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miércoles, octubre 16, 2024

Gerardo Pantin Shortt, de la quiebra a la fortuna: ¿Cómo “empresas de maletín” en Florida obtuvieron millones de PDVSA en medio de sospechas de corrupción?

Por Felicia Osorio
Fuente: El Publique

En 2016, salieron a la luz sospechas de corrupción que involucraban al empresario petrolero zuliano Gerardo Pantin Shortt, a sus familiares Eduardo Pantin Pérez, Andrés Pantin Pérez y Eduardo Pantin Shortt, y a su hombre de confianza, Javier Sanguino. Esta red, valiéndose de las empresas Cpven S.A y Sepesa C.A, logró obtener contratos multimillonarios con la petrolera estatal venezolana PDVSA.

Cpven S.A, una empresa que entre 1998 y 2002 se encontraba al borde de la quiebra, experimentó un giro radical en su fortuna a partir de 2004. En ese momento, comenzó a obtener millones de dólares al adjudicarse más de 30 contratos de servicio con PDVSA, muchos de los cuales no fueron ejecutados o finiquitados. Este cambio coincidió con la llegada de Rafael Ramírez a la presidencia de PDVSA y al Ministerio de Energía y Minas, durante el gobierno de Hugo Chávez.

Entre 2010 y 2015, PDVSA otorgó a Cpven S.A un total de 23 contratos de servicios. A esto se suman los 12 contratos que se le adjudicaron a Sepesa C.A, empresa a nombre de Javier Sanguino, entre 2008 y 2015.

El 30 de abril de 2013, Cpven S.A experimentó una transformación significativa: la totalidad de sus acciones fueron transferidas a Cpven Oil Field Services Sl., una empresa inscrita en el Registro Mercantil de Madrid con un capital social de apenas 3.000 euros.

Esta empresa española, a su vez, era propiedad en su totalidad de Cpven Holding Limited, una compañía registrada en la isla de Malta. Cpven Holding Limited también controlaba Cpven Oil Consulting LLC, una compañía extranjera constituida en el estado de Delaware, Estados Unidos, y que operaba en Florida.

Sepesa C.A y la “empresa de maletín” en Florida

En el caso de Sepesa C.A, la trama era menos compleja que la de Cpven S.A, pero igualmente irregular. Si bien Javier Sanguino figuraba como presidente, el 100 por ciento de las acciones pertenecían a Oil Consulting Enterprise, una “empresa de maletín” registrada en Florida a nombre de German Leal. La dirección de la sede de esta empresa era una residencia de clase media ubicada en 1065 NW 128th Pl Miami, FL 33182.

Desde esa misma residencia, que servía como sede de Oil Consulting Enterprise, operaban otras cinco empresas. Resulta sorprendente que PDVSA haya otorgado 14 contratos millonarios a esta empresa de maletín con una sede tan modesta.

Los individuos involucrados en esta trama de corrupción, además de poseer cuentas en Estados Unidos, Panamá, Malta, España y en varios paraísos fiscales, también han sido dueños de yates, aviones, propiedades y otros bienes de lujo.

En diciembre de 2019, se conoció que el magnate petrolero Gerardo Pantin Shortt buscaba vender su lujosa mansión frente al mar en Miami Beach. Pantin, quien amasó su fortuna a través de contratos con PDVSA desde la década de 1980, aunque en los años 90 sus empresas parecían afrontar dificultades económicas, era dueño de una imponente residencia de nueve habitaciones y 9,091 pies cuadrados en Sunset Islands. La propiedad fue puesta en el mercado por Oren Alexander de Douglas Elliman, según información en aquel entonces de la plataforma inmobiliaria en línea Zillow.

Los registros de la época mostraban que Miami Islands Property LLC, administrada por Irisliz Castellano, una de las asociadas de Pantin, había adquirido la propiedad de medio acre ubicada en 1835 West 27th Street por $12.9 millones en 2012. Documentos vinculados a la mansión también llevaban la firma de Pantin.

Según una publicación de therealdeal.com de 2019, Pantin había declarado al Miami Herald en 2016 que su familia había firmado contratos con PDVSA por un valor cercano a los $1 mil millones entre 2008 y 2015. En esa misma declaración, confirmó que la compañía petrolera les adeudaba aproximadamente $200 millones por trabajos no remunerados.

Finalmente, la lujosa mansión de Pantin en Miami Beach fue vendida en diciembre de 2020 por casi $17.4 millones.

Contexto de la trama de negocios sospechosa

La trama objeto de sospechas de corrupción, que involucra a Gerardo Pantin Shortt y sus asociados, se desarrolló en un contexto de opacidad y falta de transparencia en la gestión de PDVSA durante el Gobierno de Hugo Chávez y los primeros años de la presidencia de Nicolás Maduro. La llegada de Rafael Ramírez a la presidencia de PDVSA en 2004 marcó un punto de inflexión en la relación de la petrolera con Cpven S.A, que pasó de estar al borde de la quiebra a obtener millonarios contratos.

La creación de empresas en paraísos fiscales como Malta y la utilización de “empresas de maletín” en Florida, parecen evidenciar la intención de ocultar el destino de los fondos provenientes de los contratos con PDVSA.

Tramas como la de los Pantin parecen ser un ejemplo de cómo la falta de controles y la discrecionalidad en la adjudicación de contratos en PDVSA permitieron el enriquecimiento irregular de individuos vinculados al poder, en detrimento de las finanzas de la empresa estatal y del país.

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La relación del panameño Ramón Carretero Napolitano con gigantescas tramas de corrupción en Venezuela

Fuente. Noticias Candela

Ramón Carretero Napolitano es descrito como alguien vinculado a figuras del Gobierno de Cuba y socio oculto de Alex Saab en Panamá.

“La falta de alimentos que mata de hambre a los venezolanos es culpa de Raúl Castro y Piedad Córdoba quienes manejan los CLAP a través de sus testaferros Ramón Carretero Napolitano, panameño y Alex Saab, colombiano, respectivamente. Operan en sociedad con jerarcas de la dictadura” Carlos Ortega

Alex Saab es un empresario colombiano acusado de orquestar diversas tramas de corrupción para obtener contratos del Estado venezolano, que incluyeron desde la venta de viviendas prefabricadas hasta ser proveedor de alimentos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Carretero fue uno de los que acudió al abogado Ramsés Owens mientras aparecía haciendo algunos negocios con el Estado venezolano, junto a diferentes integrantes de su familia.

El 26 de marzo de 2017 un reportaje de Patricia Marcano para el medio de periodismo investigativo venezolano Armando.info, que llevó por título: “A unos panameños se la pusieron ‘bombita’ para construir el estadio Hugo Chávez”, ofreció detalles de participación de firmas de Ramón Carretero Napolitano en obras de construcción en Venezuela.

La idea de construir un nuevo estadio de béisbol en Caracas no llegó como promesa aislada. Forma parte de un proyecto macro denominado Parque Hugo Chávez, propuesta ambiciosa surgida en días de campaña electoral, cuando Nicolás Maduro se preparaba para medirse, tras la muerte de Chávez, frente al candidato opositor Henrique Capriles Radonski en las presidenciales de abril de 2013. Maduro ganó finalmente los comicios con una ventaja de poco más de un punto porcentual, según las cifras oficiales.

Además de este campo de béisbol (con capacidad para 36.711 personas), el parque incluye la construcción de un estadio de fútbol para 55.000 espectadores, un campo de béisbol infantil, gimnasio cubierto, la sede de la Universidad Bolivariana de Venezuela, del Sistema de Orquestas Infantiles y del Movimiento de Artes Escénicas César Rengifo; una estación intermodal de transporte (subterráneo, superficial y ferrocarril), cuatro parques comunales, una plaza, un mirador y 200 hectáreas de jardines y áreas recreativas que se conectarán con las 630 hectáreas de área montañosa que en Caracas conocen como Parque metropolitano.

Todo lo anterior en un espacio donde ya existen desde hace décadas el hipódromo La Rinconada, el campo de softbol, la estación terminal de la Línea 3 del Metro de Caracas, la estación Simón Bolívar del ferrocarril Caracas-Cúa, el Museo Alejandro Otero y el Poliedro de Caracas, recinto que ha servido de sede para buena parte de los eventos culturales, deportivos y feriales de la ciudad desde su inauguración, en 1973, aunque en tiempos de Hugo Chávez comenzó a usarse también para eventos políticos.

Las obras del parque comenzaron en agosto de 2013, tras un acto oficial encabezado por Nicolás Maduro y el alcalde del municipio Libertador de Caracas, Jorge Rodríguez, por ser esta alcaldía la encargada de desarrollar el proyecto; mientras que los movimientos de tierra que dieron inicio a los trabajos del estadio de béisbol ocurrieron dos meses después.

