ASERNE VENEZUELA

¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela!

martes, octubre 15, 2024

Economía negra genera 21.7% del PIB en Venezuela

Por: EUGENIO G. MARTÍNEZ
Fuente: Diario las Americas

María Corina Machado ha advertido que el régimen que hoy vive más del narcotráfico y del tráfico ilegal de minerales que del petróleo y cualquier actividad lícita

Nicolás Maduro cerró filas con los principales jerarcas chavistas tras las elecciones de Venezuela.

Un nuevo periodo de aislamiento internacional de Venezuela a partir del 10 de enero de 2025 favorecerá especialmente a los grupos que nutren las actividades de economía negra en el país, tales como desvío y venta ilícita de petróleo, narcotráfico, contrabando de oro y metales preciosos, así como actividades ilegales en puertos y aeropuertos.

A partir de la manipulación de los resultados de la elección presidencial del 28 de julio, el régimen de Nicolás Maduro ha roto relaciones con ocho países, incluyendo el cierre de rutas aéreas comerciales con Panamá, República Dominicana y Chile.

Después de la suspensión de los vuelos comerciales directos entre Estados Unidos y Venezuela; Panamá y República Dominicana habían servido como escala de los pasajeros venezolanos que se dirigen especialmente hacia los Estados Unidos o hacía otros países en el Sur del continente. Sin estas rutas comerciales se pierden aproximadamente 10.000 pasajes por semana, según los cálculos de la Asociación de Agencia de Viajes y Turismo (Avavit).

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado ha advertido del impacto de un nuevo periodo de aislamiento: “Estamos hablando de un régimen que hoy vive más del narcotráfico que del petróleo. Más del tráfico ilegal de minerales, oro, que de cualquier actividad lícita”

Según Machado, a medida que aumenten las sanciones que aíslen a Venezuela aumentará la dependencia del gobierno para operar con estructuras de economía negra, organizaciones del crimen organizado y bandas delictivas.

La clave: evitar rebeliones dentro de la FAN

Según el politólogo Alejandro Tarre “en los análisis sobre cómo la dictadura venezolana logra mantener el poder se subestima el rol del crimen organizado. El gobierno no tiene dinero para pagar salarios dignos a los militares. Para Maduro esto representa un problema, ya que su supervivencia depende de evitar rebeliones en las Fuerzas Armadas”

Tarre sostiene que “las actividades ilícitas pueden llenar el espacio que deja el Estado. En algunos casos, permiten a los soldados aumentar sus ingresos o, al menos, ganar lo suficiente para sobrevivir. En otros, llevan a la creación de enormes fortunas (…) Involucrar a los militares en la economía ilegal tiene una ventaja adicional: mantener el statu quo se convierte en una prioridad para una constelación más amplia de actores”.

A partir de la llegada al poder de Maduro en 2013, el gobierno venezolano comenzó un rápido proceso para entregar a los militares importantes concesiones económicas que se han concretado a través de la creación de hasta 20 empresas militares que controlan áreas esenciales de las actividades económicas formales e incluso de economía negra. El conglomerado económico militar va desde la fabricación de municiones hasta la elaboración de uniformes y embotellamiento de agua.

Un análisis conjunto de la organización Transparencia Internacional (capítulo Venezuela) y la consultora financiera Ecoanalítica concluyó que solo en 2021 (antes de la flexibilización de las sanciones sectoriales impuestas por EEUU) las actividades de economía negra en Venezuela movilizaron 9.444 millones de dólares.

Según estas estimaciones el contrabando de oro, que ocurre principalmente en el Arco Minero del Orinoco (estados Amazonas y Bolívar) y que involucra “a grupos militares, y sus allegados con el ELN y las FARC” generó 1.800 millones de dólares, aproximadamente 4.1% del PIB de Venezuela en 2021-

Por otra parte, el tráfico de estupefacientes, que involucra a sectores militares, con grupos irregulares generó 4.919 millones de dólares, el equivalente a 11.3% del PIB de Venezuela.

La extorsión en puertos fue calculada en 825 millones de dólares (1.9% del PIB), mientras el contrabando de combustible pudo generar, solo en 2021, 1.900 millones de dólares (4.4% del PIB).

En total, en el año en el cual las sanciones sectoriales más aislaron a Venezuela, la economía negra generó 21.7% del PIB del país.

La mayoría de los expertos consultados sostienen que un nuevo periodo de aislamiento favorecerá, no solo las actividades de economía negra investigadas por Transparencia y Ecoanalítica, sino también la llamada “economía sumergida”, es decir las actividades económicas no declaradas que escapan del control de la administración del estado y las estadísticas oficiales que proliferaron especialmente entre 2018 y 2023.

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Los Morodo habrían generado ingresos por un total de 6,6 millones de euros mediante contratos firmados entre 2007 y 2014

Por: Rafael Alejandro Escalona
Fuente: EDATV
  
Estas fueron las empresas con la cual Morodo recibió contratos ficticios de PDVSA

La investigación reveló que los Morodo utilizaron varias empresas para ocultar el origen de los fondos obtenidos

En un escándalo que ha sacudido la política española y la imagen de Venezuela. Raúl Morodo, exembajador de España en Caracas durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y su hijo Alejo. Han sido implicados en una trama de fraude fiscal que involucra contratos ficticios con la petrolera estatal venezolana, PDVSA.

Según la Fiscalía Anticorrupción, los Morodo recibieron más de 4,5 millones de euros. A través de una compleja red de empresas y estructuras societarias que facilitaban el blanqueo de capitales, convirtiendo ingresos ilícitos en fondos aparentemente legales.

La Estructura del Fraude

La investigación ha revelado que los Morodo utilizaron varias empresas para ocultar el origen de los fondos obtenidos. Entre ellas destacan "Morodo Abogados y Consultores Asociados", "Furnival Barristers Corp", y "Lakeside Overseas Limited", esta última registrada en un paraíso fiscal. Estas entidades se emplearon para recibir pagos que, según la Fiscalía, carecían de justificación y no estaban vinculados a servicios de consultoría reales.

La Fiscalía expone que, durante los años 2013 y 2014, se realizaron transferencias millonarias desde cuentas asociadas a PDVSA hacia las empresas mencionadas. Sin que se pudiera identificar claramente a qué servicios correspondían estos pagos.


Morodo aceptó un pacto con la Fiscalía, que le permite evitar la prisión tras reconocer el fraude fiscal | Europa Press

Las transacciones incluyen una suma total de 2 millones de euros. Que llegaron a una de las empresas interpuestas desde una cuenta bancaria en Portugal "a nombre de PDVSA".

Los Morodo habrían generado ingresos por un total de 6,6 millones de euros mediante contratos firmados entre 2007 y 2014. Sin embargo, las empresas a través de las cuales canalizaban los ingresos carecían de infraestructura y personal. Lo que llevó a los investigadores a concluir que eran meras pantallas diseñadas para ocultar la verdadera naturaleza de los fondos.

Confesión y Consecuencias Legales

Durante el juicio que se ha llevado a cabo recientemente en la Audiencia Nacional, Morodo y su hijo Alejo se declararon culpables de los cargos en su contra. Evitando así penas más severas. Morodo aceptó un pacto con la Fiscalía, que le permite evitar la prisión tras reconocer el fraude fiscal.

La pena acordada fue de 10 meses de cárcel, considerablemente inferior a los tres años y medio que el Ministerio Público había solicitado. Por su parte, Alejo Morodo enfrentó una condena de dos años, reducida también por su confesión.

La Abogacía General del Estado y la acusación popular, representada por Manos Limpias, han retirado los cargos más graves en virtud de estos pactos. Este acuerdo no solo ha implicado la reducción de las penas.

Si no también la anulación de las acusaciones de organización criminal y blanqueo de capitales. Lo que ha suscitado críticas sobre la justicia en estos casos de corrupción.

El Papel de PDVSA

La conexión entre PDVSA y los Morodo destaca la problemática de corrupción que ha caracterizado a la empresa estatal venezolana. A lo largo de los años, PDVSA ha sido objeto de numerosas acusaciones de irregularidades financieras y malas prácticas, lo que ha llevado a un deterioro significativo de su reputación.

La Fiscalía ha evidenciado que, a través de la relación que Morodo tenía con altos funcionarios venezolanos, su hijo Alejo pudo acceder a estos contratos. Lo que pone en relieve cómo las conexiones políticas pueden facilitar el fraude.

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El NarcoEstado se fortalece: Primo de Diosdado Cabello es nombrado jefe del SEBIN por Nicolás Maduro

Fuente:Noticias Venezuela

A través de redes sociales, Nicolás Maduro anunció cambios y ratificaciones en parte de la cúpula militar y estrategia de seguridad para Venezuela. En un mensaje de Instagram y Telegram indicó que se ratificaba la dirección del Ministerio del Poder Popular para la Defensa a Vladimir Padrino López, quien se desempeña en el cargo desde 2014.

Actualmente Maduro enfrenta la condena internacional así como protestas internas que no reconocen los resultados electorales de julio pasado los cuales dieron como ganador de la Presidencia a Edmundo González, pese a que el Consejo Nacional Electoral ratificó que la victoria era para Nicolás Maduro.

El jefe de Estado también ratificó a Domingo Hernández Lárez, sancionado recientemente por Estados Unidos, como comandante estratégico operacional de la FANB.

