T7-ESPRT: La historia no contada sobre la confiscación del avión Falcon 900EX utilizado por Maduro y su nuevo reemplazo millonario

Por avefenixnoticias.com 

Fuentes cercanas al caso han revelado una versión que agrega nuevos matices a la narrativa oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la incautación del avión Falcon 900EX, matrícula T7-ESPRT, utilizado por la administración de Nicolás Maduro. El Departamento De Justicia estadounidense ha revelado una compra ilegal y un contrabando del avión por parte de allegados a la administración de Maduro, a través del Caribe, mientras que otras fuentes, han revelado una realidad más intrincada y una operación de inteligencia por parte de la DEA.

Según la información proporcionada, el avión se encontraba en República Dominicana desde abril de 2024 debido a la necesidad de reemplazar repuestos. Sin embargo, la empresa fabricante, la francesa Dassault Falcon, se negó a suministrarlos al Gobierno venezolano por temor a represalias por parte de Estados Unidos. Este fue el punto de partida para que la DEA, a través de sus agentes, ideara un plan para tomar posesión del avión.

Inicialmente, la DEA intentó presionar a Dassault Falcon para que enviara los repuestos al gobierno venezolano, con la promesa de no tomar acciones en su contra. Sin embargo, la empresa se mantuvo firme en su negativa. Ante esta situación, la DEA optó por una estrategia diferente: facilitaron, a través de una operación de inteligencia, que los técnicos encargados de la reparación del avión en República Dominicana consiguieran los repuestos necesarios e instalaran los mismos.

La trama para trasladar el avión a Estados Unidos

Una vez solucionado el problema de los repuestos, la DEA se enfocó en convencer a los responsables de la reparación del avión para que lo llevaran a territorio estadounidense. La versión oficial habla de una incautación en República Dominicana con la autorización de un juez local. Sin embargo, las fuentes consultadas aseguran que esto es falso y que el avión fue trasladado a Estados Unidos como parte de la operación orquestada por la DEA.

La DEA involucró en el operativo a un importante medio de comunicación estadounidense, cuyo nombre no ha sido revelado. Desde la agencia supuestamente se le proporcionó información indicando que el avión estaba siendo trasladado a Miami con Nicolás Maduro a bordo. Esta información fue difundida por el medio, al tiempo que se creaba una narrativa sobre las razones de la incautación del Falcon 900EX.

La versión oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos afirma que el avión fue comprado ilegalmente por 13 millones de dólares a través de una empresa fantasma y luego exportado ilegalmente a Venezuela. Sin embargo, la fuente consultada afirma que el valor actual del avión, considerando las horas de vuelo y el uso que se le ha dado, es de 4 millones de dólares. Si se comprara nuevo, un Falcon 900EX costaría más de 60 millones de dólares.

La compra relámpago de un nuevo avión

La incautación del Falcon 900EX no detuvo a la administración de Maduro en su necesidad de contar con un avión presidencial. Inmediatamente después de conocerse la noticia de la confiscación, la administración venezolana, a través de intermediarios, contactó a Dassault Falcon para adquirir un nuevo avión similar, con un costo superior a los 60 millones de dólares. Sin embargo, la empresa francesa se negó a venderles la aeronave.

Ante la negativa de Dassault Falcon, la administración venezolana buscó otras opciones y finalmente logró concretar la compra de un avión de una marca superior y más nuevo a través de Suiza. Se trata de un Global, un jet ejecutivo de ultra largo alcance fabricado por la empresa canadiense Bombardier Aviation. El precio de este nuevo avión, que se espera aterrice pronto en Venezuela, ascendió a casi 90 millones de dólares.

La rapidez con la que se realizó la compra y la facilidad con la que se desembolsaron más de 89 millones de dólares, considerando la difícil situación económica que atraviesa Venezuela, ha generado sorpresa. Según la fuente, la operación se realizó con una “rapidez impresionante”, lo que sugiere que la compra ya estaba prevista o que se contaba con los fondos disponibles para una adquisición de esta magnitud.

Los Global: una elección de lujo y alto rendimientoImagen referencial

Los aviones Global, como el elegido por la administración de Maduro para reemplazar el Falcon 900EX incautado, son reconocidos por su autonomía, velocidad, tecnología avanzada y lujo. Bombardier Aviation, con sede en Dorval, Quebec, Canadá, es una marca líder en la fabricación de jets ejecutivos de ultra largo alcance.

Estos aviones son famosos por su capacidad para realizar vuelos internacionales sin escalas, con autonomías que van desde los 11.000 hasta más de 14.000 kilómetros. Esto les permite conectar ciudades distantes sin necesidad de realizar paradas para repostar, lo que los convierte en una opción ideal para viajes de negocios y personales de alta gama.

En comparación con los Falcon, los Global ofrecen un mayor alcance, velocidad y capacidad de pasajeros. Sin embargo, también son significativamente más costosos. Mientras que un Falcon 900EX nuevo cuesta alrededor de 60 millones de dólares, el precio de un Global nuevo puede superar los 90 millones de dólares, como en el caso del avión adquirido por la administración de Maduro.

La capacidad de realizar vuelos de larga distancia sin escalas y el lujo que ofrecen estos aviones probablemente fueron factores determinantes en la decisión de compra.

José Vicente Amparan Croquer y su vinculación con el avión T7-ESPRT confiscado por Estados Unidos a la administración de Maduro

Por: avefenixnoticias.com 

Recientemente, Estados Unidos confiscó el avión oficial de Nicolás Maduro, un Dassault Falcon 900EX, en una operación en la que República Dominicana tuvo un papel clave. El Departamento de Justicia de EE.UU. alega que la aeronave, valuada entonces en aproximadamente 13 millones de dólares y con matrícula T7-ESPRT, fue adquirida ilegalmente, entre finales de 2022 y principios de 2023, violando las sanciones impuestas por el Gobierno estadounidense y las leyes de control de exportaciones.

La investigación revela que el avión fue comprado en Florida a través de una empresa fantasma y posteriormente sacado clandestinamente de EE.UU. para ser utilizado por Maduro y sus allegados. Las autoridades estadounidenses afirman que el Falcon 900EX, fabricado en el año 1996, fue empleado para viajes oficiales de Maduro a diversos países, incluyendo Guyana y Cuba.

El fiscal general de EE.UU., Merrick Garland, enfatizó que esta incautación envía un mensaje contundente: “nadie está por encima de la ley”. La acción se enmarca en un contexto de crecientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, exacerbadas por las controversiales elecciones presidenciales venezolanas el pasado 28 de julio de 2024, las cuales fueron cuestionadas por su falta de transparencia. En respuesta, el Gobierno estadounidense reactivó sanciones contra el sector petrolero y gasífero de Venezuela.

Según la versión oficial del Departamento de Justicia, la aeronave fue incautada en República Dominicana con la cooperación de las autoridades locales y luego trasladada a Florida, Estados Unidos. Previamente, entre diciembre de 2022 y enero de 2023, el Falcon 900EX estuvo en posesión de la compañía Six G Aviation LLC, con matrícula N900SJ. A inicios de 2023, antes de que esa matrícula fuese cancelada, fue adquirido por individuos cercanos a la administración de Maduro, presuntamente a través de José Vicente Amparan Croquer. Ya en mayo de 2023, la matrícula del avión había sido cambiada a T7-ESPRT.

Como se ha explicado, la matrícula previa del Falcon 900EX (hoy T7-ESPRT) era N900SJ. Según el registro de la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos, esta matrícula fue cancelada en enero de 2023, cuando el avión fue trasladado a San Vicente y las Granadinas, para luego ser llevado a un hangar en Maiquetía, Venezuela, con la nueva matrícula.

Six G Aviation LLC, con sede en Winter Haven, Florida, se dedica a la venta, adquisición y gestión de aviones. Su CEO desde enero de 2003 es Gary Gwynn.

Gary Gwynn

José Vicente Amparan Croquer: el abogado vinculado al lavado de dinero

José Vicente Amparan Croquer, figura central en la adquisición del Falcon 900EX, es un abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela. Ha sido acusado de ser un lavador de dinero profesional y su nombre ha estado ligado a diversos escándalos financieros.

José Vicente Amparan Croquer

Amparan Croquer fue socio de empresas de inversión de bienes raíces en España, al menos hasta el año 2021, cuando aparentemente las acusaciones en su contra en Estados Unidos lo forzaron a abandonar sus cargos.

