Chamel y José Gaspard Morell recurren a «El Lobo» en Panamá para orquestar campaña de distracción sobre sus delitos

Fuente: Reporte de la Economia

En su desesperación por evadir las acusaciones de fraude y estafa que pesan sobre ellos, los hermanos venezolanos Chamel y José Gaspard Morell, actualmente residentes en Panamá, han optado por una táctica de distracción, señalando a terceros en un intento por desviar la atención de sus propios actos ilícitos.

Sobre los hermanos pesan órdenes de detención emitidas por la Interpol y solicitudes de extradición hacia Venezuela, debido a los múltiples fraudes de los que se les acusa. No obstante, han recurrido a los servicios de la red de mercadeo digital del político y asesor de relaciones públicas Aldo López Tirone, conocido como «El Lobo» o «The Wolf», que incluye diversas redes sociales y portales web, como impactopanama.com, con el objetivo de tejer una red de encubrimiento.

Se presume que su estrategia busca dirigir las miradas hacia otros individuos, mientras los hermanos Gaspard Morell intentan, simultáneamente, silenciar y obtener la complicidad de ciertas autoridades panameñas para evitar su captura y posterior extradición a Venezuela.

Además, es sabido que existen casos abiertos por fraude contra los hermanos en Estados Unidos y España, lo cual agrava aún más su situación legal a nivel internacional.

Campaña de desprestigio orquestada por los Gaspard Morell contra una de sus víctimas

Los hermanos Gaspard Morell, enfrentando órdenes de detención internacional y solicitudes de extradición, han intensificado sus esfuerzos para desviar la atención pública de sus propios delitos. Para ello, han puesto en marcha una calculada campaña de desprestigio, utilizando la red de mercadeo digital de Aldo López Tirone.

Esta campaña se centra en desacreditar a una de sus víctimas, quien irónicamente se convierte así en doblemente afectada: primero por el fraude sufrido a manos de los hermanos y ahora por esta ofensiva mediática.

Mediante videos que emplean narradores generados por inteligencia artificial, la campaña difama a la víctima, presentándola falsamente como un empresario venezolano con conexiones al chavismo y como un operador clave en la red de corrupción de Odebrecht, escándalo que tuvo repercusiones en toda América Latina.

Las acusaciones infundadas no se detienen allí; se le imputa la utilización de empresas fachada y estructuras financieras en Panamá para desviar fondos ilícitos, así como irregularidades en la adquisición de acciones bancarias.

Estas acciones, según la campaña difamatoria, ponen en riesgo la confianza en el sistema financiero panameño. Resulta paradójico que la misma campaña haga un llamado urgente a combatir la corrupción transnacional, argumentando que Panamá tiene la oportunidad de demostrar su compromiso con la justicia y la transparencia.

Omisiones en la campaña de desprestigio y la realidad judicial de la víctima

En la campaña de desprestigio impulsada por los hermanos Gaspard Morell contra una de sus víctimas, se omite un detalle crucial: la persona atacada fue absuelta de todas las acusaciones en su contra tras investigaciones realizadas por la justicia suiza. Este hecho, convenientemente ignorado por los Gaspard, desmantela la credibilidad de las difamaciones.

Cabe recordar que la justicia suiza ha colaborado con Panamá en investigaciones previas, como el caso Blue Apple o los Papeles de Panamá, contribuyendo a la exoneración de individuos en dichas situaciones.

De manera análoga, en el caso de la víctima de los Gaspard, la misma justicia suiza no encontró evidencia alguna que sustentara las acusaciones.

Por otro lado, la conducta de los hermanos Gaspard Morell en Panamá contrasta marcadamente. Las evidencias apuntan a que ellos sí han cometido una serie de delitos en el país, desafiando a las autoridades y violando las leyes locales. Además, recaen sobre ellos sospechas fundadas de evasión fiscal, tanto dentro como fuera de Panamá, lo cual repercute negativamente en la imagen internacional del país, contribuyendo a su calificación como paraíso fiscal y su inclusión en listas grises internacionales.

Vinculaciones peligrosas y la protección de los Gaspard Morell en Panamá

Las investigaciones deben profundizar también en las conexiones de los hermanos Gaspard Morell con políticos venezolanos. Se presume que estos individuos habrían transferido fondos a Panamá con el fin de legitimarlos, utilizando a los hermanos como intermediarios en estas operaciones financieras ilícitas.

Otro aspecto preocupante es la protección de la que han gozado los Gaspard Morell en Panamá, proveniente de funcionarios de la administración del expresidente Laurentino Cortizo y de otros que han asumido nuevos roles en el gobierno actual.

Esta situación de impunidad no solo proyecta una imagen negativa de Panamá y su sistema judicial, sino que también evidencia la audacia de los hermanos al intentar utilizar a los medios de comunicación panameños para desviar la atención pública de sus propios delitos y dirigirla hacia sus víctimas.

Es crucial que la Fiscalía de Panamá, el Ministro de Seguridad Pública, Frank Abrego, y todas las autoridades pertinentes, tomen cartas en el asunto y comprendan la gravedad de los delitos imputados a los hermanos Gaspard Morell, así como la impunidad que hasta ahora les ha beneficiado.

Cabe reiterar que la justicia internacional ya ha absuelto a la víctima de los ataques, y las autoridades panameñas no han encontrado indicios de actividad delictiva por su parte.

El silencio cómplice y la inacción solo sirven para erosionar la confianza en el sistema de justicia panameño y perpetuar la imagen de Panamá como refugio para delincuentes internacionales, mientras prevalece la impunidad en el caso de los hermanos Gaspard Morell.

Ammar Mansour Saleh, heredero de familia dueña de Gplus, vive impune entre EE. UU. y Panamá tras causar accidente mortal en Venezuela

Por: Felicia Osorio

Fuente; El Publique

Ammar Mansour Saleh

En julio de 2023, salió a la luz pública la denuncia de familiares de las víctimas de un trágico accidente de tránsito ocurrido en la autopista del sector El Guayabo, a la altura de la empresa Ebenezer, en Yaracuy, Venezuela.

El principal sospechoso del incidente, el ciudadano venezolano de ascendencia árabe Ammar Mansour Saleh, continúa en libertad, pese a las investigaciones realizadas por el Ministerio Público de Venezuela para lograr su captura. El siniestro, causado por el exceso de velocidad de Mansour, resultó en la colisión de su vehículo contra la parte trasera de otro automóvil donde viajaba una familia.

El impacto causó la muerte de Enrique Galíndez Oropeza, Dilsaidy Rivero Montero y María Figueredo, dejando además heridos a Luis Oropeza (padre de los menores), L.L. (de 9 años) y L.O. (de 4 años).

Los fallecidos eran tíos y la madre de los menores, quienes sufrieron fracturas y lesiones graves, aunque a mediados de 2023 se reportaron estables.

Vehículo involucrado en el accidente bajo resguardo judicial: Acusan a Mansour Saleh de homicidio culposo

En el lugar de los hechos, se identificó el vehículo conducido por Ammar Mansour Saleh como una camioneta Toyota, modelo LC300, color blanco, con placas AB852OT, la cual fue posteriormente solicitada por las autoridades tras el accidente. Mansour Saleh enfrenta acusaciones por homicidio culposo debido a su presunta responsabilidad en el trágico suceso que cobró la vida de tres personas.

Las familias de las víctimas han instado repetidamente a las autoridades del Ministerio Público venezolano a que capturen a Ammar Mansour Saleh para que responda ante la justicia por los cargos que se le imputan.

Hasta la fecha, la justicia venezolana no ha logrado aprehender al sospechoso, lo que genera frustración y angustia entre los allegados de los fallecidos y heridos en el accidente.

Vida de lujos y evasión: Ammar Mansour Saleh divide su tiempo entre Estados Unidos y Panamá

Ammar Mansour Saleh

A pesar de las acusaciones en su contra, Ammar Mansour Saleh sigue disfrutando de una vida de lujos, moviéndose libremente entre Estados Unidos -particularmente Miami- y Panamá, evadiendo así el proceso judicial en Venezuela.

