Alex Saab y la corrupción en Pdvsa: su relación con Alessandro Bazzoni, Joaquín Leal, Erik Roveta, Chávez Calva y Pérez Suárez

Bazzoni y Leal se asociaron con el broker italiano Erik Roveta, radicado en Atenas, para comprar y operar los buques necesarios para mover todo el crudo y productos refinados de Pdvsa a China y otros mercados

Por Equipo de Investigación de El Nacional

Alex Saab, empresario colombiano, y Álvaro Pulido Vargas | Foto: Archivo EL TIEMPO

La Fiscalía ha avanzado en las investigaciones sobre el entramado de corrupción en Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y ha descubierto que Alessandro Bazzoni y Joaquín Leal Jiménez pagaron más de 100 millones de dólares en efectivo al coronel José Antonio Pérez Suárez, exvicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa, por cuenta y orden de Alex Saab y posteriormente tras su captura en Cabo Verde, Álvaro Pulido.

Bazzoni y Leal se asociaron con el broker italiano Erik Roveta, radicado en Atenas, para comprar y operar los buques necesarios para mover todo el crudo y productos refinados de Pdvsa a China y otros mercados. Entre los años 2020 y 2022, este grupo de individuos se les fueron asignados a crédito, por instrucciones de Pérez Suárez, más de 100 millones de barriles de crudo y refinados.

Joaquín Leal Jiménez coordinó la compraventa de crudo de origen venezolano de Pdvsa y su filial, Pdvsa Petróleo, S.A., aportando conocimientos del sector petrolero y sus relaciones locales. Alessandro Bazzoni coordinó el transporte conjuntamente con Erik Roveta. Durante este tiempo, Roveta administró y coordinó 163 viajes de Venezuela a China principalmente. Muchos de los buques repitieron viajes, habían creado como una especie de corredor entre Venezuela y Asia, donde los buques salían cargados de Venezuela y regresaban directamente de Asia vacíos para volver a cargar y repetir la ruta. Leal y Bazzoni se asociaron con el suizo Phillipp Apikian de la petrolera Swiss Oil Trading SA, con base en Ginebra y también bajo sanción de Estados Unidos, para comercializar en Asia los crudos y refinados venezolanos.

Alex Saab y Pdvsa: intercambio de petróleo por alimentos

Según la OFAC, Bazzoni y Leal ambos sancionados usaron la empresa Libre Abordo S.A para el intercambio de petróleo por cisternas, a un precio inflado, generando ganancias corruptas. Otras cuatro empresas –Schlager Business Group SdRL, Cosmo Resources PTE Ltd, Delta Group Ltd y United Petróleo Corp.– fueron empleadas según el Departamento del Tesoro por Bazzoni y Leal para la operación de intercambio de petróleo por alimentos agenciada por Alex Saab y posteriormente Álvaro Pulido. Este grupo de empresas mantienen facturas abiertas impagadas en la estatal Pdvsa por más de cuatro mil millones de dólares Americanos.

En el año 2021, Alessandro Bazzoni creó la empresa United Petroleo Corp en Panamá. La empresa fue creada con el propósito de hacerse pasar por la verdadera United Petroleum & Chemicals Co. LTD, subsidiaria de la estatal China Sinopec Corp. La estrategia era crear un espejo para que se pensara que la verdadera United era a quien le estaban asignando el petróleo a crédito cuando en realidad eran ellos mismos. La United panameña de Bazzoni tiene 400 millones de dólares en facturas pendientes sin pagar a Pdvsa según reportó Associated Press. Esta situación es un ejemplo de cómo estos operadores petroleros se han enriquecido a costa del pueblo venezolano.

Se pudo conocer que Bazzoni y Leal usaron a un financiero de origen mexicano, José Luis Chávez Calva, quien reside entre Londres y Dubai y trabaja para la organización de Joaquín Leal Jiménez. Chávez Calva proporcionaba la estructura financiera para cobrar y facilitar todos los pagos del esquema de corrupción que se estima movilizó recursos por encima de los 8.000 millones de dólares producto de la venta del petróleo venezolano. Chávez, de muy bajo perfil, es especialista en multi-monedas, crypto y estructuras ficticias para con sus relaciones en Dubái poder utilizar el sistema bancario y legitimar estos capitales robados.

La Fiscalía continúa sus solicitudes ante el Tribunal Especial Segundo de Primera Instancia de Control por delitos financieros y terrorismo. Fuentes allegadas al caso confirmaron que Joaquín Leal Jiménez, Alessandro Bazzoni y José Luis Chávez Calva se encuentran en el exterior actualmente

Las muñecas del petróleo

Por: BIBIANA BELSASSO

Fuente: La  Razón

Bibiana Belsasso
*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Dentro del propio gobierno venezolano empiezan las acusaciones para deshacerse de los adversarios de Nicolás Maduro, que pertenecen a su mismo partido.

Es la lucha de poder para ver quién podría ser el sucesor del actual presidente. Son 127 personas acusadas del desfalco a Petróleos de Venezuela (PDVSA), casi todos del mismo gobierno.

Se estima que las redes de corrupción en PDVSA, entre 2020 y 2022, han generado pérdidas millonarias. Sólo los 127 expedientes abiertos indican un desfalco por más de 42 mil millones de dólares, patrimonio de los venezolanos que ha caído en manos de unos cuantos.

Pero qué mejor manera para lavar dinero que a través de jóvenes, modelos y parejas de los funcionarios o exfuncionarios.

Hasta antes del 31 de marzo de este año, Olvany Gaspari Bracho, Elizabeth Yepez, Ximena Cagide Parada y Yuravic Ravello presumían en redes sociales sus lujos, la ropa de marca, los autos y artículos que compraban, incluso se definían como empresarias, pero el dinero en realidad provenía de negocios oscuros. Unas eran famosas en Tiktok e Instagram.

Estas cuatro mujeres ahora son requeridas por la justicia de Venezuela debido a que están acusadas de ser parte de la red del desfalco por más de 3 mil millones de dólares contra la petrolera estatal.

Olvany, una de las supuestas parejas del diputado venezolano Hugbel Roa, presentó un video el pasado 31 de marzo diciendo en Instagram que se presenta ante las autoridades para aclarar su situación, porque se le están haciendo acusaciones falsas. Dice que para ella no es fácil cerrar Instagram y dice no tener nada que ver con los desvíos de dinero de PDVSA.

Y es que Olvany ha borrado todo el contenido de su cuenta, solamente ha quedado este video. Sorprende que esté más preocupada porque le hicieron borrar su cuenta de Instagram mostrando excentricidades, que por las acusaciones que tiene de desviar millones de dólares. Pero la realidad es que esta mujer era muy cercana al diputado venezolano Hugbel Roa, a quien también le puso empresas con las cuales el diputado lavaba dinero.

El fiscal general, Tarek William Saab, que lleva el caso, las apodó: Las muñecas del petróleo, debido a que han rastreado que los recursos de la paraestatal fueron enviados a cuentas bancarias de estas mujeres y de otros funcionarios de alto rango del régimen de Nicolás Maduro.

De acuerdo con las investigaciones, los acusados suscribían contratos para la carga de crudo en buques “sin ningún tipo de control administrativo ni garantías”, violando las normas legales, y una vez comercializado el crudo, “se incumplió con los pagos correspondientes” a la petrolera, generando un importante daño patrimonial.

Fachada para la corrupción

De izq. a der.: Yuravic Ravello, Elizabeth Yépez y Olvany Gáspari, en fotos de redes sociales.Foto: Especial

En total, 35 funcionarios han sido detenidos acusados de corrupción y algunos de ellos, además, han sido señalados de mantener una red de prostitución, incluidas estas cuatro mujeres, debido a que están ligadas al diputado venezolano Hugbel Roa, quien junto con Elizabeth Yepez, reclutó a jóvenes de ambos sexos para promoverlos como escorts al servicio de políticos y empresarios, a cambio les daban una vida ostentosa para mantenerlos callados.

Hugbel Roa ya está tras las rejas desde marzo pasado, pero este hombre fue el creador de la cirptomoneda Petros, respaldada en las reservas de crudo del país, y en el pasado fungió como titular del Ministerio de Educación de Venezuela.

Para sus negocios ilícitos tenía como testaferro al empresario Alejandro Arroyo, dueño de una mansión en el Country Club, en una exclusiva urbanización de Caracas.

Su cercanía con Tareck El Aissami, ministro del Petróleo, le permitió a Roa permanecer en la impunidad por varios años, hasta que éste renunció al cargo que ocupaba desde 2020 para dar paso a las investigaciones.

