidad, recibe más de 7.000 al día, gracias a acuerdos con los proveedores de alojamiento.

Holland afirma que el número de solicitudes aumentó "rápida y constantemente" en torno a 2012, por varias razones, entre ellas las tecnologías de automatización que permitieron la presentación masiva de reclamaciones en virtud de la DMCA. "Les garantizo que cuando redactaron la DMCA, no previeron que habría enormes redes de ejércitos de bots de Europa del Este creando sitios web de periódicos falsos para acabar con las críticas", afirmó.

Según Shreya Tiwari, investigadora de Lumen que estudia cómo se abusa de la DMCA, las solicitudes fraudulentas no siempre tienen éxito, pero a menudo se utilizan en combinación con otras amenazas para asustar a los periodistas y conseguir que retiren contenidos. En un estudio de big data, descubrió que más de 400 artículos habían sido retirados ilegítimamente de Internet utilizando esta táctica, lo que ilustra un "efecto amedrentador".

Pero en Eliminalia, como comprobó Forbidden Stories, las solicitudes de retirada de DMCA no eran más que una herramienta de un arsenal de tácticas más amplio. Los documentos filtrados incluyen cientos de solicitudes de retirada invocando la GDPR, una ley de datos europea destinada a proteger los datos personales. Eliminalia también intentó ocultar información que no podía eliminar, por ejemplo, mediante la desindexación.

"Luchamos activamente contra los intentos de retirada fraudulentos utilizando una combinación de revisión automatizada y humana para detectar señales de abuso", dijo un portavoz de Google ante este hecho, y añadió: "Proporcionamos una amplia transparencia sobre estas eliminaciones para responsabilizar a los solicitantes, y los sitios pueden presentar contranotificaciones para que volvamos a revisarlas si creen que se ha eliminado contenido de nuestros resultados por error."

Por lo general, aunque no siempre, estas reclamaciones legales y de DMCA se enviaban con nombres falsos, como el de Raúl Soto, y direcciones de correo electrónico que simulaban instituciones europeas u otras instituciones jurídicas. En un comunicado, un funcionario de la Comisión Europea declaró que el "CERT-UE y la Comisión no tienen conocimiento de otros nombres de dominio que suplanten la identidad de instituciones de la UE y estén relacionados con este caso concreto", y añadió: "La existencia del nombre de dominio no es una infracción, su uso para suplantar falsamente sí lo es".

Llámame por mi (otro) nombre

En julio de 2022, el tablón de mensajes en línea de la Unión de Estudiantes Negros del Quinsigamond Community College (QCC), en Massachusetts, empezó a inundarse de spam. Alguien había publicado en el foro abierto un enlace con el logotipo de una marca, y una cuenta de invitado empezó a responderle de forma errática. En cuestión de horas, la cuenta había publicado 7.000 comentarios.

Estos comentarios escondían una bomba atómica digital. En cada comentario había cientos de enlaces conocidos como "redirecciones abiertas". Estos enlaces parecen, a primera vista, dirigir tráfico a sitios web legítimos, como la Universidad de Stanford o la NASA. Sin embargo, están diseñados para viajar instantáneamente desde estos sitios reales a sitios ilegítimos, aprovechando un fallo en la infraestructura de los sitios web.

Resulta que los miles de comentarios del foro Black Student Union fueron redirigidos a una red de sitios web falsos creados para blanquear la reputación de los clientes de Eliminalia, según descubrió Forbidden Stories. En total, la cuenta invitada publicó más de dos millones de enlaces únicos. Para el algoritmo de Google, parecía que los sitios web enlazados habían recibido repentinamente un pico de tráfico. El algoritmo, a su vez, impulsó esos resultados a la parte superior de los resultados de búsqueda, ocultando de hecho los resultados reales al empujarlos más abajo en la clasificación. Un portavoz de Google afirmó que la generación de backlinks no garantizaba la mejora de la clasificación en las búsquedas.