El sospechoso proviene de una prominente familia de empresarios de origen árabe establecidos en Valencia, estado Carabobo, Venezuela, cuyo negocio principal es la importación de electrodomésticos desde Asia y su distribución al mayor.

La familia Mansour es ampliamente reconocida por ser propietaria de diversas marcas de electrodomésticos, destacando entre ellas Gplus, con más de veinte años de trayectoria en el mercado, siendo considerada una marca insignia del grupo empresarial.

Gplus comercializa una amplia gama de productos, incluyendo aires acondicionados, refrigeradores, lavadoras, licuadoras, cocinas, televisores, dispensadores de agua y fabricadores de hielo, consolidándose como una marca de referencia en el sector.

Fundada en 2002, Gplus inició operaciones en Venezuela y, para 2009, estableció un centro de distribución en la Zona Libre de Colón, Panamá. En 2014, la marca amplió su presencia a otros mercados en Centroamérica, Suramérica y el Caribe. Venezuela, Panamá y Nicaragua constituyen los principales mercados de Gplus, con planes de consolidación en República Dominicana, Colombia, El Salvador, Honduras y Guatemala.

Ammar Mansour Saleh ha utilizado la supuesta necesidad de atender los negocios familiares en Panamá, donde opera la empresa G Sonic, S.A. y otras compañías del grupo, como pretexto para evadir la justicia venezolana.

Esa estrategia ha dificultado que las autoridades venezolanas logren su aprehensión, permitiéndole continuar con sus actividades empresariales mientras enfrenta acusaciones por homicidio culposo en Venezuela.

Llamado a la cooperación internacional: Solicitan investigar posible evasión fiscal de la familia Mansour

Diversas fuentes cercanas al caso coinciden en la urgencia de alertar a las autoridades panameñas y estadounidenses sobre la situación legal de Ammar Mansour Saleh en Venezuela. Además, se insta a investigar fundadas sospechas de posible evasión fiscal mediante transacciones entre empresas vinculadas a la familia Mansour, gestionadas desde Panamá por diferentes miembros del clan.

Ammar Mansour Saleh y Carmen Hernández Marchena

Mientras tanto, Ammar Mansour Saleh mantiene una relación sentimental con la empresaria Carmen Mercedes Hernández Marchena, conocida en Carabobo como entrenadora de misses en concursos de belleza, jurado del Miss Carabobo y propietaria de la franquicia EMS Revolution. Esta empresa, con sede en el Centro Comercial Concepto La Viña en Valencia, funciona como gimnasio y centro de fitness especializado en entrenamiento con electroestimulación muscular, ofreciendo también servicios de spa de belleza y venta de equipos

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Ammar Mansour Saleh y Carmen Hernández Marchena

EMS Revolution Venezuela

Aunque se rumora sobre otros romances paralelos de Mansour Saleh, su relación con Hernández Marchena es la más pública y reconocida en el ámbito social de Valencia.

¿Exalcalde Francisco Solórzano «Frassito» detenido en Venezuela por vinculación con tramas de corrupción en Pdvsa y Pequiven?

Reporte de la Economia

Informaciones extraoficiales apuntan a la presunta detención reciente en Venezuela del exalcalde de Anaco, Francisco Solórzano Maita, conocido como «Frassito». Si bien tal versión no ha sido confirmada oficialmente, se especula que la supuesta detención estaría relacionada con su participación en tramas de corrupción en Pequiven y Pdvsa durante la gestión del exministro Pedro Tellechea, quien también se encuentra detenido.

Solórzano Maita ha estado en el ojo del huracán debido a su vínculo con la pastora evangélica y autodenominada «profeta» Mildres Mata Boulanger. Mata Boulanger, fundadora de la iglesia «Casa de Oración Puertas al Cielo» y la «Fundación dejad a los niños venid a mí y no se lo impidais» en el estado Anzoátegui, ha sido vinculada con el entramado de corrupción liderado por Tellechea.

Mildres Mata en compañía del exalcalde Francisco Solórzano y su esposa, en la boda de la «profeta» en 2022

La pastora ha sido señalada de actuar como supuesta testaferro de Tellechea e intermediaria para acceder al entonces ministro, mientras que a Solorzano se le señala como socio de la «profeta» Mata en diversos negocios. La relación de Mata con contratistas petroleros, a quienes supuestamente facilitaba el acceso a Tellechea, también está bajo escrutinio.

Pedro Tellechea y Mildres Mata

El escándalo de los comedores y las empresas fantasma

Tras la detención de Tellechea, surgieron rumores de que Solórzano Maita había huido a España. Sin embargo, su presunta reciente detención sugiere que habría regresado a Venezuela. «Frassito» es vinculado a presunta corrupción relacionada con la distribución de alimentos a trabajadores de Pdvsa y Pequiven a través de comedores petroleros y los Centros de Abastecimiento para los Trabajadores Petroleros y Gasíferos (CATPEG).

Durante la gestión de Tellechea como ministro de Petróleo, se activó el CATPEG en Anaco, municipio que Solórzano Maita gobernó entre 2008 y 2013. Además de los negocios en Anzoátegui, también han sido relacionadas con la trama supuestas empresas de Solórzano en los estados Zulia y Guárico.

Entre las empresas vinculadas a Solórzano Maita y que están bajo investigación se encuentran «La Granjita», «La Canasta» y «Grupo FAS». Se señala a «Frassito» como un proveedor privilegiado de Pequiven a través de Grupo FAS, gracias, en principio, a la influencia del gobernador de Anzoátegui, Luis José Marcano además del poder de Tellechea.

La red de corrupción tejida por la «profeta»

Mildres Mata

Un informe extraoficial que circula en redes sociales apunta a la presunta implicación del gobernador Marcano, la alcaldesa de Barcelona, Sugey Herrera, y la «profeta» Mildres Mata en la trama de corrupción que operaba con Tellechea desde su paso por Pequiven.

La «profeta» Mata, quien según el informe, habría sido incorporada al esquema por Marcano y su esposa, Marcia Moreno, sería la pieza clave para el supuesto lavado de dinero a través de sus supuestas obras de caridad. Su iglesia y su fundación se habrían convertido en fachadas para canalizar los fondos provenientes del tráfico de influencias y corrupción en Pdvsa y Pequiven.

La estrecha relación de Mata con Tellechea le permitió acceder a hospitales e instalaciones de Pequiven, tanto en Anzoátegui, como en el estado Zulia. Sin embargo, llama la atención que, a pesar de las sanciones de Estados Unidos contra Pdvsa, y considerando que Tellechea fue presidente de la estatal, las sociedades, activos y cuentas de la «profeta» en territorio norteamericano no hayan sido bloqueados.

Pedro Tellechea (de traje azul) y su esposa en la boda de Mildres Mata

El ostentoso estilo de vida de Mata y sus hijos, con viajes internacionales, ropa de marca y hoteles de lujo, contrasta con su labor «caritativa» y genera interrogantes sobre el origen de su fortuna.

¿Cómo la «profeta» Mildres Mata tejió una lucrativa red con el exministro Pedro Tellechea, el gobernador Luis José Marcano y Francisco Solórzano «Frassito»?

Carlos Méndez y Zonia Bezara: ¿Qué peligrosas intenciones se esconden tras la alianza del «CEO» de EVTV Miami con el Grupo Zoom?

Por Luz Elizondo

El Condumio | Opinión

Fuente: Reporte de la Economia

A través de lo que se describe como una intensa labor de «lobbying», Carlos Méndez, quien se apoderó de EVTV Miami de forma fraudulenta autoproclamándose CEO, ha sumado a su cartera de clientes a Zonia Bezara de Atencio. Bezara, una empresaria venezolana con una larga trayectoria en el sector de la logística y las encomiendas, cuenta con más de cuatro décadas de experiencia y una vasta red de contactos. La incorporación de Bezara como cliente levanta sospechas, considerando el historial de Méndez y el peso de Bezara en el mundo empresarial venezolano.

Es importante recordar el contexto de la llegada de Méndez a la dirección de EVTV Miami. En 2018, orquestó una asamblea de accionistas ficticia para arrebatarle el control del canal a su entonces socio, Oswaldo Muñoz. Esta maniobra fraudulenta, a pesar de que ambos poseían participaciones accionarias similares en EVTV Miami, le permitió a Méndez tomar las riendas del canal.