Su socia en la red de prostitución, Elizabeth Yepez, se dio a la fuga desde que el fiscal anunció lo que ocurría en la paraestatal y, según portales locales, todo indica que ya está en Estados Unidos, buscando asilo político a cambio de dar a conocer información sobre la red de prostitución y la corrupción de funcionarios venezolanos.

Esta mujer de 28 años amasó una fortuna al ser la amante de Hugbel Roa, a quien conoció cuando era cantante de música popular en un barrio de Puerto Ordaz. Desde el año 2020, viajaba en aviones privados puestos por el mismo Roa, quien la puso a cargo de una empresa que alquilaba yates y carros de lujo, denominada Yacht Ladies, con sede en Miami, Ibiza y Lechería.

Para 2022, Ely James, como se hacía llamar, ya era imagen de Lamborghini Latinoamérica y se mudó a una mansión, cerca de la residencia de Johana Torres, otra prófuga por el mismo caso. Ambas se mantenían escoltadas por la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Mientras que Ximena Cagide Parada, de 36 años, según una investigación de El Nacional, era contadora pública y se desempeñó en cargos relacionados, después, de la nada, se convirtió en gerente de operaciones de Inversiones Perla Bella, conocido como Ikin Hotel y Spa, en la turística isla de Margarita, desde 2019.

Yuravic Ravello Machado, otra de las chicas que son investigadas, es oriunda del estado Sucre, era modelo, animadora, a quien también la vinculan con el entramado de PDVSA y la red de prostitución.

Los lujos de estas mujeres sólo eran comparables con los que presumían las esposas de los propios funcionarios acusados en esta misma red de corrupción, entre ellas, se encuentran Hannelly Quintero, quien promocionaba las mejores fiestas de cumpleaños con su pareja, Bernardo Arosio, quien hoy está preso.

Éste no es el primer escándalo que enfrenta la petrolera PDVSA, la llamada “gallina de los huevos de oro”, que durante el chavismo ha enriquecido a un innumerable de funcionarios corruptos.

Desde 2003, la petrolera fue desmantelada y convertida en el brazo económico de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro. Atrás quedaron esos años en los que la paraestatal producía 3.2 millones de barriles al día y agrupaba a un conglomerado de empresas extranjeras que hacían de Venezuela un país próspero y terreno fértil para los inversionistas.

Hoy, Venezuela está sumida en una pobreza extrema para la mayoría de sus ciudadanos, claro, también hay opulencia, pero de un sector que es el cercano a Maduro. Hoy, el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido político que encabeza Nicolás Maduro, tiene todo menos estar unido. La oposición y el oficialismo están en el mismo lugar y entre ellos son las acusaciones de desvíos de millones de dólares.

Y mientras todo esto pasa, y el fuego amigo está con todo dentro de su partido, Nicolás Maduro aparece en redes sociales jugando con sus perritos.

Tango Alfa sin escapatoria en Venezuela

Fuente: Ciudad Gotica

 

Luego de las primeras detenciones por agentes de la Policía Nacional Anticorrupción, las redes se intoxicaron con todo tipo de especulaciones sobre el paradero de Tareck El Aissami. Corrieron sin freno especies tales como que habían ametrallado en Maiquetía un jet con el que pretendía abandonar el país; que EEUU había interceptado en algún lugar del Atlántico un jet Bombardier fletado para ponerlo fuera del alcance de Maduro; otros aseguraron que el hombre ya se encontraba en Siria, al amparo del mandamás Bashar al Assad.

También sacaron del baúl un video de octubre de 2022, en el que el ex ministro de Petróleo aparecía haciendo ejercicios, para desmentir las consejas sobre su salud que en ese momento poblaban los chats de WhatsApp.

El Aissami no ha contribuido en mucho a mitigar tantos rumores. Luego de su renuncia por Twitter, el 20 de marzo, ha optado por guardar silencio. Nada de apariciones en público. Mientras tanto, en la calle, crece la expectativa sobre lo que el gobernante venezolano decidirá para él.

Y no quepa la menor duda: el futuro de quien fuera conocido en las pesquisas policiales como Tango Alfa no lo determinará el fiscal impuesto por la extinta Constituyente. Ese solo ejecutará lo que le dicten desde Miraflores, tal y como él mismo lo reconoció el 19 de marzo, luego de recibir la primera camada de detenidos.

Mientras tanto, el exministro permanece en una exclusiva urbanización, construida en la calle interna de Fuerte Tiuna hacia la alcabala 6, que sale a Cumbres de Curumo. Allí, en una ladera de la gran unidad castrense, erigieron catorce viviendas para la cúpula del oficialismo con posterioridad a la crisis política de abril de 2002. Una de estas casas fue asignada a El Aissami.

Una fuente militar indicó que el hombre goza de relativa libertad. En otras palabras, no está preso. Se le ve por los corrillos de Conejo Blanco. Pero su movilidad es restringida. Desde la semana pasada, no goza de la escolta que antaño lo protegía.

Poco a poco, Tango Alfa es despojado de los signos que tradicionalmente ostenta el poder venezolano. Hay quienes ven en este caso un proceso similar al que alguna vez transitó Elías Jaua, el dirigente surgido de las filas de Bandera Roja que, en 2013, poco después de la muerte de Hugo Chávez, fue calificado por El País de España como el tercer hombre más poderoso del país. Hoy pocos lo recuerdan, y él espera mejores momentos, inmerso en una trinchera académica.

Pero El Aissami y Jaua difieren en un punto fundamental: el ex canciller no tiene juicios pendientes en Estados Unidos. Mientras tanto, el criminólogo graduado en la Universidad de Los Andes es quizá el hombre con más casos penales abiertos en los juzgados norteamericanos. Hay uno por facilitación al tráfico de drogas, otro por su presunta pertenencia al mentado Cartel de los Soles, un tercero por intentar eludir las sanciones implantadas por el Departamento del Tesoro (junto a Joselit Ramírez, el ex de Sunacrip) a punta de aviones repletos de dólares, y hay un cuarto caso en el que lo involucran en una “conspiración narcoterrorista” contra Washington. Este es el mismo expediente por el que fue acusado el ex parlamentario Adel El Zabayar.

Una acusación que se basa en una extensa denuncia formulada por el agente especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) Matthew Passmore, que aporta detalles sobre un viaje de El Aissami a Irán y Siria, junto al entonces zar de la Inteligencia venezolana Hugo Carvajal, en 2009. En ese tiempo, El Aissami estaba en el ministerio de Interior. En Siria, indica el documento, “El Aissami propuso que personal de Hezbollah viajara a Venezuela para trabajar con las FARC”.

El interlocutor de El Aissami era Ghazi Nasr al Din (Naserredine, en otros reportes), señalado por el Tesoro como representante para Venezuela de la organización armada surgida en Líbano. Este hombre, indica la denuncia, entregó tres rifles a El Aissami, como recuerdo de la visita a Damasco. Y el entonces ministro regaló uno de ellos a Carvajal.

El ex director de Contrainteligencia Militar (ahora preso en España) confirmó los detalles de este encuentro a un periodista del New York Times. Le mostró el pasaporte con los sellos de entrada a ambos países, además del rifle que le entregó su compañero de viaje. En la acusación, se refiere que el jefe de la inteligencia militar venezolana se oponía al traslado de militantes de Hezbollah a Venezuela, pero que Maduro (entonces canciller) “favorecía el antagonismo contra EEUU”.

Si la denuncia del agente Passmore es verídica, no es difícil entender por qué el actual mandatario no permitirá que El Aissami salga de Venezuela. Quizá las cuestiones de drogas y lavado de dinero no le importen demasiado. Pero él sabe que, luego de los ataques a las Torres Gemelas, EEUU no perdona a quienes han respaldado a organizaciones calificadas de terroristas. En esto hay un acuerdo entre republicanos y demócratas.

Cuando el Pollo fue detenido en Aruba, a petición de EEUU, el oficialismo se unió como un todo para lograr que fuese devuelto al país. Esa vez tuvieron éxito, pues en 2014 Venezuela todavía gozaba de mecanismos para presionar a una economía endeble como la de la isla, valiéndose de la llamada “diplomacia petrolera”. Ahora, si Tango Alfa fuese apresado en una escapada furtiva, difícilmente habría algún medio para evitar que sea trasladado al territorio norteamericano. Sobre El Aissami, valga recordarlo, pesa una recompensa de diez millones de dólares.

Maduro no ordenará poner tras las rejas a su ex ministro y ex vicepresidente. El momento para esta decisión ya pasó. Por ahora, lo mantendrá a la vista, muy cerca. Y mientras tanto, avanzará en la operación para cortar todos sus tentáculos.