En Telegram, Maduro informó de la designación de Johan Hernández Lárez como comandante general del Ejército, de Ashraf Abdel Hadi Suleimán Gutiérrez como jefe de la Armada y Lenín Ramírez como comandante de la Aviación Militar, mientras que ratificó en la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) a Elío Estrada Paredes.

Johan Hernández Lárez y Estrada Paredes también forman parte del grupo de 16 funcionarios, según EE.UU., “alineados con Maduro”, sancionados el pasado mes por el Tesoro estadounidense, que los acusa de obstruir “un proceso electoral presidencial competitivo e inclusivo en Venezuela y violaron los derechos civiles y humanos del pueblo”.

Por otra parte, Maduro nombró a Orlando Romero comandante de la Milicia Bolivariana, en sustitución de Javier Tábata, desde hoy al frente de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Asimismo, designó jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) a Alexis Rodríguez Cabello, nombrado en diciembre del año pasado autoridad única de la Guayana Esequiba, como Caracas denomina al territorio en disputa con Guyana, para el que, por el momento, no se ha anunciado sustituto.

Padrino López, sancionado por EE.UU. desde 2018, es el ministro más antiguo del Ejecutivo de Maduro, quien llegó al poder en 2013 y fue proclamado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en los comicios del pasado 28 de julio como presidente reelecto para un tercer sexenio consecutivo, un resultado cuestionado dentro y fuera del país caribeño.

Maduro anuncia estos cambios cuando el país vive una crisis política desatada tras su polémica segunda reelección, considerada fraudulenta por la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que reclama el triunfo de su abanderado, Edmundo González Urrutia, exiliado en España.

En agosto, la FANB ratificó su “absoluta lealtad y subordinación” a Maduro, pese a que la Constitución señala que la Fuerza Armada es una institución “sin militancia política” que está “al servicio exclusivo de la nación y, en ningún caso, al de persona o parcialidad política alguna”.

Rodríguez Cabello es primo de Diosdado Cabello, que se desempeña como ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela.

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lunes, octubre 14, 2024

Víctor José Vargas Irausquín y el Banco del Orinoco NV: Vence plazo para demostrar solvencia en Curazao

Fuente. Reporte de la Economía


Las redes sociales se han convertido en un espacio clave para la organización y la difusión de información sobre el caso del Banco del Orinoco NV. Diversos usuarios y cuentas especializadas, como “Defensor Bancario” (@DefensorBank), se han dedicado a dar seguimiento al proceso de quiebra, informando sobre las últimas novedades, denunciando irregularidades y exigiendo justicia para los afectados.

Un usuario identificado como @MORO0321 propone agrupar la deuda de los afectados y llevar a Víctor Vargas a un litigio penal para confiscar sus bienes y subastarlos, con el fin de obtener fondos para compensar a los cuentahabientes.

La discusión en redes sociales refleja la indignación y la frustración de los acreedores ante la falta de respuestas y la incertidumbre sobre el futuro de sus inversiones. La presión digital se suma a los esfuerzos legales para exigir que se aclaren los hechos y se haga justicia en el caso del Banco del Orinoco NV.

Plazo para aclarar origen de fondos vence en Curazao

Dos abogados que representan a los acreedores del Banco del Orinoco NV, en Curazao, parte del Grupo Financiero BOD, han lanzado una advertencia al banquero venezolano Víctor José Vargas Irausquín. Roberto Hung y Carlos Calderón señalaron que a Vargas le quedaba muy poco tiempo, para demostrar el origen de los fondos que supuestamente garantizarían el pago a los depositantes del banco en quiebra.

Esta advertencia surge tras una reunión de acreedores celebrada el 27 de septiembre de 2024, en la que los síndicos de la quiebra informaron sobre la obligación del grupo financiero liderado por Víctor Vargas, de demostrar la existencia de las inversiones que se mencionan en su propuesta de pago. La información se dio a conocer a través de un acta minuta emitida por el tribunal de la quiebra que fue remitida a los acreedores y sus representantes tanto en neerlandés como en español.

La última oportunidad del Grupo Cartera Vargas


De acuerdo con los abogados, si el Grupo Cartera Vargas no cumple con la presentación de la información sobre las inversiones para la segunda semana de noviembre, el tribunal de Curazao podría iniciar una investigación sobre las causas de la quiebra del Banco del Orinoco NV. Esta investigación podría tener consecuencias penales para los accionistas, incluyendo al propio Vargas Irausquín.

Hung y Calderón, quienes han estado representando a los acreedores durante años en el proceso de recuperación de fondos en Curazao, consideran que la propuesta del Grupo Vargas es “un insulto en realidad”. Argumentan que si realmente existen inversiones por un valor superior a 1.6 mil millones de dólares, como se afirma, no habría necesidad de declarar la quiebra del banco. En este escenario, simplemente se liquidarían los activos y se pagaría a todos los acreedores con sus respectivos intereses.

El plazo de 15 días que el tribunal de Curazao otorgó al Grupo Cartera Vargas para demostrar la existencia y ubicación de las inversiones, supuestamente valoradas en más de 1.6 mil millones de dólares, venció el pasado viernes 11 de octubre de 2024.

Dudas sobre la composición del grupo de acreedores

Calderón y Hung también han expresado su preocupación por la composición del grupo de acreedores que se ha presentado ante el tribunal de Curazao. El Grupo Cartera Vargas afirma representar el 50.4% del total de los reclamos en la quiebra, lo que equivale a aproximadamente 418 millones de dólares. Sin embargo, los abogados creen que entre estos reclamantes se encuentran personas relacionadas con los accionistas del banco y que, por lo tanto, no deberían tener derecho a voto en la toma de decisiones sobre el proceso de liquidación.

Los abogados consideran que esto representa una gran contradicción, ya que estos reclamantes, en su mayoría accionistas, causantes, interesados, personas naturales, etc., son precisamente los responsables de la quiebra del Banco del Orinoco. Argumentan que deberían ser los accionistas quienes respondan con su patrimonio personal por las deudas del banco, especialmente considerando la falta de transparencia sobre el destino de los 825 millones de dólares que Vargas Irausquín recibió del banco.

El tiempo se agota para los accionistas

Calderón y Hung insisten en que el tribunal debe exigir al Grupo Cartera Vargas que se “quite los antifaces” y revele la verdad sobre la situación financiera del Banco del Orinoco. Consideran que ha pasado demasiado tiempo -cuatro años y medio- sin que se sepa con certeza dónde están los fondos que deberían garantizar el pago a los acreedores.

Los abogados instan a todos los acreedores que tengan su acreencia certificada o que estén en proceso de certificarla a que se pongan en contacto con ellos a través del correo electrónico que se indicará al final de este artículo. La intención es unir fuerzas para exigir la transparencia y la responsabilidad que se merecen en este caso.

El tiempo corre y la fecha límite para que el Grupo Cartera Vargas presente la información requerida se acerca rápidamente. El 11 de octubre de 2024 es la fecha que definirá el rumbo del proceso y que determinará si los accionistas finalmente serán obligados a rendir cuentas por la quiebra del Banco del Orinoco NV.

Un llamado a la acción

Los abogados, Roberto Hung y Carlos Calderón, hacen un llamado a la acción a todos los afectados por la quiebra del Banco del Orinoco NV. Exhortan a aquellos que aún no han certificado su acreencia a que lo hagan lo antes posible y a que se unan a sus esfuerzos para exigir la rendición de cuentas por parte del Grupo Cartera Vargas.

Hung y Calderón instan a los acreedores a revisar la información disponible, incluyendo el acta minuta de la última reunión de acreedores y otros documentos legales presentados ante el tribunal de Curazao.

En este sentido, resaltan la contundencia de los escritos presentados por ellos ante el tribunal, en los que se exige la determinación del origen de los 825 millones de dólares recibidos por el banco y se cuestiona la inclusión de empresas y personas relacionadas con Vargas Irausquín en el grupo de acreedores.

Una lucha por la transparencia

La situación del Banco del Orinoco NV. en Curazao, parte del Grupo Financiero BOD, es una historia que se repite en otros bancos de este grupo financiero en la región. Entidades como AllBank Corp (Panamá), Banco Occidental de Descuento (Venezuela) y Bancamérica (República Dominicana) han sido intervenidas o liquidadas por las autoridades de sus respectivos países. La quiebra o disolución de estos bancos pone de manifiesto la opaca situación del Grupo Financiero BOD en los últimos años.

Para Hung y Calderón, la lucha por la transparencia y la rendición de cuentas en el caso del Banco del Orinoco NV es crucial para sentar un precedente y evitar que este tipo de situaciones se repitan en el futuro. El plazo se agota y la presión aumenta para que los responsables de la quiebra asuman las consecuencias de sus acciones

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Delcygate y Hezbolá

Por:Luis Velázquez Alvaray
Fuente: El Nacional

El escándalo en España del denominado caso Delcygate trae mar de fondo y es una práctica usual en estos personeros del régimen, acostumbrados a la actuación oscura, de notables rasgos delictivos. No debe ser visto superficialmente.

El reprochable uso del dinero para negociaciones turbias tiene una variante de alta peligrosidad. Es el uso de corrientes dinerarias de alto valor para financiar el terrorismo mundial.