Este antecedente arroja una sombra de duda sobre las intenciones de Méndez al "reclutar" a Bezara. Actualmente, la empresaria preside y es la accionista mayoritaria del Grupo Zoom, una reconocida empresa de logística, envíos y remesas con presencia en varios países de Latinoamérica y Estados Unidos. Además del Grupo Zoom, Bezara controla otras empresas importantes dentro del mismo sector, lo que amplifica las dudas sobre las motivaciones reales de Méndez.

Las posibles intenciones de Méndez

Dada la afiliación de Méndez con un sector de la oposición venezolana que respaldó el gobierno interino de Juan Guaidó, se especula que su interés en Bezara va más allá de una simple relación comercial. Se presume que Méndez busca instrumentalizar la influencia y las conexiones de Bezara en actividades conspirativas contra la administración de Nicolás Maduro. Estas actividades podrían incluir la introducción de mercancías ilegales a Venezuela y la gestión de remesas de dinero para fines políticos.

La alianza estratégica entre el Grupo Zoom y DHL, vigente desde febrero de 2017, agrega complejidad a la situación. Este acuerdo comercial permite a Zoom utilizar la extensa red global de DHL Express para expandir sus operaciones, incluyendo la gestión de exportaciones, importaciones, trámites aduaneros y distribución. En Venezuela, esta colaboración se traduce en la posibilidad de enviar y recibir paquetes y mercancías tanto dentro como fuera del país.

La combinación de la cuestionable adquisición de EVTV Miami por parte de Méndez, su vínculo con un sector de la oposición venezolana proclive a las maquinaciones políticas y la incorporación de Zonia Bezara –con su importante rol en el Grupo Zoom y su alianza con DHL– como cliente, genera serias preocupaciones.

La posibilidad de que Méndez pretenda utilizar a Bezara y su red empresarial para potenciales fines ilícitos o desestabilizadores en Venezuela es una hipótesis que no se debe pasar por alto.

Ricardo Fernández Barrueco, del imperio millonario al fraude: escándalo por documentos falsificados en Panamá

Por Gabriela Ruiz

Fuente: El Publique

Hace unas semanas, un personaje controversial del escenario empresarial venezolano, Ricardo Fernández Barrueco, reapareció en Panamá. De acuerdo con fuentes consultadas, Fernández Barrueco, otrora figura poderosa conocida por su concesión de los Astilleros Braswell en el istmo, se presentó en un reconocido bufete de abogados venezolano-panameño en la ciudad de Panamá. Este bufete se especializa en asesorar a inversores para colocar su dinero en fondos de inversión y de capital.

La visita de Fernández Barrueco a este bufete no era casual. Si bien su situación económica actual no es la misma que la de sus años de auge, manteniendo un perfil discreto después de su encarcelamiento en Venezuela, su interés se centraba en acceder a las oportunidades de inversión que ofrece Panamá.

El bufete, especializado en la gestión integral de inversiones, desde el papeleo hasta la orientación, ofrece el respaldo necesario para que los inversores obtengan rendimientos a través del sistema financiero e inmobiliario panameño. Este proceso, naturalmente, exige una rigurosa presentación de avales, comprobantes, fianzas y otros documentos que garanticen la solidez financiera de los inversores.

El descubrimiento del fraude y la huida a España

Fernández Barrueco, con su historial manchado por controversias y problemas legales, presentó la documentación requerida al bufete panameño. Sin embargo, la sorpresa no tardó en llegar. Cuando el equipo legal de la firma comenzó a cotejar la información proporcionada, descubrieron la alarmante verdad: muchos de los documentos presentados por el empresario carecían de validez, pues habían sido falsificados.

Fernández Barrueco, haciendo gala de las “malas mañas” que parecen persistir en su modus operandi, había construido un elaborado compendio de documentos fraudulentos, mientras buscaba hacerse de inversiones.

Se cree que Fernández Barrueco pudo haber olfateado la inminente revelación de su engaño, pues con la misma rapidez con la que reapareció en Panamá, desapareció del país. Su destino: España. Actualmente, se encontraría prácticamente oculto en una pequeña localidad al norte del país, en la región del Cantábrico, lejos del bullicio y el escrutinio público.

Este episodio panameño se suma a la larga lista de incidentes turbios que han marcado la trayectoria de este empresario venezolano.

El ascenso y caída de un magnate controversial

Para comprender la magnitud de la situación actual de Fernández Barrueco, es necesario repasar su historia. Nacido en Venezuela en 1965, Fernández Barrueco amasó una considerable fortuna, alcanzando un estimado de 1.600 millones de dólares para el año 2005. Su imperio empresarial, el Grupo Proarepa, abarcaba alrededor de 270 empresas en diversos sectores, desde la pesca de atún hasta la banca y la producción de alimentos. Su cercanía con el gobierno de Hugo Chávez, especialmente durante la huelga general de 2002-2003, le brindó ventajas y oportunidades que impulsaron su ascenso económico. Fernández Barrueco, apoyando al gobierno de Chávez con sus vehículos para la distribución de alimentos, se ganó el favor oficial.

Sin embargo, la ambición desmedida y las prácticas cuestionables llevaron a Fernández Barrueco a un abrupto declive. Su incursión en el sector bancario en 2009, con la adquisición de cuatro bancos (Bolívar, Confederado, Canarias y BanPro), terminó en desastre. Incumplimientos en el aumento de capital y problemas de solvencia provocaron la intervención gubernamental de estas instituciones en noviembre de 2009. Poco después, en diciembre del mismo año, Fernández Barrueco fue arrestado, acusado de apropiación de fondos, apropiación indebida de créditos y asociación para delinquir, cargos relacionados con la crisis bancaria venezolana de 2009-2010. En enero de 2010, el gobierno venezolano nacionalizó el Grupo Proarepa.

Fernández fue dejado en libertad en abril de 2013, después de haber estado preso durante tres años y medio. Aunque fue liberado, tenía prohibición de salir del país y debía presentarse periódicamente en un tribunal.

Los FinCEN Files revelaron detalles adicionales sobre las turbias operaciones financieras de Fernández Barrueco, incluyendo una compleja transacción con el Deutsche Bank de Nueva York por 62.7 millones de dólares, que quedó inconclusa tras su detención.

Adicionalmente, años atrás se difundieron denuncias que vinculaban su flota pesquera con actividades de narcotráfico.

La reciente falsificación de documentos en Panamá reafirma el patrón de comportamiento de este empresario, cuya trayectoria está marcada por la controversia y los problemas legales.

Vicente Rujano y su familia: Controversias por nexos con narcotraficante y escándalos amorosos envuelven a ganaderos venezolanos

Por: Felicia Osorio

Fuente: El Publique

La familia Rujano Garófalo, originaria del estado Táchira en Venezuela, se encuentra en el centro de una serie de controversias que se extienden por los territorios venezolano, colombiano e incluso más allá. Desde sospechas de lavado de dinero hasta vínculos con el narcotráfico, pasando por escándalos amorosos y denuncias de corrupción, el nombre de esta familia se ha convertido en sinónimo de polémica.

Vicente Rujano Garófalo, el hijo del patriarca Waldo Rujano Mora y Gisela Garófalo Contreras, es la figura central de este entramado. Su ascenso meteórico en el mundo empresarial, acompañado de una fortuna que ha parecido crecer exponencialmente, ha despertado la curiosidad de muchos, quienes se preguntan sobre el origen de su riqueza.

La sombra de “Ñeñe” Hernández

Vicente Rujano, José Guillermo “Ñeñe” Hernández y Juan Felipe Pacheco

Las sospechas sobre la familia Rujano Garófalo se intensificaron tras las revelaciones que los vinculan con José Guillermo “Ñeñe” Hernández, un narcotraficante colombiano asesinado en Brasil en 2019. La cercanía entre las propiedades de ambas familias en Colombia, así como la presencia de la esposa de Hernández, María Mónica Urbina, en eventos promocionales de empresas vinculadas a los Rujano, han alimentado las sospechas sobre una comentada sociedad entre el narcotraficante y la familia venezolana.