Empresario Richard Antoun en el radar de la justicia en Venezuela por hechos de corrupción en la CVG

Fue4nte: Reporte de la Economía

La corrupción en Venezuela ha sido un tema recurrente en los últimos años, y en la región de Guayana no es la excepción. Recientemente, se han destapado una serie de casos de corrupción en la CVG (Corporación Venezolana de Guayana) que han involucrado a varios funcionarios públicos y empresarios. Uno de los nombres que ha salido a la luz en esta investigación es el de Richard Antoun.

Antoun es un empresario de Puerto Ordaz que se ha hecho a costa del dinero proveniente de la corrupción y contratos otorgados desde la CVG que administraba Pedro Maldonado. Desde que Tareck El Aissami asumió la vicepresidencia en 2017, Antoun ha sido uno de los contratistas más privilegiados, obteniendo importantes obras con cuantiosos recursos. Posteriormente, desde la designación de Pedro Maldonado como presidente de la CVG, Antoun fue el encargado de reacondicionar el estadio Cachamay y el estadio Hermanas González, además del reacondicionamiento de viviendas para la Misión Vivienda, recibiendo el pago con minerales, hierro y alúmina, reveló 6tovision.

Estos cuantiosos negocios llevaron a Antoun a adquirir en el año 2021 el equipo de fútbol de primera división Mineros de Guayana, con el cual presuntamente pretendía lavar capitales provenientes de la corrupción. Sin embargo, cuando se enteró de que empezaron las investigaciones, dejó al equipo endeudado.

Además de sus negocios con la CVG, Antoun se encarga del transporte de alúmina, por sus conexiones en CVG y Bauxilum, y de las operaciones en Ferrominera con Jorge Infante, destruyendo la producción de la empresa y llevándose el mineral en intercambio de mano de obra y maquinaria, que pone a precios increíblemente altos para llevarse el mineral.

Antoun también ha sido el principal financista de Ángel Marcano para su elección en el Estado Bolívar. Posee fincas, mansiones, apartamentos, y llegó apenas a Venezuela hace pocos años sin un centavo. Además, es propietario de un restaurante en Puerto Ordaz llamado Beirut, lugar donde se concentraban para hacer negocios de la CVG y otras empresas públicas del estado y se podía observar el derroche de dinero en fiestas y cenas allí organizadas.

La Policía Nacional Anticorrupción, entidad adscrita al SEBIN, está tras la pista de Antoun, y se espera que en los próximos días ocurran más detenciones respecto a esta trama de corrupción que ha alcanzado a más de medio centenar de personas. Entre los próximos investigados se encuentran Juan Carlos Cayazza, socio de Felipe Santiago Contreras, ex vicepresidente de la CVG Sector Hierro-Acero y hoy privado de libertad, Juan Aníbal Vásquez Peña, ex Director Comercial de Ferrominera y trader que manejaba los negocios de Felipe Contreras con Juan Carlos Cayazza y Richard Antoun, y Christofer Ashley Mann, trader vinculado a la trama de corrupción CVG a través de las empresas Metaloy y Ashley Global Shipping y su representante Gabriel Falenni, quienes actualmente mantienen el negocio en Guayana.

En conclusión, la investigación sobre la corrupción en la CVG sigue avanzando y sacando a la luz nombres de empresarios y funcionarios públicos implicados en esta trama. Richard Antoun es uno de los nombres más destacados en esta investigación, y se espera que las autoridades continúen trabajando para llevar a los responsables ante la justicia y recuperar los recursos públicos desviados.

Allanan en Venezuela empresas de Salem Hassoun Atrach, detenido por tráfico ilegal de materiales estratégicos de Pdvsa en supuesta asociación con exalcaldes

Fuente: hable.se

El pasado martes 18 de abril fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía el ciudadano Salem Hassoun Atrach, señalado en Venezuela de manejar el negocio de la chatarra en el Puerto de Guanta, en el estado Anzoátegui. Hassoun Atrach es sindicado de haber desmantelado plantas e instalaciones de la estatal petrolera Pdvsa para vender como chatarra materiales estratégicos.

Algunas fuentes han informado que Hassoun Atrach actuaba supuestamente como socio del exalcalde de Guanta, Jhonnathan Marín y de su esposa Esneidy Mayerling Villanueva Medina de Marín. Ambos están siendo investigados por la justicia venezolana por presuntos delitos de corrupción y lavado de dinero. Se presume que Hassoun Atrach despachaba la chatarra de Venezuela y Villanueva Medina la recibía y negociaba en México.

La detención de Hassoun Atrach se produjo en el marco de una operación anticorrupción, según información oficial.

Además, se informó que la policía anticorrupción allanó unos galpones llenos de chatarra en las ciudades de Anaco y El Tigre. Rumores vinculan a Hassoun Atrach con otros exalcaldes del estado Anzoátegui, como Francisco Solórzano “Frassito” y Daniel Haro, relacionados también con el negocio de la chatarra. Haro fue detenido en febrero de 2022 junto al general Marco Tulio Álvarez, entonces jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) 51 del estado Anzoátegui, por contrabandear gasolina.

Se asegura que familiares de Jhonnathan Marín están implicados en el mismo caso, de manejo del negocio de la chatarra, junto a Hassoun Atrach, en Guanta. Se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre esta red de corrupción que afectó al patrimonio nacional venezolano.

El pasado viernes 21 de abril, funcionarios del SEBIN allanaron varias empresas ubicadas en Anzoátegui, propiedad del ciudadano de ascendencia árabe, Salem Hassoun.

El sujeto es propietario de cuatro empresas, y de manera extraoficial se informó que efectivos del SEBIN adscritos a la división Anticorrupción, base El Tigre, estuvieron a cargo del procedimiento.

Según fuentes de esa entidad, con las cuatro empresas de Hassoun, ya serían 10 las compañías intervenidas en ese estado por la Policía Anticorrupción.

Se conoció que durante el allanamiento, los efectivos policiales hallaron equipos y tuberías petroleras.

La empresa de la avenida Peñalver y el galpón de la avenida Jesús Subero de El Tigre, recientemente incautados por la Policía Nacional Contra la Corrupción (PNCC), podrían ser propiedad de uno de los tres imputados la madrugada del 19 de abril, Salem Hassoun, oriundo de la ciudad esa misma ciudad, en el estado Anzoátegui.

Así lo indicaron varias fuentes consultadas por el diario venezolano El Vistazo de forma extraoficial.

Según el ministro de comunicación e información venezolano, Freddy Ñañez, Hassoun está señalado de participar en la trama de corrupción Pdvsa – Cripto.

El jueves 20 de abril El Vistazo constató dos procedimientos realizados por la PNCC. El primero de ellos fue en horas del mediodía en una empresa con paredes de concreto armado, ubicada en la avenida Peñalver, cruce con parque Andrés Bello, en la ciudad de El Tigre.

Posteriormente, a las 2:30 pm, el medio constató la presencia de la misma comisión de vehículos negros, y un grupo de funcionarios con pasamontañas y portando armas largas, en las afueras de un galpón de la avenida Jesús Subero, sentido Guanipa – El Tigre, antes de la empresa Megaceros.

En ambas propiedades fueron colocadas calcomanías de la PNCC con la palabra «ASEGURADO».

Denuncian a Jean Antiba Abdel, alias «El árabe Antiba», por encabezar mafia judicial en el estado Aragua

Fuente: Reporte de la Economía

Un sujeto de nombre Jean Antiba Abdel, alias «El árabe Antiba», es acusado de tener bajo su control a los tribunales y fiscalías de la ciudad de Maracay, en el estado Aragua, Venezuela, gracias a la cercanía que asegura tener con el magistrado Maikel Moreno, expresidente del Tribunal Supremo de Justicia.

Así lo denunció el abogado Carlos Ramírez López, quien representa a algunas de las víctimas de Antiba Abdel, quien tiene varias denuncias por graves delitos, especialmente contra mujeres, reveló Ciudad Gótica.

Según el letrado, Antiba Abdel es un narco terrorista de origen libanés que llegó a Venezuela a los 16 años y obtuvo una cédula de identidad falsa que lo hacía pasar por caraqueño. Desde entonces, se ha dedicado a cometer actos ilícitos como violencia de género, intento de homicidio mediante sicariato, extorsión y lavado de dinero.

Ramírez López afirmó que Antiba Abdel se jacta de tener el poder suficiente para manipular a los jueces y fiscales de la región y evitar que sus casos avancen o que se le impongan sanciones. Incluso, difundió un audio en el que el propio Antiba Abdel amenaza al abogado con su influencia en el TSJ.

«Yo soy socio del magistrado Maikel Moreno. Tú no sabes con quién te estás metiendo. Yo tengo todo comprado aquí en Aragua. No vas a poder hacer nada contra mí», se escucha decir al presunto delincuente en el audio.