En España, Amparan Croquer era socio de Luis Fernando Vuteff García en varias empresas inmobiliarias. Vuteff, un ciudadano argentino y gestor de activos, se declaró culpable en Estados Unidos por su participación en un esquema de lavado de dinero conectado con funcionarios del Gobierno venezolano. Fue acusado de conspirar para lavar dinero proveniente de PDVSA, la empresa estatal petrolera venezolana, a través de préstamos ficticios y tasas de cambio favorables para obtener ganancias ilícitas, estimadas en 1.200 millones de dólares. Vuteff es yerno de Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas y opositor al Gobierno venezolano.

Las investigaciones también han relacionado a Amparan Croquer con instituciones financieras en Malta y una empresa de inversión privada utilizada para el lavado de dinero.

Reportes periodísticos vincularon a Amparan con Solar Cargo INC, una empresa constituida en Florida el 16 de marzo de 1999. PDVSA contrató a Solar Cargo para transportar medicinas desde Irán a Venezuela. Originalmente llamada “Aserca Airlines Cargo, INC”, con Adolfo Moreno como único accionista, la empresa cambió su nombre varias veces a lo largo de los años: “Santa Bárbara Airlines Cargo, INC” (9 de agosto de 2001), “Solar Cargo, INC” (28 de mayo de 2008) y finalmente “21 CARGO, INC” (1 de octubre de 2018), hasta su disolución voluntaria en mayo de 2021.

El imperio empresarial de Amparan Croquer y sus testaferros

Las empresas vinculadas a Amparan en España se dedicaban a diversas actividades, desde inversiones inmobiliarias hasta sectores como la salud y el turismo. Entre ellas se encuentran: Columbus One Properties Hotels S.L, Columbus One Properties Healthcare Facilities 1 S.L, Columbus One Properties Commercial Real Estate 1 S.L, Bonorva Investments S.L, Columbus One Properties Commercial Real Estate 2 S.L, Columbus One Properties Management S.L, Autumn Leaves S.L y Columbus One Properties S.L. Amparan figuraba en estas empresas como director o apoderado.

Amparan Croquer utilizó fondos de PDVSA para pagar una propiedad valorada en 5.300.000 dólares estadounidenses. La residencia fue atribuida a Paladium Real Estate Group LLC, sociedad creada en 2016 en Florida y dirigida por Carolina Cróquer de González, familiar de Amparan, y por Zenaida Claret Urbano Taylor, exesposa del abogado Carmelo Antonio Urdaneta Aqui, y exasesora jurídica de Pdvsa Gas.

Carmelo Urdaneta Aqui trabajó en la consultoría jurídica de PDVSA desde 1997. En 2009, fue nombrado director general de la Oficina de Consultoría Jurídica del Ministerio de Petróleo y Minas, cargo que ocupó hasta 2015. Urdaneta Aquí se vio implicado en el caso de corrupción y lavado de dinero relacionado con PDVSA, conocido como “Money Flight”, por el cual fue acusado de desfalco y blanqueo de capitales. Se declaró culpable y fue sentenciado a 52 meses de prisión más 3 años de libertad supervisada.

Fuentes cercanas a la situación sugieren que José Vicente Amparan Croquer ha estado invirtiendo desde hace unos años en empresas odontológicas y de ortodoncia tanto en Venezuela como en España, utilizando testaferros para ocultar su participación. En algunos casos, Amparan ha enfrentado disputas legales con estos testaferros.

El medio El Pitazo, citando fuentes consultadas, indicó que la empresa fantasma que, según el Gobierno estadounidense, compró el Falcon 900EX estaría vinculada a tres venezolanos: José Vicente Amparan, Armando “el Coco” Capriles y su medio hermano Eduardo Capriles. Esta firma habría adquirido la aeronave de Six G Aviation, con sede en Florida.

El Falcon 900EX T7-ESPRT: un avión fantasma

El Falcon 900EX, matrícula T7-ESPRT, decomisado no está registrado a nombre del Gobierno venezolano, sino como una aeronave de uso privado. Sus siglas suelen aparecer bloqueadas en portales de seguimiento de vuelos internacionales en tiempo real, como Flightradar24, para evitar su identificación y ubicación.

Se sabe que el avión se encontraba en República Dominicana desde el 13 de marzo de 2023. Fuentes ligadas a operaciones aeronáuticas en Venezuela señalan que fue llevado al Aeropuerto Internacional Joaquín Balaguer, conocido como La Isabela, en Santo Domingo, para su mantenimiento anual.

Sin embargo, una inconsistencia en la documentación presentada por el cambio de matrículas, detectada por las autoridades dominicanas, desencadenó la investigación y la intervención de las autoridades estadounidenses.

En Estados Unidos, José Vicente Amparan Croquer ha sido acusado por su participación en una trama de lavado de dinero relacionada con PDVSA. Fue acusado de conspiración para lavar dinero malversado de la petrolera estatal, utilizando complejos esquemas de inversión y bienes raíces en Miami, Florida.

Amparan Croquer es mencionado como asociado de otras personas involucradas en la trama, incluyendo a Carmelo Urdaneta Aqui, quien fue sentenciado a 4 años de cárcel por su participación en la misma conspiración.

Amparan estaba detrás de Latam Business Consultants, una firma offshore registrada en 2010 en San Cristóbal y Nieves, que operó hasta 2012 y que recibió comisiones, a manera de presuntos sobornos, de parte de la compañía argentina Ascensores Servas, la cual recibió un contrato de Pdvsa. Amparan Croquer también está relacionado con otras empresas financieras en España y Malta utilizadas para lavar fondos. Actualmente, permanece prófugo de la justicia.

Según los Pandora Papers, publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, Ascensores Servas había contratado a José Vicente Amparan Croquer como su “delegado comercial” en Caracas, para justificar el pago de los presuntos sobornos. En años recientes, Amparan se ha estado moviendo entre Caracas y Madrid para atender sus negocios.

Elián Silvio Prato y JG Oriente implicados en la importación irregular a Venezuela de automóviles chocados

Fuente: Reporte de la Economía

.

Elián Silvio Prato y automóviles chocados importados a Venezuela

Un escándalo de corrupción sacude a la aduana principal del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) en Guanta, estado Anzoátegui, Venezuela. Cinco vehículos chocados provenientes de Florida, Estados Unidos, ingresaron a Venezuela con la autorización de Sergio Elián Silvio Prato, gerente de la aduana. La irregularidad fue detectada por un alto funcionario venezolano, lo que desencadenó una serie de acusaciones y señalamientos que apuntan a una red de complicidad y tráfico de influencias.

Si bien la exportación de vehículos chocados desde Florida no constituye un delito en sí mismo, su ingreso a Venezuela incumple la normativa oficial venezolana. Este hecho revela la comisión de uno o varios ilícitos para que los automóviles pasaran los controles aduaneros, involucrando a empleados del SENIAT en Guanta y a la empresa aduanera JG Oriente, C.A., que opera tanto en Anzoátegui como en Miami.

Sergio Elián Silvio Prato, quien autorizó el ingreso de los vehículos, se desligó de toda responsabilidad al ser descubierto el entramado, dejando a sus subordinados en una situación comprometedora.

Automóvil chocado, importado a Venezuela a través de Guanta, por JG Oriente, C.A.

La impunidad de la que goza Sergio Elián Silvio se debe, presuntamente, a la influencia de su hermano, Sergio Alejandro Silvio Prato, quien ocupa el cargo de director del despacho del superintendente nacional tributario, máxima autoridad del SENIAT en Venezuela. Sergio Alejandro Silvio es, además, oficial de la Fuerza Aérea Venezolana.

El hermano protector y la agencia aduanera familiar: un entramado de complicidades

Sergio Alejandro Silvio y su hermano Sergio Elián Silvio Prato

Las denuncias apuntan a que Sergio Alejandro Silvio Prato encubre a su hermano, Sergio Elián, en diversas irregularidades cometidas en la aduana de Guanta. En muchas de estas anomalías, estaría implicada JG Oriente, C.A., una agencia aduanera perteneciente a la tía de la esposa de Sergio Elián Silvio. Tal conexión familiar plantea serias dudas sobre la transparencia en los procesos de importación y la posible existencia de un conflicto de intereses que beneficia a un grupo selecto.

Automóvil chocado, importado a Venezuela a través de Guanta, por JG Oriente, C.A.