A cuatro años de aquellas acciones, hay varias certezas: se han invertido al menos 400 millones de bolívares y 30 millones de dólares aprobados por Maduro en agosto de 2013, además de 100 millones de bolívares aprobados por la Asamblea Nacional en junio de 2015; se han inaugurado cinco hectáreas del parque aunque con retrasos (el Jardín de los Primeros Pasos –en dos etapas–, un mirador y la Plaza de las Fuentes), el estadio de fútbol -con diseño de Sir Richard Rogers, premio Pritzker de arquitectura y creador del Centro Pompidou de París- apenas está en la fase inicial de movimientos de tierra y la Fundación Parque Hugo Chávez –creada por la Alcaldía de Libertador para ser el ente ejecutor de las obras– se encarga de todas estructuras proyectadas menos del estadio de béisbol Hugo Chávez, la que exhibe mayor avance.

A pesar de la visibilidad que el alcalde Jorge Rodríguez -ex vicepresidente de la República y, además de El Aissami, uno de los dos astros ascendentes del chavismo gobernante- ha mantenido en torno a la obra, el destino del estadio no lo maneja el gobierno capitalino. Es la Fundación Propatria 2000 (Fundapropatria 2000), dependiente del Ministerio del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, con el apoyo de la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE), la que contrata los trabajos a Landscape Vision Corporation S.A (Lanvicorp) para que ejecute el proyecto. Se trata de una empresa registrada en agosto de 2013 en Caracas como la sucursal venezolana de una compañía del mismo nombre creada en Ciudad de Panamá en abril de 2006.

El acta constitutiva presentada en el Registro Público panameño, cuya copia puede leerse entre los documentos del expediente mercantil consignado en Caracas, detalla sus amplios fines e intereses: “Establecer gestionar y llevar a cabo, en general, el negocio de financiamiento, inversiones y correduría en todos sus ramos, y organizar o llevar a cabo y emprender cualquier negocio, transacción u operación que comúnmente se lleve a cabo por financistas, capitalistas, promotores, suscriptores de la emisión de acciones u otros valores u obligaciones de personas, compañías, sociedades anónimas, sociedades colectivas o asociaciones, o por corredores en bienes raíces, comerciantes, fabricantes y mercaderes”.

Los trabajos que esta compañía suscribió con el gobierno panameño entre 2013 y 2014 tuvieron como instituciones beneficiarias al Ministerio de Vivienda de ese país y su puerta de salida, el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

En el caso de la sucursal venezolana, la razón social es un poco más precisa: “Desarrollo de operaciones de obras y servicios, propias de la industria de la construcción en general, tanto públicas como privadas, energía, comunicaciones, instalaciones y sistemas”, aunque también incluye el negocio del financiamiento, préstamos, hipotecas, inversiones, correduría, compra y venta”.

La decisión de abrir una filial en Caracas se discutió en una asamblea extraordinaria de accionistas el 8 de julio de 2013 en Panamá; la propuesta fue autorizada y firmada por el presidente de la empresa, Ramón Carretero, y el secretario, su hermano Vicente Carretero. Al mes ya estaban haciendo los trámites en Caracas y a los 20 días de formalizar la nueva sede, Lanvicorp-Venezuela suscribió su primer contrato en el país, precisamente con Fundapropatria 2000, para construir “20 CDC de Paz”, los centros deportivos, culturales y de paz ideados como parte del Movimiento por la Paz y la Vida, también creado por Maduro durante su campaña presidencial en 2013. Desde entonces estos gimnasios verticales con fachadas multicolores han proliferado en varios estados, como parte de un proyecto prohijado directamente por el presidente Maduro y su entorno. La primera dama, Cilia Flores de Maduro -conocida como La primera combatiente en la jerga del oficialismo-, fue la jefa fundadora en 2013 del Movimiento por la Paz y la Vida, en cuyo tren directivo también se ha reportado la participación de dos hijos de Flores y del hijo del presidente Nicolás Maduro.

El segundo contrato firmado por Lanvicorp (FPP-CO-2014-01-003) fue para la remodelación y reacondicionamiento de los hoteles Guaicamacuto y Gran Caribe junto a la construcción de un centro de convenciones, todos en Caraballeda (estado costero de Vargas), de fecha 11 de febrero de 2014.

Y el tercero (FPP-CO-2014-02-005), del 20 de marzo de 2014, le asignó la construcción del estadio de béisbol Hugo Chávez en La Rinconada, Caracas. En los tres casos ha sido contratista de Fundación Propatria 2000 y así puede leerse en el Registro Nacional de Contratistas (RNC).
Hermanos beneficiados por Martinelli

En la empresa Lanvicorp todo quedó en familia: los hermanos Ramón y Vicente Carretero Napolitano comparten la junta directiva con otro pariente, Félix Fallabella Napolitano, quien ocupa el puesto de tesorero. Hasta el 25 de marzo de 2013, Roberto, otro de los hermanos Carretero Napolitano se mantuvo al frente de la Presidencia, pero ese día se realizó una reunión extraordinaria para designar a los nuevos integrantes de la directiva, según precisa uno de los documentos contenidos en el expediente que formalizó la creación de la sucursal en Caracas.

Reconocido en su país, Roberto destacaba por figurar a cargo de una retahíla de grandes empresas, pero desde 2015 su nombre ha resonado más por los contratos que gozó durante el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), hoy prófugo de la justicia panameña.

Roberto Carretero se presentó el 24 de febrero de 2015 en la Fiscalía Anticorrupción para rendir declaraciones, por las supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos para la compra-venta de bolsas de comida a través de los fondos del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN), hoy Dirección de Asistencia Social, adscrita al Ministerio de la Presidencia de Panamá.

Tras culminar su declaración de indagatoria, la fiscalía le ordenó la medida cautelar de detención preventiva que duró hasta el 8 de mayo de ese mismo año, cuando el despacho fiscal, a cargo de Ruth Morcillo, cambiara la medida por un arresto domiciliario.

Según una auditoría de la Contraloría General de la República de Panamá, Roberto Carretero Napolitano junto a otros dos comerciantes, y con la colaboración del exdirector ejecutivo del PAN, Rafael Guardia Jaén –actualmente detenido– obtuvieron más de 16 millones de dólares en órdenes para la compra de estas mercancías, monto que equivale casi a la mitad de la posible lesión patrimonial causada al Estado en este caso, que asciende a 32 millones de dólares.

El informe indica que el destino final de las bolsas de comida era incierto. Las empresas de Carretero Napolitano y de los comerciantes Carlos Araúz y Juan Carlos Marciaga, no consignaron elementos suficientes que acrediten que las bolsas fueron entregadas al PAN o a los beneficiarios finales, toda vez que la documentación que reposa en los expedientes no contiene información íntegra ni confiable.

En la declaración de indagatoria del caso, efectuada por el exdirector del PAN, Guardia Jaén relató a la fiscalía que los tres empresarios tenían más de 16 sociedades distintas inscritas en el PAN y que entre ellos (Araúz, Marciaga y Carretero Napolitano) “se intercambiaban las empresas”.

Sobre estos actos irregulares los auditores de la Contraloría panameña determinaron que los empresarios crearon compañías y que las alternaban para participar en el proceso de compra y contrataciones con el Estado, a fin de desviar los controles existentes. Otra de las anomalías identificadas por los auditores está vinculada al pago que hacían a los empresarios; en la institución este tipo de trámites tomaba, como proceso regular, dos semanas, pero en indagatoria Massiel Heurtemate –del departamento de adquisiciones del PAN– indicó que el pago para los tres empresarios tenían que salir máximo en dos días laborales.

No solo de PAN viven los negociados

En sus confesiones a la fiscalía de Panamá, los empresarios Carretero Napolitano, Araúz y Marciaga manifestaron que parte de las comisiones que les pedía el exdirector del PAN iban supuestamente destinadas para la campaña presidencial de los candidatos de Cambio Democrático (CD), partido al que pertenece Ricardo Martinelli, presidente de Panamá en ese entonces.

Roberto Carretero Napolitano informó que entregó cheques a la cuenta de Guardia Jaén para la campaña política, pero no especificó cantidades ni nombres de las personas a las que iban dirigidos los desembolsos.

Por estas investigaciones el Ministerio Público panameño, a través de la Fiscalía Anticorrupción, mantiene confiscado un monto de un millón de dólares de Carretero Napolitano, quien tiene una medida cautelar de casa por cárcel.

No se trata de cualquier modo, del único caso que le imputan: el 13 de julio del 2015, la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación, tras noticias de supuestas irregularidades en la compra de instrumentos musicales para el Ministerio de Educación del país centroamericano con fondos del PAN. En ese expediente se acusa a Roberto Carretero Napolitano como posible infractor de la comisión del delito de peculado, en su calidad de dueño firmante y beneficiario real de las 13 empresas y sociedades ligadas a las irregularidades suscitadas en la adquisición de instrumentos musicales para el Ministerio de Educación, gestionada a través del PAN, y que ocasionó desembolsos totales de 11,7 millones de dólares.