El abogado solicitó a las autoridades competentes que investiguen la situación y que garanticen la seguridad y la justicia para las víctimas de Antiba Abdel, quien sigue en libertad pese a las múltiples denuncias en su contra.

En Venezuela, ya no ocultan los nexos con el narcotráfico y la enorme trama de corrupción

Diosdado Cabello, sancionado por EEUU y acusado de liderar el cártel de los Soles, advirtió que el régimen irá tras aquellos que “incurran en delitos de narcotráfico”. También alertó a “cómplices y testaferros”. 

Por Lucas Goyret, Infobae.

Fuente: Diario Mendoza Today

Aunque la dictadura de Nicolás Maduro asegura que está en medio de una campaña anticorrupción, la purga de funcionarios chavistas iniciada hace más de un mes no hace más que exponer el enorme desfalco de los recursos del Estado perpetrado por la cúpula del régimen. A medida que avanza esta operación, la dictadura -aunque lo intente- ya no puede ocultar sus vínculos con el narcotráfico y la corrupción.

Este martes la Asamblea Nacional chavista presentó la Consulta pública de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, aprobada preliminarmente el mes pasado y que establece mecanismos que permitan la “identificación, localización y recuperación” de los bienes derivados de las actividades ilícitas a favor del Estado.

En la presentación estuvieron el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el vicepresidente del Partido Socialista Unidos de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, dos de los hombres de mayor peso del régimen.

Como pocas veces, y sin entrar en mayores detalles, Cabello se refirió abiertamente a posibles actividades de narcotráfico en el país. “Quien incurra en delitos de narcotráfico y corrupción debe saber que se van a enfrentar a la ley, pero también deben saber sus cómplices y sus testaferros”, advirtió.

“Deben saber aquellos que tengan bienes que se van a enfrentar a la ley. Si alguien sabe de una persona que de hechos ilícitos adquirió bienes puede denunciarlo para nosotros seguir avanzando”, agregó.

Desde la llegada de Maduro al poder en 2013, cada vez fueron más las denuncias y señalamientos de presuntas actividades vinculadas al narcotráfico en Venezuela. En marzo de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció cargos por narcoterrorismo contra las principales figuras de la dictadura, y ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por informaciones que permitan el arresto y enjuiciamiento de Maduro.

La lista de sancionados también la integra Cabello, sobre quien pesa una recompensa de hasta 10 millones de dólares.

“Mientras ocupaban puestos clave en el régimen de Maduro, estos individuos violaron la confianza pública al facilitar los envíos de narcóticos desde Venezuela, incluyendo el control de los aviones que salen de una base aérea venezolana, así como el control de las rutas de la droga a través de los puertos de Venezuela”, señalaron las autoridades norteamericanas en un comunicado.

En los últimos años los señalamientos contra Cabello han sido innumerables. A tal punto que se le acusa de ser el líder del Cártel de los Soles. En 2016 Javier Cardona Ramírez, un ex narcotraficante que estuvo detenido en Brooklyn (EEUU), realizó explosivas declaraciones a Diarios Las Américas al afirmar que el número dos del chavismo “es el mayor narcotraficante de Venezuela”; sostuvo, además, que en ese entonces llegaba a ostentar más poder que el propio “Chapo” Guzmán.

Tras las acusaciones de Estados Unidos y gran parte de la comunidad, Cabello llegó a responder: “No tenemos ninguna vinculación con el narcotráfico. Esto es una arremetida y una agresión contra nosotros. No nos preocupa porque venceremos. No podrán contra nosotros ni probar nada”.

Contradictoriamente, sus palabras de este martes reconocen posibles actividades ligadas al narcotráfico en un país donde todos los resortes del Estado están cooptados y controlados por las altas esferas del chavismo. Nada se ejecuta sin la aprobación del dictador o de su entorno.

Por su parte, el vicepresidente del PSUV también llamó a ir contra “los testaferros”. Pero hasta el momento el régimen evitó iniciar acciones o incluso referirse al empresario colombiano Alex Saab, detenido en Estados Unidos por lavado de dinero y señalado como testaferro de Maduro.

Semanas atrás, cuando la dictadura chavista confirmó el allanamiento al empresario colombiano Álvaro Pulido, quien finalmente fue detenido en los últimos días, el fiscal general Tarek William Saab evitó afirmar si estas acciones implican una investigación sobre Saab, quien además es el principal socio de Pulido. “Yo no estoy diciendo, eso lo estás diciendo tú. Yo no he dicho para nada que tienen que ver con la persona que tú mencionas. Simplemente te estoy hablando a nivel general”, declaró durante una entrevista con el periodista colombiano Carlos Rolando Lizcano Manrique.

Pulido y Saab son acusados por la Justicia de Estados Unidos de transferir desde Venezuela, a través del país norteamericano, cerca de 350 millones de dólares a cuentas que poseían o controlaban en otros países. La acusación señala, además, que, entre 2011 y por lo menos 2015, ambos empresarios colombianos conspiraron con otros para lavar las ganancias de una red de corrupción sustentada en sobornos dirigidos a obtener contratos para realizar proyectos públicos y fraudes al sistema de control de cambio de divisas en Venezuela.

Las autoridades norteamericanas consideran que Saab es una de las piezas fundamentales para llevar a Maduro y a su cúpula a la Justicia. Por eso, desde su extradición en septiembre de 2021, cuando fue interceptado por Interpol durante una escala en Cabo Verde, el régimen chavista ha agotado múltiples esfuerzos para lograr su liberación. Hoy en día la dictadura sostiene que se trata de “un diplomático” venezolano secuestrado por Estados Unidos.

Como viene sucediendo desde hace más de un mes, los altos funcionarios del régimen se limitan a lanzar efusivas advertencias que, en su gran mayoría, involucran a dirigentes y empresarios chavistas, pero no parecen buscan una verdadera limpieza o una genuina lucha contra la corrupción en Venezuela.

Este martes, en el marco del Encuentro Internacional sobre Corrupción y Derechos Humanos en Venezuela celebrado en Madrid, la organización Transparencia Venezuela reveló que los casos de corrupción del chavismo investigados internacionalmente ascienden a cerca de 70.000 millones de dólares.

“El monto es imposible de sumar, pero contando los casos de los que ya tenemos el expediente en la mano, que solamente es la mitad de los 146 casos identificados, suman casi 70.000 millones de dólares”, explicó Mercedes De Freitas, directora de la ONG venezolana.

De Freitas también se refirió a la purga de funcionarios chavistas escenificada por el régimen de Maduro: “Es para castigar a lo que se considera un traidor y un enemigo del gobierno y no para acabar realmente con la impunidad”

Nicolás Maduro potencializa un narcoecosistema en Venezuela: InSight Crime

Durante su mandato ha colocado a Venezuela como un centro de distribución de cocaína en el mundo, así se consolida en el poder

Por: ISRAEL LÓPEZ GUTIÉRREZ

Hace una década, Nicolás Maduro asumió la Presidencia de Venezuela, el mismo tiempo en que ese país se ha consolidado como uno de los centros más importantes en la distribución de cocaína, por su puesto, el negocio lo estructuró su antecesor Hugo Chávez.

Según InSight Crime, Maduro potencializó un narcoecosistema único, donde borró la línea entre la delincuencia organizada y las instituciones del Estado.

Center for a Secure Free Society advirtió que el régimen construyó un "super cártel" de narcotráfico para lanzar una guerra asimétrica contra EU.

El Cártel de los Soles –término usado por primera vez en 1993– distribuye unas 450 toneladas de cocaína del mercado mundial de un total de mil 800 toneladas. Es decir, la organización pasó de una porción de alrededor de 1% del mercado mundial en 2010, a cerca de 25% en la actualidad.

Con Maduro, el tráfico de drogas se ha atomizado con una proliferación de actores que buscan acceso a la riqueza prometida.

El narcotráfico es un elemento importante en las estrategias de Maduro para aferrarse al poder ante las crisis sociales, políticas y económicas, según InSight Crime.

Su objetivo no ha sido captar para sí mismo las riquezas del tráfico transnacional de cocaína, sino controlar y canalizar su flujo, usándolas como un mecanismo para premiar a los poderes políticos, militares y criminales.

Las rutas de la cocaína en Venezuela pasan por casi todos los estados. La mayoría de los cargamentos inician su travesía en Colombia antes de cruzar hacia Zulia, Táchira, Apure y Amazonas.

Algunos cargamentos salen desde la región limítrofe en avionetas, otros siguen su recorrido por tierra. De allí, la cocaína va al norte, hacia Centroamérica o a las islas del Caribe, o al sureste, hacia Brasil, Guyana o Surinam, para terminar, abasteciendo los dos mayores mercados de cocaína: EU y la Unión Europea.