Waldo Rujano y María Mónica Urbina, esposa de “Ñeñe” Hernández

Fotografías y videos muestran al padre de Vicente Rujano en compañía de la esposa de “Ñeñe” Hernández, así como a Juan Felipe Pacheco Pérez, un ganadero colombiano que ha sido señalado como socio de Vicente, en plan amistoso junto al narcotraficante. La relación entre Pacheco y Hernández era tan cercana, que Pacheco expresó públicamente su tristeza por la muerte de su “vecino” José Guillermo “Ñeñe” Hernández, afirmando que la misma tristeza embargaba a Vicente.

José Guillermo “Ñeñe” Hernández y Juan Felipe Pacheco

Un imperio empresarial opaco

La familia Rujano ha construido un imperio empresarial que se extiende por Venezuela, Colombia, Panamá y Estados Unidos. En Venezuela, son propietarios de varias fincas ganaderas y de la empresa Disprogata C.A., dedicada a la exportación de alimentos para animales. En Colombia, controlan Carnes Grin, una empresa de carne procesada. En Panamá, operan a través de las compañías Global Enterprise Wavg, Inc. y Track Industries, S.A. Y en Estados Unidos, han registrado alrededor de 60 empresas en Florida, muchas de las cuales están vinculadas a propiedades inmobiliarias.

Juan Felipe Pacheco (al frente) y detrás de él, Juan Santiago Martínez y Vicente Rujano.

Las autoridades venezolanas investigaron a Inversiones Ganapanam, una de las antiguas empresas de Vicente Rujano, por el manejo de 14 millones de dólares. La expansión inmobiliaria de la familia en Estados Unidos coincide con la época en que recibieron divisas preferenciales del extinto CENCOEX en Venezuela, un organismo que ha sido señalado como foco de corrupción.

Escándalos y denuncias

Además de las sospechas de lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico, la familia Rujano también se ha visto envuelta en escándalos amorosos y denuncias de corrupción. Vicente Rujano ha sido vinculado sentimentalmente con Yessika Yépez, una contadora pública e influencer del fitness. Mientras que Germán Rincón Montilla, un abogado que funge como administrador de las propiedades de la familia en Florida, fue sancionado en 2005 por la Contraloría General de Venezuela por incurrir en prácticas irregulares durante su desempeño como funcionario público.

Vicente Rujano, Yessika Yépez

Una antigua vecina de Vicente Rujano, al ser consultada, relató que Vicente sufrió una fuerte depresión tras ser abandonado por una otrora novia, residente de la localidad de Coloncito, en el estado Táchira, poco antes de graduarse de abogado. La ruptura lo afectó tanto que tuvo que someterse a seis meses de terapia psicológica.

La familia Rujano Garófalo se encuentra en el ojo del huracán. Sus conexiones con el narcotráfico, sus negocios opacos y sus escándalos personales han generado una ola de sospechas y cuestionamientos.

La saga Rujano: un culebrón de dinero, poder y otros escándalos

La ya polémica historia de la familia Rujano Garófalo, con Vicente Rujano como protagonista, se complica aún más con otros nuevos personajes y escándalos que añaden más leña al fuego de las sospechas. No solo se les acusa de lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico, sino que también se revelan conexiones políticas y amorosas que podrían tener graves repercusiones.

Gisela Garófalo de Rujano, Waldo Rujano y Laidy Gómez

Waldo Rujano Mora, el patriarca del clan Rujano, no solo ha amasado una fortuna considerable en el negocio ganadero, sino que también ha sido vinculado sentimentalmente con Laidy Gómez, exgobernadora del estado Táchira. La presunta relación extramarital, que se rumorea dio fruto a la hija mayor de Gómez, ha desatado un escándalo político y social en la región. La supuesta paternidad de Rujano nunca ha sido reconocida públicamente, lo que ha generado especulaciones y críticas hacia Gómez, quien podría verse obligada a aclarar la situación si aspira a un nuevo cargo público.

Las redes sociales han sido el escenario de acusaciones e insultos hacia Gómez, a quien se le ha tildado de “quita maridos” y “extorsionadora”. En 2016, se acusó a Rujano de difundir fotos íntimas de Gómez, lo que aumentó la tensión mediática y las dudas sobre la naturaleza de su relación. A esto se sumaron imágenes comprometedoras de Gómez y conversaciones de WhatsApp que sugerían acoso a la esposa de Rujano, Gisela Garófalo.

Vicente Rujano y su pasaporte italiano: ¿Huida o estrategia?

Mientras tanto, Vicente Rujano, quien ya se encontraba bajo la lupa de las autoridades por sus sospechosas actividades empresariales y su cercanía al narcotraficante colombiano “Ñeñe” Hernández, ha añadido un nuevo capítulo a la saga familiar: se le señala de utilizar un pasaporte italiano para ingresar a la Unión Europea y evadir el escrutinio de la DEA, Europol e Interpol.

Vicente Rujano y Yessika Yépez

Este movimiento ha despertado aún más sospechas sobre las intenciones de Rujano. ¿Está huyendo de la justicia o simplemente busca proteger sus activos en el extranjero? son algunas de las preguntas surgidas en redes sociales. Sus viajes a España, donde se rumorea que ha establecido un “nidito de amor” con su amante, la contadora e influencer Yessika Yépez, añade otra capa de misterio a la historia.

Con tantos escándalos en ciernes, el futuro de la familia Rujano se presenta incierto. Las investigaciones sobre sus actividades financieras, sus conexiones con el narcotráfico y sus escándalos personales podrían tener incluso consecuencias legales y políticas para sus miembros. El escrutinio público no hace más que aumentar a medida que se revelan nuevos detalles sobre la compleja y polémica historia familiar.

Cómo los Yammine se enriquecieron controlando la ensambladora de Chery en Venezuela mediante empresas offshore

Fuente: Reporte de la Economia

En abril de 2016, una investigación periodística reveló los detalles de cómo la familia Yammine, de origen libanés y conocida por la creación del vehículo militar Tiuna, logró controlar la operación de ensamblaje de vehículos Chery en Venezuela.

Lo que el gobierno de entonces calificaba como una “empresa mixta” y una “experiencia exitosísima”, en realidad ocultaba una estructura corporativa offshore que permitía al grupo Yammine asegurar una porción mayoritaria del acceso a las divisas generadas por la importación de partes y materiales de ensamblaje.

Mientras otras marcas de vehículos desaparecían del mercado venezolano, Chery, con el auspicio del gobierno, proliferaba en las calles. El año anterior, 2015, Nicolás Maduro había anunciado la compra de 20.000 taxis Chery, una cifra que superaba la producción total de las siete ensambladoras privadas del país durante ese mismo año, según explicaba Roberto Deniz en Armando.info.

Esta masiva importación de vehículos Chery había comenzado años atrás, durante la presidencia de Hugo Chávez, particularmente entre 2010 y 2014. Chávez no solo impulsó las importaciones, sino que también abogó por el ensamblaje de estos vehículos en Venezuela.

El «proyecto emblemático» y la trama oculta

En marzo de 2016, Carlos Faría, quien para entonces ocupaba el cargo de viceministro de Industria, calificaba el ensamblaje de Chery en Venezuela como un “proyecto emblemático” y una “experiencia exitosísima”. Sin embargo, detrás de esta fachada de éxito, se escondía un negocio sumamente lucrativo para el grupo Yammine, liderado por Sarkis Mohsen Yammine Leunkara, originario del Líbano, y Antonio José Yammine Saade y Mohsen Yammine Saade, nacidos en Caracas y El Tigre, respectivamente. Estos empresarios, ya conocidos en los círculos gubernamentales y militares por su participación en el proyecto del vehículo multipropósito Tiuna, habían construido una compleja red financiera para beneficiarse de la operación de Chery.

La filtración de los Papeles de Panamá, provenientes del bufete Mossack Fonseca, destapó la trama: una estructura corporativa en paraísos fiscales como Hong Kong, Panamá y las Islas Seychelles, diseñada para retener porciones de las divisas destinadas a la adquisición de autopartes y material de ensamblaje.