En octubre, el QCC descubrió y removió la cuenta fraudulenta y eliminó el enlace del tablón de anuncios, al tiempo que reforzaba la seguridad informática. "Es increíblemente desalentador que estos 'falsos actores' en línea puedan utilizar instituciones académicas de renombre como QCC para ayudar a propagar desinformación. Esto va en contra de la esencia de la educación superior, que valora el diálogo abierto, la honestidad, la verdad y el conocimiento", dijo el presidente de QCC, Luis G. Pedraja, Ph.D, en una declaración a Forbidden Stories y sus socios. "En la sociedad actual, a medida que la tecnología avanza, estas nefastas empresas encuentran nuevas formas de atacar a los inocentes".

Esta estrategia, al menos durante un tiempo, funcionó. De repente, al buscar el nombre de Víctor Bayona Viedma aparecían artículos sobre su nueva colección de poesía antes que acusaciones de que ese individuo supuestamente había torturado a dos detenidos en España. Con el nombre de Gabriel Hernán Westmann aparecían artículos sobre un experto en chihuahuas, y no sobre un piloto acusado de trabajar con cárteles de la droga (a quien, más tarde, se le retiraron todos los cargos). Según varios resultados de Google muy destacados, Andrea Formenti, de la empresa Area S.P.A, inventó un teléfono plegable, aunque esta empresa italiana tenga antecedentes por vender equipos de vigilancia al gobierno libio.

"Si todo lo que tienes que hacer es aprender a engañar a Google para solucionar todos tus inconvenientes de reputación, eso va a ser un problema", dijo Katharine Trendacosta, directora asociada de política y activismo de la Electronic Freedom Foundation (EFF), una ONG con base en San Francisco, California, que cubre temas de vigilancia electrónica y privacidad.

"Aunque hay personas malintencionadas que intentan manipular las clasificaciones de los motores de búsqueda, Google diseña sus sistemas para clasificar la información de alta calidad en las primeras posiciones de los resultados de búsqueda y para luchar contra el spam y los comportamientos malintencionados", declaró un portavoz de Google a Forbidden Stories. "Hacemos todo lo posible para proteger nuestros resultados de búsqueda de la manipulación, y llevamos años combatiendo con éxito tácticas de spam bien conocidas como el link-spamming".

La investigación de Qurium, que compartió en exclusiva con el consorcio, identificó 622 sitios web que Eliminalia parecía utilizar para blanquear la reputación de sus clientes. Estos sitios web, con nombres como CNN News Today, London Uncensored, Mayday Washington y Taiwan Times, fueron creados por una empresa offshore llamada Communication Media Group. Qurium pudo vincular a esta empresa con Maidan Holdings, el holding con sede en Miami propietario de Eliminalia. Los sitios web comparten infraestructura IP y otros elementos técnicos, como las páginas de derechos de autor, lo que sugiere que fueron creados por el mismo individuo o grupo.

Analizando el contenido de estos sitios web, Qurium identificó unos 3.350 artículos en los que se nombraba a clientes de Eliminalia, presentados por lo general de forma positiva. Para que los sitios web parecieran legítimos, Eliminalia también publicaba contenidos robados a medios de comunicación legítimos. "Es un poco desesperante", afirma Lena Corot, experiodista del sitio web francés de tecnología Usine Digital, cuyo artículo fue copiado y publicado en uno de estos sitios falsos: lemonde-france.fr.

La investigación técnica de Qurium coincide con otros informes del consorcio, que descubrió que Eliminalia proponía a sus clientes la colocación de artículos falsos.

En un correo electrónico de 2019 obtenido por Forbidden Stories y sus socios, un empleado de Eliminalia dijo a un cliente que la empresa planeaba publicar artículos "neutrales o positivos" sobre un personaje imaginado -presentado como distinguido en su profesión- que tenía el mismo nombre que el cliente. El empleado escribió que esperaba que los artículos propuestos llegaran a los primeros resultados de búsqueda del nombre del cliente.

"Es una nueva y bonita definición de censura", dijo Lundström.

Piensa mal (y en grande) y acertarás

En su autobiografía de 2016, El secreto del éxito, el fundador de Eliminalia, Dídac Sánchez, revela su mantra: “Piensa en grande y serás grande”.