Capturaron al exvicepresidente de Comercio de PDVSA Salem Hassoun Atrach

Por: Marlene Castellanos

Fuente Carabobeno es Noticia! 

La Policía Nacional Anticorrupción de Venezuela realizó nuevas detenciones e imputaciones dentro del operativo ‘caiga quien caiga’ que adelanta el Ejecutivo contra varios altos funcionarios, vinculados a mafias delictivas que operan dentro del aparato estatal.

De acuerdo con el canal estatal VTV, entre los nuevos detenidos se encuentra Ysmel Romer Serrano Florez, un funcionario que ha ocupado diversos cargos de confianza y de alta responsabilidad dentro de distintas instituciones de gobierno y empresas estatales.

Serrano estuvo a cargo de la vicepresidencia ejecutiva para el área de comercio y suministros de Petróleos de Venezuela (PDVSA), oficina encargada de velar por la correcta distribución de gasolina y gasoil en el país. También fue presidente de la Empresa PDV Caribe, S.A., una filial de la petrolera venezolana, y secretario general de la Secretaría Ejecutiva de Petrocaribe.

Previamente, fue secretario de Comercio y Desarrollo Económico de la Gobernación del estado Aragua; presidente del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios (Fogade); titular de la oficina internacional de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG Internacional); director general de la superintendencia del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) y jefe de la Dirección Nacional de Prisiones.

Además de Serrano, también fue detenido y presentado ante el Tribunal Especial Antiterrorismo y Corrupción en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en Caracas, Salem Hassoun Atrach, quien estaría vinculado a las irregularidades financieras detectadas tanto en PDVSA como en la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip).

De igual forma, se informó sobre la captura del funcionario Leoner Jesús Azuaje Urrea por la trama delictiva dentro de la empresa estatal Cartones de Venezuela, misma compañía por la que fue detenido semanas atrás el también exalto funcionario de confianza Hugo Cabezas.

20 órdenes de captura pendientes

Entre tanto, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó que el operativo anticorrupción que dirige el propio presidente venezolano, Nicolás Maduro, desde hace meses, ha logrado detener en las últimas semanas a un total de 61 personas, todas privadas de libertad, entre funcionarios estatales y empresarios vinculados a las mafias corruptas.

Además, dijo el fiscal, en estos procedimientos contra la corrupción, se han realizado 172 allanamientos en varias partes del país, mientras aún quedan otras 20 órdenes de aprehensión por ejecutar.

Saab detalló que la Fiscalía ha solicitado por la trama de corrupción conocida como «PDVSA-CRIPTO«, 56 órdenes de captura y 107 allanamientos a nivel nacional; mientras que por las irregularidades en la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), se han emitido 14 solicitudes de aprehensión y 51 allanamientos.

Con respecto a la red delictiva en Cartones de Venezuela, el Ministerio Público ha emitido tres órdenes de captura y realizado siete allanamientos. Dentro del Poder Judicial se han solicitado seis órdenes de aprehensión y seis allanamientos; y en la alcaldía de Tejerías en el estado Aragua, una orden de detención y un allanamiento.

Desde el pasado 17 de marzo, el Ministerio Público, por una petición de la la Policía Anticorrupción, inició los procesos contra una serie de exaltos funcionarios señalados de cometer hechos irregulares en la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), en el Poder Judicial, en la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), en la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), en Cartones de Venezuela y en algunas alcaldías.

Joseph Humire: “El caso Hamdar revela los nexos que tiene Hezbollah con la corrupción política en Perú”

Infobae conversó con el director ejecutivo del Center for a Secure Free Society (SFS) acerca del ciudadano libanés, quien fue absuelto por el Poder Judicial de pertenecer a la organización terrorista.

Por: Juan Mauricio Muñoz Montejo

Fuente: Infobae

Joseph Humire es director ejecutivo del Center for a Secure Free Society (SFS). (Redacción DEF)

El pasado martes 11 de abril, el ciudadano libanés Muhamad Ghaleb Hamdar, quien fue acusado de ser miembro del grupo terrorista islámico Hezbollah, fue absuelto, por unanimidad y por segunda vez, por la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional del Poder Judicial. La excusa de la Corte Nacional fue que “las pruebas obtenidas a nivel preliminar resultan ilícitas y no pueden ser valoradas por el tribunal”. Habrá una última apelación, que si es aceptada, Hamdar tendrá que volver al banquillo.

Infobae conversó con Joseph Humire, director ejecutivo del Center for a Secure Free Society (SFS), que estuvo presente en los dos juicios contra el ciudadano libanés. Para el experto en crimen organizado transnacional y terrorismo, Hamdar estaba en Perú para construir una identidad e ir creciendo con negocios ficticios, aunque detrás de esa máscara, estaba haciendo trabajo de inteligencia. Así, poco a poco establecería un plan general para el movimiento terrorista.

—¿Cuál sería el plan de Hamdar en Perú?

—Con el Hezbollah no se conocen sus planes. Son terroristas que demoran cinco a diez años para saber qué van a hacer. Sabemos que el mismo año que Hamdar estaba en Perú habían terroristas en Chile y Bolivia. No sabemos si estaba involucrado, pero conocemos que era una red.

—La confesión de Hamdar a la Policía es clara: indicó que pertenece al Hezbollah.

—Mucho sobre este caso se basa en su confesión. No es un papel escrito; es una declaración de más de cuatro horas donde dice por qué llegó al Perú. Él no va a decir toda la verdad, solo va contestar a medias, sin embargo, no se dio cuenta que habló de más al mencionar que estaba trabajando para Hezbollah. A su vez, lo dice para tratar de ganar la confianza de la Policía. En tal caso, quería distraer y no les ofrece suficiente información para saber exactamente cuál iba ser su plan.

Hamdar es sindicado por la Fiscalía de ser integrante de la organización terrorista Hezbollah. (Andina)

—En el departamento de Surquillo donde vivía, la Policía halló varios explosivos en 2014.

—También se encontraron muchas fotos y videos para marcar territorios y conocimiento de rutas. Nunca se supo por qué estaba armando esto. La parte del caso que nunca se complementó es que tenía memorias encriptadas en árabe y en códigos, pese a que Hamdar siempre lo negó.

—La corte peruana, que absolvió a Hamdar, argumentó que el acusado no registró ninguna llamada telefónica al Líbano.

—La comunicación no era operacional, con Hezbollah tienes que reportarte presencialmente. Siempre han operado así, es muy cuidadoso para hacer sus contactos. Funcionan como terroristas y operadores de inteligencia.

—¿Crees que Perú perdió la oportunidad de juzgar a un terrorista del Hezbollah?

—Absolutamente. Hay mucha gente que está atenta a este caso. Hay un informe anual del Departamento de Estado, para saber cómo es la situación de los terroristas a nivel mundial. Casi nunca mencionan un caso en particular, pero el caso de Hamdar siempre ha sido sacado a flote. Ese es el nivel de atención que se le está dando aquí, en Estados Unidos. Estuve conversando con personas en Francia e Inglaterra, que siguen sus propios casos, pero están muy atentos a lo que ocurre en América Latina. Hubiera sido un momento histórico y un precedente para Perú.

—En su defensa, Hamdar dijo que había sido torturado psicológicamente por la Policía para que proporcione una confesión a los fiscales.

—Nunca había leído una sentencia así. Hamdar dijo que lo habían golpeado toda la noche, pero en las revisiones médicas no había ninguna lesión, así que la defensa lo cambió a tortura psicológica porque no había ninguna evidencia.

Cuando Hamdar confesó que era del Hezbollah estaba sonriendo, intentando hacer bromas con los policías. Incluso, le ofrecieron café y pidió una gaseosa; no tiene ningún sustento que fue torturado. Intentó manipular a la Policía ofreciendo una confesión a medias acerca de pertenecer a Hezbollah. Los integrantes de este grupo terrorista están preparados para dar estas declaraciones. Mi teoría es que, como Hezbollah no trabaja solo, él quería autoinculparse, sin embargo, cuando se dio cuenta que no iba a funcionar porque le imputarían dos cargos por terrorismo después de hallar químicos explosivos en su departamento, se asusta y cambia toda la historia con el argumento de las torturas. Admitió varias cosas que podían ser usadas en su contra; es increíble que la Sala Penal no lo vio.

Pasaporte falso de Hamdar para ingresar a Perú.

—Otra defensa es que no tuvo un intérprete en árabe, sino en inglés.