La principal actora del impudoroso acto se ha declarado públicamente junto a su jefe -el tirano principal – como comandantes del grupo terrorista Hezbolá, que basado en los convenios Irán- Venezuela, se ha repartido una cuarta parte del territorio nacional, violando sagrados preceptos constitucionales resumidos en el concepto de soberanía nacional, rechazo al terrorismo y defensa de la democracia.

El manejo financiero de un coctel mafioso que incluye narcotráfico, terrorismo, apropiación del tesoro nacional venezolano, origina estas operaciones casi diariamente y este caso se conoce por la violación de decisiones de la Unión Europea, que le ha prohibido pisar el espacio Schengen, por su conducta delictiva, violatoria de los derechos humanos y a los atropellos a los tratados internacionales.

El escándalo en España revela la clase de gobernantes que tenemos, sin escrúpulo, carentes de los valores básicos de la civilidad y la convivencia social.

No es anecdótico que la señora terrorista bajara en España cuarenta maletas, disfrazadas como valija diplomática, llenas de lingotes de oro y con pase abierto por la aduana, modus operandi ya institucionalizado con el servicio exterior del país, como instrumento delictivo.

Estos procedimientos han sido fundamentales para financiar el terrorismo en el mundo. Así como fue utilizada la Embajada de Venezuela en España, diariamente sucede lo mismo en numerosos países, para el cumplimiento de su tarea destructiva.

La práctica de las valijas se reseña como misión especial, que rigurosamente deben cumplir los funcionarios acreditados en dichas sedes, que se convierten en cómplices y al no denunciar deberán responder por este mercadeo de drogas y oro.

Es grave todo esto y además se le suma que las actividades del grupo Hezbolá son financiadas mediante estos mecanismos utilizados en el ilegal desembarco en Madrid.

La masacre contra Israel el 7-0 del año 2023 fue financiada bajo estas prácticas, inscribiéndose el macabro acto en el acuerdo de hermandad Venezuela-Irán que inició Chávez y ha profundizado esta cúpula perversa que se roba todo: el oro, el petróleo y los votos de los ciudadanos.

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El embajador de Zapatero en Caracas admite que cobró 4,5 millones de Venezuela

Fuente. The Objetive

Lo ha confesado en un acuerdo de conformidad con la Abogacía del Estado justo antes del inicio del juicio


El exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo. | Europa Press

El embajador de España en Venezuela durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, Raúl Morodo, ha llegado a un acuerdo de conformidad con la Abogacía del Estado y ha admitido que él y su hijo Alejo cobraron 4,5 millones de euros de la petrolera estatal venezolana PDVSA. Según el documento, al que ha tenido acceso el diario El Mundo, estos cobros se hicieron mediante operaciones simuladas. Morodo acepta así una pena de 10 meses de cárcel y una multa de 1,4 millones de euros.

Este lunes arranca el juicio contra Morodo en la Audiencia Nacional. La Fiscalía Anticorrupción pedía una pena de tres años y medio de cárcel para él y de ocho años y medio para su hijo Alejo y también para su nuera. Reclama además multas millonarias para Alejo Morodo Cañeque (3,7 millones de euros) y para su mujer Ana Catarina Varandas (3,8 millones), y algo menos cuantiosa para Raúl Morodo (378.700 euros).

Estaba previsto que los tres se sentaran en el banquillo por haber supuestamente ocultado a Hacienda el presunto cobro de unos 4,5 millones de euros de PDVSA por parte de Alejo Morodo mediante supuestos contratos falsos de asesoría legal suscritos con la petrolera venezolana entre 2012 y 2015, cuando su padre ya no estaba al frente de la embajada.

El dinero supuestamente se blanqueó mediante una compleja trama de sociedades creadas por el hijo y otros investigados, entre ellos la nuera del exembajador y dos socios venezolanos; uno de ellos, Juan Carlos Márquez, fue hallado ahorcado en su domicilio en Madrid, en lo que fue considerado un suicidio, poco después de prestar declaración en la Audiencia Nacional por estos hechos.

En concepto de responsabilidad civil, la fiscal Ana Cuenca también solicitaba el pago de un total de 1,3 millones de euros por parte de Alejo Morodo y su mujer por fraude en sus declaraciones del IRPF de 2013, 2014 y 2017, mientras que al exembajador le pide 126.122 euros por la defraudación que le atribuye en el ejercicio de 2014.

El sistema empleado por el hijo del exembajador y en el que habrían participado los otros acusados consistió en «interponer tres sociedades instrumentales para que facturaran formalmente» los «supuestos servicios» de asesoramiento legal y consultoría que habría prestado entre 2011 y 2014. De esta forma eludía tributar por IRPF y lo hacía por el Impuesto de Sociedades, más beneficioso.

La Fiscalía, que sólo acusa por los ejercicios de 2013 y 2014 al estar los anteriores prescritos, sostiene que Raúl Morodo también defraudó las ganancias que percibió con cargo al patrimonio de dos de aquellas sociedades.

El origen de los fondos que Alejo Morodo presuntamente ocultó a Hacienda reside en la relación contractual que contrajo con la empresa PDVSA hasta 2014, sirviéndose de las relaciones que su padre entabló con «altos cargos» de Venezuela en su época de embajador durante el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

La actividad prestada para PDVSA, según la Fiscalía, le reportó más de 6,6 millones de euros, «de los que en parte» se benefició Raúl Morodo.

Anticorrupción describe a lo largo de su escrito el sistema de cobro de fondos de PDVSA por las empresas «interpuestas» de Alejo Morodo y el cruce de transferencias entre estas y su padre, y también menciona la sociedad que ambos crearon en 2007, Morodo Abogados, «carente de medios personales y materiales, así como de actividad comercial» con «idéntico fin» de interponerla para «desplazar la carga fiscal».

Esta sociedad declaró entre 2013 y 2014 ingresos por 467.832 euros «desconociéndose» los servicios que prestó, dice la fiscal.

Durante la instrucción, también estuvo imputada la esposa de Raúl Morodo, Cristina Cañeque, y la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria descubrió «graves irregularidades contables y fiscales» en la sociedad MS Trading, de la que ella era titular.

Sin embargo, al considerar que estos hechos no eran conexos con la causa que ahora se juzga, el juez instructor Alejandro Abascal, a petición de la fiscal, acordó remitir esta parte a los juzgados de Plaza de Castilla para que se investiguen presuntos delitos fiscales por parte de esta empresa y la mujer del exembajador.

Estas irregularidades fueron detectadas después de que la Agencia Tributaria analizara los cobros por importe total de 9.294.710,21 euros que entre los años 2013 y 2015 recibió el ciudadano portugués (residente en España) Lindley Patrick Delmar, cónyuge de la hija de Morodo, María Morodo Cañeque, a través de la UTE Grupo Lindley 2013.

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domingo, octubre 13, 2024

Cantante de vallenato Rafa Pérez envuelto en polémica por amistad con Vicente Rujano Garófalo, venezolano vinculado al narcoganadero “Ñeñe” Hernández

Fuente:Noticias Candela
El ganadero venezolano Vicente Rujano Garófalo mantiene viva su pasión por la música vallenata. Desde temprana edad, aspiró a dominar el acordeón y, con ese fin, buscó la instrucción de músicos reconocidos, como el fallecido acordeonero y compositor Omar Geles, quien murió en Valledupar, Colombia, en mayo de 2024.

Sin embargo, Rujano es más reconocido en el estado Táchira (Venezuela) y en Bucaramanga, Colombia (capital del departamento de Santander), por sus múltiples propiedades ganaderas y su estrecha relación con el narcotraficante colombiano José Guillermo Hernández Aponte, alias “Ñeñe” Hernández (ya fallecido), así como con la viuda de Hernández, la exreina de belleza María Mónica Urbina.


Personas familiarizadas con el asunto señalan que Rujano Garófalo indican que incluso ha financiado a cantantes de vallenato para que lo incluyan en sus canciones o presentaciones. Pero su admiración por el acordeón no es la única conexión que Vicente Rujano compartía con Omar Geles. Ambos también eran amigos del cantante de vallenato Rafa Pérez, amistad que Rujano todavía mantiene.

Luna de miel

Rafa Pérez y su esposa Milagros Villamil, quien también funge como su manager, son conocidos por los seguidores del cantante por su relación públicamente afectuosa. Sus constantes muestras de cariño, declaraciones de amor y, más recientemente, su boda en Cartagena, Colombia, el 12 de septiembre de 2024, tras más de ocho años de relación (incluyendo al menos seis en unión libre), han sido ampliamente difundidas.

Tanto Rafa Pérez como Milagros Villamil mantienen una activa presencia en redes sociales. A finales de septiembre de 2024, poco después de su boda y durante su luna de miel, un video de Milagros Villamil cantando “Si no me falla el corazón”, un tema popularizado por la agrupación vallenata Los Diablitos, sorprendió a sus seguidores. En el video, Villamil se encontraba en un yate, vestida con una blusa blanca y sosteniendo una copa que parece contener champán, mientras canta sobre la pista original de la canción.

En el segundo 35 del video, a la derecha y detrás de Villamil, se puede apreciar el rostro de un hombre que extiende su brazo para entregar un vaso de plástico a una mujer cuyo rostro, a la izquierda, apenas se vislumbra. Ese hombre es Vicente Rujano Garófalo.

FUENTE: Con información de Ciudad Gótica News

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Colombia y Venezuela son un Granad

Por: Andrés Villota
Fuente: El Expediente

Urgent Fury se denominó la operación especial que restituye la democracia en la isla caribeña de Granada, tras sufrir un golpe de Estado perpetrado por el comunista Hudson Austin, patrocinado por las dictaduras cubana y soviética.