Por este caso la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado el llamado a juicio para los dos exjefes del PAN entre 2009 y 2014, Giacomo Tamburrelli y Rafael Guardia Jaén, así como a la exministra de Educación, Lucy Molinar.

También se formularon cargos a los representantes legales de las sociedades que obtuvieron los contratos entre 2012 y 2013, pero “en el transcurso de la investigación se evidenció que dichas personas ejercían en función de un denominador común, es decir, el comerciante Carretero Napolitano”, indican los documentos oficiales de Fiscalía.

Lo anterior fue corroborado con documentos bancarios de dichas sociedades, en las que Roberto Carretero Napolitano figuraba como firmantes de las cuentas, y además el propio Carretero Napolitano aceptó, en su declaración de indagatoria, que dichas sociedades le pertenecían. Sobre las acusaciones en su contra, Roberto Carreteo Napolitano ha manifestado ante la fiscalía que es inocente de los cargos que se le imputan. En su defensa dijo que es un comerciante de trayectoria y reconocido en su país, y que participa en muchos actos de licitación con el Estado. Reconoció que las empresas que se investigan en este expediente en efecto le pertenecen, aunque aclaró que el representante legal de ellas es otra persona y que, debido a un manejo administrativo interno, él estaba frente a las mismas.

El expresidente panameño, Ricardo Martinelli, también está siendo investigado por el caso del Programa de Ayuda Nacional (PAN) y las bolsas de comida, junto a otros hechos de corrupción, pero ha evadido a la justicia refugiándose en Estados Unidos. A los seis meses de haber entregado la presidencia abandonó Panamá (en enero de 2015) y desde entonces vive en Miami.

Otros medios venezolanos, como El Pitazo, reseñaron en 2019

“Las empresas favoritas del Presidente. Maduro presupuestó 420 millones de dólares para construir 50 gimnasios verticales. Con ese dinero se pudo haber construido entre 140 y 168 edificaciones similares.

La primera de las empresas escogidas fue la colombiana Consorcio Estructuras Metálicas Modernas, encargada de edificar 30 gimnasios. Esta compañía es propiedad de Fondo Global de Construcción y de Guillermo González Zuleta y Cía., de acuerdo con el registro empresarial de Bogotá, en Colombia. Fondo Global de Construcción le pertenece a Álex Saab, empresario colombiano sancionado por los EEUU y señalado como testaferro de Maduro.

La segunda empresa es la panameña, Landscape Vision Corporation, que construiría otros 20 gimnasios, es investigada por corrupción en la obtención de contratos con el Estado panameño y se le atribuye participación en un esquema ilegal liderado por su director, Ramón Carretero Napolitano, conectado con el desvío de recursos de obras públicas en la presidencia de Martinelli.”

El Pitazo también indicó el 10 de julio de 2020

Desde 2015, Landscape es investigada por corrupción en la obtención de contratos con el Estado panameño y se le atribuye participación en un esquema ilegal liderado por su director, Ramón Carretero Napolitano, conectado con el desvío de recursos de obras públicas en la presidencia de Martilnelli. Esto no ha sido obstáculo para que el Estado venezolano mantenga sus negocios con la compañía.

El desarrollo de las obras para el levantamiento de los 50 gimnasios verticales en Venezuela se ha caracterizado por la subcontratación, hasta ahora nunca retratada, de numerosas empresas para su ejecución. La mayoría con escasas referencias sobre su experiencia en construcciones, y una de ellas vinculada a un empresario investigado por estafa inmobiliaria.

Consorcio Estructuras Metálicas Modernas, incorporó a Constructora Brescon C.A. (Conbresca), una compañía constituida en el año 1990 e inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui como propiedad de César Acosta Medina, hermano de Miguel Ángel Acosta Medina, directivo del Fondo Global de Construcción. La familia Acosta Medina también maneja la mayoría accionaria de otra contratista, la Sociedad Mercantil Sarcar Construcciones en General C.A., que participó junto con Constructora Brescon en todo lo relacionado con los trabajos civiles para la edificación de los 30 gimnasios verticales que le fueron entregados a Consorcio Estructuras Metálicas Modernas. Este modelo de subcontrataciones familiares se replica en otras obras deportivas en el estado Vargas: el Coliseo de Playa Hugo Chávez levantado en Caraballeda y en el estadio de béisbol profesional Carlos «Café» Martínez, que se construye actualmente en Macuto.

El entramado de relaciones que bordó Consorcio Estructuras Metálicas Modernas incluyó también a la empresa Proyectos y Construcciones Buenavista, una compañía registrada en Porlamar, estado Nueva Esparta que cambió su domicilio al estado Lara justo cuando comenzó el proyecto de los gimnasios verticales. El Pitazo buscó referencias sobre esta empresa en en la seccional del Colegio de Ingenieros de Nueva Esparta, pero no se encontraron registros. La compañía, que también es desconocida entre contratistas y fuentes del Colegio de Ingenieros seccional Lara, consultados por El Pitazo, estaba encargada de la búsqueda de personal y supervisión de la construcción de los recintos en la zona capital, andina y occidente de Venezuela.

Las acciones de PyC Buenavista son propiedad de otra empresa: Intermediaria de Negocios C.A., que pertenece a Luis Bernardo Meléndez Gutiérrez, padre de Luis Meléndez, quien es presidente de la Sociedad Regional de Ganaderos de Occidente. El Pitazo se dirigió el 31 de octubre de 2019 a la dirección fiscal de PyC Buenavista, que coincide con la dirección de otra compañía: Inversiones Bricket, empresa propiedad de Mariano Briceño, de reconocida trayectoria en Lara, pero que es investigada por estafa inmobiliaria por un proyecto inconcluso de venta de viviendas principales. Aunque algunos familiares de Briceño pertenecen también a la junta directiva de PyC Buenavista, en la sede de Inversiones Bricket negaron su conexión con esta empresa.

Alek Boyd, un investigador de casos de corrupción venezolanos se refirió en 2019 a Ramón Carretero y sus hermanos en infodio.com, sobre quienes dijo

Lo bueno de la ahora oficial quiebra del ALLBank de Víctor Vargas en Panamá es la cantidad de evidencia de corrupción que producirá. Un caché de documentos internos de ALLBank visto por este sitio muestra que la operación de Vargas era poco más que una plataforma de lavado de dinero. Anexo 1: los hermanos Ramón, Roberto y Vicente Carretero , un trío de “empresarios” cercanos al deshonrado presidente Ricardo Martinelli , quienes actuaron como apoderados de Iriamni Malpica Flores y su esposo Juan Carlos López Tovar a través de un caparazón llamado Landscape Vision Corporation . El Nicolás MaduroEl régimen otorgó una serie de contratos de construcción sin licitación (gimnasios, estadio de béisbol) a los Carreteros. Pero todo fue una farsa: en realidad, los dulces tratos fueron para Iriamni, sobrina de Cilia Flores y hermana de Carlos Erik Malpica Flores …

La cuenta ALLBank de Landscape Vision Corporation (294000259) recibió pagos por un valor de $ 123.6 millones, transferidos desde las cuentas del Tesoro de Venezuela y FONDEN en el Banco Espirito Santo . Landscape luego transferiría más de $ 80 millones a Carretero International Corp , Distribuidora Ralcart SA y a Corporación Logística del Caribe , todas controladas por Carreteros. La filial venezolana de Landscape es propiedad de Vicente, Ramon Carretero y Felix Fallabella Napolitano, según información registral. A través de Landscape, los Carreteros hicieron dos pagos (~ $ 1,74 millones) a una cuenta de Seguros Piramide en el Commerzbank de Alemania, y realizaron una transferencia de $ 4,35 millones aBrilla Bank Corporation , una operación totalmente arriesgada dirigida por David Brillembourg Capriles (más sobre el clan Capriles en otro post …).

Corporación Logística del Caribe es donde se hace evidente el vínculo entre Iriamni Malpica Flores y su esposo Juan Carlos López Tovar con los Carreteros. En cartas dirigidas a ALLBank, la directora de Corporación Logística del Caribe, Gloria Chong, afirma que Iriamni… trabaja como “contadora y ganó $ 78,000 más incentivos en 2013”, mientras que su esposo Juan Carlos es empleado como “administrador y ganó $ 178,000 más dividendos en 2013”. “.

Documentos de cumplimiento indican que, en Panamá, López Tovar y Ramón Carretero son socios en la Corporación Logística del Caribe y en el Grupo Carrelop Corp . Investigaciones posteriores revelaron una asociación adicional en Galeras del Este SA , y Pro Hogares SA López Tovar también es socio del cuñado Carlos Erik Malpica Flores en Redilama CA e Inlasa CA en Venezuela.

Un reportaje de Fiorella Perfetto para infdigger.com reveló la relación de Carretero y sus empresas con Venezuela.