—Varias veces se le preguntó si estaba cómodo con el intérprete de inglés y contestó que sí. Incluso, hay partes donde él le explicó al intérprete la pregunta que le habían hecho. Hamdar habla inglés fluido. No sé qué sucedió con la corte para no sentenciarlo. Este caso estaba prácticamente en el bolsillo. En el primer juicio (en 2017), los magistrados desconocían qué era Hezbollah.

—Eso es grave, ¿cómo una Corte Suprema de Justicia no va saber qué es Hezbollah?

—Durante este juicio (estuvo en los dos contra Hamdar) yo argumenté que si bien Hezbollah es un partido político no se les absuelve de ser autores de diez atentados en la historia y es reconocido como una organización terrorista por más de 60 países. Está documentado, aunque entiendo que en América Latina no se tiene este conocimiento. Ya en el segundo juicio, aceptan que Hezbollah es terrorista, pero sostienen que no saben si Hamdar lo es; y descalifican la confesión porque alegan que fue tortura.

—Hay una última apelación por este caso para que Hamdar vuelva a ser juzgado por el Poder Judicial.

—Ahora la Fiscalía tiene que demostrar que no hubo tortura psicológica. Me parece increíble.

—Actualmente, ¿cuánta influencia tiene Hezbollah en Perú?

—Este caso revela los nexos que tiene Hezbollah con la corrupción política en Perú, incluso en el gobierno de Pedro Castillo. Los pasos que tomó Hamdar no fueron por accidente; la forma que compró su visa para llegar a Perú no fue una casualidad. Hezbollah marcó un paso muy específico. Ha estado en Perú desde los años 90 para formar una red clandestina que muy poca gente conoce, tampoco sabe a qué nivel ha penetrado en la corrupción en las instituciones públicas. Hamdar nos empezó a revelar pedacitos de esta historia. Lamentablemente, nadie más está investigando porque merece atención.

—¿Se puede decir que el gobierno de Estados Unidos está atento a lo que sucede con Hezbollah en Perú?

—Sí. El mensaje de la corte peruana, al absolver a Hamdar, es prácticamente una invitación al Hezbollah. Es un mensaje de impunidad muy peligroso, en un país que tiene otros problemas. Perú es muy fuerte en la lucha contra el terrorismo, si nos remontamos a Sendero Luminoso y el MRTA, pero este caso no fue así.

Lo que busca Diosdado Cabello al exponer a 26 crueles funcionarios al mando del temido Granko Arteaga

El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela los invitó y mostró en su programa de TV a sabiendas de que serían reconocidos por sus víctimas

Por: Sebastiana Barráez

Fuente: INFOBAE

Capitán Eduardo Primera

Lo peor que hay en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en cuanto a torturas, tratos crueles y crímenes de lesa humanidad está en la Dirección de Asuntos Especiales (DAE) que dirige el teniente coronel (GNB) Alexander Enrique Granko Arteaga. Los funcionarios de la DGCIM no han escatimado en golpear, violar, mentir, inventar expedientes, tergiversar informes, sacar declaraciones con torturas, robar y amenazar. Siempre se protegieron y ocultaron sus identidades. La presentación que Diosdado Cabello, hizo de 26 de ellos, en su programa de televisión, no fue inocente y buscó exponerlos ante la opinión pública a sabiendas de que serían reconocidos por sus víctimas. Y lo hace en el momento en que se tambalea la dirección del servicio de Contrainteligencia Militar.

Hay que destacar lo que dice Cabello, que fue Alexander Granko Arteaga, jefe de DAE (Dirección de Asuntos Especiales de la DGCIM), quien le envió el grupo de los 26 funcionarios; eso estaría revelando una situación conflictiva de poder en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, de la que el segundo del gobierno está sacando ventaja y a la que se refiere como Dirección de Inteligencia, nombre que tenía ese organismo antes de Nicolás Maduro.

Mayor Jeanpier Soto Dávila

Capitán Nidler Carvajal

El 21 de marzo 2023, después de la detención del diputado Hugbel Rafael Roa Carucci por la purga en PDVSA, el empresario y operador financiero Daniel Prieto Prieto, huye de Venezuela hacia República Dominicana, donde es detenido a solicitud de Venezuela; él argumenta que está al servicio de la DGCIM y enseñó una credencial que estaría firmada por el MG (Ej) Iván Hernández Dala, Jefe de la Dgcim y de la Guardia de Honor Presidencial.

“Por ese caso detuvieron a un Capitán de Navío, que presta servicio en Miraflores, y trabajaba con Hernández Dala; el hombre contó que la credencial fue ordenada por el jefe de la DGCIM para que Prieto pudiera huir de Venezuela e incluso dijo que fue el jefe de la Dgcim quien advirtió al empresario que lo iban a detener en un operativo en el que la DGCIM no estaba actuando”.

Capitán Keishmer Abel Gómez Mata

Mayor Ismael Pirela

Mayor José Peña Barrios

Sargento Ayudante Johnny Mora

Eso causó que el 29 de marzo saliera de la DGCIM un memorándum, suscrito por el MG Hernández Dala, dirigido a los comandantes de las regiones y directores de línea, informando que quedaban sin efecto y se recogieran todas las credenciales del personal de fuerzas no profesionales, como agentes especiales (ad honorem) y las acreditaciones con jerarquías que no sean profesionales de carrera. La excusa es que habría un nuevo formato que saldrá en julio 2023.

El 11 de abril 2023, el MG Elio Ramón Estrada Paredes, viceministro de Policías, envía a los directores de los cuerpos de policía nacional, estadal y municipal, notificando la derogación de las credenciales y su recolección.

Dos hechos relevantes ocurren con la presencia de los funcionarios de DGCIM en el programa que Diosdado Cabello conduce por un canal del Estado: fue muy evidente el disgusto que la mayoría de los funcionarios de DAE reflejaban. “Ellos no iban a ese programa; Granko los envía con el argumento que lo custodiarían a él, pero nunca se presentó. Les montaron una emboscada para exponerlos ante la opinión pública porque ese grupo es de los más crueles, pero también porque Diosdado quiere tener el control de la DGCIM, así como controla el SEBIN. Quiere aprovechar todo el auge de la Policía Nacional Contra la Corrupción”, le dice a Infobae una fuente de Inteligencia.

My Jesús Cárdenas Naranjo alias Camaleón

Estos son

Los 26 funcionarios de la DGC adscritos a la DAE y que Diosdado presentó con nombres y apellidos, son:

Siete Mayores: José Peña Barrios, Ismael Pirela, Juan Rodríguez Navarro, Jeanpierre Soto Dávila, Germán Sánchez Colmenares, Jesús Cárdenas Naranjo y César Uzcátegui Pulgar.

Once capitanes: Alexandra Silva, William Heredia, Keishmer Abel Gómez Mata (quien nunca se quitó el tapaboca), Luigi Atencia Fonseca, Elizabeth Flame Añez, Saúl Méndez Moisés, Nidler Carvajal Quiles, Carli Pinto, Gilberto Yánez Paraco, Eduardo Primera y Víctor Parada.

Cinco primeros tenientes: Daniel Díaz González, Jeison Arriechi, Ivana Escalona Bernal, Alejandro Cordero y Eglis Tomás Regalado.

Un Sargento Ayudante: Jonny Mora.

Un Sargento Mayor de Primera: Gregory Martínez.

Un comisario: José Gregorio Muñoz.

Primer Teniente Jeison Arrieche

Comisario José Gregorio Muñoz

Primer teniente Eglis Tomás Regalado

Capitán Víctor Paradas

Cap. Saúl Méndez

Cap. Luiggi Atencia Fonseca.

1Tte Daniel Diaz Gonzalez

Capitán Gilberto Yánez Paraco

Mayor german Sánchez Colmenares

Los más crueles

Todos los familiares o víctimas consultadas por Infobae coinciden en que, entre el grupo de los 26 presentes, no estuvo uno de los principales torturadores: Jonatahan Eduardo Becerra Requena alias Piraña.

Familia de uno de los oficiales presos en la DGCIM identifica de inmediato a algunos de los DGCIM: “No sabía cómo se llamaban, pero nunca olvidaré sus rostros”, dice señalando como uno de los más crueles el My Juan Rodríguez, seguido del primer Teniente Daniel Díaz González, 1Tte Alejandro Cordero, el Mayor César Uzcátegui Pulgar y las capitanas Elizabeth Flame Añez y Alexandra Silva.

Capitana Alexandra Silva

Sobre la capitana Carli Pinto, “ella trabaja directamente arriba, en las oficinas de Hernández Dala y Granko Arteaga; ella no es custodio ni tiene relación con los detenidos”, le dice a Infobae una fuente desde la Dgcim.