El inicio del ensamblaje y la creación de la estructura offshore

El ensamblaje de Chery en Venezuela comenzó en 2011, tras un acuerdo entre el gobierno de Hugo Chávez y la Corporación Automotriz Z.G.T. El 25 de agosto de ese año, durante un consejo de ministros, Chávez celebró la inauguración de la planta ensambladora en Las Tejerías, estado Aragua. Incluso, con evidente entusiasmo, bautizó dos modelos de Chery como «Arauca» y «Orinoco». Detrás de esta alianza, se encontraba un entramado empresarial ideado por los Yammine.

En septiembre de 2010, Corporación Automotriz Z.G.T. aceptó conformar una “empresa mixta” con el Estado, un proyecto que recibió un crédito de 258 millones de bolívares del Banco del Tesoro. Sin embargo, esta corporación era solo la punta del iceberg. Los documentos filtrados de Mossack Fonseca revelan cómo los Yammine crearon una red de empresas en paraísos fiscales para controlar el negocio.

Un correo electrónico de Jahrold Maizo, vicepresidente de Corporación Automotriz Z.G.T. y hombre vinculado a los Yammine, enviado el 31 de mayo de 2010 a Mossack Fonseca en Panamá, detalla la creación de ICA International Automobiles Limited en Hong Kong, cuyo único accionista sería Chery Andean and Caribbean, con directores asignados por el bufete panameño AFRA. Además, Maizo solicitaba que las empresas Ematrade Inc y Chery Andean & Caribbean Inc fueran transferidas a Mossack Fonseca para centralizar la gestión.

ICA International Automobiles Limited: la pieza clave del entramado

ICA International Automobiles Limited se registró en Hong Kong el 1 de junio de 2010. Su capital inicial fue de 10.000 dólares de Hong Kong, divididos en 10.000 acciones. Los directores de esta compañía eran Genesis Ltd y Finas Ltd, dos sociedades registradas en las Islas Seychelles por Mossack Fonseca. El bufete no solo registró las empresas, sino que también designó a los directores, ocultando así la identidad de los verdaderos beneficiarios. Sin embargo, un «poder legal» emitido por la directiva de ICA, incluido en la filtración, revela que Antonio Yammine, Mohsen Yammine y Sarkis Yammine podían ejercer este poder «en cualquier parte del mundo». Esto demostraba que, a pesar del entramado de sociedades, los Yammine mantenían el control total de la operación.

Chery Andean & Caribbean, registrada en Panamá, era el único accionista de ICA International Automobiles Limited. Esta empresa panameña, a su vez, había sido «protocolizada» el 28 de mayo de 2009, con un capital autorizado de 10.000 dólares americanos. Según el pacto social, fue constituida por los panameños Camilo Andrés Méndez Chong y Brunilda Gabriela Broce, quienes posteriormente emitieron las 10.000 acciones a favor de Ematrade Inc., otra sociedad en la que Antonio, Mohsen y Sarkis Yammine poseían cada uno el 33,33% de las acciones.

El rol de ICA International Automobiles Limited y el flujo de divisas

Un documento denominado «Beneficial Owner Declaration», firmado por Antonio Yammine y parte del archivo de Mossack Fonseca, resumía la estructura: ICA International Automobiles Limited, registrada en Hong Kong, tenía como único accionista a Chery Andean & Caribbean, registrada en Panamá, y los beneficiarios finales eran los Yammine.

La estructura en Hong Kong y Panamá permitía al grupo controlar el negocio, aunque la operación en Venezuela se presentaba como una empresa mixta a partes iguales entre el Estado y Corporación Automotriz Z.G.T. En la práctica, ICA International Automobiles Limited, y no la empresa Chery en China, era quien enviaba el material de ensamblaje y las autopartes a Corporación Automotriz Z.G.T. Es decir, la compañía de Hong Kong, controlada por los Yammine, actuaba como intermediaria entre la casa matriz de Chery y la empresa mixta venezolana. Esto contradecía el esquema del Fondo Chino, donde el gobierno venezolano usualmente pagaba directamente al proveedor en China.

Reportes del movimiento portuario de Puerto Cabello, en Venezuela, entre finales de 2014 y principios de 2016, mostraban a ICA International Automobiles Limited como «embarcador» en al menos 16 despachos de material de ensamblaje desde puertos chinos hacia Corporación Automotriz Z.G.T. en territorio venezolano. Facturas adicionales revelaron que ICA International Automobiles Limited compraba repuestos y autopartes a Wuhu Chery Automobile Service Parts Co Ltd, una subsidiaria de Chery, por un valor de 3,6 millones de dólares solo en 2014.

La deuda millonaria y el sistema de «peajes»

Para finales de 2014, la deuda de Corporación Automotriz Z.G.T., el socio privado del gobierno venezolano en la empresa mixta, con ICA International Automobiles Limited ascendía a casi 169 millones de dólares, según un documento del 29 de junio de 2015. Este mecanismo permitía a los Yammine retener una parte significativa de las divisas generadas por el negocio de Chery en Venezuela.

El entramado empresarial funcionaba como una serie de «peajes» en los que se retenían porciones de los dólares. Anualmente, ICA International Automobiles Limited debía pagar un porcentaje de sus ingresos a Chery Andean & Caribbean, en su calidad de accionista. Además, realizaba pagos por conceptos como «comisión», «garantía» de los vehículos, «transferencia tecnológica» y «asistencia técnica».

Entre 2011 y 2014, ICA International Automobiles Limited pagó a Chery Andean & Caribbean alrededor de 125 millones de dólares por su rol de accionista, lo que representaba casi la cuarta parte del volumen de negocios (casi 565 millones de dólares) registrado por la compañía en esos años por la venta de productos Chery a Venezuela.

Los pagos por «comisión», «garantía», «asistencia técnica» y «transferencia tecnológica» de ICA International Automobiles Limited a Chery Andean & Caribbean sumaron otros 70 millones de dólares entre 2011 y 2014.

Los contratos y el control real de la operación

Los contratos entre ICA International Automobiles Limited y Chery Andean & Caribbean por los servicios de «comisión», «garantía», «asistencia técnica» y «transferencia tecnológica» se encontraban entre los documentos de Mossack Fonseca. En estos acuerdos, ICA International Automobiles Limited se comprometía a pagar una comisión a Chery Andean & Caribbean por cada vehículo vendido, según una tarifa establecida por ambas partes. A cambio, Chery Andean & Caribbean se comprometía a garantizar el buen funcionamiento de las «plantas de fabricación de ICA International Automobiles Limited o sus subsidiarias». Esta cláusula revelaba que, aunque formalmente se trataba de una empresa mixta, la operación estaba bajo control de los Yammine.

Facturas de 2014 mostraban que ICA International Automobiles Limited pagó casi 10 millones de dólares a una compañía venezolana por el transporte de contenedores desde Puerto Cabello a las instalaciones de la empresa mixta en Las Tejerías. Además, se registraron transferencias desde las cuentas de ICA International Automobiles Limited a otras sociedades en Panamá, Islas Vírgenes Británicas y Florida, Estados Unidos, algunas de ellas también vinculadas a los Yammine.

Corporación Automotriz Z.G.T., el socio venezolano en la empresa mixta, se registró en 2008 con Ramón Dahdah Galeb y Juana Francisca Revete como accionistas, con un capital de 2,3 millones de bolívares. Entre 2004 y 2011, esta corporación recibió 3.568.039 dólares de la antigua Comisión de Administración de Divisas (Cadivi).

La conexión Yammine y el Centro Nacional de Repotenciación

Aunque los Yammine no figuraban como accionistas de Corporación Automotriz Z.G.T., varios indicios apuntaban a su influencia y control sobre la empresa. Jahrold Maizo, vicepresidente de la corporación y quien se comunicaba con Mossack Fonseca, había trabajado con los Yammine en el Centro Nacional de Repotenciación (Cenareca), la compañía a través de la cual el grupo incursionó en 2004 en el ensamblaje del vehículo militar Tiuna.