Una fuente consultada para este trabajo ofreció más detalles. “Juan Carlos López Tovar tiene en el panameño Ramón Carretero un gran socio. A la vez, estos son parte de los negocios de Carlos Erik Malpica”, dijo.

“Por ejemplo, la construcción del estadio Hugo Chávez, se canalizó con una operación que se realizó a través del banco Amicorp y luego se le pagó con papeles bonos de Pdvsa 2017 como entrega gratuita a este banco”, aseguró el experto financiero.

Amicorp no sólo cuenta con López Tovar como uno de sus clientes. También Ramón Carretero Napolitano, investigado en su país, forma parte del nutrido portafolio. El 25 de mayo de 2018, la Fiscalía Séptima Anticorrupción de Panamá elevó solicitudes de alerta roja a la Interpol, con el fin de que los individuos allí citados se presenten ante la justicia de ese país a rendir indagatoria.

Uno de ellos es Ramón Carretero Napolitano, imputado en la investigación relacionada con supuestas irregularidades en transacciones de la cuenta de inversión que tenía la sociedad Jal Offshore, conocido como el caso Jal.

Ramón Carretero Napolitano emerge del directorio de Amicorp con RC Financial Holding, SCC, constituida en mayo de 2015.

Revocadas diligencias de fiscalía anticorrupción de Panamá

El Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá revocó recientemente parte de las diligencias realizadas por la Fiscalía Séptima Anticorrupción, en un caso por la presunta comisión del delito contra el orden económico seguido contra Ramsés Owens Saad, Gabriel Btech y Ramón Carretero Napolitano; por supuestas irregularidades en las operaciones en la cuenta de la sociedad Jal Offshore LTD a través de la extinta Casa de Valores Financial Pacific.

A los investigados se le señala por la presunta comisión de delitos financieros relacionados a esta casa de valores, que tiene que ver con la apertura de cuentas que hizo Ramsés Owens para comprar acciones y comprar valores, por lo cual la fiscal anticorrupción Leyda Sáenz abrió un proceso por delito financiero, tras señalar que Ramsés Owens no podía realizar esa gestión de adquirir dineros de otras personas para comprar títulos valores, informó Gustavo Aparicio en La Estrella de Panamá.

El fallo del Segundo Tribunal Superior de Justicia, del 30 de agosto de 2021, revoca los Autos No. 83 de 24 de marzo de 2021, Auto No. 92 y No. 93; ambos fechados 25 de marzo de 2021 y admite las solicitudes de acatamiento de fallo del 12 de marzo de 2019, emitido por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia incoado por los licenciados José María Castillo; defensor particular de Gabriel Btech, por la licenciada Marcela Araúz Quintero; defensora particular de Ramsés Owens Saad y por el licenciado Juan Carlos Rodríguez: procurador Judicial de Ramón Carretero.

Tribunal revocó diligencias de fiscalía anticorrupción en caso contra Ramsés Owens, Gabriel Btech y Ramón Carretero

Ramón Carretero Napolitano es propietario en Panamá del equipo nacional Rali.

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martes, octubre 15, 2024

Economía negra genera 21.7% del PIB en Venezuela

Por: EUGENIO G. MARTÍNEZ
Fuente: Diario las Americas

María Corina Machado ha advertido que el régimen que hoy vive más del narcotráfico y del tráfico ilegal de minerales que del petróleo y cualquier actividad lícita

Nicolás Maduro cerró filas con los principales jerarcas chavistas tras las elecciones de Venezuela.

Un nuevo periodo de aislamiento internacional de Venezuela a partir del 10 de enero de 2025 favorecerá especialmente a los grupos que nutren las actividades de economía negra en el país, tales como desvío y venta ilícita de petróleo, narcotráfico, contrabando de oro y metales preciosos, así como actividades ilegales en puertos y aeropuertos.

A partir de la manipulación de los resultados de la elección presidencial del 28 de julio, el régimen de Nicolás Maduro ha roto relaciones con ocho países, incluyendo el cierre de rutas aéreas comerciales con Panamá, República Dominicana y Chile.

Después de la suspensión de los vuelos comerciales directos entre Estados Unidos y Venezuela; Panamá y República Dominicana habían servido como escala de los pasajeros venezolanos que se dirigen especialmente hacia los Estados Unidos o hacía otros países en el Sur del continente. Sin estas rutas comerciales se pierden aproximadamente 10.000 pasajes por semana, según los cálculos de la Asociación de Agencia de Viajes y Turismo (Avavit).

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado ha advertido del impacto de un nuevo periodo de aislamiento: “Estamos hablando de un régimen que hoy vive más del narcotráfico que del petróleo. Más del tráfico ilegal de minerales, oro, que de cualquier actividad lícita”

Según Machado, a medida que aumenten las sanciones que aíslen a Venezuela aumentará la dependencia del gobierno para operar con estructuras de economía negra, organizaciones del crimen organizado y bandas delictivas.

La clave: evitar rebeliones dentro de la FAN

Según el politólogo Alejandro Tarre “en los análisis sobre cómo la dictadura venezolana logra mantener el poder se subestima el rol del crimen organizado. El gobierno no tiene dinero para pagar salarios dignos a los militares. Para Maduro esto representa un problema, ya que su supervivencia depende de evitar rebeliones en las Fuerzas Armadas”

Tarre sostiene que “las actividades ilícitas pueden llenar el espacio que deja el Estado. En algunos casos, permiten a los soldados aumentar sus ingresos o, al menos, ganar lo suficiente para sobrevivir. En otros, llevan a la creación de enormes fortunas (…) Involucrar a los militares en la economía ilegal tiene una ventaja adicional: mantener el statu quo se convierte en una prioridad para una constelación más amplia de actores”.

A partir de la llegada al poder de Maduro en 2013, el gobierno venezolano comenzó un rápido proceso para entregar a los militares importantes concesiones económicas que se han concretado a través de la creación de hasta 20 empresas militares que controlan áreas esenciales de las actividades económicas formales e incluso de economía negra. El conglomerado económico militar va desde la fabricación de municiones hasta la elaboración de uniformes y embotellamiento de agua.

Un análisis conjunto de la organización Transparencia Internacional (capítulo Venezuela) y la consultora financiera Ecoanalítica concluyó que solo en 2021 (antes de la flexibilización de las sanciones sectoriales impuestas por EEUU) las actividades de economía negra en Venezuela movilizaron 9.444 millones de dólares.

Según estas estimaciones el contrabando de oro, que ocurre principalmente en el Arco Minero del Orinoco (estados Amazonas y Bolívar) y que involucra “a grupos militares, y sus allegados con el ELN y las FARC” generó 1.800 millones de dólares, aproximadamente 4.1% del PIB de Venezuela en 2021-

Por otra parte, el tráfico de estupefacientes, que involucra a sectores militares, con grupos irregulares generó 4.919 millones de dólares, el equivalente a 11.3% del PIB de Venezuela.

La extorsión en puertos fue calculada en 825 millones de dólares (1.9% del PIB), mientras el contrabando de combustible pudo generar, solo en 2021, 1.900 millones de dólares (4.4% del PIB).

En total, en el año en el cual las sanciones sectoriales más aislaron a Venezuela, la economía negra generó 21.7% del PIB del país.

La mayoría de los expertos consultados sostienen que un nuevo periodo de aislamiento favorecerá, no solo las actividades de economía negra investigadas por Transparencia y Ecoanalítica, sino también la llamada “economía sumergida”, es decir las actividades económicas no declaradas que escapan del control de la administración del estado y las estadísticas oficiales que proliferaron especialmente entre 2018 y 2023.

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Los Morodo habrían generado ingresos por un total de 6,6 millones de euros mediante contratos firmados entre 2007 y 2014

Por: Rafael Alejandro Escalona
Fuente: EDATV
  
Estas fueron las empresas con la cual Morodo recibió contratos ficticios de PDVSA

La investigación reveló que los Morodo utilizaron varias empresas para ocultar el origen de los fondos obtenidos

En un escándalo que ha sacudido la política española y la imagen de Venezuela. Raúl Morodo, exembajador de España en Caracas durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y su hijo Alejo. Han sido implicados en una trama de fraude fiscal que involucra contratos ficticios con la petrolera estatal venezolana, PDVSA.

Según la Fiscalía Anticorrupción, los Morodo recibieron más de 4,5 millones de euros. A través de una compleja red de empresas y estructuras societarias que facilitaban el blanqueo de capitales, convirtiendo ingresos ilícitos en fondos aparentemente legales.

La Estructura del Fraude

La investigación ha revelado que los Morodo utilizaron varias empresas para ocultar el origen de los fondos obtenidos. Entre ellas destacan "Morodo Abogados y Consultores Asociados", "Furnival Barristers Corp", y "Lakeside Overseas Limited", esta última registrada en un paraíso fiscal. Estas entidades se emplearon para recibir pagos que, según la Fiscalía, carecían de justificación y no estaban vinculados a servicios de consultoría reales.