La descripción que hace un ex preso sobre el Capitán Gilberto Yánez Paraco es “le gusta dar coñ… sin razón alguna”.

Capitana Carli Pinto

“Es asombroso cómo se cambian la barba y el corte de pelo para no ser reconocidos. A mí la primera noche me recibió el Mayor Juan Rodríguez Navarro, con golpe en la espalda para que hablara y le respondí que lo haría en el tribunal. Luego fueron a decirme que yo no saldría jamás de ahí. Aunque el día que abrimos las puertas de las celdas, llegamos al lobby y agarramos los teléfonos para llamar a nuestras familias, esos custodios estaban asustados”, relata un ex recluso que estuvo recluido en los sótanos de la DGCIM.

“Esos funcionarios de la DGCIM, de todos los componentes, son mala conducta, inadaptados, chismosos y ladrones. A mí me robaron todo, hasta los muebles, que están en casa de un funcionario de la DGCIM. ¿Sabes que Abel Angola amobló su casa con los equipos que se robó de un allanamiento?”, agrega otro de los consultados.

Capitán William Heredia

Una víctima del capitán Saúl Méndez Moisés relata a Infobae que “ese funcionario es un sádico, torturador y ladrón; él decía que no le importaba que estuviese denunciado ante la Corte Penal porque él nunca iba a salir de Venezuela”.

“De la mayoría de ellos nunca supimos los nombres porque se llamaban con alias, pero sus rostros no se olvidan así no más”, asegura la esposa de un oficial detenido.

La Negra e Ivana Escalona

El 13 de julio 2020 la familia del politólogo Nicmer Nicolás Evans vivió horas muy oscuras, desde el mismo momento en que funcionarios de la DGCIM interceptaron a su esposa cuando llegaba al apartamento, en busca del dirigente político y director del portal de noticias PuntoDeCorte. Cuando la señora de Evans les pidió a los funcionarios que se identificaran, se percató que en las credenciales aparecían las fotografías, pero no los nombres. Y cuando ella se resistió a abrir la puerta, alias El Sabuesito empuño la pistola y le dijo en tono amenazante: ‘O abres o le pego un tiro a la reja’. Ella confiesa que al otro lado de la puerta ve a su pequeño, llorando y aterrado, por lo que decidió abrir.

Primer Teniente Ivana Escalona Bernal

Durante las casi 5 horas, uno de los funcionarios alias El Sabuesito y la ahora capitana Ivana Escalona Bernal, así como otros que estaban encapuchados, amedrentaron a la familia. Cuando a Marta Cambero, le preguntan por su esposo, ella alegó que él se había ido. Insistieron en que les dijeran dónde estaba. Revisaron su teléfono, incluso lo utilizaron para enviar mensajes, además de ingresar a la aplicación del Twitter del portal de noticias y borraron información.

Unas horas después mandan a buscar a La Negra, que es la funcionaria llamada Karla Montoya que después la cita para que vaya a declarar a la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM).

Alias La Negra, Karla Montoya, es una mujer de figura masculinizada, muy alta, de piel oscura, pelo liso por desrizado y plancha. Entre La Negra e Ivana Escalona se encargaron de presionar a Cambero, de maltratarla de palabra, de decirle palabras degradantes e incluso hasta expresiones como: “si eres sinvergüenza, tú sabes que él está con otra mujer” y otras cosas.

Mayor Juan Rodríguez Navarro

Usando el teléfono personal de ella, que además revisaron sin ninguna orden judicial, llamaron a Nicmer. Cambero le dice a Infobae que “ellas me pasaron el teléfono y le dije: ‘aquí están funcionarios de la DGCIM y quieren que tu vengas, pero yo tengo las citaciones que nos hicieron y también firmé la tuya, así que no vengas’. Eso les molestó muchísimo. Insistieron en hablar con él”.

La citación que alias La Negra le hizo a Nicmer Evans

Entre los abusos en los que incurrieron los funcionarios está el haber hecho firmar un acta que levantaron y colocaron a firmar como testigo a la madre de Evans, una anciana discapacitada, afectada por tres ACV y un infarto.

1Tte Alejandro Cordero

Camberro le dice a Infobae, con sentimiento aun de mucha indignación, que la funcionaria Karla Montoya alias La Negra, toma al niño de los Evans Camberro, que entonces tenía 6 años, lo sienta en las piernas y lo interroga sobre dónde estaba su papá, cuándo fue la última vez que lo vio y muchas más preguntas, durante más de una hora, mientras el niño aterrado ya no sabía qué decir.

SM1 Gregory Martínez

“Karla Montoya le dijo a mi hijo ‘ay mi niño, que lamentable que tu mamá es una irresponsable y vas a terminar en la Lopna, porque tu mamá va a ir presa, igual que tu papá’. De ese hecho, el niño necesitó asistencia profesional”.

Al ver que no podían obtener información. Uno de los funcionarios alias Jonny Bravo se percata de un número de teléfono en la puerta de la nevera con el nombre Álvaro, que es un abogado de la familia, que había acompañado a Martha Camberro cuando llegó a la casa y estaba en la parte de afuera. Lo llaman y lo hacen entrar. El Sabuesito le dice a Karla Montoya que el abogado responda por la familia y así queda todo más legal”.

Cuando están sacando al abogado Álvaro Herrera los funcionarios salen y alias La Negra discute con la señora Evans que exige saber en qué vehículo se lo van a llevar: alcanzó a ver que se lo llevaron en una camioneta Toyota blanca. No se sabe nada de Herrera durante horas, lo llevan a la Dgcim Boleíta, hasta que lo llevan el apartamento donde Nicmer Evans se encontraba.

Capitana Elizabeth Flame Añez

Agrega que “supimos tiempo después que la orden de allanamiento se la dieron al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) y los funcionarios llegaron hasta la casa, pero se resistieron a allanarla. Los que llegaron después fueron los de la DGCIM”. La aprehensión de Nicmer Evans fue solicitada por el fiscal Renny Raúl Amundaray y la firmó el juez Macsimino Márquez, quien está preso por corrupción.

A las alcaldías del país también llega la operación anticorrupción

Fuente: El Informador

Harold Sosa

La operación «caiga quien caiga» llegó a la Alcaldía del municipio Baruta. Funcionarios de la Policía Nacional Anticorrupción detuvieron este miércoles al Director de Ingeniería Municipal, Harold Sosa.

Sosa fue arrestado por agentes de la policia para ser interrogado sobre los casos de corrupciòn que adelanta el Ministerio Público 

Sosa estarían señalado por tener vínculos en la trama de corrupción en PDVSA. El sitio web Alberto News publicó que el también cuñado del alcalde Darwin González, estaba siendo investigado por posibles sobornos a los hermanos Roger y Rafael Perdomo.

Ambos fueron mencionados recientemente por el fiscal Tarek William Saab como presuntos responsables de la pérdida de miles de millones de dólares en la red de la petrolera estatal y la Sunacrip. Ambos están detenidos.

Conoce al hacker venezolano que cayó preso en trama de corrupción

Una de las primeras personas en reportar su presunta detención fue el periodista Nelsón Bocaranda, quien escribió en Twitter: "Régimen de Maduro arresta a Juan Almeida, alias 'N33'". El hacker se hizo conocido por arremeter contra portales de noticias a nivel nacional. También se ha encargado de "difundir información de la realidad del país"

Fuente: Versión Final 

El nombre Juan Almeida no es tan desconocido como parece. Entre 2012 y 2013 se filtró que él había sido quien traicionó a Mario Silva, conductor de un programa de TV del régimen, llamado La Hojilla, al entregar audios donde criticaba a altos funcionarios del chavismo.

En 2019, su nombre volvió a sonar, cuando la alcaldesa chavista del municipio Mariño del estado Aragua, Johana Sánchez, lo señaló de misógino en un video que se viralizó en Venezuela.

Aunque esos dos episodios fueron destacados, entonces no se conocía mucho sobre Almeida. Pero el miércoles 5 de abril volvió a ser tendencia en las redes sociales, después de que extraoficialmente se conociera que el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) lo había arrestado, reseñó el diario El Político.

Una de las primeras personas en reportar su presunta detención fue el periodista Nelsón Bocaranda, quien escribió en Twitter: “Régimen de Maduro arresta al hacker Juan Almeida, alias 'N33', otro peón de Tareck El Aissami – TEA, quien desde el estado Aragua, al centro del país, siendo gobernador TEA tenía patente de corso para la criminalidad cibernética”.

¿Pero quién es Juan Almeida, qué ha hecho, por qué se le vincula con Tareck El Aissami, el fiscal Saab ha dicho algo?