Los cinco vehículos chocados, que habían sido adquiridos en subastas en Florida, fueron retenidos en una alcabala en Cumaná, ciudad del Oriente venezolano, al igual que Guanta. A pesar de haber superado los controles aduaneros en Guanta y estar ya nacionalizados, su estado irregular no pudo pasar desapercibido. El hecho de que los automóviles lograran salir de la aduana de Guanta con la documentación aparentemente en regla, pese a su condición, parece tratarse de un síntoma de la magnitud de la corrupción que impera en la institución.

JG Oriente, C.A., identificada con el RIF J304268998 en Venezuela, se presenta como una empresa dedicada a brindar servicios aduanales y asesorías a empresas que realizan importaciones en el país. Su presencia en varias de las principales aduanas de Venezuela, como La Guaira, Maiquetía, Guanta, Barcelona y Puerto Cabello, le otorga un amplio margen de acción y la posibilidad de operar en distintos puntos estratégicos del territorio venezolano.

Automóvil chocado, importado a Venezuela a través de Guanta, por JG Oriente, C.A.

JG Oriente: una empresa con tentáculos en Florida y vínculos familiares

La agencia aduanera JG Oriente, C.A. no solo opera en Venezuela, sino que también extiende sus operaciones a Florida, Estados Unidos, lo que le permite gestionar importaciones en suelo estadounidense. Las siglas “JG” de la empresa parecen hacer referencia al nombre de Jairo Gotera, quien preside en Florida la compañía Jg Oriente PLC, Inc, junto a Esperanza Gotera. La familia Gotera también figura como propietaria de otra compañía en Florida, Jg Cargo Oriente, LLC, registrada a nombre de Isabella Gotera.

Automóvil chocado, importado a Venezuela a través de Guanta, por JG Oriente, C.A.

Esta conexión familiar entre la agencia aduanera JG Oriente, C.A. y la familia Gotera en Florida, sumada a la relación familiar entre Sergio Elián Silvio y la tía de su esposa, propietaria de la agencia, revela un conjunto de intereses que podría estar detrás de la importación ilegal de los vehículos chocados. La posible existencia de un esquema de favores y beneficios entre familiares y allegados dentro de la aduana de Guanta exige una profunda investigación por parte de las autoridades competentes.

Automóvil chocado, importado a Venezuela a través de Guanta, por JG Oriente, C.A.

Sergio Elián Silvio lleva aproximadamente 11 años al frente de la gerencia de la aduana de Guanta, un período durante el cual ha contado con el apoyo y la protección de su hermano, Sergio Alejandro Silvio Prato, director de despacho en la Superintendencia Nacional Aduanera y Tributaria (SENIAT). Esta longevidad en el cargo, combinada con la influencia de su hermano, ha permitido a Sergio Elián Silvio consolidar su poder dentro de la aduana y, presuntamente, operar con impunidad.

Elarba y Fospuca “adornan” Baruta con polémica escultura: ¿Obra de arte o monumento a la impunidad?

Fuente: Reporte de la Economia

En el municipio Baruta del estado Miranda, el pasado 27 de agosto, se llevó a cabo la develación de una escultura donada por el empresario José Simón Elarba, propietario de la empresa de recolección de desechos Fospuca. El evento, que contó con la presencia del alcalde Darwin González, se convirtió en un foco de controversia por la ostentación de poder que, según algunos ciudadanos, caracteriza la gestión de Elarba en el municipio gobernado por González. La polémica se intensificó con la participación de la periodista Ángela Oraa y el humorista Claudio Nazoa, quienes se fotografiaron con el uniforme de los trabajadores de Fospuca, en lo que ha sido calificado, por parte de ciertos sectores de la opinión pública, como un “chiste cruel”.

Angela Oraa y Claudio Nazoa

La escultura, obra del artista plástico Luis Millé, forma parte del ornato del Club Hípico Terrazas, y su donación por parte de Elarba ha sido interpretada como una muestra más de su influencia en Baruta, municipio que algunos consideran un feudo del empresario. La presencia de Oraa y Nazoa, figuras habituales en las páginas de sociales y eventos de la alta sociedad caraqueña, vistiendo el uniforme de los recolectores de basura de Fospuca, empresa perteneciente a Elarba, generó críticas en las redes sociales.

La crítica se centró en el contraste entre la realidad de los trabajadores de Fospuca, quienes desempeñan una labor esencial pero a menudo precarizada, y la frivolidad con la que Oraa y Nazoa utilizaron su indumentaria. La imagen de la periodista y el humorista posando con el uniforme, mientras Elarba y el alcalde develaban la escultura, ha sido considerada una falta de respeto hacia los trabajadores y una muestra de la desconexión de la élite con la realidad social del país.

Elarba: un “enchufado” con tentáculos en la política y la banca venezolana

Más allá de la polémica generada por la escultura y la participación de Oraa y Nazoa, la figura de José Simón Elarba ha estado rodeada de controversia desde hace años. Su ascenso como empresario, primero en el sector de la recolección de desechos y luego en el ámbito bancario, se ha visto marcado por acusaciones de tráfico de influencias, corrupción y una estrecha relación con el poder político, tanto del chavismo como de la oposición.

José Simón Elarba Haddad

Elarba ha sido señalado como un “enchufado”, un término utilizado en Venezuela para referirse a individuos que se benefician de sus conexiones con el gobierno para obtener contratos y concesiones de manera irregular. Su empresa, Fospuca, ha sido objeto de críticas por su relación con la alcaldía de Baruta, donde se cuestiona si la empresa tiene más poder que la propia administración municipal. Desde que Elarba adquirió Fospuca en 2014, se ha observado un historial de concesiones y ajustes tarifarios que benefician a la empresa, lo que ha generado sospechas sobre la existencia de un entramado de corrupción y el uso de su influencia política para obtener ventajas. Tales ajustes excesivos se han extrapolado a otros municipios venezolanos donde Fospuca mantiene actividad, generando descontento en la colectividad.

Informes indican que Elarba recibió una transferencia de más de un millón de dólares de una fuente indeterminada justo antes de hacerse cargo de Fospuca, lo que ha sido objeto de investigación por parte del Departamento del Tesoro de EE. UU. Además, su nombre ha aparecido en conexiones con individuos sancionados por blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo, lo que ha aumentado las sospechas sobre la legitimidad de su actividad empresarial.

La sombra de la corrupción no solo se cierne sobre los negocios de Elarba, sino también sobre sus relaciones personales. En 2022, fue señalado por organizar una fiesta en Caracas para recibir a los primos Flores (Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos de la esposa de Nicolás Maduro, Cilia Flores), quienes habían sido liberados de prisión en Estados Unidos tras un canje de prisioneros. Los primos Flores habían sido condenados por narcotráfico, y la celebración de una fiesta en su honor generó críticas en redes sociales y cuestionamientos sobre las conexiones de Elarba con figuras controvertidas del chavismo.

La relación de Elarba con el chavismo no se limita a la fiesta de los primos Flores. El empresario ha mantenido una estrecha relación con Carlos Erik Malpica Flores, otro sobrino de Cilia Flores y extesorero nacional de Venezuela. Elarba ha reconocido públicamente su amistad con Malpica Flores, considerado uno de los civiles más poderosos del país por su cercanía a la pareja presidencial Maduro-Flores. La carrera política de Malpica Flores ha ido de la mano con la expansión de Fospuca en municipios gobernados por partidos afines al chavismo, lo que sugiere un posible intercambio de favores entre ambos.

La amistad entre Elarba y Malpica Flores, así como sus negocios y conexiones políticas, reflejan la compleja red de influencias que rodea a ambos personajes en el contexto venezolano actual. La opacidad de sus operaciones y la falta de transparencia en la adjudicación de contratos a Fospuca han alimentado las sospechas sobre la existencia de un entramado de corrupción que involucra a empresarios y figuras del chavismo.

Fospuca en Baruta: ¿quién manda a quién?

La concesión del servicio de aseo urbano en Baruta a Fospuca, otorgada en 2015 durante la alcaldía de Gerardo Blyde, ha sido otro foco de controversia. Desde entonces, se han otorgado ajustes tarifarios y concesiones que benefician a la empresa de Elarba, lo que ha generado sospechas sobre el uso de influencia política y posibles actos de corrupción. La estrecha relación entre Elarba y Blyde, quien ahora es su socio en el bufete de abogados Gadea, Lesseur & Asociados, ha alimentado aún más las dudas sobre la transparencia en la gestión del servicio de aseo urbano en el municipio.

José Simón Elarba se funde en abrazo con Darwin González

Según informes, en Baruta se observan indicios de que se prepara la renovación de la concesión a Fospuca a partir de 2025 por diez años más, sin que haya una competencia visible. Esta situación alimenta las sospechas sobre la influencia de Elarba en el municipio y la posibilidad de que se estén utilizando mecanismos irregulares para asegurar la continuidad de Fospuca en la gestión del servicio de aseo.