En los años transcurridos desde que fundó Eliminalia en 2013, Sánchez siguió sus propios consejos y estableció una red mundial de empresas. Al revisar los registros financieros, Forbidden Stories y sus socios identificaron unas 90 empresas en nueve jurisdicciones relacionadas con Sánchez y su socio, Hill Prados. La mayoría de estas empresas están registradas bajo el holding de Miami, Maidan Holdings. Varias empresas de Maidan, incluidas World Intelligence Ltd y World Reputation, también ofrecían servicios de consultoría política, según informes anteriores y páginas web archivadas.

En una operación encubierta, periodistas colombianos de La FM -que no forman parte de este proyecto- descubrieron que Eliminalia ofrecía realizar campañas políticas en Colombia, Ecuador y República Dominicana a través de una de sus filiales. Varias fuentes afirmaron a Forbidden Stories y a sus socios que Eliminalia también se había dedicado al pirateo informático, pero estas afirmaciones no pudieron ser verificadas.

No todas las empresas de Sánchez y Hill Prados operaban en el ámbito de la gestión de la reputación. Subrogalia Ukraine y PP Interfiv Ltd., dos empresas de gestación subrogada propiedad de Sánchez y Hill Prados, fueron investigadas por las autoridades de Ucrania por tráfico de menores, según descubrió Forbidden Stories. A pesar de estas acusaciones, Eliminalia continuó expandiéndose durante la pandemia, abriendo operaciones en Ucrania (Cuando Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, la empresa trasladó su sede a Tiflis, Georgia).

Los expertos que hablaron con Forbidden Stories dijeron que aunque Eliminalia no es la única empresa en la industria de la gestión de la reputación, es quizás una de las más establecidas. "Se trata claramente de una empresa antigua y sofisticada. Llevan tiempo en esto", afirma Holland, de Lumen.

Pero a medida que Eliminalia ha ido creciendo, también lo ha hecho el mercado de la gestión de la reputación. "Hay toda una serie de industrias de servicios profesionales, como los agentes de relaciones públicas, los grupos de presión, los abogados, etc., que básicamente ayudan a que personas, empresas y gobiernos desagradables se conviertan en empresarios respetados internacionalmente y cosmopolitas filantrópicos", afirma Tena Prelec, investigadora de la Universidad de Oxford, en Reino Unido, que estudia la industria de la gestión de la reputación.

Para muchos periodistas y defensores de la libertad de prensa que hablaron con Forbidden Stories, responsabilizar a estos actores a menudo parecía una tarea de Sísifo.

En los días posteriores a la retirada de su artículo, Sánchez, de Página 66, investigó vías legales para conseguir que se restableciera su contenido. Se puso en contacto con Artículo 19 y Media Defence, una organización de defensa de la libertad de prensa con sede en Reino Unido.

Sin embargo, revertir una DMCA fraudulenta no es fácil. Primero hay que presentar una "contranotificación". Estas reclamaciones suelen dar lugar a prolongadas batallas legales, que pueden ser caras y llevar mucho tiempo. Sánchez tendría que comparecer ante un tribunal de Arizona, un coste que ni él ni las organizaciones podrían permitirse. “Si tuviéramos el apoyo legal, seguiríamos adelante", dijo Sánchez. "Eso es lo que queremos: que la información siga en la página".

Aunque ganara el caso y volviera a publicar el artículo, la única recompensa que recibiría por el tiempo perdido en virtud de la DMCA serían los honorarios del abogado.

A que no me ves

Desde que Forbidden Stories se puso en contacto con Eliminalia, hace varias semanas, para pedirles sus comentarios, la empresa parece haber borrado su propio rastro en Internet. En enero, los mismos sitios de noticias falsas que Forbidden Stories y Qurium confirmaron que estaban vinculados con Maidan Holdings -que tal vez fueron creados para pulir la reputación de los clientes de Eliminalia- habían sido modificados. Sin embargo, al rastrear los sitios web ahora modificados, todavía se halla un vínculo: una de las nuevas páginas de derechos de autor estaba vinculada a Mariia Ladovchyna, directora técnica de Eliminalia. Aunque este rastro es insuficiente para vincular toda la red de sitios falsos a Eliminalia, indica que la empresa puede haber desempeñado un papel en su creación.