La Fiscalía expone que, durante los años 2013 y 2014, se realizaron transferencias millonarias desde cuentas asociadas a PDVSA hacia las empresas mencionadas. Sin que se pudiera identificar claramente a qué servicios correspondían estos pagos.


Morodo aceptó un pacto con la Fiscalía, que le permite evitar la prisión tras reconocer el fraude fiscal | Europa Press

Las transacciones incluyen una suma total de 2 millones de euros. Que llegaron a una de las empresas interpuestas desde una cuenta bancaria en Portugal "a nombre de PDVSA".

Los Morodo habrían generado ingresos por un total de 6,6 millones de euros mediante contratos firmados entre 2007 y 2014. Sin embargo, las empresas a través de las cuales canalizaban los ingresos carecían de infraestructura y personal. Lo que llevó a los investigadores a concluir que eran meras pantallas diseñadas para ocultar la verdadera naturaleza de los fondos.

Confesión y Consecuencias Legales

Durante el juicio que se ha llevado a cabo recientemente en la Audiencia Nacional, Morodo y su hijo Alejo se declararon culpables de los cargos en su contra. Evitando así penas más severas. Morodo aceptó un pacto con la Fiscalía, que le permite evitar la prisión tras reconocer el fraude fiscal.

La pena acordada fue de 10 meses de cárcel, considerablemente inferior a los tres años y medio que el Ministerio Público había solicitado. Por su parte, Alejo Morodo enfrentó una condena de dos años, reducida también por su confesión.

La Abogacía General del Estado y la acusación popular, representada por Manos Limpias, han retirado los cargos más graves en virtud de estos pactos. Este acuerdo no solo ha implicado la reducción de las penas.

Si no también la anulación de las acusaciones de organización criminal y blanqueo de capitales. Lo que ha suscitado críticas sobre la justicia en estos casos de corrupción.

El Papel de PDVSA

La conexión entre PDVSA y los Morodo destaca la problemática de corrupción que ha caracterizado a la empresa estatal venezolana. A lo largo de los años, PDVSA ha sido objeto de numerosas acusaciones de irregularidades financieras y malas prácticas, lo que ha llevado a un deterioro significativo de su reputación.

La Fiscalía ha evidenciado que, a través de la relación que Morodo tenía con altos funcionarios venezolanos, su hijo Alejo pudo acceder a estos contratos. Lo que pone en relieve cómo las conexiones políticas pueden facilitar el fraude.

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El NarcoEstado se fortalece: Primo de Diosdado Cabello es nombrado jefe del SEBIN por Nicolás Maduro

Fuente:Noticias Venezuela

A través de redes sociales, Nicolás Maduro anunció cambios y ratificaciones en parte de la cúpula militar y estrategia de seguridad para Venezuela. En un mensaje de Instagram y Telegram indicó que se ratificaba la dirección del Ministerio del Poder Popular para la Defensa a Vladimir Padrino López, quien se desempeña en el cargo desde 2014.

Actualmente Maduro enfrenta la condena internacional así como protestas internas que no reconocen los resultados electorales de julio pasado los cuales dieron como ganador de la Presidencia a Edmundo González, pese a que el Consejo Nacional Electoral ratificó que la victoria era para Nicolás Maduro.

El jefe de Estado también ratificó a Domingo Hernández Lárez, sancionado recientemente por Estados Unidos, como comandante estratégico operacional de la FANB.

En Telegram, Maduro informó de la designación de Johan Hernández Lárez como comandante general del Ejército, de Ashraf Abdel Hadi Suleimán Gutiérrez como jefe de la Armada y Lenín Ramírez como comandante de la Aviación Militar, mientras que ratificó en la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) a Elío Estrada Paredes.

Johan Hernández Lárez y Estrada Paredes también forman parte del grupo de 16 funcionarios, según EE.UU., “alineados con Maduro”, sancionados el pasado mes por el Tesoro estadounidense, que los acusa de obstruir “un proceso electoral presidencial competitivo e inclusivo en Venezuela y violaron los derechos civiles y humanos del pueblo”.

Por otra parte, Maduro nombró a Orlando Romero comandante de la Milicia Bolivariana, en sustitución de Javier Tábata, desde hoy al frente de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Asimismo, designó jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) a Alexis Rodríguez Cabello, nombrado en diciembre del año pasado autoridad única de la Guayana Esequiba, como Caracas denomina al territorio en disputa con Guyana, para el que, por el momento, no se ha anunciado sustituto.

Padrino López, sancionado por EE.UU. desde 2018, es el ministro más antiguo del Ejecutivo de Maduro, quien llegó al poder en 2013 y fue proclamado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en los comicios del pasado 28 de julio como presidente reelecto para un tercer sexenio consecutivo, un resultado cuestionado dentro y fuera del país caribeño.

Maduro anuncia estos cambios cuando el país vive una crisis política desatada tras su polémica segunda reelección, considerada fraudulenta por la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que reclama el triunfo de su abanderado, Edmundo González Urrutia, exiliado en España.

En agosto, la FANB ratificó su “absoluta lealtad y subordinación” a Maduro, pese a que la Constitución señala que la Fuerza Armada es una institución “sin militancia política” que está “al servicio exclusivo de la nación y, en ningún caso, al de persona o parcialidad política alguna”.

Rodríguez Cabello es primo de Diosdado Cabello, que se desempeña como ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela.

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lunes, octubre 14, 2024

Víctor José Vargas Irausquín y el Banco del Orinoco NV: Vence plazo para demostrar solvencia en Curazao

Fuente. Reporte de la Economía


Las redes sociales se han convertido en un espacio clave para la organización y la difusión de información sobre el caso del Banco del Orinoco NV. Diversos usuarios y cuentas especializadas, como “Defensor Bancario” (@DefensorBank), se han dedicado a dar seguimiento al proceso de quiebra, informando sobre las últimas novedades, denunciando irregularidades y exigiendo justicia para los afectados.

Un usuario identificado como @MORO0321 propone agrupar la deuda de los afectados y llevar a Víctor Vargas a un litigio penal para confiscar sus bienes y subastarlos, con el fin de obtener fondos para compensar a los cuentahabientes.

La discusión en redes sociales refleja la indignación y la frustración de los acreedores ante la falta de respuestas y la incertidumbre sobre el futuro de sus inversiones. La presión digital se suma a los esfuerzos legales para exigir que se aclaren los hechos y se haga justicia en el caso del Banco del Orinoco NV.

Plazo para aclarar origen de fondos vence en Curazao

Dos abogados que representan a los acreedores del Banco del Orinoco NV, en Curazao, parte del Grupo Financiero BOD, han lanzado una advertencia al banquero venezolano Víctor José Vargas Irausquín. Roberto Hung y Carlos Calderón señalaron que a Vargas le quedaba muy poco tiempo, para demostrar el origen de los fondos que supuestamente garantizarían el pago a los depositantes del banco en quiebra.

Esta advertencia surge tras una reunión de acreedores celebrada el 27 de septiembre de 2024, en la que los síndicos de la quiebra informaron sobre la obligación del grupo financiero liderado por Víctor Vargas, de demostrar la existencia de las inversiones que se mencionan en su propuesta de pago. La información se dio a conocer a través de un acta minuta emitida por el tribunal de la quiebra que fue remitida a los acreedores y sus representantes tanto en neerlandés como en español.

La última oportunidad del Grupo Cartera Vargas


De acuerdo con los abogados, si el Grupo Cartera Vargas no cumple con la presentación de la información sobre las inversiones para la segunda semana de noviembre, el tribunal de Curazao podría iniciar una investigación sobre las causas de la quiebra del Banco del Orinoco NV. Esta investigación podría tener consecuencias penales para los accionistas, incluyendo al propio Vargas Irausquín.

Hung y Calderón, quienes han estado representando a los acreedores durante años en el proceso de recuperación de fondos en Curazao, consideran que la propuesta del Grupo Vargas es “un insulto en realidad”. Argumentan que si realmente existen inversiones por un valor superior a 1.6 mil millones de dólares, como se afirma, no habría necesidad de declarar la quiebra del banco. En este escenario, simplemente se liquidarían los activos y se pagaría a todos los acreedores con sus respectivos intereses.

El plazo de 15 días que el tribunal de Curazao otorgó al Grupo Cartera Vargas para demostrar la existencia y ubicación de las inversiones, supuestamente valoradas en más de 1.6 mil millones de dólares, venció el pasado viernes 11 de octubre de 2024.

Dudas sobre la composición del grupo de acreedores

Calderón y Hung también han expresado su preocupación por la composición del grupo de acreedores que se ha presentado ante el tribunal de Curazao. El Grupo Cartera Vargas afirma representar el 50.4% del total de los reclamos en la quiebra, lo que equivale a aproximadamente 418 millones de dólares. Sin embargo, los abogados creen que entre estos reclamantes se encuentran personas relacionadas con los accionistas del banco y que, por lo tanto, no deberían tener derecho a voto en la toma de decisiones sobre el proceso de liquidación.