La falta de transparencia en el proceso de renovación de la concesión y la ausencia de una competencia real para la prestación del servicio de aseo urbano en Baruta refuerzan la idea de que Elarba ejerce un poder considerable en el municipio, que trasciende la mera relación entre un proveedor y una entidad pública.

El escándalo Pdvsa-Cripto y la sombra de la corrupción sobre la Alcaldía de Baruta

En 2023, el estallido del caso de corrupción Pdvsa-Cripto salpicó a la Alcaldía de Baruta, y el alcalde Darwin González fue mencionado en una investigación del Ministerio Público por presuntas acusaciones de corrupción relacionadas con sobornos de hasta 500.000 dólares a funcionarios de la alcaldía para otorgar permisos a empresas constructoras pertenecientes a empresarios portagonostas de la Pdvsa-Cripto. Aunque González negó las acusaciones, este escándalo ha contribuido a cuestionar aún más su relación con Elarba y Fospuca.

Luis Millé, José Simón Elarba y Darwin González

La estrecha relación entre Elarba y la alcaldía de Baruta, los beneficios otorgados a Fospuca, las sospechas de corrupción y la falta de transparencia han llevado a cuestionar si existe un conflicto de intereses y un uso indebido de influencia política en el municipio. La opacidad en la gestión de los recursos públicos y la ausencia de mecanismos de control efectivos han creado un caldo de cultivo para la corrupción, y la figura de Elarba, con sus conexiones políticas y su historial empresarial controvertido, se ha convertido en un símbolo de esta problemática.

Elarba en Bancamiga: la controversia continúa

La llegada de José Simón Elarba al sector bancario, como nuevo accionista de Bancamiga, ha generado nuevas críticas. Su ingreso se produjo en abril de 2024, en un momento delicado para la entidad, ya que los anteriores accionistas, los hermanos De Grazia, fueron detenidos por su presunta vinculación con el caso de corrupción Pdvsa-Cripto.

La entrada de Elarba a Bancamiga ha sido vista con escepticismo por algunos sectores, debido a su historial empresarial y a las acusaciones de corrupción que lo han rodeado. Su perfil ha generado dudas sobre la dirección que tomará el banco bajo su influencia. La desconfianza en el mercado financiero venezolano, sumada al contexto de corrupción en el que se produce su entrada, ha creado un clima de incertidumbre sobre el futuro de Bancamiga.

La incorporación de Elarba como accionista de Bancamiga ha planteado dudas sobre la idoneidad de su participación en una entidad financiera, considerando su historial empresarial controvertido. La falta de transparencia en el proceso de adquisición de acciones y la ausencia de información sobre el origen de los fondos utilizados para la compra han alimentado las sospechas sobre la existencia de posibles irregularidades.

El silencio cómplice: comunicadores e influencers adulan a Elarba

Ante el cúmulo de polémicas que rodean a José Simón Elarba, resulta llamativo el silencio cómplice de muchos comunicadores, influencers y figuras públicas que, en lugar de cuestionar su accionar, se dedican a adularlo. La imagen de Elarba como un empresario exitoso y filántropo se ha construido a través de una estrategia de relaciones públicas que busca minimizar sus vínculos con la corrupción y el tráfico de influencias.

José Simón Elarba y Darwin González

Personajes del ámbito comunicacional, que en otros momentos se han mostrado críticos con el poder, ahora parecen rendirse ante los encantos de Elarba. La posibilidad de acceder a prebendas y contratos publicitarios, podría explicar este cambio de actitud.

La adulación a Elarba por parte de figuras públicas que se supone deberían ejercer un contrapeso al poder, es un síntoma preocupante de la degradación del debate público en Venezuela. La simple comodidad de formar parte del “establishment”, han silenciado las voces críticas y han permitido que personajes como Elarba se presenten ante la sociedad como benefactores. El silencio cómplice ante la corrupción y el abuso de poder solo perpetúa la impunidad y la desigualdad.

Horacio Veutini Sosa, presidente de la Bolsa de Valores de Caracas, bajo la sombra de la trama Pdvsa-Cripto

Por Haydée Riera

Fuente: hable.se

La figura de Horacio José Velutini Sosa, actual presidente de la Bolsa de Valores de Caracas, se encuentra bajo un manto de sospechas y críticas, particularmente por su cuestionable y poco comentada relación con personajes de la trama de corrupción Pdvsa-Cripto y sus declaraciones que reflejan la sumisión de un sector del empresariado venezolano a la administración gobernante en Venezuela.

Velutini asumió la presidencia de la Bolsa de Valores de Caracas, en enero de 2024, en un momento en que esta institución, golpeada por la crisis económica, operaba ya en la atribulada Venezuela con un volumen de transacciones muy bajo.

Las críticas a Velutini no se han limitado a su gestión en la bolsa. Su nombramiento, visto como un favor del gobierno debido a su afinidad con la administración Maduro, también generó controversia. Su experiencia previa se limitaba a su rol como CEO del Fondo de Valores Inmobiliarios (FVI), empresa que antes presidía su primo Luis Emilio Velutini.

Recientemente, Velutini concedió una entrevista al Financial Times donde afirmó que los empresarios venezolanos no desean más problemas y que se sienten conformes con la "seguridad jurídica" y la "estabilidad" que ofrece el gobierno de Maduro, desatando una ola de críticas por su aparente respaldo a la administración gobernante en Venezuela. Si bien algunos se escandalizaron, lo cierto es que las palabras de Velutini reflejan el sentir de muchos empresarios que han optado por la sumisión o la neutralidad política para sobrevivir en Venezuela.

Las Mercedes: La "Pequeña Manhattan" que nunca fue

En junio de 2021, Horacio Velutini se mostraba optimista sobre el futuro de Venezuela en una entrevista para la Revista Producto. En ese entonces, Velutini impulsaba un ambicioso proyecto para convertir la urbanización Las Mercedes de Caracas en una "pequeña Manhattan", con el desarrollo del Boulevard Tolón, una ampliación del centro comercial Tolón Fashion Mall.

Convencido de que se avecinaba una recuperación económica, Velutini buscaba convertir Las Mercedes en un centro vibrante similar a la Gran Vía de Madrid o Times Square en Nueva York. Su optimismo, sin embargo, contrastaba con la realidad política y económica del país, sumido en una profunda crisis e hiperinflación, a pesar de las señales de aparente recuperación económica y la "burbuja" fomentada por la, en ese entonces activa, trama Pdvsa-Cripto.

En ese contexto, Velutini aseguraba que existía una "sobredemanda" en la venta de los títulos de la obra y prometía grandes transformaciones para Las Mercedes. No obstante, tres años después, la mayoría de los proyectos que Velutini anunciaba en 2021 no se han materializado o se han quedado muy lejos de la magnitud que él preveía.

La "pequeña Manhattan" de Las Mercedes se ha convertido en un espejismo. Con la revelación de la trama de corrupción Pdvsa-Cripto en 2023, se sospecha que muchos de los proyectos que Velutini promocionaba en 2021, estaban destinados a ser financiados con dinero proveniente de esa trama.

La relación de Velutini con la trama Pdvsa-Cripto: un vínculo sospechoso

Ahora se sabe que Horacio Velutini pudo haber formado parte del grupo de empresarios que se benefició, directa o indirectamente, del dinero proveniente de la trama Pdvsa-Cripto. Si bien no se ha comprobado que Velutini tuviera contratos directos con Pdvsa como otros empresarios implicados en el caso, su relación con los hermanos Rafael Guillermo Perdomo Rodríguez y Roger Vicente Perdomo Rodríguez levanta sospechas.

Los hermanos Perdomo, dueños de la Constructora HP y Constructora 2PTO, fueron detenidos en 2023 por su implicación en el caso Pdvsa-Cripto. Constructora HP se encargaba de la construcción de modernas torres empresariales en Las Mercedes, mientras que Constructora 2PTO obtuvo contratos con Pdvsa en 2021 para la reparación y mantenimiento de muelles e instalaciones en el Centro de Refinación Paraguaná y el Complejo Petroquímico de Jose.

Rafael Guillermo Perdomo Rodríguez y Roger Vicente Perdomo Rodríguez

La estrecha relación de negocios entre Velutini y los hermanos Perdomo, junto con el hecho de que ambos estuvieran involucrados en proyectos en Las Mercedes durante el auge de la trama Pdvsa-Cripto, genera dudas sobre la posible participación de Velutini en la red de corrupción.