Una operación militar que duró pocas horas, en que las Fuerzas Armadas estadounidenses salieron victoriosas, sin costo militar alguno. Desde ese entonces, en la cultura popular estadounidense, para referirse a algo que es muy fácil de lograr, se dice que “es un Granada”.

En la coyuntura actual, restituir la democracia en Venezuela y en Colombia, capturar a Nicolás Maduro y a Gustavo Petro, neutralizar a todo su séquito de asesinos, terroristas de Estado, cleptócratas y criminales de lesa humanidad, es un Granada.

El Eje Bogotá-Caracas, ha demostrado que está al margen de la institucionalidad de la comunidad internacional y desconoce el ordenamiento local y global con sus actos de terrorismo de Estado, las acciones de desestabilización social, el saqueo sistemático a las arcas públicas, la eliminación de la división de poderes, la censura y persecución a los medios de comunicación, la violación de los derechos humanos de sus ciudadanos, la promoción del tráfico de niños, la pedofilia, el narcotráfico, los fraudes electorales y otros crímenes execrables.

Parte de esa ilegitimidad de facto, es el apoyo incondicional a grupos terroristas como Hezbollah y Hamas. El antisemitismo heredado de los ancestros ideológicos de Maduro y Petro, el fascismo italiano, el socialismo obrero español y el nacional socialismo obrero alemán, ha llevado a convertir a Colombia y a Venezuela en santuarios para los terroristas que tienen como objetivo principal, la desaparición de Israel.

El intento de tomarse la sede de la embajada de Estados Unidos en Bogotá por parte de terroristas del M-19 y de La Primera Línea, los Camisas Negras y Camisas Pardas de Gustavo Petro, tratando de emular la toma de la embajada de la República Dominicana, es una muestra clara del peligro que representa Gustavo Petro para la seguridad nacional de los Estados Unidos y de Israel.

Una operación de restitución de la democracia en estos países, tendría un amplio apoyo popular. En el caso colombiano, no deja de ser bastante sospechoso que el presidente elegido, supuestamente, con la mayor votación en toda la historia de Colombia sea, a su vez, el presidente más repudiado, cuestionado y odiado por la sociedad colombiana en toda la historia de Colombia.

Un imposible político, estadístico, antropológico y sociológico, lo que estaría confirmando que Petro, no solo violó los topes de financiación de su campaña presidencial, sino que, además, se robó el resultado de las elecciones en contubernio con el mayor accionista de INDRA, el proveedor del software que contó los votos que le dieron la victoria a Petro.

Los miembros de la cúpula de la dictadura venezolana, tienen orden de captura internacional y existen jugosas recompensas sobre sus cabezas.

En los próximos meses, también, existirán órdenes de captura sobre Gustavo Petro y su séquito, cuando prosperen los diferentes casos judiciales abiertos en diferentes jurisdicciones, que tuvieron que ser presentadas en el extranjero, ante el dominio y control total de Petro sobre la justicia colombiana que lo hace inmune a cualquier acción judicial instaurada en su contra en territorio colombiano.

Nicolás Maduro consumó un golpe de Estado, al desconocer el resultado de las elecciones presidenciales de julio del 2024 y robarlas. Gustavo Petro consumó el golpe de Estado al desconocer la Constitución colombiana y el ordenamiento legal colombiano, al desconocer la decisión tomada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) colombiano, en contra de su campaña presidencial, aunque, paradójicamente, sí aceptó cuando esa misma entidad avaló el resultado, al parecer espurio, de las elecciones legislativas, presidenciales y regionales.

No existiría ningún tipo de resistencia militar, en caso de una operación de restitución de la democracia en Colombia y Venezuela. Una virtud convertida en maldición al momento de repeler una acción militar externa, son los miles de generales que tiene en la actualidad el ejército venezolano, que atomiza las decisiones de mando, por lo tanto, evita la unidad al momento de tomar una decisión de ir al combate. Maduro, paradójicamente, hizo eso para mantener el control y dominio total de las tropas, desde Miraflores, en caso de un levantamiento militar en su contra.

La capacidad de operación de los militares colombianos está bastante diezmada y no tendrían capacidad de respuesta alguna. Gustavo Petro, destruyó a las FFAA de Colombia, desde adentro, destituyendo a todos los generales experimentados que representaban una amenaza a la permanencia en su cargo, si hacían cumplir la Constitución que llevaría a su destitución inmediata, por haber llegado al poder de forma fraudulenta y espuria.

Además, después de haber fracasado el golpe de Estado en contra del presidente Belisario Betancur, Pablo Escobar y Gustavo Petro, con los otros terroristas del M19, han difundido la narrativa que las FFAA colombianas no pueden defender la Constitución o en caso de hacerlo cómo lo hizo el comandante Plazas Vega, pueden terminar en la cárcel.

A los chinos, a los iraníes y a los rusos, solo les interesa que les paguen lo que les deben, por lo tanto, no harían nada para defender a Maduro o a Petro porque se han dado cuenta que un cambio de rumbo en esos gobiernos, sería lo más conveniente para que les paguen todo lo que les deben.

Los israelíes podrían realizar acciones limpias, idénticas a las realizadas en otros lugares que les dan amparo a los terroristas enemigos de Israel, sin daños colaterales, en contra de los objetivos específicos en Colombia y Venezuela, que se han convertido en los aliados más feroces de sus grandes enemigos.

Si Barack y Michael Obama, quieren mantener el dominio total sobre los estadounidenses por otros cuatro años más, y quieren tener algún chance de lograrlo en las próximas elecciones presidenciales, ante el inminente triunfo del presidente Donald Trump, una operación especial en Colombia y Venezuela, le daría un chance remoto a la candidata Kamala Harris del partido Demócrata para mejorar en las encuestas que, en caso de repetir lo ocurrido en las pasadas elecciones, les permitiría justificar el resultado. Colombia y Venezuela son un Granada.

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Los denominadores comunes de Fernando Bermúdez Ramos con un exministro chavista, sus nexos con líderes de oposición y su supuesta aventura amorosa

Por: Pilar Martínez
Fuente: avefenixnoticias.com
Fernando Bermúdez Ramos

Rafael Ramírez Carreño, otrora poderoso ministro de petróleo de Venezuela durante la era Chávez, se ha convertido en el inesperado punto de encuentro entre exdirigentes de la oposición venezolana y figuras del chavismo que han roto con Nicolás Maduro. La sombra de Ramírez se extiende sobre un complejo entramado de acusaciones de corrupción, traiciones políticas y estrategias en las que el exministro parecería jugar un papel central, según fuentes próximas a la situación.

Ramírez, quien se desempeñó como ministro de Petróleo y Minería entre 2002 y 2014, además de Presidente de Pdvsa (2004-2014) y posteriormente como embajador de Venezuela ante la ONU (2014-2017), estaría moviendo los hilos tras bambalinas, financiando y asesorando tanto a figuras de la oposición como a antiguos aliados chavistas que ahora se le oponen a Maduro. Se dice que controla gran parte de las acciones del abogado Jesús Hernández Sarmiento, líder del bufete HE Legal, con sede en la Torre JWM de Caracas, el mismo edificio donde Fernando Bermúdez Ramos, empresario venezolano prófugo en España desde marzo de 2023, tenía oficinas.

Bermúdez, quien enfrenta una orden de captura por su implicación en la trama de corrupción Pdvsa-Cripto, se dedicaba al negocio de bingos y casinos antes de convertirse en contratista del Estado venezolano, proveyendo alimentos destinados a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Documentos recientes revelan que, en algunos casos, las empresas de Bermúdez cobraron por alimentos que nunca fueron entregados. Se rumorea que la misma oficina que hoy ocupa el bufete de Hernández Sarmiento albergó en el pasado una sala de apuestas propiedad de Bermúdez.

De fiscal del Ministerio Público venezolano a abogado de la trama
Daniel Hernández Sarmiento

La figura de Jesús Hernández Sarmiento, abogado de Bermúdez, añade un manto de controversia a esta historia. Hernández, cuyo nombre anterior era Daniel Medina Sarmiento, fue fiscal del Ministerio Público venezolano y estuvo a cargo de casos de alto perfil, como el de la jueza María Lourdes Afiuni, acusada de liberar irregularmente al banquero Eligio Cedeño.

Fuentes cercanas a la situación afirman que Rafael Ramírez se convirtió en testigo protegido del Departamento de Justicia de Estados Unidos y confidente de la CIA. Supuestamente, Ramírez habría filtrado información valiosa a las autoridades estadounidenses, no solo sobre la industria petrolera venezolana, sino también sobre activos en el extranjero y otros datos confidenciales obtenidos durante su estrecha colaboración con Hugo Chávez y su posterior trabajo con Nicolás Maduro.

Se cree que fue Hernández quien recomendó a Fernando Bermúdez contratar al abogado de origen brasileño Nielson Maycon de Sousa Vilela para que lo representara en España en diversos asuntos legales, incluyendo demandas contra terceros. De Sousa Vilela, conocido bajo el apodo de "El Abogado del Diablo", se especializa en asesoría migratoria, defensa en extradiciones y casos penales, representando en distintas ocasiones a extranjeros acusados de corrupción, lavado de dinero, narcotráfico, entre otros delitos.