Los abogados consideran que esto representa una gran contradicción, ya que estos reclamantes, en su mayoría accionistas, causantes, interesados, personas naturales, etc., son precisamente los responsables de la quiebra del Banco del Orinoco. Argumentan que deberían ser los accionistas quienes respondan con su patrimonio personal por las deudas del banco, especialmente considerando la falta de transparencia sobre el destino de los 825 millones de dólares que Vargas Irausquín recibió del banco.

El tiempo se agota para los accionistas

Calderón y Hung insisten en que el tribunal debe exigir al Grupo Cartera Vargas que se “quite los antifaces” y revele la verdad sobre la situación financiera del Banco del Orinoco. Consideran que ha pasado demasiado tiempo -cuatro años y medio- sin que se sepa con certeza dónde están los fondos que deberían garantizar el pago a los acreedores.

Los abogados instan a todos los acreedores que tengan su acreencia certificada o que estén en proceso de certificarla a que se pongan en contacto con ellos a través del correo electrónico que se indicará al final de este artículo. La intención es unir fuerzas para exigir la transparencia y la responsabilidad que se merecen en este caso.

El tiempo corre y la fecha límite para que el Grupo Cartera Vargas presente la información requerida se acerca rápidamente. El 11 de octubre de 2024 es la fecha que definirá el rumbo del proceso y que determinará si los accionistas finalmente serán obligados a rendir cuentas por la quiebra del Banco del Orinoco NV.

Un llamado a la acción

Los abogados, Roberto Hung y Carlos Calderón, hacen un llamado a la acción a todos los afectados por la quiebra del Banco del Orinoco NV. Exhortan a aquellos que aún no han certificado su acreencia a que lo hagan lo antes posible y a que se unan a sus esfuerzos para exigir la rendición de cuentas por parte del Grupo Cartera Vargas.

Hung y Calderón instan a los acreedores a revisar la información disponible, incluyendo el acta minuta de la última reunión de acreedores y otros documentos legales presentados ante el tribunal de Curazao.

En este sentido, resaltan la contundencia de los escritos presentados por ellos ante el tribunal, en los que se exige la determinación del origen de los 825 millones de dólares recibidos por el banco y se cuestiona la inclusión de empresas y personas relacionadas con Vargas Irausquín en el grupo de acreedores.

Una lucha por la transparencia

La situación del Banco del Orinoco NV. en Curazao, parte del Grupo Financiero BOD, es una historia que se repite en otros bancos de este grupo financiero en la región. Entidades como AllBank Corp (Panamá), Banco Occidental de Descuento (Venezuela) y Bancamérica (República Dominicana) han sido intervenidas o liquidadas por las autoridades de sus respectivos países. La quiebra o disolución de estos bancos pone de manifiesto la opaca situación del Grupo Financiero BOD en los últimos años.

Para Hung y Calderón, la lucha por la transparencia y la rendición de cuentas en el caso del Banco del Orinoco NV es crucial para sentar un precedente y evitar que este tipo de situaciones se repitan en el futuro. El plazo se agota y la presión aumenta para que los responsables de la quiebra asuman las consecuencias de sus acciones

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Delcygate y Hezbolá

Por:Luis Velázquez Alvaray
Fuente: El Nacional

El escándalo en España del denominado caso Delcygate trae mar de fondo y es una práctica usual en estos personeros del régimen, acostumbrados a la actuación oscura, de notables rasgos delictivos. No debe ser visto superficialmente.

El reprochable uso del dinero para negociaciones turbias tiene una variante de alta peligrosidad. Es el uso de corrientes dinerarias de alto valor para financiar el terrorismo mundial.

La principal actora del impudoroso acto se ha declarado públicamente junto a su jefe -el tirano principal – como comandantes del grupo terrorista Hezbolá, que basado en los convenios Irán- Venezuela, se ha repartido una cuarta parte del territorio nacional, violando sagrados preceptos constitucionales resumidos en el concepto de soberanía nacional, rechazo al terrorismo y defensa de la democracia.

El manejo financiero de un coctel mafioso que incluye narcotráfico, terrorismo, apropiación del tesoro nacional venezolano, origina estas operaciones casi diariamente y este caso se conoce por la violación de decisiones de la Unión Europea, que le ha prohibido pisar el espacio Schengen, por su conducta delictiva, violatoria de los derechos humanos y a los atropellos a los tratados internacionales.

El escándalo en España revela la clase de gobernantes que tenemos, sin escrúpulo, carentes de los valores básicos de la civilidad y la convivencia social.

No es anecdótico que la señora terrorista bajara en España cuarenta maletas, disfrazadas como valija diplomática, llenas de lingotes de oro y con pase abierto por la aduana, modus operandi ya institucionalizado con el servicio exterior del país, como instrumento delictivo.

Estos procedimientos han sido fundamentales para financiar el terrorismo en el mundo. Así como fue utilizada la Embajada de Venezuela en España, diariamente sucede lo mismo en numerosos países, para el cumplimiento de su tarea destructiva.

La práctica de las valijas se reseña como misión especial, que rigurosamente deben cumplir los funcionarios acreditados en dichas sedes, que se convierten en cómplices y al no denunciar deberán responder por este mercadeo de drogas y oro.

Es grave todo esto y además se le suma que las actividades del grupo Hezbolá son financiadas mediante estos mecanismos utilizados en el ilegal desembarco en Madrid.

La masacre contra Israel el 7-0 del año 2023 fue financiada bajo estas prácticas, inscribiéndose el macabro acto en el acuerdo de hermandad Venezuela-Irán que inició Chávez y ha profundizado esta cúpula perversa que se roba todo: el oro, el petróleo y los votos de los ciudadanos.

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El embajador de Zapatero en Caracas admite que cobró 4,5 millones de Venezuela

Fuente. The Objetive

Lo ha confesado en un acuerdo de conformidad con la Abogacía del Estado justo antes del inicio del juicio


El exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo. | Europa Press

El embajador de España en Venezuela durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, Raúl Morodo, ha llegado a un acuerdo de conformidad con la Abogacía del Estado y ha admitido que él y su hijo Alejo cobraron 4,5 millones de euros de la petrolera estatal venezolana PDVSA. Según el documento, al que ha tenido acceso el diario El Mundo, estos cobros se hicieron mediante operaciones simuladas. Morodo acepta así una pena de 10 meses de cárcel y una multa de 1,4 millones de euros.

Este lunes arranca el juicio contra Morodo en la Audiencia Nacional. La Fiscalía Anticorrupción pedía una pena de tres años y medio de cárcel para él y de ocho años y medio para su hijo Alejo y también para su nuera. Reclama además multas millonarias para Alejo Morodo Cañeque (3,7 millones de euros) y para su mujer Ana Catarina Varandas (3,8 millones), y algo menos cuantiosa para Raúl Morodo (378.700 euros).

Estaba previsto que los tres se sentaran en el banquillo por haber supuestamente ocultado a Hacienda el presunto cobro de unos 4,5 millones de euros de PDVSA por parte de Alejo Morodo mediante supuestos contratos falsos de asesoría legal suscritos con la petrolera venezolana entre 2012 y 2015, cuando su padre ya no estaba al frente de la embajada.

El dinero supuestamente se blanqueó mediante una compleja trama de sociedades creadas por el hijo y otros investigados, entre ellos la nuera del exembajador y dos socios venezolanos; uno de ellos, Juan Carlos Márquez, fue hallado ahorcado en su domicilio en Madrid, en lo que fue considerado un suicidio, poco después de prestar declaración en la Audiencia Nacional por estos hechos.

En concepto de responsabilidad civil, la fiscal Ana Cuenca también solicitaba el pago de un total de 1,3 millones de euros por parte de Alejo Morodo y su mujer por fraude en sus declaraciones del IRPF de 2013, 2014 y 2017, mientras que al exembajador le pide 126.122 euros por la defraudación que le atribuye en el ejercicio de 2014.

El sistema empleado por el hijo del exembajador y en el que habrían participado los otros acusados consistió en «interponer tres sociedades instrumentales para que facturaran formalmente» los «supuestos servicios» de asesoramiento legal y consultoría que habría prestado entre 2011 y 2014. De esta forma eludía tributar por IRPF y lo hacía por el Impuesto de Sociedades, más beneficioso.

La Fiscalía, que sólo acusa por los ejercicios de 2013 y 2014 al estar los anteriores prescritos, sostiene que Raúl Morodo también defraudó las ganancias que percibió con cargo al patrimonio de dos de aquellas sociedades.