A pesar de los indicios que lo vinculan con la trama, Velutini no ha sido imputado en el caso Pdvsa-Cripto, lo que ahora genera cuestionamientos.

Críticas a la postura de Velutini

Las declaraciones de Horacio Velutini al Financial Times, donde prioriza la "estabilidad" ofrecida por la administración de Maduro por encima de la lucha por la democracia y el fin de las sanciones, han generado un fuerte rechazo por parte de diversos sectores de la sociedad venezolana.

Figuras como el escritor Camilo Pino, los periodistas Roberto Deniz y Eugenio G. Martínez y el defensor de derechos humanos Thor Halvorssen Mendoza han expresado públicamente su repudio a la postura de Velutini.

Camilo Pino, a través de la red social X (antes Twitter), calificó a Velutini como uno de los "bonistas" que han apoyado el "fraude" y el "golpe" de Maduro. Pino criticó las declaraciones de Velutini al Financial Times, donde afirmó que el sector empresarial busca "estabilidad" y no más sanciones, agregando que "la oposición no está ofreciendo el fin de las sanciones en estos momentos de crisis política".

.@HVelutini61, Presidente de la @BolsaDeCaracas, es uno de los bonistas que viene apoyando el fraude y el golpe de Maduro desde antes de que ocurriera.

Hoy le dio esta perla de declaración al @FT:

"Hay un dilema, puesto que la oposición no está ofreciendo el fin de las…— Camilo Pino (@camilopino) August 27, 2024

l periodista Roberto Deniz, por su parte, señaló que Velutini, junto con otros empresarios y dirigentes gremiales, parecen solo preocupados por sus negocios e ignoran la importancia de la democracia.

Horacio Velutini, Vollmer, la directiva de Fedecámaras o el presidente de Conindustria sólo parecen preocupados por sus negocios o empresas. Piensan que la democracia no es asunto de ellos, al menos, por sus recientes actuaciones y declaraciones. O, más bien, por sus omisiones https://t.co/AodgawcQJo— Roberto Deniz (@robertodeniz) August 26, 2024

Thor Halvorssen Mendoza, en un contundente mensaje en X, acusó a Velutini de no importarle la democracia, los derechos humanos ni la voluntad del pueblo. Halvorssen afirmó que Velutini prefiere la "estabilidad" a una transición democrática y que busca únicamente la prosperidad para aquellos que se "llevan bien con la tiranía".

Lo que dice @hvelutini61 es que a él y varios “empresarios” no les importa un comino ni la democracia ni los derechos humanos ni la voluntad del pueblo. Lo que desea es estabilidad y parece preferir dictadura a una situación en la cual la oposición democrática que ganó las… https://t.co/m8wh1vkAma pic.twitter.com/6NF7tLIYc4— Thor Halvorssen (@ThorHalvorssen) August 27, 2024

No puede pasar desapercibida parte de la declaración de Horacio Velutini, presidente de la Bolsa de Valores de Caracas, en el Financial Times. Dice Velutini: “Hay un dilema, ya que la oposición no ofrece estabilidad ni la eliminación de las sanciones en estos momentos de crisis…— Eugenio G. Martínez (@puzkas) August 26, 2024

Las críticas a Velutini reflejan el creciente malestar de un sector de la sociedad venezolana que rechaza la connivencia de algunos empresarios con la administración gobernante en Venezuela.

El Fondo de Valores Inmobiliarios: Un imperio con altibajos

El Fondo de Valores Inmobiliarios (FVI), fundado en 1992 por Luis Emilio Velutini y actualmente presidido en Venezuela por Horacio Velutini, se ha consolidado como una importante empresa dedicada a la gestión de activos financieros e inmobiliarios.

En sus inicios, el FVI se enfocó en la adquisición y administración de propiedades de alta calidad en Venezuela, incluyendo oficinas AAA y centros comerciales. Durante la década de 1990, la empresa se asoció con el grupo inmobiliario argentino IRSA y el inversionista George Soros, lo que le permitió expandir sus operaciones a nivel internacional y participar en programas de American Depositary Receipts (ADR) en la Bolsa de Nueva York.

El FVI ha diversificado sus actividades a través de diferentes divisiones: FVI INVACA, que opera centros comerciales; FVI Oficinas, que administra oficinas y estacionamientos; y FVI Finance, que ofrece servicios de consultoría financiera.

A pesar de su éxito inicial, el FVI ha enfrentado dificultades en los últimos años debido a la crisis económica en Venezuela. La empresa ha tenido que adaptarse a un mercado inmobiliario deprimido y a la escasez de financiamiento.

No obstante, el FVI ha logrado mantener su presencia en el mercado venezolano y ha expandido sus operaciones a otros países, como República Dominicana, donde desarrolló el Blue Mall.

La figura de Luis Carlos Serra Carmona, uno de los directores del FVI, también ha generado controversia. Serra Carmona ha sido señalado como supuesto representante de los intereses del banquero Gustavo Gómez López dentro del "Fondo de Valores Inmobiliarios" (FVI). Gómez López es tristemente recordado en Venezuela por su papel en la quiebra del Banco Latino en los años 90.

La prosperidad del FVI, al igual que el de muchas empresas en Venezuela, ha estado condicionada por la evolución de la crisis política y económica del país.

Doble moral en el empresariado venezolano

La polémica en torno a las declaraciones de Horacio Velutini al Financial Times pone de manifiesto la compleja situación que enfrenta el empresariado venezolano en la actualidad. Mientras algunos empresarios, como Velutini, optan por la colaboración con la administración de Maduro en busca de "estabilidad" y beneficios económicos, otros se mantienen al margen de la política o incluso apoyan abiertamente a la oposición.

Esta división dentro del sector empresarial refleja la polarización que vive la sociedad venezolana en su conjunto. La situación de Venezuela ha generado un profundo debate sobre el papel que deben desempeñar los empresarios en la búsqueda de una solución a la crisis.

Delcy Rodríguez (vicepresidenta de Venezuela y nueva ministra de Petróleo) en compañía de Horacio Velutini

Las críticas a Velutini y a otros empresarios que han expresado su apoyo a la administración de Maduro se centran en la falta de compromiso con la democracia, los derechos humanos y la voluntad del pueblo venezolano. Se les acusa de anteponer sus intereses económicos a los del país y de ser cómplices de la administración gobernante en Venezuela.

En este contexto, la sociedad venezolana exige a sus empresarios una mayor responsabilidad y compromiso con la construcción de un futuro democrático y próspero para el país.

Asimismo, otro sector espera que los empresarios asuman un rol más activo en la promoción del diálogo y la reconciliación nacional, y que contribuyan a la creación de un clima de confianza que permita la inversión y el crecimiento económico.

Incautación de 3 toneladas de cocaína que serían trasladadas desde Venezuela en avión de Conviasa destapa posible conexión con decomiso récord en Martinica

Por: Felicia Osorio

Fuente: El Publique

El reciente caso de tres toneladas de cocaína incautadas en Venezuela, que presuntamente iban a ser enviadas a Rusia y luego a Afganistán en un avión de Conviasa, ha generado una serie de interrogantes y especulaciones. Los rumores sobre la vinculación con el caso, por parte de un oficial de la Aviación Militar Bolivariana, el teniente coronel César José Pérez Salas, presidente de Emtrasur Cargo, subsidiaria de Conviasa, han añadido aún más controversia al asunto.

César José Pérez Salas, presidente de Emtrasur

La naturaleza estatal de Conviasa y su subsidiaria Emtrasur y el hecho de que esta última opere en una rampa reservada para el Gobierno han levantado sospechas sobre la posibilidad de que la droga haya pasado desapercibida por un tiempo considerable. La falta de información detallada sobre la incautación, como fotografías o la identidad de los detenidos, ha alimentado las especulaciones en las redes sociales, incluyendo la posibilidad de una purga interna dentro del Gobierno venezolano.

Algunas voces han planteado la hipótesis de que este caso podría ser un reflejo de luchas internas dentro del llamado “Cartel de los Soles”, una supuesta organización de narcotráfico vinculada a altos mandos militares venezolanos. La fecha en que se dio a conocer la noticia de la incautación también ha generado suspicacias, con algunos preguntándose si se trató de una estrategia política.