Legitimación de capitales

Más allá de la defensa legal, se sospecha que venezolanos implicados en casos de corrupción recurren a De Sousa Vilela para crear estructuras que les permitan "blanquear" en España el dinero obtenido ilícitamente en Venezuela. Estas estructuras incluirían el uso de empresas inmobiliarias.

La lista de clientes de De Sousa Vilela es un catálogo de figuras controvertidas. Entre ellos se encuentran: Rafael Reiter Muñoz, exjefe de seguridad de PDVSA, acusado de soborno y lavado de dinero; Hugo "El Pollo" Carvajal, exjefe de Contrainteligencia Militar durante el gobierno de Chávez, extraditado a Estados Unidos por narcotráfico; y Luis Fernando Vuteff, empresario argentino yerno del exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, quien se declaró culpable de participar en un esquema de lavado de dinero vinculado a PDVSA.

Fuentes conocedoras del tema afirman que la defensa que De Sousa ha realizado de estos individuos, se debe a órdenes o sugerencias de Rafael Ramírez. Se especula que Ramírez se ha ofrecido como intermediario para negociar acuerdos de colaboración entre sus "asesorados" y las autoridades estadounidenses.

Ramírez: ¿Financista de la oposición y titiritero de González Urrutia?
Rafael Ramírez

Las mismas fuentes señalan a Ramírez como uno de los financistas de Edmundo González Urrutia, el excandidato presidencial que se enfrentó a Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio de 2024. La oposición desconoce el triunfo de Maduro, proclamado por el Consejo Nacional Electoral, y atribuye la victoria a González Urrutia, cuya candidatura fue impulsada principalmente por la dirigente opositora María Corina Machado, inhabilitada políticamente. Se afirma que Ramírez también ha patrocinado las actividades de Machado y de otros líderes opositores como Antonio Ledezma, mientras que Bermúdez también patrocinaría a González Urrutia y Machado.
Edmundo González Urrutia y María Corina Machado

De esta manera, Ramírez, a pesar de su pasado chavista, se habría convertido en una especie de estratega en la sombra detrás de ciertas acciones políticas de la oposición venezolana.

El exdiputado opositor Conrado Pérez, quien investigó casos de corrupción como miembro de una comisión especial del Parlamento venezolano, incluyendo aquellos en los que está implicado Fernando Bermúdez, y el abogado Jesús Hernández Sarmiento, quien ha asesorado a Bermúdez en Venezuela para diversos fines comerciales y judiciales, han enviado a abogados en España documentos que prueban la vinculación de Bermúdez con casos de corrupción en Venezuela.

Las evidencias presentadas por Pérez y Hernández exponen ahora a Bermúdez a consecuencias legales en España y Estados Unidos. Esto contrasta con la defensa a ultranza que el exfiscal Hernández hizo de Bermúdez en el pasado, movilizando influencias en el sistema judicial venezolano a su favor.

Federica: La misteriosa mujer en la trama de Bermúdez
Fernando Bermúdez Ramos

Un aspecto que merece especial atención es la relación de Fernando Bermúdez con una mujer llamada Federica. Fuentes cercanas al empresario afirman que Federica juega un papel importante en diversos asuntos financieros de Bermúdez, en los que este actuaría como intermediario. Además de su rol en los negocios, se rumorea que Federica y Bermúdez habrían entablado una relación sentimental que el empresario mantendría de manera discreta, lejos de la mirada de su esposa.

Esta compleja red de relaciones, que entrelaza a figuras del chavismo y la oposición, se desarrolla en medio de acusaciones de corrupción, traiciones políticas y estrategias en la sombra. Rafael Ramírez, el exministro que se convirtió en testigo protegido y confidente de la CIA, parece ser el eje alrededor del cual giran las acciones de abogados, empresarios y políticos implicados en esta trama que sigue generando interrogantes y polémica en Venezuela.

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jueves, octubre 10, 2024

Predicción de Jaime Bayly señala la posible caída del régimen de Nicolás Maduro a causa de los procesos adelantados por Israel

Fuente: Revista Semana

El presentador hizo un análisis de la situación política de Venezuela y las dificultades que podrá tener la dictadura para finales de año.

El presentador Jaime Bayly | Foto: Tomada de YouTube Jaime Bayly

El presentador Jaime Bayly publicó un nuevo video este martes, 8 de octubre, sobre la situación que se vive en Venezuela. El periodista inició señalando que la búsqueda de parte de Israel de todos los aliados de Hezbolá podría provocar la caída del régimen de Nicolás Maduro.

Este añade que las acciones desarrolladas por la República Bolivariana vienen desde tiempos en que estaba vivo Hugo Chávez; además, que la llegada al poder de Nicolás Maduro lo único que hizo fue acentuar las ayudas con países del Oriente Medio y los grupos terroristas que operan en la región.

“Desde tiempos de Chávez, ya Venezuela era un enemigo de Israel, un enemigo declarado y un aliado de Irán y de Siria y por supuesto de Hezbolá en Líbano y jamás en Palestina, por supuesto. Esto se acentuó con Maduro. ¿Por qué? Porque Maduro, cuando Chávez estaba vivo y era dictador, era el canciller de Chávez, el ministro de Exteriores de Venezuela, y Maduro trabó una relación de amistad y de cooperación muy cercana con Nasralla, el líder, el máximo líder terrorista de Hezbolá”, señaló Bayly.

Bayly aseguró que Venezuela ha tenido una importancia crucial para los grupos terroristas en Oriente Medio y se ha convertido en un aliado principal que por momentos pasa desapercibido para las personas del común, pero no para las potencias mundiales y sus grupos de inteligencia.

“Desde Venezuela, con El Aissami como máximo aliado y colaborador, Hezbolá no solo tenía campos de entrenamiento, también controlaba ciertas operaciones de narcotráfico, ganaba mucho dinero con el narcotráfico en Venezuela, Argentina, Brasil y Paraguay, y mandaba esos dineros para financiar la causa terrorista desde Líbano”, sostuvo.

“También, por supuesto, Hezbolá recibía ingentes, cuantiosos dineros de Teherán, Estado terrorista, Estado teocrático, y de Catar. Desde entonces, ya, Estados Unidos e Israel, que para estas cosas en servicios de inteligencia juegan en equipo, sabían muy bien que Hezbolá había colonizado mentalmente al dictador venezolano Maduro y había instalado una cabecera de playa en Venezuela”, añadió Bayly.

El atentado, perpetrado el 7 de octubre de 2023, fue un ataque contra un posible tratado de paz que se adelantaba en la región y que no era bien visto por los aliados políticos de los grupos terroristas.

“Maduro glorifica el terrorismo de Hamás, exalta el terrorismo de Hezbolá, se declara firme aliado todavía de Teherán y, por lo tanto, se presenta ante el mundo como un señor que desea lo que desean Hamás, Hezbolá e Irán, que es la destrucción del Estado de Israel, la aniquilación del pueblo judío, ni más ni menos. Recuerden que lo que hicieron los terroristas de Hamás el 7 de octubre de 2023 en los kibutz de Israel fue la peor masacre perpetrada contra el pueblo judío después del Holocausto. Entonces, así las cosas”, resaltó.

En otra parte del video, indicó que diversos países del mundo que cuentan con un gran poder económico desean la caída del régimen y han empezado a tantear el terreno para una posible resolución con miras a final de año.

Junto a esto, el interés que demuestra Israel por terminar con todos los aliados políticos y militares de los grupos que se resguardan en Irán y Siria llevaría a buscar el fin de los gobiernos que financian económicamente a los líderes y miembros de estas organizaciones.

Maduro seguiría siendo un amigo íntimo de Hamás, de Hezbolá y de la dictadura de Irán, esto provocaría que Israel y Estados Unidos, que saben y tienen las pruebas de que Maduro es un aliado y un financista de Hezbolá, Israel y Estados Unidos actuarán en la búsqueda de debilitar la estructura de apoyo a nivel mundial.

Además, Bayly señala que en Oriente Medio hay dos monarquías riquísimas y muy poderosas que detestan a Irán, que abominan a Irán y que no verían con malos ojos la caída de Maduro. Estas dos naciones serían Arabia Saudita y Emiratos Árabes, las cuales entrarían en el juego económico y político de la región para buscar una estabilidad que permita llevar armonía para todas las naciones. Además, estos dos países buscarían colaborar con las acciones contra las naciones que apoyen a los grupos terroristas y a sus líderes.

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Fernando José Bermúdez Ramos: Testimonios, denuncias y documentos evidencian su rol en multimillonarias tramas de desvío de fondos públicos venezolanos

Por Pilar Martínez
Fuente: avefenixnoticias.com

El pasado 12 de marzo de 2024 el Juzgado de Instrucción nº 07 de Madrid admitió a trámite una querella por un presunto delito de calumnia, interpuesta el 2 de febrero de 2024 por la procuradora Silvia de la Fuente Bravo, en representación del empresario venezolano Fernando José Bermúdez Ramos, contra el abogado hispanovenezolano Salvador Pimentel Roja. Según personas familiarizadas con el caso, la querella, que se presentó como una defensa del “honor” mancillado, no parece ser más que un intento desesperado por parte de Bermúdez de silenciar las acusaciones que pesan sobre él por su presunta implicación en graves casos de corrupción en Venezuela.