El origen de los fondos que Alejo Morodo presuntamente ocultó a Hacienda reside en la relación contractual que contrajo con la empresa PDVSA hasta 2014, sirviéndose de las relaciones que su padre entabló con «altos cargos» de Venezuela en su época de embajador durante el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

La actividad prestada para PDVSA, según la Fiscalía, le reportó más de 6,6 millones de euros, «de los que en parte» se benefició Raúl Morodo.

Anticorrupción describe a lo largo de su escrito el sistema de cobro de fondos de PDVSA por las empresas «interpuestas» de Alejo Morodo y el cruce de transferencias entre estas y su padre, y también menciona la sociedad que ambos crearon en 2007, Morodo Abogados, «carente de medios personales y materiales, así como de actividad comercial» con «idéntico fin» de interponerla para «desplazar la carga fiscal».

Esta sociedad declaró entre 2013 y 2014 ingresos por 467.832 euros «desconociéndose» los servicios que prestó, dice la fiscal.

Durante la instrucción, también estuvo imputada la esposa de Raúl Morodo, Cristina Cañeque, y la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria descubrió «graves irregularidades contables y fiscales» en la sociedad MS Trading, de la que ella era titular.

Sin embargo, al considerar que estos hechos no eran conexos con la causa que ahora se juzga, el juez instructor Alejandro Abascal, a petición de la fiscal, acordó remitir esta parte a los juzgados de Plaza de Castilla para que se investiguen presuntos delitos fiscales por parte de esta empresa y la mujer del exembajador.

Estas irregularidades fueron detectadas después de que la Agencia Tributaria analizara los cobros por importe total de 9.294.710,21 euros que entre los años 2013 y 2015 recibió el ciudadano portugués (residente en España) Lindley Patrick Delmar, cónyuge de la hija de Morodo, María Morodo Cañeque, a través de la UTE Grupo Lindley 2013.

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domingo, octubre 13, 2024

Cantante de vallenato Rafa Pérez envuelto en polémica por amistad con Vicente Rujano Garófalo, venezolano vinculado al narcoganadero “Ñeñe” Hernández

Fuente:Noticias Candela
El ganadero venezolano Vicente Rujano Garófalo mantiene viva su pasión por la música vallenata. Desde temprana edad, aspiró a dominar el acordeón y, con ese fin, buscó la instrucción de músicos reconocidos, como el fallecido acordeonero y compositor Omar Geles, quien murió en Valledupar, Colombia, en mayo de 2024.

Sin embargo, Rujano es más reconocido en el estado Táchira (Venezuela) y en Bucaramanga, Colombia (capital del departamento de Santander), por sus múltiples propiedades ganaderas y su estrecha relación con el narcotraficante colombiano José Guillermo Hernández Aponte, alias “Ñeñe” Hernández (ya fallecido), así como con la viuda de Hernández, la exreina de belleza María Mónica Urbina.


Personas familiarizadas con el asunto señalan que Rujano Garófalo indican que incluso ha financiado a cantantes de vallenato para que lo incluyan en sus canciones o presentaciones. Pero su admiración por el acordeón no es la única conexión que Vicente Rujano compartía con Omar Geles. Ambos también eran amigos del cantante de vallenato Rafa Pérez, amistad que Rujano todavía mantiene.

Luna de miel

Rafa Pérez y su esposa Milagros Villamil, quien también funge como su manager, son conocidos por los seguidores del cantante por su relación públicamente afectuosa. Sus constantes muestras de cariño, declaraciones de amor y, más recientemente, su boda en Cartagena, Colombia, el 12 de septiembre de 2024, tras más de ocho años de relación (incluyendo al menos seis en unión libre), han sido ampliamente difundidas.

Tanto Rafa Pérez como Milagros Villamil mantienen una activa presencia en redes sociales. A finales de septiembre de 2024, poco después de su boda y durante su luna de miel, un video de Milagros Villamil cantando “Si no me falla el corazón”, un tema popularizado por la agrupación vallenata Los Diablitos, sorprendió a sus seguidores. En el video, Villamil se encontraba en un yate, vestida con una blusa blanca y sosteniendo una copa que parece contener champán, mientras canta sobre la pista original de la canción.

En el segundo 35 del video, a la derecha y detrás de Villamil, se puede apreciar el rostro de un hombre que extiende su brazo para entregar un vaso de plástico a una mujer cuyo rostro, a la izquierda, apenas se vislumbra. Ese hombre es Vicente Rujano Garófalo.

FUENTE: Con información de Ciudad Gótica News

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Colombia y Venezuela son un Granad

Por: Andrés Villota
Fuente: El Expediente

Urgent Fury se denominó la operación especial que restituye la democracia en la isla caribeña de Granada, tras sufrir un golpe de Estado perpetrado por el comunista Hudson Austin, patrocinado por las dictaduras cubana y soviética.

Una operación militar que duró pocas horas, en que las Fuerzas Armadas estadounidenses salieron victoriosas, sin costo militar alguno. Desde ese entonces, en la cultura popular estadounidense, para referirse a algo que es muy fácil de lograr, se dice que “es un Granada”.

En la coyuntura actual, restituir la democracia en Venezuela y en Colombia, capturar a Nicolás Maduro y a Gustavo Petro, neutralizar a todo su séquito de asesinos, terroristas de Estado, cleptócratas y criminales de lesa humanidad, es un Granada.

El Eje Bogotá-Caracas, ha demostrado que está al margen de la institucionalidad de la comunidad internacional y desconoce el ordenamiento local y global con sus actos de terrorismo de Estado, las acciones de desestabilización social, el saqueo sistemático a las arcas públicas, la eliminación de la división de poderes, la censura y persecución a los medios de comunicación, la violación de los derechos humanos de sus ciudadanos, la promoción del tráfico de niños, la pedofilia, el narcotráfico, los fraudes electorales y otros crímenes execrables.

Parte de esa ilegitimidad de facto, es el apoyo incondicional a grupos terroristas como Hezbollah y Hamas. El antisemitismo heredado de los ancestros ideológicos de Maduro y Petro, el fascismo italiano, el socialismo obrero español y el nacional socialismo obrero alemán, ha llevado a convertir a Colombia y a Venezuela en santuarios para los terroristas que tienen como objetivo principal, la desaparición de Israel.

El intento de tomarse la sede de la embajada de Estados Unidos en Bogotá por parte de terroristas del M-19 y de La Primera Línea, los Camisas Negras y Camisas Pardas de Gustavo Petro, tratando de emular la toma de la embajada de la República Dominicana, es una muestra clara del peligro que representa Gustavo Petro para la seguridad nacional de los Estados Unidos y de Israel.

Una operación de restitución de la democracia en estos países, tendría un amplio apoyo popular. En el caso colombiano, no deja de ser bastante sospechoso que el presidente elegido, supuestamente, con la mayor votación en toda la historia de Colombia sea, a su vez, el presidente más repudiado, cuestionado y odiado por la sociedad colombiana en toda la historia de Colombia.

Un imposible político, estadístico, antropológico y sociológico, lo que estaría confirmando que Petro, no solo violó los topes de financiación de su campaña presidencial, sino que, además, se robó el resultado de las elecciones en contubernio con el mayor accionista de INDRA, el proveedor del software que contó los votos que le dieron la victoria a Petro.

Los miembros de la cúpula de la dictadura venezolana, tienen orden de captura internacional y existen jugosas recompensas sobre sus cabezas.

En los próximos meses, también, existirán órdenes de captura sobre Gustavo Petro y su séquito, cuando prosperen los diferentes casos judiciales abiertos en diferentes jurisdicciones, que tuvieron que ser presentadas en el extranjero, ante el dominio y control total de Petro sobre la justicia colombiana que lo hace inmune a cualquier acción judicial instaurada en su contra en territorio colombiano.

Nicolás Maduro consumó un golpe de Estado, al desconocer el resultado de las elecciones presidenciales de julio del 2024 y robarlas. Gustavo Petro consumó el golpe de Estado al desconocer la Constitución colombiana y el ordenamiento legal colombiano, al desconocer la decisión tomada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) colombiano, en contra de su campaña presidencial, aunque, paradójicamente, sí aceptó cuando esa misma entidad avaló el resultado, al parecer espurio, de las elecciones legislativas, presidenciales y regionales.

No existiría ningún tipo de resistencia militar, en caso de una operación de restitución de la democracia en Colombia y Venezuela. Una virtud convertida en maldición al momento de repeler una acción militar externa, son los miles de generales que tiene en la actualidad el ejército venezolano, que atomiza las decisiones de mando, por lo tanto, evita la unidad al momento de tomar una decisión de ir al combate. Maduro, paradójicamente, hizo eso para mantener el control y dominio total de las tropas, desde Miraflores, en caso de un levantamiento militar en su contra.

La capacidad de operación de los militares colombianos está bastante diezmada y no tendrían capacidad de respuesta alguna. Gustavo Petro, destruyó a las FFAA de Colombia, desde adentro, destituyendo a todos los generales experimentados que representaban una amenaza a la permanencia en su cargo, si hacían cumplir la Constitución que llevaría a su destitución inmediata, por haber llegado al poder de forma fraudulenta y espuria.