Conexión caribeña: la incautación en Martinica y su posible relación con el caso venezolano

Paralelamente al caso de las tres toneladas de cocaína en Venezuela, una fuente vinculada a organismos de seguridad internacionales ha dicho suponer que el caso venezolano guarda relación con la incautación de más de diez toneladas de cocaína en las inmediaciones de la isla caribeña de Martinica, territorio francés de ultramar, a mediados de agosto.

La información oficial proporcionada por las autoridades francesas ha sido escueta, mencionando únicamente la incautación de un bote pesquero con la droga, la presencia de tripulantes brasileños, colombianos y un venezolano, y la apertura de una investigación por tráfico de drogas en banda organizada. Sin embargo, la fuente consultada afirma que la droga provenía de Venezuela y que estaba relacionada con altos oficiales militares venezolanos, presuntamente vinculados al “Cartel de los Soles”.

Según esta fuente, las autoridades francesas habrían notificado a sus homólogos venezolanos sobre la incautación en Martinica y habrían permitido que estos últimos realizaran y anunciaran primero el operativo en Venezuela, donde se incautaron las tres toneladas de cocaína. La fuente sugiere que ambos casos están relacionados, aunque no se han proporcionado detalles específicos sobre la naturaleza de dicha conexión.

El secretismo que ha rodeado a ambos casos y la falta de mayores detalles en la información oficial han contribuido a alimentar las especulaciones sobre la posible implicación de altos mandos militares venezolanos en el narcotráfico internacional y la existencia de una red de corrupción que se extendería más allá de las fronteras de Venezuela.

Detalles de las incautaciones: Venezuela y Martinica

Caso Venezuela:Cantidad incautada: 3 toneladas de cocaína.

• Origen de la droga: Colombia.
• Destino: Afganistán, vía Rusia (según reportes).
• Medio de transporte: Avión de Emtrasur Cargo, subsidiaria de Conviasa.
• Método de ocultamiento: Empaques de café de la marca colombiana Rasgos.
• Autoridades participantes en el operativo: Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
• Detenciones: Al menos 13 personas en Caracas, Táchira y Carabobo.
• Sospechosos clave: Daniel Sepúlveda (responsable de la carga) y César Pérez Salas (presidente de Emtrasur, aunque su detención fue desmentida por el ministro de Transporte).

Caso Martinica:Cantidad incautada: 10.552 kilos de cocaína.

• Fecha: Noche del 14 al 15 de agosto de 2024.
• Ubicación: A 1.220 kilómetros de las costas de Martinica.
• Medio de transporte: Pesquero.
• Autoridades participantes en el operativo: Marina francesa.
• Detenciones: 9 personas (6 brasileños, 2 colombianos y 1 venezolano).
• Estado de la investigación: Abierta por tráfico de drogas en banda organizada; detenidos en prisión preventiva.

La magnitud de las incautaciones, especialmente la de Martinica, que representa la segunda mayor en la historia de la Marina francesa, evidencia la escala del problema del narcotráfico en la región del Caribe.

La relación Antonio Ledezma-hermanos Gaspard bajo sospecha: «Obsequios» inmobiliarios y un pasado contractual turbio

Por: avefenixnoticias

Los hermanos venezolanos José y Chamel Gaspard Morell, acusados de fraude y estafa en contra de inversores en tribunales de Venezuela, Panamá, Estados Unidos y España, enfrentan serias interrogantes sobre su relación con el político opositor Antonio Ledezma. Según investigaciones periodísticas recientes, los Gaspard, quienes durante años fungieron como contratistas de Ledezma, supuestamente «obsequiaron» apartamentos al político en la ciudad de Lechería, Venezuela, y en Ciudad de Panamá, Panamá.

Ledezma, quien huyó de Venezuela y reside actualmente en España, ha mantenido un alto perfil en el escenario político venezolano, apoyando activamente a la líder opositora María Corina Machado y al excandidato presidencial Edmundo González Urrutia en el contexto previo y posterior a las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio de 2024.

Las investigaciones periodísticas han revelado una serie de propiedades a nombre de los hermanos Gaspard Morell, incluyendo dos apartamentos de lujo en Ciudad de Panamá y al menos dos en Lechería. Estas propiedades, registradas a nombre de sociedades anónimas originalmente constituidas en Panamá, han sido vinculadas a los Gaspard tras exhaustivas investigaciones que lograron desentrañar la compleja red societaria.

Sin embargo, las mismas investigaciones apuntan a que los apartamentos pertenecerían en realidad a Antonio Ledezma. Se presume que los Gaspard podrían haber actuado como testaferros del político o que le habrían «obsequiado» las propiedades de alguna manera.

Una relación contractual que levanta sospechas

La relación entre los hermanos Gaspard y Antonio Ledezma se remonta a la época en que Ledezma era alcalde del municipio Libertador de Caracas. En ese entonces, los Gaspard eran propietarios de la tienda Home Depot J Gaspard C.A. en Venezuela, una imitación de la cadena estadounidense The Home Depot, la cual los demandó por el uso del nombre. Ledezma continuó contratando a empresas de los Gaspard durante su gestión como alcalde del Distrito Metropolitano de Caracas. Se sospecha que durante este periodo se habría generado una importante suma de dinero a través de comisiones que, posteriormente, habrían sido canalizadas a Ledezma mediante la adquisición de los inmuebles.

Incluso se cree que la relación contractual entre los Gaspard y Ledezma podría haberse iniciado durante la breve gobernación de Ledezma en el Distrito Federal entre 1992 y 1993.

Esta estrecha relación entre un político opositor que se presenta como perseguido por la administración de Maduro y unos empresarios acusados de fraude y estafa genera serias interrogantes. Ledezma, quien se ha erigido como vocero internacional del equipo de María Corina Machado y se muestra como un crítico acérrimo de la administración de Nicolás Maduro, parece tener un pasado que contradice su discurso.

Llama la atención que un personaje que se autoproclama defensor de la transparencia y la lucha contra la corrupción, mantenga vínculos tan estrechos con individuos acusados de delitos financieros.

Las conexiones familiares: un entramado de contradicciones

Las relaciones familiares de Antonio Ledezma también se han visto salpicadas antes por la controversia. Mientras Ledezma se presenta como un adalid de la democracia y la lucha contra la corrupción desde su exilio en Madrid, su hija, Antonietta Ledezma Capriles, está casada con el argentino Luis Fernando Vuteff García, quien se declaró culpable en Estados Unidos por participar en un esquema de lavado de dinero proveniente de la petrolera estatal venezolana, PDVSA.

Por otro lado, Isabel González, hija de Mitzy Capriles (esposa de Antonio Ledezma), está casada con Andrés Izarra. Izarra, quien fuera ministro de Turismo en el gobierno de Nicolás Maduro y ministro de Comunicación e Información durante el gobierno de Hugo Chávez, ahora se presenta como un crítico de Maduro desde el exilio.

Este entramado de relaciones familiares que vinculan a Ledezma con individuos implicados en casos de corrupción y con exfuncionarios del gobierno chavista, lejos de fortalecer su imagen como opositor, genera dudas sobre su coherencia y transparencia.

The Home Depot vs. Home Depot J Gaspard

Como se mencionó previamente, los Gaspard eran dueños de la tienda Home Depot J Gaspard C.A. en Venezuela, un negocio que imitaba la marca y el modelo de la reconocida cadena estadounidense. Esta imitación no pasó desapercibida para The Home Depot, que interpuso años atrás y logró vencer en una demanda contra los hermanos Gaspard por el uso indebido de su nombre e imagen.

El litigio evidenció la falta de escrúpulos de los hermanos Gaspard, quienes no dudaron en apropiarse de una marca reconocida internacionalmente para obtener beneficios económicos.

Si bien el litigio no está directamente relacionado con los vínculos de los Gaspard con Antonio Ledezma, sí aporta un elemento clave para comprender el perfil de los hermanos y la cuestionable ética que han puesto de manifiesto desde hace ya varios años.

Tala de árboles y exportación de carbón vegetal,actividades de Hezbolá en Colombia

Por: Néstor Espinosa Robledo, Periodista de investigación.

Fuente: Cuestion Publica

Mahdy Akil Helbawi, de 36 años, fue capturado en un conjunto residencial en Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela. Nacido en Maicao, La Guajira, y de padres libaneses, Akil Helbawi es acusado de ser el propietario de una empresa del grupo Hezbolá, utilizada para lavado de dinero por medio de la exportación de carbón vegetal de la tala de árboles Guayacán.