La acción, interpuesta por Bermúdez con la asistencia del jurista brasileño Nielson Maycon de Souza Vilela, por algunos apodado “El Abogado del Diablo” -dada su constante defensa en España de personas, particularmente extranjeras, acusadas de delitos graves-, se originó a raíz de una publicación realizada por Pimentel Roja en su página web personal, salvadorpimentel.com, el 13 de abril de 2023. En esa publicación, titulada “Denuncia por Corrupción y Legitimación de Capitales a Fernando Bermúdez Ramos”, Pimentel expone una serie de indicios que apuntan a la posible participación de Bermúdez en delitos de “Legitimación de Capitales” y otros.

Bermúdez, a través de la procuradora, alegó que Pimentel Roja actuó con supuesto conocimiento de la falsedad de sus afirmaciones o con temerario desprecio hacia la verdad, lo que, según su defensa, constituiría el delito de calumnia tipificado en el artículo 205 del Código Penal español. Sin embargo, es preciso destacar que Bermúdez se encuentra prófugo de la justicia venezolana, tras ser uno de los acusados en el escándalo de corrupción conocido como Pdvsa-Cripto.
Salvador Pimentel

Pimentel Roja, en su publicación, afirma que Bermúdez habría incurrido en delitos de alta entidad en Europa, beneficiándose de múltiples contratos con la Administración Pública, que mostrarían irregularidades y sobreprecios. Según una persona familiarizada con el caso, no sería de extrañar que un empresario acostumbrado a manejarse en los turbios laberintos de la corrupción venezolana, intentara replicar sus prácticas en otros países.

Además, el abogado Pimentel Roja asegura que existen investigaciones internacionales que señalarían a Bermúdez por lavado de dinero, mencionando específicamente un contrato con la empresa MAX POWER ENGINEEERING LIMITED en el que se presume la utilización de testaferros para ocultar a los verdaderos propietarios.

El escándalo de CORPOVEX y la sombra de la corrupción sobre Bermúdez

Uno de los casos más relevantes que Pimentel Roja expuso en su publicación es el del contrato CPVX-CJ-CONT-0098-2017, firmado en julio de 2017 entre la empresa MAX POWER ENGINEEERING LIMITED y la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (CORPOVEX). Según Pimentel Roja, la empresa MAX POWER, bajo la aparente dirección de testaferros, habría cobrado a CORPOVEX casi 270 millones de euros. No obstante, en el contrato existirían visos de irregularidades y posible desvío de fondos públicos.

Si bien Bermúdez no figura directamente como responsable de MAX POWER, Pimentel Roja deja entrever que el empresario venezolano podría estar detrás de la empresa o, al menos, tener conocimiento de las irregularidades que se habrían cometido en la adjudicación y ejecución del contrato con CORPOVEX.

La mención de CORPOVEX no es casual. Esta corporación, creada por el Gobierno venezolano para promover las exportaciones e importaciones, ha sido señalada en numerosas ocasiones por su falta de transparencia y por ser un foco de corrupción dentro del entramado gubernamental venezolano.

Pimentel Roja, consciente de la gravedad de las acusaciones, afirmó en su publicación haber informado a las autoridades europeas sobre este caso, con el fin de que se investigue si se ha producido un delito de legitimación de capitales y, en caso afirmativo, se apliquen las sanciones correspondientes.

La querella interpuesta por Bermúdez, lejos de aclarar su situación, no hace más que aumentar las sospechas sobre su posible implicación en este y otros casos de corrupción.
Bermúdez: ¿Víctima o estratega en busca de impunidad?

En la querella, la procuradora aporta una serie de documentos que supuestamente demostrarían la inexistencia de procedimientos penales en contra de Bermúdez, tanto a nivel nacional como internacional. Entre ellos se encuentra una consulta ante la Oficina de Registro y Reparto Penal de Madrid, un oficio de respuesta al acceso a antecedentes policiales del “Fichero INTPOL-Guardia Civil”, un oficio de respuesta al acceso a los antecedentes policiales del “Fichero PERPOL” de la Policía Nacional, y un informe de la Secretaría de la Comisión de Control de los Ficheros de la OIPC-INTERPOL.

Sin embargo, estos documentos no prueban la inocencia de Bermúdez, sino únicamente que, hasta la fecha, no se han iniciado procedimientos penales en su contra en España o en otros países que hayan remitido información a las bases de datos consultadas.

“La ausencia de procedimientos penales no implica necesariamente la inexistencia de delitos. Es posible que las autoridades españolas o de otros países aún no hayan tenido acceso a toda la información o las pruebas necesarias para iniciar una investigación formal contra Bermúdez. La estrategia de Bermúdez ante las acusaciones de Pimentel es clara: presentarse como víctima de una campaña de difamación, ocultando su posible implicación en turbios manejos de la administración pública venezolana”, en opinión de un jurista consultado.

Pimentel Roja, en su publicación, recordó que en Venezuela existe una orden de captura contra Bermúdez y que el Fiscal General de la República del país suramericano reconoció en rueda de prensa que Bermúdez se encuentra prófugo en Madrid, tras ser acusado en el caso Pdvsa-Cripto; como corrección a una información previa en la que el Ministerio Público venezolano había indicado que el empresario había sido detenido en Venezuela en marzo de 2023.

Las exigencias de Bermúdez

La querella interpuesta por Fernando Bermúdez Ramos no se limita a solicitar la investigación de un presunto delito de calumnias contra Salvador Pimentel Roja. En su escrito, la procuradora y el abogado de Bermúdez también solicitan una serie de medidas cautelares que buscan, en la práctica, silenciar las acusaciones de corrupción que pesan sobre el empresario venezolano.

Entre las medidas cautelares solicitadas se encuentran la retirada del pasaporte a Pimentel Roja y la imposición de una fianza para asegurar las responsabilidades civiles que pudieran derivar del proceso. Estas medidas, que parecen desproporcionadas en relación con el presunto delito de calumnias que se investiga, podrían interpretarse como un intento de intimidar a Pimentel Roja y disuadirlo de seguir publicando información sobre la presunta implicación de Bermúdez en casos de corrupción.

Es importante destacar que las medidas cautelares solicitadas por Bermúdez no son habituales en los casos de calumnias. Su aplicación en este caso podría sentar un precedente peligroso para la libertad de expresión y el derecho a la información, pues pudiera disuadir a otras personas de denunciar públicamente casos de corrupción por temor a represalias judiciales.

Financiamiento de candidato opositor pese a contratos con la administración de Maduro

Personas con acceso a información privilegiada revelan que Fernando Bermúdez, beneficiario de contratos otorgados por el gobierno de Nicolás Maduro, figuró entre los contribuyentes financieros en las sombras de la reciente campaña presidencial de Edmundo González Urrutia. González Urrutia, opositor a Maduro, es considerado por la oposición como el legítimo presidente electo de Venezuela tras las elecciones del 28 de julio de 2024, a pesar de que el Consejo Nacional Electoral (CNE), la máxima autoridad electoral del país, proclamó a Maduro como vencedor.

Una fuente judicial consultada indica que Bermúdez presuntamente es compadre de un connotado magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Según esta fuente, Bermúdez habría utilizado su influencia con dicho magistrado para intentar anular los procesos judiciales en su contra relacionados con el caso Pdvsa-Cripto. La misma fuente conjetura que Bermúdez pudo escapar de Venezuela hacia España antes de su posible detención en marzo de 2023 por su presunta participación en la red de corrupción Pdvsa-Cripto, gracias a la intervención de ciertos contactos.
Abogado querellado solicita la participación de la fiscalía de delitos económicos de Madrid

El abogado Salvador Jesús Pimentel Roja, querellado en la causa con número de identificación general (NIG) 28.079.00.1-2024/0041519, presentó el 13 de septiembre de 2014 ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid un escrito con pruebas y alegaciones previas a una audiencia fijada para el pasado 3 de octubre de 2024.

El caso se refiere a las diligencias previas número 647/2024, que se siguen en el Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid. En su escrito, Pimentel Roja solicita la participación activa de la Fiscalía del Ministerio Público en el juicio, argumentando que la información y las pruebas presentadas constituyen evidencia de múltiples delitos cometidos en España.

El abogado se encuentra en la inusual situación de defenderse a sí mismo por haber denunciado a Fernando Bermúdez, quien figura como querellante en la causa 647/2024. Pimentel Roja sostiene que Bermúdez, a quien califica como “uno de los imputados en Venezuela” -en referencia al caso de corrupción Pdvsa-Cripto-, debería estar enfrentando a la justicia en lugar de ser él (Pimentel) quien se encuentra en el banquillo de los acusados.

Según Pimentel Roja, Bermúdez está involucrado en dos juicios en Estados Unidos y aparece mencionado en varios expedientes en otros países. Estas acusaciones se relacionan con una trama de corrupción que, según expertos y de acuerdo con una auditoría del parlamento de Venezuela, habría defraudado al patrimonio público venezolano en más de 1.800 millones de dólares.

Pimentel Roja afirma haber recibido información y pruebas directamente de Conrado Pérez Linares, presidente de la comisión parlamentaria que inició las investigaciones en Venezuela, y de Daniel Jesús Hernández Sarmiento, uno de los abogados que trabajó con Bermúdez, quien cumplió con su deber de informar a las autoridades al detectar posibles irregularidades.