El periodista Bocaranda indicó en Twitter: “hace unos años (tratando de descubrir quiénes eran mis fuentes sobre enfermedad de Chávez), desde su nicho en Maracay y con la complicidad del mexicano jefe de seguridad de Movistar, me hackeó mis cuentas telefónicas”.

Con esas palabras hacía referencia a Almeida, quien se hace llamar "N33" y, según un breve perfil del portal El Cooperante, es reconocido por "arremeter contra portales de noticias conocidos, por difundir información de la realidad del país".

La cuenta en Twitter @zuricht94, gestionada por César Moya, señaló que el martes 4 de abril el Sebin allanó la residencia de Juan Almeida, ubicada en la urbanización El Orticeño, del estado Aragua, cerca del mediodía.

El allanamiento se realizó en horas del mediodía. Y duró aproximadamente hasta las 4:30 pm., quedando detenido y trasladado a los calabozos de la sede. Igualmente fue registrada la vivienda de su madre, ubicada justo al lado de Almeida", resaltó.

Además, compartió un video de la presunta detención.

Cilia Flores: ¿Al mando de la corrupción en Venezuela?

Fuente: Diario  La Libetad

Cilia Flores: «la primera combatiente» como la llama Nicolás Maduro sucesor de la dictadura de Hugo Chávez; ha sido señalada de estar a cargo de uno de los entramados de corrupción que más ha indignado al vecino país y a otras naciones.

La ambición llenó los ojos de sus hijos, ex esposo y socios de negocios pues paulatinamente adquirieron una a una las catorce casas de un callejón de la urbanización Cumbres de Curumo de Caracas, para la exorbitante compra crearon una estrategia mediante terceros allegados, a través de empresas de maletín, y con pagos nominales en bolívares con cheques personales.

Según ArmandoInfo las ofertas a los propietarios de las viviendas comenzaron a hacerse en el año 2015, aunque al principio no se evidenciaba poco a poco comenzó a notarse como los hijos de Cilia eran quienes pretendían tomarse una calle para ellos solos, el medio de comunicación citado con anterioridad evidenció que «catorce de las quintas de la avenida Laguna de Tacarigua fueron adquiridas por un entramado de diversas empresas detrás del cual se asoman, sin camuflar, nombres de allegados a los hijos de Cilia Flores: Walter Jacob, Yosser y Yoswal Gavidia Flores«.

Fue así como una calle de esa urbanización de clase media fue cerrada para mayor seguridad y privacidad, se estima que las casas tuvieron un valor entre 800 mil y 1,5 millón de dólares cada una.

“(Cilia) Es la que mueve los hilos del poder político y económico en la sombra, la que pone y quita a los funcionarios en los cargos claves, la que participa en los Consejos de Ministros y en las sesiones parlamentarias sin necesidad de figurar en su directiva porque es ‘la mano que mece la cuna de la corrupción’”, afirmó el investigador Alejandro Rebolledo.

Varios personas habitantes del sector confirmaron a ArmandoInfo en una investigación realizada hace ya algunos años que la #599 según la numeración catastral de la calle, vive Walter Gavidia Rodríguez ex esposo de «la primera combatiente», además la #335, diseñada en 1961 por el arquitecto Jesús Tenreiro y declarada Bien de Interés Cultural por el Municipio Baruta, se destinó al alojamiento del personal de escolta de los hermanos Gavidia Flores.

En febrero de 2015 se registró en un documento notariado, la venta de la primera casa, la identificada como la #599 en el mapa de la avenida Laguna de Tacarigua. La familia propietaria vendió su residencia a la sociedad mercantil KPMG Servicios Inmobiliarios, C.A, una empresa creada en septiembre de 2014 en el estado Anzoátegui, en el oriente costero de Venezuela, con un capital de 300.000 bolívares y que cuatro meses después desembolsó diez millones de bolívares por esa casa.

Los habitantes del sector afirmaron que los precios que quedaron asentados en los documentos notariados no fueron los que finalmente se pagaron, los precios reales en un rango que oscila entre los 500.000 dólares y 1,5 millones de dólares por vivienda.

Así se fue adquiriendo una a una hasta obtener toda una calle.

Tareck El Aissami introdujo armas al país

Por: IBÉYISE PACHECO

Fuente: Diario Las Americas

Maduro está en el aprieto de entregar a Tareck a su enemigo Estados Unidos, o dejarlo ir a un lugar seguro

Mantener oculto al exministro de Petróleo Tareck El Aissami, no disminuye su peligro para el régimen. ¿Cuánto ignoraba Nicolás Maduro de las operaciones que ejecutaba el hombre de su máxima confianza? En este brete se encontró Maduro cuando los americanos lo increparon y demostraron el ingreso de armas a territorio venezolano desde el Medio Oriente. Ese fue el elemento activador de la salida de Tareck. No fue la corrupción, versión usada como coartada para el relato. Lo que acorraló a Maduro, y lo desencajó, fueron las evidencias de desembarco de armamento, precisaron fuentes confiables.

Como el máximo secreto se ha manejado el destino de El Aissami. No se exagera al afirmar que lo que él conoce puede hacer tambalear al régimen, así que el asunto se maneja con altísima prudencia, más aún, luego del descubrimiento de la dimensión del imperio delictivo con sabor político que había montado en la nariz de Nicolás.

Tareck, además de dominar la industria petrolera sobre la que controlaba su producción y su comercialización, había trasladado armas en buques que iban a ser cargados de combustible en el país. El entramado lo completaban las navieras traficando oro y tierras raras. Los muelles de las empresas básicas, El Aissami los usaba como su despacho de trabajo.

Y todas esas operaciones eran llevadas a cabo en combinación con miembros de la Fuerza Armada venezolana, área que Maduro hasta ahora ha tratado con especial delicadeza ante el malestar que no logra reducir entre los militares y que le impide agitar más las aguas con una movida de mata en la jerarquía que ha sido decisiva para mantenerlo en el poder. Sin duda, sí hay militares de distinta jerarquía investigados, y ha habido cambios en cargos de oficiales, pero todos bajo el manto del silencio. En la FANB, no es momento para Maduro tomar grandes decisiones. Las sospechas sobre el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y el jefe de Dirección de Inteligencia Militar, Iván Hernández Dala, han sido diferidas.

Maduro está en el aprieto de entregar a Tareck a su enemigo Estados Unidos, o dejarlo ir a un lugar seguro. En Venezuela sería complicado retenerlo sin poner su cabeza ante la “justicia” cuando hasta el corazón del chavismo ha sido testigo del millonario asalto, ratificado por el discurso oficialista, de la grotesca corrupción.

Las imágenes de mansiones, carros de lujo, gigantescos edificios, mujeres de funcionarios, de testaferros y de operadores financieros restregando privilegios y riquezas en las redes sociales, la larga lista de negocios ilícitos, le explican a cualquier venezolano la razón de su pobreza.

Maduro en este trance de debilidad se ha visto en la necesidad de repartir -para su pesar, entre amigos y enemigos- el imperio de Tareck. Los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez, y Diosdado Cabello, han resultado beneficiados.

A esta situación se le ha unido un tema que para Maduro es un constante dolor de cabeza: la investigación en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. El Fiscal Karim Khan al rebatir los argumentos del régimen ante la CPI para intentar que las investigaciones de la Fiscalía sean desestimadas, fue contundente: “Los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela son graves y exigen investigación y enjuiciamiento”. Destaca Khan en su respuesta, el ataque sistemático contra la población civil, “como mínimo, alentada o aprobada por el Gobierno de Venezuela y llevada a cabo principalmente por miembros de fuerzas de seguridad del Estado”.

Gran momento éste, en que se va desvelando el rostro del régimen, putrefacto, cargado de miserias. No son las sanciones las que han generado el hambre en los venezolanos. Es el monstruoso asalto a todo recurso. Es el país bajo el control de una megabanda. Es el festín del delito al que han sido convidados los peores hampones y chulos, locales e importados como Alex Saab. En Venezuela la oficialidad militar recibe órdenes del Tren de Aragua y del ELN, por ejemplo. El negocio del petróleo ha sido controlado con socios del Medio Oriente.

Para el régimen las leyes solo existen para torcerlas en beneficio de sus intereses. No es difícil predecir que en poco tiempo montarán un show para tratar de bajar el volumen al escándalo de Tareck El Aissami. Que la Ley de Extinción de Dominio, aprobada bajo el anuncio de recuperar bienes derivados de actividades ilícitas, realmente la utilizarán contra opositores a quienes les arrebatarán propiedades que tengan todavía en pie. Probablemente también agitarán deseos de venganza con posible prisión para algunos, incluido Juan Guaidó.

Todo para calmar la angustia de Maduro y para amortiguar la tormenta que está viviendo.