En septiembre de 2023, la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos incluyó a Akil Helbawi y su empresa de papel, Zanga SAS, en la lista Clinton, al señalarlos como parte de una red internacional de lavado de dinero y narcotráfico vinculada a Hezbolá. Este grupo, considerado extremista y del partido político islamista en Líbano, es calificado como una organización terrorista por Estados Unidos, Israel y varios países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Cuestión Pública, mediante herramientas de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT. Industries), —esto es analizar la información que deja la huella digital, un correo electrónico y/o número de teléfonos inscritos en más de 300 fuentes en internet (redes sociales, blogs, páginas webs, apps)—, reconstruyó algunos de los movimientos de Akil Helbawi entre 2016 y 2024. Durante este periodo se evidencian viajes a México y Belice, además de movimientos frecuentes entre Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Maicao, y más reciente en Aguachica y Bucaramanga. También se identificaron exportaciones de carbón realizadas entre 2016 y 2019, y su involucramiento en negocios con criptomonedas.

Exportaciones, viajes a Centroamérica y Blockchain

La empresa Zanga SAS, de Barranquilla, se creó en 2015 para comercializar animales, carbón, materiales de construcción y frutas; la registró Mahdy Akil Helbawi en sociedad con su hermano Mouhamed Helbawi, con su pasaporte extranjero. Empezó con $10 millones y declaró como sede una oficina en un lujoso centro comercial de Barranquilla.

De acuerdo con la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac), dicha empresa sería parte de una red que se utiliza para el movimiento y lavado de dinero del grupo terrorista en Latinoamérica con conexiones en Belice y Venezuela.

Según informes de inteligencia de la Fiscalía, entre 2016 y 2019, Zanga SAS estuvo involucrado en una serie de exportaciones de carbón desde Colombia, principalmente a países del Medio Oriente. Estas sumaron un total de 84 envíos. Se realizaron desde el puerto de Cartagena, principalmente con destino a Líbano, Israel y Emiratos Árabes Unidos. En 2016 y 2018, la mayor parte se dirigieron al Líbano. En 2017 y 2019, estas fueron más diversificadas, con envíos adicionales a Israel y Emiratos Árabes Unidos.

Entre 2016 y 2019 sacó del país 2.4 toneladas de carbón vegetal proveniente de la quema del árbol guayacán, que está en peligro grave de extinción, según la Sijín fueron 32.210 árboles en La Guajira. Paralelo a su negocio de exportaciones, también iniciaron negocios de ventas de comida como “Shawarma”, “Kebab” en Barranquilla.

El año 2018 se destacó como el periodo de mayor actividad para la compañía. Durante este año, Zanga SAS realizó un total de 30 exportaciones, acumulando un valor de $673,040 dólares estadounidenses, es decir, $2.698.237.551 millones aproximadamente.

Este volumen representó un aumento significativo en comparación con los años anteriores. En 2016, por ejemplo, la empresa había realizado 28 exportaciones, con un valor total de 385,809 dólares, en pesos $1.546.719.855 millones. En 2019, realizó una a Dubai, Emiratos Árabes Unidos y tres viajes a Ashod, Israel. En tres años logró hacer 1,445,877 USD millones, en pesos colombianos $5.796.564.269

El incremento de esta actividad económica en 2018 también se reflejó en el peso de las mercancías exportadas, que sumaron más de 1.111 toneladas, superando los 737.300 kilogramos de 2016, el que había sido su mejor año. Según el Registro Único Empresarial (RUES), aunque la empresa renovó su matrícula hasta 2022, nunca registró los activos ni ingresos de la empresa durante las exportaciones.

De acuerdo con su correo registrado en el expediente de Zanga SAS de la Cámara de Comercio de Barranquilla, entre 2018 y 2022, Helbawi realizó diferentes viajes a Centroamérica y ciudades del Caribe colombiano. Entre 2019 y junio de 2024, hubo movimientos en torno a visitas a lujosos hoteles y restaurantes, reseñados en su cuenta de Google Maps.

Sus salidas por fuera de Colombia iniciaron en su último año de exportaciones. En octubre de 2019 fue a Belice, donde registró una visita a la Gran Bodega Libre, un lugar para la venta de maquillajes, ropa, calzado y comestibles para cocina. Según el Departamento de Estados de los Estados Unidos, en Belice operaba Samer Akil Rada, tío de Helbawi, pero huyó por un caso de narcotráfico que implicaba el decomiso de un cargamento de 500 kg oculto entre frutas que fue encontrado en El Salvador.

En octubre de 2020, Helbawi también habría pasado por Playa del Carmen en Yucatán, México, donde dejó una reseña de la tienda de electrodomésticos PC Depot. El mismo informe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Samer Akil Rada, también incluye en está red a BCI Technologies C.A.una empresa venezolana de importación de electrodomésticos, utilizada como fachada para el narcotráfico y la financiación de Hezbolá. Un año antes de aparecer en la Lista Clinton, reabrió su restaurante de Kebab en Barranquilla, más un taller y venta de carros usados en Maicao.

Entre la información que arroja su correo, también se encuentra registrado en la plataforma Binance, un soporte de Blockchain utilizado para la comercialización de criptomonedas. Según el medio británico Reuters, desde que Israel reanudó su expansión en la Franja de Gaza sobre Palestina, la Oficina Nacional de Lucha contra la Financiación del Terrorismo (NBCTF) ha congelado 143 carteras de la criptomoneda Tron, entre julio de 2021 y octubre de 2023. Estas carteras estaban presuntamente conectadas con una “organización terrorista designada” o se utilizaban para cometer “crímenes terroristas graves”. Las criptomonedas han sido empleadas por Hezbolá para mover sumas millonarias de dinero a través de la red financiera global.

No fue hasta hace un mes cuando reseñó con cinco estrellas su paso por un restaurante italiano en el exclusivo barrio Cabecera del Llano de Bucaramanga, en Santander, y sushi en Aguachica, Cesar, a seis horas de Cúcuta en automóvil.

Tras su captura, el pasado 10 de agosto, la Fiscalía General de la Nación lo entregó ante un juez de control de garantías, que impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. Era conocido como alias “turco”, alias “Jonathan” o “El Jefe». Se le imputan delitos como aprovechamiento ilícito de los recursos naturales, por exportar carbón vegetal a Oriente Medio, donde estaría vinculado con Hezbolá. Además, lavado de activos agravado, enriquecimiento ilícito de particulares y uso de documento falso.

Helbawi es hijo de Amar Mohamed Akil Rafa, jefe de operativos del grupo terrorista, autor de los ataques en Buenos Aires a la Asociación Mutual Israelita (AMIA) en 1994, que dejó 85 muertos.

Recientemente, según el diario El Tiempo en comunicación con la Sijín, dijo que esto fue un operativo conjunto con la DEA y el FBI. La empresa Zanga, “afectó negativamente al menos 32 hectáreas de bosques nativos de La Guajira, con la única intención de producir ilícitamente carbón vegetal”, según el coronel Edwin Masleider Urrego Pedraza, director de Investigación Criminal e Interpol (Dijín).

Presidente de Emtrasur enpastelado en incautación de cocaína en Maiquetía

La Guardia Nacional Bolivariana incautó 3 mil kilos de cocaína en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, con destino a Afganistán. Hay 13 detenidos por el caso

Por: Agencias

Unos tres mil kilos de cocaína fueron incautados en las instalaciones de la Aduana Aérea del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, ubicado en Maiquetía, estado La Guaira, según informaron fuentes militares.

El cargamento, que estaba impregnado de café, tenía como destino Afganistán y venía en empaques de la empresa Comercializadora Café El Faraón C.A., domiciliada en el sector El Helechal, municipio Junín (Rubi), estado Táchira. Durante el operativo fueron detenidas 14 personas, según reportó Últimas Noticias.

Entre los implicados se encuentra el teniente coronel de la Aviación Militar Bolivariana, César José Pérez Salas, quien es presidente de la Empresa de Transporte Aereocargo del Sur, S.A. (Emtrasur), un ente adscrito al Ministerio de Transporte. Fue citado a declarar sobre el procedimiento, pero “no está detenido”, según aclaró una fuente judicial al referido medio.

Los detenidos fueron identificados como Charlie José Colón Santoyo, Carlos Jesús Colón Santoyo, Jesús Eduardo Salcedo Ruiz, Joangel Enrique Antón Sepúlveda, Alexis Alexander Sepúlveda Cobaria, Concepción Niño Torres, Roger Alfredo Vergara Pérez, Eliaxis Josué Nava Rodríguez, Alexander Nehomar Santalis y Yuisay Yaneiza Ramírez Pinto.