Entre 2004 y 2011, Cenareca recibió 3.204.759 dólares de Cadivi. Desde 2008, Cenareca poseía el 49% de las acciones de la Empresa Mixta Socialista de Vehículos Venezolanos (Emsoven), mientras que la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim) tenía el 51% restante.

ICA International Automobiles Limited, la empresa de Hong Kong que enviaba los productos para ensamblar los Chery, también era la proveedora de material de ensamblaje para Emsoven. Los accionistas de Corporación Automotriz Z.G.T. también estaban vinculados a Cenareca y Emsoven.

Ramón Dahdah Galeb figuraba como «persona de contacto» de Emsoven en una adquisición de piezas y partes automotrices, y Juana Francisca Revete aparecía como trabajadora de Cenareca desde 2004, según el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS).

Además, se registraron transferencias desde cuentas bancarias de ICA International Automobiles Limited a Dahdah Galeb, según los documentos de Mossack Fonseca.

Una nota de prensa del Ministerio de Industrias de marzo de 2014 mencionaba a Antonio Yammine como «director» de Corporación Automotriz Z.G.T. Un ex gerente, que prefirió mantenerse en el anonimato, afirmaba que «los Yammine aparecen en todas partes».

La expansión del grupo Yammine y la compra de MMC Automotriz

En mayo de 2013, Antonio Yammine, quien controlaba Corporación Automotriz Z.G.T., inició negociaciones para adquirir una segunda planta de ensamblaje para Chery en Carabobo. La planta, que pertenecía a Ensamblaje Superior C.A. y estaba destinada al ensamblaje de vehículos Great Wall, fue comprada por los Yammine por 5 millones de dólares, con un acuerdo para pagar 11 millones adicionales mediante una carta de crédito del banco Interaudi.

Sin embargo, en julio de 2013, un decreto presidencial expropió los bienes de Great Wall de Venezuela C.A. y sus filiales. Tras la expropiación, los Yammine y el banco Interaudi suspendieron la carta de crédito, lo que resultó en una disputa legal en Estados Unidos contra ICA International Automobiles Limited y el banco.

Se sospechaba que la expropiación buscaba favorecer la operación de Chery de los Yammine, ya que poco después se creó la empresa mixta “Chery de Venezuela C.A.”, con el Estado poseyendo el 51% y Corporación Automotriz Z.G.T. el 49%.

En diciembre de 2015, los Yammine adquirieron MMC Automotriz, propiedad del grupo japonés Sojitz, obteniendo el ensamblaje y la licencia de marcas como Mitsubishi, Hyundai y Fuso. La negociación se mantuvo en secreto, pero posteriormente Antonio Yammine se presentó en la sede y planta de MMC Automotriz en Barcelona, Anzoátegui.

Según fuentes cercanas, la compra se realizó a través de una sociedad en Hong Kong, similar al esquema utilizado con Chery. Oficialmente, MMC Automotriz anunció que el Grupo Sylca, con «más de 30 años de trayectoria», había adquirido la empresa.

Sylca, una sociedad registrada en Florida, Estados Unidos, también estaba bajo el control de los Yammine y había recibido fondos de ICA International Automobiles Limited.

Esta adquisición consolidó a los Yammine como los empresarios más importantes de la industria automotriz venezolana, en un contexto de crisis donde otras empresas del sector se veían afectadas por la falta de divisas.

El auge en medio de la crisis

La compra de MMC Automotriz representó para el grupo Yammine un salto a las «grandes ligas» de la industria automotriz venezolana, un sector que para ese entonces representaba el 3,5% del Producto Interno Bruto del país.

Mientras otras ensambladoras, incluyendo filiales de transnacionales como Chrysler, Ford, General Motors y Toyota, enfrentaban dificultades por la escasez de divisas y las restricciones operativas, el grupo Yammine, gracias a su compleja estructura financiera y su estrecha relación con el gobierno, logró expandir su imperio automotriz en Venezuela.

Esta situación contrastaba con la crisis generalizada que afectaba al sector y al país en general, demostrando la capacidad del grupo para prosperar en un entorno adverso.

La información revelada por los Papeles de Panamá ofreció una visión detallada del entramado empresarial utilizado por la familia Yammine para controlar el mercado automotriz en Venezuela, aprovechando las ventajas de una “empresa mixta” con el Estado y utilizando una red de compañías offshore para maximizar sus ganancias.

Capturan en EE. UU. a intermediario turco implicado en venta ilegal de petróleo venezolano

Fuente: InsightCrime

El arresto de un conocido intermediario para la venta de petróleo venezolano en Estados Unidos podría presagiar tiempos turbulentos para la administración de Nicolás Maduro luego de la reelección de Donald Trump.

El empresario turco Taskin Torlak fue arrestado el 2 de noviembre en Florida, Estados Unidos, bajo señalamientos de conspirar para evadir sanciones como parte de una trama para transportar petróleo venezolano sancionado, informó el Departamento de Justicia el 4 de noviembre.

Torlak, dueño de compañías navieras, habría exportado crudo de la estatal, Petróleos de Venezuela (PDVSA), desde 2020 hasta 2023, de acuerdo con documentos del caso a los que tuvo acceso InSight Crime. Torlak y sus colaboradores habrían ganado más de US$32 millones por sus negocios con la petrolera.

“Este acusado supuestamente conspiró para vender ilegalmente petróleo venezolano, utilizando engaños y artimañas para ocultar el hecho de que este petróleo procedía de Venezuela”, declaró el fiscal del distrito de Columbia, Matthew Graves, en la nota de prensa del Departamento de Justicia.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a PDVSA en enero de 2019 bajo la primera presidencia de Donald Trump, además de otras sanciones severas que aplicó la administración del entonces presidente al país. Para no perder su principal fuente de ingresos, el régimen venezolano ha delegado en terceros la comercialización y exportación del material.

De acuerdo con la investigación, Torlak y sus socios cambiaron y ocultaron el nombre y bandera de los buques petroleros en múltiples ocasiones, y discutieron medidas para evitar ser rastreados, como apagar los radares.

Parte del dinero obtenido por los acuerdos con PDVSA fue procesado por instituciones financieras estadounidenses, en violación de las sanciones.

Aunque la administración de Joe Biden otorgó licencias a algunas grandes petroleras estadounidenses para temporalmente permitirles hacer negocios con PDVSA, la victoria de Trump, un feroz detractor de Maduro, podría traer nuevas y más severas sanciones para castigar el denunciado fraude electoral en Venezuela.

Análisis de InSight Crime

Maduro se enfrenta a un campo de juego cada vez más cercado que podría aumentar su dependencia de intermediarios petroleros y de otras economías ilícitas, como el oro, para mantener a flote su gobierno.

La trama liderada por Torlak permitió a PDVSA enviar cargamentos de crudo a Asia, dejando en los intermediarios la tarea de evadir las sanciones. Documentos judiciales detallan que el empresario turco y sus socios mantuvieron conversaciones con la empresa venezolana para delinear las medidas necesarias para pasar desapercibidos. Una de esas era mantener, a la par de los buques petroleros llevando el petróleo, una flota “limpia”.

“Realmente necesitamos que esa flota limpia también se gestione (bajo un nombre completamente distinto). Por dos razones: para ganar algo de dinero, por supuesto, pero sobre todo para cubrir las transferencias de fondos para [Venezuela]”, dijo Torlak en una de las conversaciones filtradas en la investigación usada en el caso, según los documentos.

Tercerizar el sistema oficial abrió el paso a una mayor corrupción dentro de las instituciones venezolanas. Esto permitió al entonces zar petrolero Tareck El Aissami y su red hacerse con miles de millones de dólares de la petrolera, de acuerdo con la fiscalía venezolana, que detuvo a El Aissami en abril de 2024 bajo cargos de corrupción.

Otro intermediario de confianza del régimen es el colombiano y actual ministro de Industrias, Álex Saab. Antes de ser detenido por lavado de dinero por Estados Unidos, Saab comercializó petróleo venezolano a diferentes aliados políticos en el exterior y se benefició de la corrupción rampante, según investigaciones del portal Armando Info.