Además, después de haber fracasado el golpe de Estado en contra del presidente Belisario Betancur, Pablo Escobar y Gustavo Petro, con los otros terroristas del M19, han difundido la narrativa que las FFAA colombianas no pueden defender la Constitución o en caso de hacerlo cómo lo hizo el comandante Plazas Vega, pueden terminar en la cárcel.

A los chinos, a los iraníes y a los rusos, solo les interesa que les paguen lo que les deben, por lo tanto, no harían nada para defender a Maduro o a Petro porque se han dado cuenta que un cambio de rumbo en esos gobiernos, sería lo más conveniente para que les paguen todo lo que les deben.

Los israelíes podrían realizar acciones limpias, idénticas a las realizadas en otros lugares que les dan amparo a los terroristas enemigos de Israel, sin daños colaterales, en contra de los objetivos específicos en Colombia y Venezuela, que se han convertido en los aliados más feroces de sus grandes enemigos.

Si Barack y Michael Obama, quieren mantener el dominio total sobre los estadounidenses por otros cuatro años más, y quieren tener algún chance de lograrlo en las próximas elecciones presidenciales, ante el inminente triunfo del presidente Donald Trump, una operación especial en Colombia y Venezuela, le daría un chance remoto a la candidata Kamala Harris del partido Demócrata para mejorar en las encuestas que, en caso de repetir lo ocurrido en las pasadas elecciones, les permitiría justificar el resultado. Colombia y Venezuela son un Granada.

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Los denominadores comunes de Fernando Bermúdez Ramos con un exministro chavista, sus nexos con líderes de oposición y su supuesta aventura amorosa

Por: Pilar Martínez
Fuente: avefenixnoticias.com
Fernando Bermúdez Ramos

Rafael Ramírez Carreño, otrora poderoso ministro de petróleo de Venezuela durante la era Chávez, se ha convertido en el inesperado punto de encuentro entre exdirigentes de la oposición venezolana y figuras del chavismo que han roto con Nicolás Maduro. La sombra de Ramírez se extiende sobre un complejo entramado de acusaciones de corrupción, traiciones políticas y estrategias en las que el exministro parecería jugar un papel central, según fuentes próximas a la situación.

Ramírez, quien se desempeñó como ministro de Petróleo y Minería entre 2002 y 2014, además de Presidente de Pdvsa (2004-2014) y posteriormente como embajador de Venezuela ante la ONU (2014-2017), estaría moviendo los hilos tras bambalinas, financiando y asesorando tanto a figuras de la oposición como a antiguos aliados chavistas que ahora se le oponen a Maduro. Se dice que controla gran parte de las acciones del abogado Jesús Hernández Sarmiento, líder del bufete HE Legal, con sede en la Torre JWM de Caracas, el mismo edificio donde Fernando Bermúdez Ramos, empresario venezolano prófugo en España desde marzo de 2023, tenía oficinas.

Bermúdez, quien enfrenta una orden de captura por su implicación en la trama de corrupción Pdvsa-Cripto, se dedicaba al negocio de bingos y casinos antes de convertirse en contratista del Estado venezolano, proveyendo alimentos destinados a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Documentos recientes revelan que, en algunos casos, las empresas de Bermúdez cobraron por alimentos que nunca fueron entregados. Se rumorea que la misma oficina que hoy ocupa el bufete de Hernández Sarmiento albergó en el pasado una sala de apuestas propiedad de Bermúdez.

De fiscal del Ministerio Público venezolano a abogado de la trama
Daniel Hernández Sarmiento

La figura de Jesús Hernández Sarmiento, abogado de Bermúdez, añade un manto de controversia a esta historia. Hernández, cuyo nombre anterior era Daniel Medina Sarmiento, fue fiscal del Ministerio Público venezolano y estuvo a cargo de casos de alto perfil, como el de la jueza María Lourdes Afiuni, acusada de liberar irregularmente al banquero Eligio Cedeño.

Fuentes cercanas a la situación afirman que Rafael Ramírez se convirtió en testigo protegido del Departamento de Justicia de Estados Unidos y confidente de la CIA. Supuestamente, Ramírez habría filtrado información valiosa a las autoridades estadounidenses, no solo sobre la industria petrolera venezolana, sino también sobre activos en el extranjero y otros datos confidenciales obtenidos durante su estrecha colaboración con Hugo Chávez y su posterior trabajo con Nicolás Maduro.

Se cree que fue Hernández quien recomendó a Fernando Bermúdez contratar al abogado de origen brasileño Nielson Maycon de Sousa Vilela para que lo representara en España en diversos asuntos legales, incluyendo demandas contra terceros. De Sousa Vilela, conocido bajo el apodo de "El Abogado del Diablo", se especializa en asesoría migratoria, defensa en extradiciones y casos penales, representando en distintas ocasiones a extranjeros acusados de corrupción, lavado de dinero, narcotráfico, entre otros delitos.

Legitimación de capitales

Más allá de la defensa legal, se sospecha que venezolanos implicados en casos de corrupción recurren a De Sousa Vilela para crear estructuras que les permitan "blanquear" en España el dinero obtenido ilícitamente en Venezuela. Estas estructuras incluirían el uso de empresas inmobiliarias.

La lista de clientes de De Sousa Vilela es un catálogo de figuras controvertidas. Entre ellos se encuentran: Rafael Reiter Muñoz, exjefe de seguridad de PDVSA, acusado de soborno y lavado de dinero; Hugo "El Pollo" Carvajal, exjefe de Contrainteligencia Militar durante el gobierno de Chávez, extraditado a Estados Unidos por narcotráfico; y Luis Fernando Vuteff, empresario argentino yerno del exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, quien se declaró culpable de participar en un esquema de lavado de dinero vinculado a PDVSA.

Fuentes conocedoras del tema afirman que la defensa que De Sousa ha realizado de estos individuos, se debe a órdenes o sugerencias de Rafael Ramírez. Se especula que Ramírez se ha ofrecido como intermediario para negociar acuerdos de colaboración entre sus "asesorados" y las autoridades estadounidenses.

Ramírez: ¿Financista de la oposición y titiritero de González Urrutia?
Rafael Ramírez

Las mismas fuentes señalan a Ramírez como uno de los financistas de Edmundo González Urrutia, el excandidato presidencial que se enfrentó a Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio de 2024. La oposición desconoce el triunfo de Maduro, proclamado por el Consejo Nacional Electoral, y atribuye la victoria a González Urrutia, cuya candidatura fue impulsada principalmente por la dirigente opositora María Corina Machado, inhabilitada políticamente. Se afirma que Ramírez también ha patrocinado las actividades de Machado y de otros líderes opositores como Antonio Ledezma, mientras que Bermúdez también patrocinaría a González Urrutia y Machado.
Edmundo González Urrutia y María Corina Machado

De esta manera, Ramírez, a pesar de su pasado chavista, se habría convertido en una especie de estratega en la sombra detrás de ciertas acciones políticas de la oposición venezolana.

El exdiputado opositor Conrado Pérez, quien investigó casos de corrupción como miembro de una comisión especial del Parlamento venezolano, incluyendo aquellos en los que está implicado Fernando Bermúdez, y el abogado Jesús Hernández Sarmiento, quien ha asesorado a Bermúdez en Venezuela para diversos fines comerciales y judiciales, han enviado a abogados en España documentos que prueban la vinculación de Bermúdez con casos de corrupción en Venezuela.

Las evidencias presentadas por Pérez y Hernández exponen ahora a Bermúdez a consecuencias legales en España y Estados Unidos. Esto contrasta con la defensa a ultranza que el exfiscal Hernández hizo de Bermúdez en el pasado, movilizando influencias en el sistema judicial venezolano a su favor.

Federica: La misteriosa mujer en la trama de Bermúdez
Fernando Bermúdez Ramos

Un aspecto que merece especial atención es la relación de Fernando Bermúdez con una mujer llamada Federica. Fuentes cercanas al empresario afirman que Federica juega un papel importante en diversos asuntos financieros de Bermúdez, en los que este actuaría como intermediario. Además de su rol en los negocios, se rumorea que Federica y Bermúdez habrían entablado una relación sentimental que el empresario mantendría de manera discreta, lejos de la mirada de su esposa.

Esta compleja red de relaciones, que entrelaza a figuras del chavismo y la oposición, se desarrolla en medio de acusaciones de corrupción, traiciones políticas y estrategias en la sombra. Rafael Ramírez, el exministro que se convirtió en testigo protegido y confidente de la CIA, parece ser el eje alrededor del cual giran las acciones de abogados, empresarios y políticos implicados en esta trama que sigue generando interrogantes y polémica en Venezuela.

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posted by frentelibertario @ 12:03 p.m.  0 comments

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