El entramado CLAP y las empresas de Fernando Bermúdez

Pimentel Roja denuncia que Fernando Bermúdez está vinculado a una trama de corrupción que involucra al programa social venezolano conocido como CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción). Este programa, creado para garantizar el acceso a alimentos a precios subsidiados, se convirtió en una fuente de enriquecimiento para personas inescrupulosas que vendían productos de mala calidad a precios exorbitantes, e incluso en algunos casos, no entregaban la mercancía a pesar de haber sido pagada.

Entre las empresas señaladas en el caso CLAP, se encuentra FB Foods LLC CA Limited, que según Pimentel Roja es propiedad de Fernando Bermúdez. Además, se sospecha que Bermúdez también controla Max Power Engineering Limited a través de un testaferro. Estas empresas forman parte de una red que habría desviado fondos públicos venezolanos y legitimado capitales en varios países.

En el año 2019, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de su División Criminal en Washington DC, inició una investigación por delitos económicos en relación al caso CLAP. Esta investigación se centró en el Principado de Liechtenstein e involucró a varias empresas, entre ellas FB Foods LLC CA Limited y al propio Fernando Bermúdez.

Como resultado de la investigación, se emitió la sentencia número 13 UR.2019.102 el 6 de noviembre de 2019. En esa sentencia se ordenó el congelamiento de fondos de las empresas y personas involucradas, incluyendo a FB Foods LLC CA Limited y a Fernando Bermúdez Ramos, por incumplimiento de las normas de cumplimiento normativo y por su posible participación en un caso de lavado de dinero.

Bloqueo de cuentas y denuncias internacionales

Tras el congelamiento de la cuenta en Liechtenstein, se inició una serie de bloqueos de cuentas bancarias de personas y empresas vinculadas al caso CLAP en Europa, incluyendo Bulgaria y Portugal, así como en Panamá y Estados Unidos. En el caso de Max Power Engineering Limited, su cuenta en InvestBank de Bulgaria fue congelada por la Fiscalía de Sofía.

Pimentel Roja destaca que Fernando Bermúdez es un nombre recurrente en los procedimientos judiciales relacionados con el caso CLAP en diferentes países, lo que sugiere su participación en una red de corrupción internacional.

El abogado describe el modus operandi de la trama, que involucraba la celebración de contratos millonarios entre la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) y las empresas señaladas en el caso CLAP. Los pagos se depositaban en los mismos bancos, que posteriormente bloquearon los activos y las cuentas de las empresas involucradas.

El caso CLAP se originó con las irregularidades en las contrataciones. Meses después, se iniciaron los bloqueos de las cuentas bancarias, lo que llevó al empresario Carlos Liscano Manrique a instar a la Comisión de Contraloría del parlamento de Venezuela a investigar las denuncias de corrupción.

Se realizó una auditoría y una serie de análisis bioquímicos a los productos, y la comisión parlamentaria recibió documentos que aparentemente avalaban la legalidad de las empresas y el cumplimiento de los contratos. Sin embargo, Pimentel Roja afirma que estos documentos fueron falseados por Carlos Liscano para favorecer a los empresarios involucrados.

Desenmascarando la trama y las denuncias en Venezuela

Pimentel Roja señala que, tras el bloqueo de las cuentas y la difusión de información sobre el caso CLAP por parte de periodistas e investigadores, los propios diputados de la Comisión de Contraloría revisaron su gestión y descubrieron que los documentos que habían recibido de Carlos Liscano eran falsos.

Las pruebas presentadas por Liscano, incluyendo la auditoría y los exámenes bioquímicos, habían sido manipuladas para ocultar las irregularidades en las contrataciones y la mala calidad de los productos.

El abogado Daniel Jesús Hernández Sarmiento, miembro del despacho HE Legal en Caracas, proporcionó a Pimentel Roja pruebas que vinculan a Fernando Bermúdez con FB Foods LLC CA Limited y Max Power Engineering Limited. Estas pruebas incluyen correos electrónicos y un mandato para que Pimentel Roja denuncie los hechos y los bienes de Bermúdez, además del intento de compra de un helicóptero Eurocopter EC 130 B4. Serial #: 7244, Matrícula: YV520T, propiedad de TRANSCOMMANDER C. A. Hernández Sarmiento se negó a gestionar la compra de esta aeronave por razones de cumplimiento normativo y remitió la información a Pimentel Roja para que procediera con las denuncias.

Pimentel Roja, tras revisar y verificar la información recibida, presentó denuncias ante los Juzgados de Madrid contra todas las personas involucradas en el caso CLAP, especialmente contra Fernando Bermúdez, por considerar que existen pruebas suficientes de su participación en el desvío de millones de dólares.

Recibió también una comunicación oficial del diputado Conrado Pérez, quien le proporcionó más pruebas y denunció que los documentos presentados en Europa habían sido falseados por Carlos Liscano para favorecer a los empresarios, incluyendo a Fernando Bermúdez. Pérez también denunció a Bermúdez como propietario de Max Power Engineeering Limited y solicitó a Pimentel Roja que informara a las autoridades competentes al abogado clave en denuncias contra Bermúdez
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Daniel Hernández Sarmiento

Daniel Jesús Medina Sarmiento, quien otrora fuese fiscal del Ministerio Público venezolano, cambió su nombre al de Daniel Jesús Hernández Sarmiento. Tanto en su ejercicio como fiscal, como en su actual etapa en el campo del derecho privado, en donde es uno de los líderes del despacho de abogados H&E Legal SC, Hernández Sarmiento ha estado a cargo de casos de alto perfil, incluido el proceso legal que condujo a la confiscación del edificio de un afamado diario en Venezuela.

Daniel Hernández Sarmiento ha sido un abogado clave para desentrañar las tramas en las que ha estado incurso el empresario Fernando Bermúdez Ramos. Su despacho jurídico se encuentra ubicado en el piso 3 de la Torre JWM (JW Marriott) en Caracas. En el mismo edificio estaba ubicada la sede de FBR de Alimentos, C.A., una de las compañías utilizadas por Bermúdez para la venta de suministros para el programa estatal de los CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción). En la misma torre operó en el pasado una sala de apuestas perteneciente a Bermúdez. Una versión afirma que la sala supuestamente funcionaba en las mismas instalaciones donde ahora se encuentran las oficinas de H&E Legal SC.

Daniel Medina, ahora llamado Daniel Hernández, formó parte del equipo que imputó en Venezuela a la jueza María Lourdes Afiuni, quien fue acusada de haber dictado supuestamente una orden irregular para la liberación del banquero Eligio Cedeño. Cedeño se encontraba imputado y llevaba detenido bajo prisión preventiva alrededor de tres años. Había sido acusado de ilícitos cambiarios en el denominado caso Microstar.

Uso de testaferro

Pimentel Roja afirma que FB Foods, propiedad de Fernando Bermúdez, utilizó a Miguel Ángel González Biagione como testaferro para evitar ser detectado y poder seguir contratando con la estatal Corpovex. Además, señala que todas las empresas involucradas en el caso CLAP son de origen venezolano, aunque se presentan como extranjeras.

El abogado denuncia que existen indicios de que la mercancía contratada con Corpovex no fue entregada a Venezuela, a pesar de que el país pagó por ella, y que en otros casos se detectaron sobreprecios de más del 2000%.

Pimentel Roja vincula a FB Foods, Fernando Bermúdez y Max Power Engineering Limited con un grupo fraudulento que opera a nivel internacional, el cual ha sido objeto de investigaciones y bloqueos de cuentas en varios países.

El abogado reproduce declaraciones del Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, en una rueda de prensa del 5 de abril de 2023, en la que menciona a Fernando Bermúdez entre un grupo de empresarios detenidos. Posteriormente, en otra rueda de prensa del 9 de abril de 2023, Saab anunció que Bermúdez tiene una orden de aprehensión y se encuentra prófugo en España.

Pimentel Roja solicita a la justicia española que investigue a Fernando Bermúdez y que se congelen sus bienes, tal como se ha hecho en otros países donde ha sido enjuiciado.

El abogado pide al Ministerio Público que cite a declarar a Conrado Pérez Linares y que solicite información a la Fiscalía de Sofía (Bulgaria), a la Corte de Justicia del Principado de Liechtenstein y al Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre los casos relacionados con el caso CLAP y las empresas y personas involucradas. También solicita que se fije una fecha para la presentación de testigos y que se certifique la autenticidad de los correos electrónicos y los videos presentados como prueba.

Denuncia por corrupción en el programa CLAP: una trama de sobreprecios y alimentos en mal estado

El 5 de diciembre de 2023 el abogado Marcos Alberto Ascanio Salinas presentó una denuncia ante el Fiscal General venezolano, Tarek William Saab, en la cual acusó a varias empresas y ciudadanos, incluyendo al exdiputado Richard Eloy Arteaga Blakma, por su presunta participación en una trama de corrupción relacionada con el programa social CLAP.

Ascanio Salinas, relata en el documento que durante el año 2018, la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, presidida entonces por el diputado Freddy Superlano, recibió una denuncia para investigar la corrupción dentro del programa social CLAP. Se conformó una Subcomisión Especial para llevar a cabo la investigación, la cual estuvo presidida por el propio Arteaga Blakma.

La Subcomisión comenzó su trabajo realizando un análisis de la denuncia y demás documentos del expediente. Se solicitaron diversas diligencias ante instituciones y entes del Estado, y se citó a declarar a Carlos Rolando Lizcano Manrique, quien figuraba como representante legal de la empresa Salva Foods 2015, así como a representantes de otras empresas relacionadas con el programa CLAP. Lizcano Manrique, en su comparecencia, entregó documentación a la Subcomisión que supuestamente demostraba que su empresa y las demás mencionadas cumplían con todos los requisitos legales para ser proveedoras del Estado.