Luego, aproximadamente un mes antes de esta publicación, Eliminalia parece haber cometido su acto final de desaparición: también cambió de identidad. En la puerta de la oficina de coworking de Barcelona que una vez acogió a Eliminalia, ahora se lee: "Idata Protection". Los archivos de la empresa revisados por Forbidden Stories confirman el cambio de marca, que posiblemente se deba a las investigaciones de periodistas e investigadores que generaron una prensa negativa. Pero cuando dos miembros del consorcio visitaron la oficina, un empleado dijo: "La empresa se llama Idata Protection, pero pertenecemos a Eliminalia". Sánchez, el fundador, ya no estaba en Barcelona, según el empleado.

El cambio de marca coincide con la historia de la empresa. Eliminalia es experta en "crear problemas y luego resolverlos", según declaró una fuente conocedora de la empresa a un miembro del consorcio.

Shawn Boburg (Washington Post), Kira Zalan (OCCRP), Lilia Saúl Rodríguez (OCCRP), David Pegg (The Guardian) y Joaquín Gil (El País) contribuyeron con esta investigación.

Desmantelada banda de corrupción del prófugo de la justicia Javier Rengel

Fuente: El Universal

 

Rengel participó en actos delictivos a través de contratos fraudulentos en PDVSA asociado al también prófugo y condenado en EEUU, Jhonnathan Marín

Se pudo conocer que las autoridades venezolanas allanaron las oficinas pertenecientes a la empresa “Proluxon” dedicada al área de eventos públicos en el estado Anzoátegui.

Esta compañía pertenece al hoy prófugo de la justicia procesado por casos de desfalco a PDVSA, Javier Rengel.

Durante las investigaciones en el sitio, se pudo constatar que en dicha sede funcionaban múltiples empresas de maletín vinculadas directamente al entramado de corrupción realizado contra la Faja Petrolífera del Orinoco.

En la inspección se incautaron vehículos, máquinas de impresión a gran escala, equipos de sonido, pantallas gigante, andamios, tarimas, equipos de iluminación, computadoras, entre otros.

Es importante destacar que Javier Rengel participó en actos delictivos a través de contratos fraudulentos en PDVSA asociado al también prófugo y condenado en EEUU, Jhonnathan Marín.

EL VENEZOLANO NERVIS VILLALOBOS

Fuente: Gaceta España

La Audiencia Nacional pide el bloqueo de una cuenta con 40 millones de un exviceministro chavista

El exviceministro chavista Nervis Villalobos.

La Audiencia Nacional pidió bloquear una cuenta con 40 millones de euros radicada en Luxemburgo y que es propiedad del exviceministro de Energía Eléctrica chavista Nervis Villalobos. El funcionario venezolano sirvió en el cargo durante la presidencia del fallecido Hugo Chávez y el dinero sería parte de una gigantesca trama de corrupción vinculada a la estatal empresa petrolera Petróleos de Venezuela (PDVSA).

La investigación a Villalobos fue originada en 2018, cuando la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) determinó a través de un informe que había actividad en una cuenta bancaria del país europeo que presuntamente apuntaba a “una nueva operativa sospechosa de blanqueo de capitales que habría sido realizada” por el exfuncionario.

La UDEF apunta además que el entramado del que el exviceministro chavista es parte supuestamente “blanquearía fondos de ciudadanos venezolanos, procedentes de la corrupción y el fraude realizados en la empresa pública venezolana PDVSA”.

Para finales del año pasado Villalobos tenía abiertas hasta 13 causas pendientes en cinco países del mundo, debido a distintos casos de corrupción en los que habría estado inmerso durante su paso por el poder en Venezuela. España es, por cierto, el país donde más señalamientos penales se han hecho contra el exfuncionario, seguido por la propia Venezuela, Andorra, Portugal y Estados Unidos.