Así como el petróleo, el oro extraído en el sur de Venezuela también está sancionado por Estados Unidos. Sin embargo, su venta en el exterior también ha caído bajo el ala de intermediarios y grupos criminales, que a lo largo de los años han recurrido a distintos métodos para evadir las sanciones, como ocultar su origen en las exportaciones legales de otros países.

Con gran parte de la comunidad internacional alerta ante los movimientos de Maduro ante el fraude electoral, la vigilancia a los movimientos económicos vinculados al gobierno venezolano podría incrementar y entorpecer su financiamiento de economías ilícitas y sancionadas.

Imagen principal: Taskin Torlak, detenido por autoridades estadounidenses el 2 de noviembre en Florida, Estados Unidos. Crédito: CBS News

Propiedades en Panamá de esposa de Antonio Ledezma e hijos de hermanos Gaspard refuerzan sospechas de testaferrato

Por: Felicia Osorio

Fuente: El Publique

Los hijos de los hermanos Gaspard Morell, acusados de estafa y fraude en Venezuela, poseen apartamentos en el mismo edificio en Panamá donde reside la esposa del exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma.

Andrés Alejandro, José Antonio Gaspard y otros hijos de los hermanos Gaspard Morell figuran como propietarios de inmuebles en el Edificio PH Oceanaire, ubicado en San Francisco, Ciudad de Panamá. Estas propiedades fueron adquiridas en 2011.

En el mismo edificio, desde 2015, se encuentra un apartamento a nombre de MASTIANO, S.A., una sociedad constituida en 2011 y presidida por Mitzy Capriles de Ledezma, esposa de Antonio Ledezma.

Antonio Ledezma y su esposa Victoria Eugenia “Mitzy” Capriles de Ledezma

Esta coincidencia resulta particularmente relevante considerando la relación previa entre los hermanos Gaspard y Ledezma. Durante la gestión de Ledezma como alcalde metropolitano de Caracas, así como en la Gobernación de Caracas y la alcaldía del municipio Libertador, los Gaspard Morell fueron contratistas privilegiados de estas instituciones.

La conexión plantea interrogantes sobre la naturaleza de la relación entre los Gaspard y Ledezma, y si las adquisiciones inmobiliarias en Panamá podrían estar vinculadas a las acusaciones de testaferrato que pesan sobre los hermanos.

Las sospechas se intensifican al considerar las graves acusaciones de estafa y fraude que enfrentan José y Chamel Gaspard Morell, las cuales abarcan deudas impagas con bancos, transacciones corruptas con instituciones públicas y fraudes millonarios que se iniciaron desde hace más de dos décadas y han vuelto a repetirse con el transcurrir de los años.

Detalles de las acusaciones contra los hermanos Gaspard Morell

Chamel y José Gaspard Morell

Parte de las acusaciones contra José y Chamel Gaspard Morell por estafa agravada y fraude, entre otros delitos, se basan en denuncias presentadas por inversores ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y casos que han llegado a los tribunales de Venezuela, cuyos hechos se remontan a abril de 2018.

Un tribunal venezolano ratificó una orden de aprehensión contra ambos hermanos, quienes se encuentran prófugos de la justicia venezolana en Panamá, con órdenes de extradición pendientes.

A principios de 2024, José Gaspard fue capturado en Panamá cuando intentaba huir a México con un pasaporte español, gracias a una orden de captura emitida por Interpol a solicitud de Venezuela. Sin embargo, un tribunal panameño lo liberó, lo que ha perpetuado la impunidad tanto para él como para su hermano.

La gravedad de las acusaciones y la naturaleza de los delitos llevaron a que los hermanos Gaspard Morell perdieran su representación legal en Miami -donde también cursan en su contra casos por fraude- a mediados de 2024, debido al impacto legal y profesional que generaron las acusaciones.

Las estafas, que han resultado en una significativa acumulación de riqueza ilícita, se suman a las interrogantes sobre la posible relación de testaferrato con Antonio Ledezma, considerando la coincidencia de la ubicación de sus propiedades en Panamá y la relación previa como contratistas durante la gestión de Ledezma en Caracas.

Las autoridades venezolanas continúan esperando la extradición de los hermanos Gaspard Morell para que enfrenten la justicia en Venezuela.

Carlos Méndez y la apropiación fraudulenta de EVTV Miami: evidencias y documentos de un pillaje

Fuente: Reporte de la Economia

Una disputa entre Miguel Henrique Otero, editor del diario El Nacional, y Carlos Méndez, CEO del canal de televisión EVTV Miami, continúa generando controversia. Según personas próximas a Otero, este planearía emprender acciones legales contra Méndez y el empresario Tulio Capriles, debido a una supuesta campaña de descrédito digital en contra de Antonieta Jurado, esposa de Otero, y su hijo.

Adicionalmente, en poder de Otero se encontrarían una serie de denuncias y documentos que evidencian la conducta de Méndez y Antonio «Tony» Marval Jiménez, autoproclamado presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. A Méndez y Marval se les acusa de falsificar la firma de Oswaldo Muñoz, exsocio de Méndez, en una asamblea de accionistas, y de registrar la marca EVTV en Delaware de forma fraudulenta.

Los delitos imputados incluyen fraude, estafa, falsificación de firmas, forjamiento de documentos públicos, apropiación indebida y hurto. A pesar de que la denuncia por el caso EVTV, fue presentada ante la policía de Miami-Dade y ratificada en tribunales, existe la percepción de una presunta protección de ciertas autoridades estadounidenses hacia los acusados.

Documentos clave en la disputa legal de EVTV Miami

La estructura empresarial de EVTV Miami y las acciones de sus directivos son claves para comprender la complejidad del caso. Documentos públicos de EVTV Miami Inc. y El Venezolano TV Inc. detallan la composición de las empresas, incluyendo nombres de directivos, direcciones y modificaciones en la representación legal.

Un acta de una reunión extraordinaria de accionistas de El Venezolano TV Inc., celebrada supuestamente el 6 de abril de 2018 y que se sospecha fue fingida, revela información crucial sobre el cambio de liderazgo y las decisiones que desencadenaron la crisis actual. Esta acta detalla la distribución accionaria: Carlos Méndez con un 44.69%, Oswaldo Muñoz con un 44.28% y Saúl Campanella con un 11.03%. La suma de las acciones de Muñoz y Campanella superaba la de Méndez, lo que plantea preguntas sobre cómo Méndez logró ser nombrado único director de la empresa.

El acta justifica la remoción de Muñoz y el nombramiento de Méndez alegando la interrupción de la señal de transmisión del canal a través de Comcast, atribuida a una supuesta mala decisión de Muñoz.

EVTV: registros, protagonistas y fechas

Un análisis cronológico de los registros de EVTV en Florida y Delaware revela la evolución de la empresa y la participación de las figuras clave en la controversia. El 28 de julio de 2015, Antonio Marval registra EVTV Miami Inc. en Florida, asumiendo los roles de incorporador, agente registrado y primer director. El objeto social de la empresa se define como «cualquier negocio lícito» con una autorización para emitir 100 acciones.

En febrero de 2017, Marval mantenía su posición como agente registrado de EVTV Miami Inc., con domicilio en 7620 NW 25 ST STE #5, Miami, Florida.

Para enero de 2018, Somerset Corporate Services Inc., con dirección en Key Biscayne, Florida, reemplaza a Marval como agente registrado. Carlos I. Aguilar firma el documento como «agente autorizado» en nombre de EVTV Management LLC, una entidad con sede en Wilmington, Delaware, conocido paraíso fiscal, registrada el 5 de septiembre de 2017.

El 6 de abril de 2018, el mismo día de la asamblea que se presume fue fingida, se modifica irregularmente el registro de El Venezolano TV Inc. en Florida, incorporando a Carlos H. Méndez como presidente y a Carlos I. Aguilar como representante del agente registrado, utilizando a Somerset Corporate Services Inc. como agente registrado. La dirección de la empresa se establece en 7770 NW 46TH ST, Doral, Florida. Desde octubre de 2013, cuando fue registrada, y hasta la fecha de esa modificación, El Venezolano TV Inc. se encontraba presidida únicamente por Oswaldo Muñoz.