Viajes a Europa y la trama del engaño

Con el objetivo de comprobar la información aportada por Lizcano Manrique y ante las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea contra Venezuela, la Subcomisión decidió realizar una serie de visitas a varios países europeos. El objetivo de estos viajes era lograr la liberación de fondos bloqueados en entidades financieras relacionados con el programa CLAP, que según Lizcano Manrique pertenecían a las empresas proveedoras del programa y que estaban siendo retenidos debido a las sanciones

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Diputados Luis Parra, Richard Arteaga y Conrado Pérez en Bulgaria

Para llevar a cabo estas gestiones, la Subcomisión contrató los servicios de tres bufetes de abogados con sede en Madrid, España. Estos bufetes, siguiendo instrucciones de la Subcomisión, realizaron comunicaciones y enviaron cartas a instituciones bancarias y gobiernos de países europeos, librando de responsabilidad a las empresas relacionadas con el programa CLAP y solicitando la liberación de sus fondos.

Sin embargo, la trama comenzó a desmoronarse a principios del 2023, cuando salieron a la luz pública nuevas denuncias de corrupción dentro de PDVSA, que involucraba a la empresa Max Power Engineering Limited y al ciudadano Fernando José Bermúdez Ramos. La aparición de esta nueva información activó una cláusula dentro del contrato firmado con los bufetes de abogados, que permitía rescindir el contrato y reclamar la totalidad de los honorarios adeudados, en caso de que la información proporcionada por los clientes resultara ser falsa.

Acusaciones contra Fernando Bermúdez Ramos y demandas por incumplimiento

La denuncia de Ascanio Salinas revela que, tras la aparición del nombre de Fernando José Bermúdez Ramos en las investigaciones por corrupción en PDVSA, se descubrió que la información proporcionada por Lizcano Manrique a la Subcomisión era falsa. Las empresas involucradas en el programa CLAP no solo tenían sobreprecios en las ofertas que presentaron a la República, sino que además los alimentos que distribuyeron no cumplían con las normas de calidad y algunos de ellos no eran aptos para el consumo humano.

Bermúdez Ramos es acusado de ser socio de la empresa Max Power Engineering Limited, la cual se vio envuelta en el escándalo de corrupción de PDVSA por irregularidades en la venta de alimentos para el programa CLAP.

Debido al incumplimiento en el pago de los honorarios por parte de la Asamblea Nacional, los bufetes de abogados contratados en España demandaron a los exdiputados miembros de la Subcomisión, incluyendo a Richard Eloy Arteaga Blakma, por la deuda contraída. Además, acusaron a varios exdiputados, entre ellos José Brito, Luis Parra y Adolfo Superlano, de falso testimonio y falta de honestidad en sus declaraciones sobre el caso CLAP.

Denuncia de exdiputado confirma trama de corrupción en Venezuela que involucra a empresas sancionadas y testaferros

Una denuncia dirigida por el exdiputado venezolano Conrado Pérez al abogado Salvador Pimentel ofrece detalles de la trama de corrupción que involucra a la empresa Max Power Engineering Limited, objeto de sanciones y juicios en Estados Unidos, y a su representante legal, Miguel Ángel González Biagione. La denuncia, que se basa en información estudiada durante la gestión del denunciante en la Comisión de Contraloría, señala que Max Power Engineering Limited fue contratada por una entidad del Estado venezolano para la venta de alimentos importados destinados a las Cajas CLAP.

Conrado Pérez

El contrato, que estipulaba el suministro de grandes cantidades de alimentos básicos como pasta, arroz, harina de maíz, atún, leche en polvo, aceite vegetal, caraotas, lentejas, azúcar y salsa de tomate, ascendió a la suma de 269 millones de euros. Sin embargo, la denuncia alega que no existe evidencia de que la mercancía haya sido entregada en Venezuela, a pesar de haberse realizado el pago a la cuenta bancaria de Max Power Engineering Limited en el banco búlgaro INVESTBANK AD.

Como consecuencia de las sanciones impuestas a Venezuela y de las regulaciones europeas, la Fiscalía de Sofía (Bulgaria) abrió una investigación y bloqueó la cuenta bancaria mencionada. La investigación ha revelado que la sociedad está vinculada con Fernando Bermúdez, quien presuntamente utilizó a Miguel Ángel González Biagione como testaferro para representar las acciones de la empresa y evadir las sanciones internacionales.

La denuncia también señala la existencia de una conexión entre Max Power Engineering Limited y FB Foods, empresa propiedad de Fernando Bermúdez, a través del uso del mismo banco en Sofía y Liechtenstein, la empresa administradora Swiss Latam y el gestor bancario Zwetam Zanev. Agrega también que Bermúdez, giraba instrucciones sobre Max Power Engineering Limited sin ningún tipo de controles, ejerciendo un rol como propietario de facto de la empresa.

Según la denuncia, FB Foods, propiedad de Bermúdez, ha sido objeto de señalamientos por sobreprecios y daño patrimonial a la República, lo cual fue discutido en la Asamblea Nacional y en la Comisión de Contraloría. Bermúdez habría utilizado a González Biagione y a Max Power Engineering Limited como fachada para continuar operando y obteniendo contratos con empresas estatales venezolanas.

También se revela que ninguna de las empresas involucradas son realmente extranjeras, pues sus propietarios son venezolanos. Fue así que el Estado venezolano contrató la compra de alimentos con empresas de China, Malasia, Singapur, Panamá y Estados Unidos, entre otros, pero siempre se trataba de “empresas de maletín” que se pueden adquirir fácilmente en internet. Los contratistas eran venezolanos que se presentaban como inversionistas con sociedades extranjeras. FB Foods tenía una filial en Hong Kong, mientras que Max Power Engineering Limited también era una sociedad originada en la misma jurisdicción, controlada en 2017 por el venezolano Jose Luis González Socas, cuando González le vendió la mitad de las acciones a Miguel Ángel González Biagione.

Denuncia de corrupción y aclaraciones del exdiputado venezolano Conrado Pérez

El exdiputado venezolano Conrado Pérez, en una carta dirigida en Miami al abogado penal Jay A. White, con fecha no especificada, expone su versión sobre una investigación relacionada con su labor parlamentaria y las denuncias de corrupción que realizó durante su período como diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela (2015-2020).

Pérez, quien representó al estado Trujillo, explica que su rol como diputado de la oposición se caracterizó por denunciar actos de corrupción que afectaban no solo a sus electores sino a todo el país. Estas denuncias se centraron en la legitimación de capitales y la corrupción, lo que lo llevó a iniciar una lucha contra estos flagelos desde su posición en la Asamblea Nacional.

En su carta, Pérez menciona que su compromiso con el pueblo venezolano y con el país es recuperar la democracia y lograr una Venezuela libre. Adicionalmente, señala su interés en rastrear y recuperar el dinero que considera fue robado y apropiado indebidamente por un grupo de criminales, quienes, según afirma, ahora viven como príncipes en Europa y Estados Unidos, mientras Venezuela atraviesa una profunda crisis.

El exdiputado relata que tuvo conocimiento de una investigación en curso sobre hechos que podrían estar relacionados con su actividad parlamentaria. Motivado por este conocimiento, Pérez expresa su interés en colaborar con el abogado White para esclarecer cualquier duda sobre la legalidad y legitimidad de sus acciones como parlamentario, las cuales asegura se llevaron a cabo dentro del marco jurídico constitucional y legal venezolano.

Detalles de la investigación y hallazgos de la comisión

Conrado Pérez detalla en la carta aspectos de la investigación que se realizó en Venezuela en relación a sus denuncias de corrupción. Menciona que, en el marco de dicha investigación, se citaron a las personas involucradas, se revisaron documentos, y se llevaron a cabo visitas in situ para verificar la información presentada.

Uno de los puntos relevantes de la investigación se centró en la empresa Salva Food, ubicada en el estado Vargas. Pérez explica que la comisión encargada de la investigación se trasladó a la sede de la empresa para verificar las condiciones de la misma. Contrario a las denuncias del diputado Ismael León, quien afirmaba que se trataba de una “empresa de maletín”, la comisión constató que Salva Food contaba con una nómina de 12.000 trabajadores, que sus productos eran manipulados con estrictos controles y que cumplía con sus obligaciones legales.

Pérez también menciona que, como parte de la investigación, se tomaron muestras aleatorias de alimentos en presencia de trabajadores de Salva Food, la diputada constituyente María Alejandra Díaz, el representante de la empresa, Carlos Lizcano, y su apoderado judicial, Pedro Francisco Aranguren Gualdron. Estas muestras fueron enviadas al laboratorio de la Universidad Central de Venezuela para su análisis físico y químico, con el objetivo de determinar si eran aptas para el consumo humano y cumplían con los estándares mínimos nutricionales.

En el documento se menciona al ciudadano Fernando Bermúdez, indicando que la Comisión de Contraloría no emitió ninguna constancia a su favor ni a favor de otras empresas que estaban siendo investigadas por la comisión, debido a que algunas de ellas eran consideradas empresas de maletín que participaban en esquemas de sobreprecio de productos CLAP.

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