El medio reportó que también se encuentra detenida Bárbara Gislaine Durán Aldama, señalada como la persona que presuntamente cancelaría los fletes para el transporte del alijo de cocaína. Fue capturada por agentes de la Guardia Nacional Bolivariana en Valencia, estado Carabobo.

Igualmente, Mario Ricardo Prado Medina, quien presuntamente ingresó la droga desde Colombia mediante trochas. Fue apresado en San Antonio del Táchira.

Y en el Punto de Atención al Ciudadano ubicado en Naguanagua (Carabobo), funcionarios de la GNB atraparon a Daniel Alfonso Arévalo Chirinos, quien es mencionado por otros detenidos como partícipe en la operación de contrabando.

Los arrestados fueron entregados al Ministerio Público, que les abrió un expediente por tráfico ilícito de drogas.

Del fentanilo a la cocaína, el auge de las redes criminales turcas en Latinoamérica

POR MARIA ZUPPELLO/DIÁLOGO

Fuente:Dialogo America

El pasado mes de junio, se descubrieron en Turquía 373 kilogramos de cocaína procedentes de Ecuador. Dos meses antes, en Abril, la policía Turca incautó 608 kg de cocaína, durante una operación en tres provincias. En 2021, las fuerzas de seguridad turcas decomisaron 1300 kg de droga, también procedente de Ecuador, una incautación récord para el país asiático. Según expertos y grupos que monitorean el crimen organizado, estas incautaciones indican cada vez más el papel central de Turquía como centro para el tráfico internacional de drogas procedentes de Latinoamérica.

Pero la cocaína no es el único negocio ilícito de las redes criminales turcas. En marzo de 2023, las autoridades guatemaltecas incautaron 480 barriles de productos químicos que dieron positivo en fentanilo, en contenedores a bordo de un barco de bandera turca en la terminal ferroviaria de Puerto Barrios, en el departamento de Izabal. Los contenedores procedían de Turquía y tenían como destino Guatemala, con tránsito por Francia y Colombia.

Este incidente marca la culminación de la escalada de los grupos delictivos turcos en Latinoamérica, según Mahmut Cengiz, profesor asociado de investigación en el Centro de Terrorismo, Delincuencia Transnacional y Corrupción y en la Escuela Schar de Política y Gobierno de la Universidad George Mason en Washington.

En el informe, Turquía abre nuevas rutas para la cocaína latinoamericana destinada a Europa, publicado recientemente en el Small Wars Journal, una revista digital estadounidense centrada en los conflictos intraestatales, Cengiz revela el papel cada vez más central de los grupos criminales turcos en Latinoamérica, tanto para el transporte de cocaína a Europa como para la importación de fentanilo y expertos químicos en Latinoamérica.

Con el aumento de los controles por parte de las autoridades estadounidenses y europeas, los cárteles mexicanos han buscado rutas más seguras, aumentando aún más el papel de Turquía como punto de tránsito para la cocaína destinada a Europa. “Las inversiones de compañías turcas en Latinoamérica, que operan puertos como Puerto Bolívar en Ecuador y Paita en Perú a través de [la compañía turca] Yilport Holding, coincidieron con el aumento de los envíos de cocaína a Turquía”, explica Cengiz a Diálogo. Los 1300 kg de cocaína incautados en 2021 procedían de Puerto Bolívar. En 2023, en Callao, Perú, las autoridades decomisaron 2,3 toneladas de cocaína escondidas en medio de un cargamento de azulejos de mayólica con destino a Turquía.

Los empresarios turcos corruptos trafican con cocaína y oro

Según Cengiz, quienes invierten en estos puertos latinoamericanos son empresarios turcos corruptos. “Se trata de empresarios cada vez más implicados en el tráfico de cocaína que también han establecido con Venezuela redes ilícitas de comercio de oro”, explica Cengiz a Diálogo.

En Turquía se han creado numerosas compañías para traficar con oro, como Mulberry Proje Yatirim, sancionada en 2019 por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por facilitar pagos como parte de una “red de sobornos para la venta de oro [venezolano] a Turquía”, oro calificado por el entonces subsecretario del Tesoro de los EE. UU., Marshall Billingslea, como ‘oro de sangre’ por la forma violenta e ilegal de su extracción en Venezuela.

La corrupción de los políticos y burócratas turcos

Además de empresarios corruptos, forman parte de estas redes criminales turcas también políticos y burócratas. “Sedat Peker, un ‘capo’ turco también mencionado en el Informe sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 2022 del Departamento de Estado de los EE. UU., afirmó en un vídeo que el hijo del entonces primer ministro Binali Yildirim estaba involucrado en una incautación de 4,9 toneladas de cocaína en Venezuela procedente de Colombia”, explica Cengiz.

En los últimos años, las relaciones con miembros del cártel mexicano de Sinaloa también se han desarrollado con los Lobos Grises, un grupo paramilitar turco de extrema derecha cuyo brazo político es el Partido de Acción Nacionalista. “Vídeos colgados en las redes sociales de algunos miembros del grupo paramilitar turco los muestran rindiendo homenaje al cártel y a su líder Ismael Zambada García, alias “El Mayo”, dice Cengiz. En varias incautaciones de cocaína procedente de Latinoamérica en el puerto de Mersin, en Turquía, también estaban implicados miembros de los Lobos Grises.

Aumentan las detenciones de traficantes turcos en Latinoamérica

En Latinoamérica, las detenciones de narcotraficantes turcos han aumentado. En Brasil, en 2021, en un avión privado turco, se incautaron 1,3 toneladas de cocaína. En el país sudamericano fue encarcelado el piloto. Liberado, fue detenido de nuevo en Turquía junto con el presidente de la aerolínea privada, Şehmuz Özkan, sospechoso de trabajar con un empresario turco, socio del ex mayor del Ejército de Brasil Sérgio Roberto de Carvalho, apodado el Escobar brasileño. Siempre en 2021, otro narcotraficante turco fue detenido en Perú con 100 kg de cocaína.

La detención más reciente tuvo lugar en junio de 2023 en la costa del estado de San Pablo, en Brasil. Fue arrestado un ciudadano turco con un documento a nombre de Garip Üç, hermano de Eray Üç, fugado de una prisión paraguaya en 2017. Eray Üç había sido detenido acusado de formar parte de la red internacional del narcotraficante libanés Ali Issa Chamas, facilitador de Hezbolá, que ya había sido encarcelado por tráfico de drogas en los EE. UU. Meses después, la policía brasileña descubrió que el detenido era en realidad Eray Üç, que utilizaba la identidad de su hermano. Cuando fue arrestado trabajaba como químico en un laboratorio de drogas del principal grupo criminal de Brasil, el Primer Comando de la Capital (PCC).

El peligro de las nuevas alianzas de las redes criminales turcas

El caso de Eray Üç demuestra que las redes criminales turcas -que dominan el tráfico de heroína en Europa y trafican metanfetamina con grupos iraníes en la ruta de los Balcanes- también están creando nuevas alianzas en Latinoamérica. Aunque todavía no han alcanzado la capacidad de penetración de las mafias albanesas en la región, su rápida expansión es preocupante.

Además de las recientes relaciones con el PCC brasileño, los grupos criminales turcos mantienen relaciones con la organización terrorista proxy de Irán, Hezbolá, que se financia en la región a través de actividades ilícitas. En 2017, junto a Eray Üç, también fue detenido en Paraguay otro ciudadano turco, Munir Özturk. Según el sitio de noticia argentino Infobae, durante el registro de los domicilios de ambos turcos se encontraron varios libros religiosos iraníes y en el pasaporte de Eray Üç sellos que indicaban sus viajes a Teherán. También se encontró el documento de identidad de otro ciudadano turco, Sehmus Soytas. Soytas había sido detenido en 2001 acusado de tráfico de heroína con Irán. Además, en 2018 se había descubierto una red de narcotráfico en Venezuela dirigida por el turco nacionalizado venezolano Ozer Murat, que también enviaba cocaína a Hezbolá en el Líbano.

A esto se añade la relación cada vez más estrecha con el cártel de Sinaloa en Europa, que transporta cocaína tanto a Turquía como a través de este país. La colaboración con los criminales mexicanos comenzó a principios de 2010, cuando el cártel contrató a químicos turcos para producir drogas.

Ahora con el fentanilo el escenario podría agravarse. Además de los vínculos con los grupos criminales de la región, la alianza con el cártel de Sinaloa corre el riesgo de expandirse a Latinoamérica con un impacto devastador para la seguridad y la democracia en todo el hemisferio.