El 7 de abril de 2018, un día después de la irregular modificación, una enmienda reinstauró a Oswaldo Muñoz como presidente de la firma El Venezolano TV Inc., aunque, en la práctica, Méndez siguió ostentando la autoridad sobre el canal EVTV Miami.

Las acusaciones de fraude contra Méndez y Marval incluyen la presunta falsificación de la firma de Oswaldo Muñoz en la asamblea de accionistas y el registro irregular de EVTV en Delaware.

Estrategia de imagen y deudas de Carlos Méndez

En medio de las acusaciones de fraude, Carlos Méndez ha utilizado fotografías junto al senador Marco Rubio, con el propósito de proyectar una imagen de influencia y poder en Estados Unidos, después que Rubio fuese promovido a jefe del Departamento de Estado por el nuevo presidente electo norteamericano, Donald Trump. Se presume que tal táctica de Méndez busca intimidar a sus detractores e infundir temor, a pesar de las acusaciones en su contra.

Carlos Méndez y Marco Rubio

Además de las acusaciones relacionadas con EVTV, Méndez enfrenta demandas por deudas crediticias impagas con instituciones financieras en Miami y Puerto Rico.

ALERTA: INQUIETANTE Irán. Optan por crear parque científico en Venezuela

Fuente: Hispan TV

Irán crea una fábrica de fibra óptica en Venezuela, y desarrollar la cooperación científica y tecnológica con Cuba.

A lo largo de su gira de seis días a Venezuela y Cuba, el ministro de Comunicaciones y Tecnología de la Información de Irán, Seyed Sattar Hashemi visitó el viernes 1 de noviembre el país bolivariano, a la cabeza de una delegación política y económica, para analizar las vías de potenciar la cooperación bilateral en comunicaciones y tecnología.

Durante su estancia en Venezuela, Hashemi se reunió con José Alejandro Terán, gobernador del estado de La Guaira, con quien abordó las vías para potenciar la cooperación en las áreas de ciencia y tecnología.

En el encuentro, la empresa privada iraní MDC firmó una alianza estratégica con el gobernador de La Guaira con el objetivo de instalar una fábrica de fibra óptica. Alejandro Terán sostuvo que la fábrica generará “nuevas fuentes de empleo, diversificación de exportaciones y nuevos insumos tecnológicos para el país”.

Irán vislumbra crear el primer parque científico tecnológico en La Guaira

En la cita, las partes barajaron la posibilidad de crear el primer parque científico tecnológico en el estado de La Guaira con la cooperación de Irán. En esta línea, Hashemi dijo que las capacidades de ese parque tecnológico “convertirá el estado de La Guaira en el hub de exportación de los productos de la fábrica a los países caribeños”.

El gobernador de La Guaira, por su parte, expresó esperanza de que las partes lleguen a un acuerdo para crear tal centro tecnológico en el país caribeño.

Irán, listo para cooperar con Cuba en Inteligencia Artificial

Cuba fue el segundo destino del periplo de la delegación iraní a Latinoamérica. A su llegada, el domingo 3 de noviembre a la isla, el ministro de Comunicaciones iraní se reunió con el viceprimer ministro de Cuba, Eduardo Martínez, a quien manifestó la disposición de Teherán para desarrollar la cooperación en distintas áreas, en particular en la Inteligencia Artificial.

Martínez, a su vez, destacó el desarrollo considerable de Irán en áreas científicas y tecnológicas, y abogó por ampliar la cooperación bilateral en comunicaciones, servicios postales e Inteligencia Artificial. Las partes firmaron un acuerdo de cooperación que permitirá fortalecer las relaciones entre el sector postal de ambos países.

La delegación iraní visitó también la Zona Especial de Desarrollo del Mariel, en el occidente de Cuba, donde Hashemi expresó la voluntad del país persa para ofrecer formación en los ámbitos de comunicaciones y tecnología de la información, y específicamente en el campo de la robótica e Inteligencia Artificial, a Cuba.

La delegación iraní participó, además en la inauguración de la Feria Internacional de La Habana, donde el ministro de Comunicaciones se entrevistó con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y puso de relieve la disposición de la República Islámica para capacitar personal de Cuba en el campo de la robótica e Inteligencia Artificial.

“Dado el enfoque de ambos países en el desarrollo de la cooperación, se esperan buenas noticias para Irán y Cuba”, señaló Hashemi.

Estados Unidos presenta cargos por intento de asesinato a Trump: trama iraní desmantelada por el FBI

El Departamento de Justicia de EE. UU. revela una conspiración organizada por Irán para asesinar al presidente electo Donald Trump, con la colaboración de ciudadanos estadounidenses y una red criminal internacional.

Por: Esther Santos

Fuente: El Caribe

Donald Trump es alcanzado por un disparo durante un evento de campaña

 

El FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos han descubierto una trama organizada por Irán para llevar a cabo un atentado contra el presidente electo Donald Trump.

La denuncia formal, presentada el pasado viernes, detalla cómo Farhad Shakeri, un ciudadano iraní, le habrian designado por el gobierno iraní para coordinar el asesinato del magnate republicano. Junto a él, se encuentran dos estadounidenses, Carlisle “Pop” Rivera y Jonathon Loadholt, quienes les habrían contratado para ejecutar el crimen.

El Departamento de Justicia señala que Shakeri, de 51 años, quien se deporto de Estados Unidos en 2008, supuestamente mantiene vínculos con el CGRI y utilizó su red de asociados criminales para llevar a cabo la operación.

Según el informe, los tres hombres se les recluto para asesinar a Trump y a un disidente iraní no identificado. Shakeri, a través de grabaciones de entrevistas con agentes del FBI, expresó que el CGRI le había encomendado elaborar un plan para ejecutar el asesinato dentro de un plazo determinado.

Cargos contra los involucrados

Los tres acusados enfrentan cargos graves de asesinato a sueldo, conspiración para cometer asesinato y lavado de dinero. Si se declaran culpables, podrían enfrentar hasta 40 años de prisión.

Además, Shakeri se enfrenta a otros cargos relacionados con el apoyo a una organización terrorista extranjera, violación de sanciones internacionales y conspiración para hacerlo, lo que podría sumarle hasta 60 años adicionales de prisión.

Shakeri sigue prófugo, presuntamente en Irán, mientras que Rivera y Loadholt se arrestados en Nueva York. Los dos estadounidenses comparecieron ante un magistrado federal en Manhattan, donde se les dictó prisión preventiva mientras esperan el juicio.

Las autoridades continúan investigando el alcance de la conspiración y otros posibles colaboradores involucrados.

La amenaza iraní a Trump

El director del FBI, Christopher Wray, comentó que este caso es una clara muestra de la “descarada” disposición de Irán de atacar a ciudadanos estadounidenses y disidentes políticos en todo el mundo.

Según Wray, los intentos de Irán por eliminar a sus enemigos políticos y a aquellos que critican al régimen de Teherán no han cesado. Además, señaló que este complot es solo un ejemplo más de cómo el régimen iraní recurre a redes criminales y sicarios para ejecutar sus amenazas.

Merrick Garland, fiscal general de EE. UU., también se refirió a los cargos presentados, subrayando la gravedad de la amenaza que representa Irán para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Según Garland, este tipo de acciones pone de manifiesto la voluntad de Irán de recurrir a cualquier medio para vengar la muerte del comandante Qassem Soleimani, quien se asesino en 2020 en un ataque aéreo ordenado por Donald Trump.

El contexto de las tensiones entre Irán y Estados Unidos

Las relaciones entre Irán y Estados Unidos siguen siendo tensas desde la orden de Trump de asesinar a Soleimani, lo que desató una serie de represalias y amenazas por parte del régimen iraní.

En los últimos meses, se ha informado de varios intentos de atentados contra figuras políticas estadounidenses. En esta se incluye la del propio Trump, el mismo sobrevivió a un intento de asesinato en julio durante un mitin de campaña en Pensilvania.

A pesar de estos intentos, no se ha establecido ninguna conexión directa con el gobierno iraní en los incidentes previos.

Este último desarrollo ha reforzado las preocupaciones de Estados Unidos sobre las actividades clandestinas de Irán. También de su creciente red de apoyo a actividades terroristas y de espionaje internacional.